Opinión

Por Gabriel Ortiz*.-Dos hechos fundamentales movieron esta semana, lo que podría conducirnos a un nuevo país, más inclusivo, pujante, despierto, justo y sin odios: el mitin con USA y la negociación con el ELN.

Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, arropado con ancestral ruana boyacense, se reunió con el presidente Petro y todo su estado mayor, para profundizar sobre la política del gobierno colombiano para erradicar la droga.

Contra lo que muchos opositores atacan, Blinken y Petro, analizaron los alcances del programa y las afiladas herramientas que hacen parte del propósito de sus naciones contra la droga, para alcanzar una vida sana y equilibrada.

Petro recibió el apoyo norteamericano para lograr justicia, desarrollo, protección ambiental y reducción de la oferta y la demanda. Guardadas proporciones para el criticado decrecimiento en bioeconomía y postdesarrollo.

Estados Unidos trabaja y aporta dinero para prevención de los adictos y reducción de la demanda de droga, en su país y otras naciones.

Blinken reiteró el compromiso “inquebrantable de los Estados Unidos en su alianza con Colombia”, y reafirmó el apoyo al Acuerdo de Paz de La Habana logrado entre el presidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos y las FARC.

Las conversaciones Blinken-Petro han beneficiado la tradicional alianza colombo-estadounidense para los pueblos de ambas naciones. Y más allá, para resaltar la cooperación del Congreso norteamericano, que alcanza una prioridad con apoyo sostenido y bipartidista.

Este diálogo dejó muy en claro que, las herramientas para la lucha contra el narcotráfico, no han funcionado, que se impone un frente común entre USA y Colombia para reformularlas y fortalecerlas.

El punto crítico de la reunión se produjo, cuando Petro tocó el tema de la renegociación de la extradición, dentro de los lineamientos consignados para alcanzar La Paz Total. Según él, hay que modificar conceptos para aplicarla, como los de no extraditar a quienes se ajusten a la ley colombiana y a la no repetición.

La ruana le dio el calor de amistad que necesitaba el diálogo entre dos naciones tradicionalmente amigas, que culminó con fundamentales coincidencias que pueden llevarnos a un programa antidrogas con el valioso respaldo del Norte.

Simultáneamente en Caracas se iniciarán en noviembre los diálogos con el ELN, con un clima más tranquilo y el aparente deseo de la subversión por llegar pronto a acuerdos de cese al fuego, liberación de secuestrados y entrega de armas.

Habrá tres sedes con Venezuela, Cuba, Noruega, la ONU y la Iglesia, como garantes. Guterres respaldó ya esta negociación, desde Nueva York.

Esta vez, el palo parece estar para cucharas, porque se ha abierto la puerta que nos puede alcanzar la paz total, como lo aspira esta sufrida patria ensangrentada.

BLANCO: Se espera que los precios de las tierras productivas, para los campesinos, no sean especulativos… buen aporte de los ganaderos a la paz.

NEGRO: Las “chuzadas” a la periodista María Alexandra Villamizar y las amenazas a tantos colegas, no pueden quedar sin castigo para quienes las ejercen y propician.

Bogotá D.C. 11 de octubre de 2022

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Amylkar D. Acosta M*.-Hay un antes y un después del año 2015, cuando tuvo lugar la 21ª Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), que concluyó con la firma del Acuerdo de París, al tiempo que la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 compendiada en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). La descarbonización de la economía para contrarrestar el cambio climático y conjurar sus estragos, por una parte y propender por la universalización del acceso de la población a energías limpias por la otra, son dos compromisos inaplazables de la comunidad internacional y la Transición energética la estrategia para lograrlo.

Entre otras razones porque, de acuerdo con el principio establecido en la COP26 de “responsabilidad común pero diferenciada”, reconoce que no todos los países tienen las mismas responsabilidades y compromisos, así como las capacidades para enfrentar el reto del cambio climático. De ello se sigue que cada país debe adoptar su propio ritmo a efectos de cumplir con los suyos, consultando sus potencialidades y limitaciones.

Cada país se da su propia hoja de ruta de la Transición energética, consultando sus especificidades y peculiaridades. La estrategia a seguir, por tanto, difiere de un país a otro. La línea de base de la que parten cada uno de ellos es determinante. Hay una enorme diferencia, por ejemplo, entre aquellos países que dependen de la importación del petróleo, del gas y del carbón para proveerse de los mismos y otros que, como Colombia, dependen de la producción y exportación de los mismos.

En Colombia, a diferencia del resto del mundo, en donde la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es el sector energético con el 73.5%, este sólo contribuye con el 14%. Entre tanto, el cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y la deforestación participan con el 59%. Ello se explica en gran medida porque mientras en el resto del mundo, en promedio, la participación de la generación de electricidad con base en el parque térmico es del 64.9%, en Colombia a duras penas llega al 30% (¡!). Dicho de otra manera, entre Colombia y el resto del mundo, especialmente con respecto a los países desarrollados, existen grandes asimetrías, las cuales hay que tener en cuenta a la hora de definir nuestra propia hoja de ruta de la Transición energética.

De ello se sigue que el Pareto del costo-efectividad para la reducción de la huella de carbono en el caso de Colombia invita a poner el énfasis en la política que contrarreste el inadecuado uso del suelo, las malas prácticas en la agricultura y la ganadería y sobre todo detener el ecocidio de la devastadora deforestación, que supera las 170.000 hectáreas anuales. Sólo así podrá cumplir Colombia con su compromiso con la comunidad internacional de reducir sus emisiones de GEI en el 51% hacia el 2030. Ello, sin perjuicio de la necesidad de imprimirle celeridad al impulso de la generación de energía a partir de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER).

Esta, además, es la oportunidad de ampliar la cobertura del servicio de energía a los 431.117 hogares que aún no cuentan con el mismo, siendo esencial como lo cataloga la Ley y por consiguiente un derecho fundamental que les asiste. Sobretodo a los 207.449 hogares ubicados en sitios remotos, de difícil acceso y baja densidad poblacional, lo que dificulta conectarlos tomando la electricidad de la red del Sistema interconectado nacional (SIN), dada la flexibilidad que ofrecen las soluciones modulares solar-fotovoltaicas, instalando en ellos paneles solares. A ello concurre también la generación distribuida o embebida, cuya energía se consume in situ, prevista en la nueva arquitectura del sistema eléctrico.

De esta manera, además, se estaría cumpliendo con el 7º de los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) para garantizar la universalización del acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. De esta forma se podría, de paso, sustituir el consumo de leña por parte de 1.2 millones de familias campesinas que no tienen otra opción distinta a esa para la cocción de sus alimentos.

Ello se justifica con creces, no sólo por razones de conveniencia si no por los altos costos en los que se incurre por parte del Gobierno a través del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas no Interconectadas (IPSE). En efecto, el costo de los subsidios a los combustibles, según cifras para el 2018, es del orden de los $288.514.728. Lo más insólito es que cuesta más el transporte del combustible hasta los poblados en donde se genera electricidad con plantas térmicas que el combustible mismo.

El Gobierno Nacional, los departamentos y municipios se deberían comprometer en un ambicioso programa de masificación de la instalación y el uso de los paneles solares, con lo cual al tiempo que se aliviaría el bolsillo de los usuarios del servicio de electricidad se promovería la cultura del ahorro y el uso eficiente de la energía. Es esta, también, una forma de involucrar al usuario como agente activo de la cadena, ahora en modo Transición energética. Por lo demás, el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, debería asegurarse de que en la ejecución de sus planes y programas de vivienda de interés social (VIS) se contemple la dotación de paneles solares en los techos. 

Bogotá, octubre 10 de 2022

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- ¿Qué prefiere usted, que el año entrante la inflación se mantenga alrededor del 10% y que la economía crezca un 3%, o que la inflación baje al 6%, el crecimiento del PIB sea 0% y aumente el desempleo? Este es el dilema que hoy enfrentan las autoridades monetarias, y es una pregunta tan difícil como la que le hace el tío impertinente a un niño pequeño: ¿usted a quien quiere más a su papá o a su mamá?

No es una pregunta abierta como ¿usted que prefiere, inflación o crecimiento? A esta pregunta cualquier economista razonable respondería con su palabra mágica: ¡Depende! Porque la respuesta depende de las circunstancias y las magnitudes. Por ejemplo, cuando la inflación es del 80% anual como en Argentina, hay que bajarla a cualquier costo, pero con una inflación de 10% y originada en aumento de costos y factores externos, la respuesta no es tan clara.

Es claro que un aumento de las tasas de interés del Banco de la República sí sirve para frenar la inflación pero lo hace a través del encarecimiento del crédito que desestimula el consumo y la inversión, y por lo tanto el crecimiento económico. Por eso se plantea el dilema entre inflación y crecimiento.

Por una interpretación equivocada de la Constitución del 91 hasta el año 1999 la posición del Banco frente a este dilema era que siempre prefería bajar la inflación a costa del crecimiento y el empleo; más aún que su meta de inflación siempre debería ser menor que la del año anterior.

La Corte Constitucional corrigió esos desatinos en su sentencia C-481 de 1999, en la que definió de manera inequívoca que la finalidad del Banco no es exclusivamente luchar contra la inflación sino que también debe preocuparse por el crecimiento y el empleo. Es un mandato similar al que tiene el Federal Reserve de los Estados Unidos. Lo que la Corte no hizo era determinar limites cuantitativos a esos dos objetivos y por eso la pregunta inicial con valores específicos es tan difícil de responder.

Al seguir subiendo sus tasas de interés, el Banco ratificó que prefiere que la inflación baje, aún sabiendo que podemos llegar a una recesión. Lo hace porque le preocupa el aumento de los intereses internacionales, y porque cree que si no recupera la credibilidad de su meta y se consolidan expectativas de inflación altas, se perjudicará el crecimiento de mediano plazo.

El gobierno hubiera preferido que no subieran más las tasas, no solo por el seguro impacto negativo sobre el crecimiento y el empleo, sino porque cree que van a empezar a disminuir precios como los de los alimentos y los servicios públicos, de manera que la inflación empezará a descender sin necesidad de frenar más la demanda.

Las dos posiciones son opiniones validas sobre un futuro que ninguno de los dos puede predecir con certeza. Pero la decisión ya fue tomada y tendremos menos inflación y menor crecimiento.

Bogotá, D. C. 10 de octubre de 2022

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Juan Camilo Restrepo*.-El presidente Petro viene insistiendo en que hay que reformar el marco fiscal de mediano plazo (MFMP) para poder cumplir con las compras de tierras prevista en el punto número uno de los acuerdos de paz, a través de más endeudamiento que él afora en 60 billones de pesos.

Celebro que el ministro José Antonio Ocampo se haya demarcado de este punto de vista, anunciando que el gobierno cumplirá con la regla fiscal que es una obligación legal; y que no se necesita inobservarla para avanzar con la reforma agraria anunciada.

Las puntadas presidenciales, en plata blanca, hubieran significado que, para cumplir con los objetivos de reforma agraria, y en especial con la adquisición de tierras para entregar a campesinos “sin tierra o con tierra insuficiente tres millones de hectáreas, había que reventar la regla fiscal que impone límites al endeudamiento público.

Las declaraciones presidenciales constituían una curiosa y peligrosa advertencia. Curiosa, porque tanto el presidente Petro mismo como su ministro de Hacienda habían dicho hasta la saciedad que cumplirían con la regla fiscal.

Pero son también anuncios peligrosos. Dentro de la gran inestabilidad económica que vive el mundo, el aviso de que íbamos a romper con la norma que asegura la estabilidad financiera puede resultar fatal en términos de credibilidad ante los mercados.

La regla fiscal se puede suspender, por supuesto, pero cuando hay razones válidas y admitidas por la ley para hacerlo. No es una camisa de fuerza, pero las razones para suspenderla están descritas en la norma que regula la regla fiscal: cuando sobrevenga, por ejemplo, una caída estrepitosa en las cotizaciones internacionales del petróleo que altere sensiblemente los estimativos de recaudos.  

Tampoco estamos enfrentados a horizontes recesivos que ameriten una moratoria de la regla fiscal. Por el contrario: la economía se ha recuperado de los estragos de la pandemia, y aunque el crecimiento del año entrante se avizora mucho más modesto que el de este año, no es esa razón suficiente para meter en el congelador la regla fiscal. Y mucho menos con una inflación que supera el 10%.

Los acuerdos de paz deben cumplirse, es cierto, y en eso está en lo correcto del presidente Petro. El gobierno anterior les dio un cumplimiento deplorable. Pero para cumplirlos -en especial el punto número uno que versa sobre la reforma rural integral- no es necesario echar por la borda la regla fiscal como daban a pensar sus declaraciones iniciales.

En efecto: se pueden distribuir tierras abundantes entre los campesinos provenientes de baldíos que, en rigor, no implican costos para la política fiscal. Una reciente sentencia de la corte constitucional lo autoriza. Se pueden habilitar para fines de reforma agraria los bienes incautados al narcotráfico que tengan vocación agraria. Y, claro, se pueden ir adquiriendo gradualmente tierras para distribuir entre los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente a lo largo del posconflicto, pagando su adquisición con bonos de deuda pública. Pero sin necesidad de reventar para ello la credibilidad de la política fiscal.

El argumento implícito en la justificación del presidente Petro de que todos los compromisos sociales y las múltiples promesas que ha hecho (que no son solo las relacionadas con la reforma agraria), se tendrán que cumplir con una escalada del endeudamiento público es una tesis peligrosa qué destruiría la confianza que aún nos mantienen los mercados. Y que puede conducir a un doloroso laberinto de insostenibilidad fiscal hacia el futuro.

Bogotá, D. C. 10 de octubre de 2022

*Abogado y Economista. Exministro de Estado

Por José G. Hernández*.-El 2 de octubre de 1869, en Porbandar, India británica, nació Mohandas Karamchand Gandhi (Mahatma Gandhi), líder de la independencia de su país, cuya fructífera labor -basada en el rechazo a toda forma de violencia- se constituye en una de las conquistas más significativas de la Historia. En su homenaje, la Asamblea General de la Naciones Unidas señaló el 2 de octubre como el “Día Internacional de la No Violencia”, con el objeto de difundir tan valioso legado, y de "asegurar una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia".

La celebración tuvo lugar en todo el mundo el pasado domingo, y en Colombia sirvió para que muchos reflexionáramos sobre el proyecto que impulsan el presidente Gustavo Petro y su equipo, con miras a lograr la paz total, mediante el denominado cese multilateral del fuego. Una iniciativa que merece apoyo, siempre que, en su implementación y desarrollo, sean respetados los principios y mandatos constitucionales, y que no se genere la impunidad frente a las masacres y actos terroristas de diaria ocurrencia en el país.

El 2 de octubre de 2016 se votó en Colombia el plebiscito respecto al Acuerdo Final de Paz firmado en Cartagena entre el expresidente Juan Manuel Santos y las Farc-Ep. Ganó el NO, como consecuencia de la confusión generada por el propio Gobierno, al pretender que -sin conocerlo, porque no fue adecuadamente divulgado- los ciudadanos votaran favorablemente un voluminoso documento de casi trescientas páginas. Pero la Corte Constitucional, en sentencia de la cual discrepamos -aunque respetamos- decidió autorizar que un nuevo y más voluminoso texto -suscrito en Bogotá- debería ser sometido a refrendación “popular”, pero no del pueblo, sino del Congreso.

El hecho cierto es que, sobre esa base y por procedimiento abreviado (que denominaron “fast track”), el Congreso aprobó varios actos legislativos, reformatorios de la Constitución, y varias leyes, con el fin de implementar el aludido Acuerdo, y esas normas, en cuanto fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, hacen hoy parte del sistema jurídico y deben ser respetadas y cumplidas por ambas partes.

Con todas las reservas sobre la idoneidad de los procedimientos adelantados y acerca del contenido de las disposiciones aprobadas, reiteramos: el Estado tiene la obligación de honrar su palabra, acatar esas reglas -que la Corte encontró ajustadas a la Constitución-, desarrollar lo allí previsto y, desde luego, exigir que la otra parte en el Acuerdo cumpla aquello que le corresponde y -claro está- con las consecuencias que las normas constitucionales previstas para quienes siguieron delinquiendo después de su entrada en vigencia.

El Gobierno debe cumplir, y procurar -como propone el actual presidente- que otras organizaciones guerrilleras se sometan al Derecho, dejen de delinquir, adelanten los diálogos, lleguen a acuerdos con el Estado y los cumplan. Habrá que dictar nuevas normas, según lo que se pacte, para salvar muchas vidas y alcanzar la paz tan anhelada por los colombianos.

Por otra parte, la sociedad toda debe emprender una campaña de largo aliento, orientada a la educación y de nuestros niños y jóvenes, y de mayor exigencia a los mayores -en todos los frentes- para formar una cultura de la no violencia.

Bogotá, D. C, 6 de octubre de 2022

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por: Guillermo García Realpe*.-Esta práctica ha sido históricamente de poca aceptación o mal vista por quienes analizan el desempeño del sector público.

Pero tenemos que decir que ya es de aceptación constitucional desde 2009, cuando se incorporó en el artículo 144 de la Constitución Nacional por medio del Acto Legislativo 01 del mismo año. El mencionado artículo 144 ordena que se se reglamente mediante ley de la República.

Ha habido muchas iniciativas de leyes para la reglamentación, pero ninguna ha prosperado durante más de diez años.

En esta legislatura se han presentado nuevamente dos proyectos de origen parlamentario, el 87 y 120 Senado de 2022, que se acumularon para el trámite en primer debate. Este proyecto promueve la regulación del ejercicio del cabildeo, se crea el registro público de cabilderos, se garantiza el principio de transparencia en el proceso de toma de decisiones en el sector público.

El cabildeo o lobby son las actividades o acciones para demandar o influir en la toma de decisiones del sector público, ejecutivo o legislativo. No se contempla para el poder judicial por obvias razones. En caso como leyes o actos administrativos por parte de particulares o personas jurídicas con interés en esas decisiones.

Esto ya es constitucional, como ya se dijo. Se espera que se reglamente legalmente. Por otro lado y que es diferente, todos los ciudadanos tienen derecho a tomar parte en el proceso de toma de decisiones en el Estado, a través de mecanismos de participación ciudadana, como el referendo, cabildos abiertos, iniciativas legislativas, audiencias, derechos de petición, etc.

Quiero con esto decir, que la construcción normativa en Colombia es participativa. Con este proyecto de ley se pretende regular el cabildeo para los intereses particulares o gremiales. El objetivo es transparentar una práctica que se viene dando, para ponerla sobre la mesa.

Habrá registro de cabilderos en el Congreso y en el ejecutivo. En Estados Unidos existe desde 1946, en Perú desde 2003, en México desde 2010, en Chile desde 2014. Por otro lado, organismos internacionales como la OCDE y Transparencia Internacional recomiendan regular el cabildeo adoptando estándares internacionales.

Bogotá, D.C.. 05 de octubre de 2022

*Exsenador Liberal.

@GGarciaRealpe

Por Humberto Tobón*.-La inflación, las tasas de interés del mercado financiero, la pérdida de capacidad real de compra de las familias, el poco interés de inversionistas de ciertos sectores productivos de arriesgar sus capitales, la devaluación del peso y los impactos de la nueva reforma tributaria, son los factores internos que frenarán la economía colombiana.

Las predicciones para Colombia concuerdan que el crecimiento será menor del 1% en 2023, e incluso algunos analistas creen que se podría entrar en un campo negativo.

A esta situación no se llega por culpa únicamente de las decisiones internas de política económica. Hay que tener en cuenta, y de manera muy importante, los impactos negativos de un entorno mundial bastante crítico, que tiene en serios aprietos a los gobiernos de los países más desarrollados.

Estados Unidos, por ejemplo, entró en recesión técnica luego de dos trimestres consecutivos con crecimientos negativos de 1,6% y 0,9%, generados por una inflación cercana al 10% que ajustó los ingresos de las familias a la baja, lo que conllevó a una disminución en el consumo. Adicionalmente, la construcción y el mercado inmobiliario no han reaccionado positivamente en lo corrido de 2022.

Alemania, la economía más grande de Europa, está sufriendo una desaceleración muy rápida por el incremento de los precios de la energía, especialmente del gas, que es un efecto directo de la decisión de Rusia de disminuir la venta de este combustible, en retaliación por el apoyo que le brinda a Ucrania. Las familias alemanas enfrentan un aumento histórico de la inflación, lo que ha desencadenado menores índices de consumo de mercancías y baja inversión del sector privado.

China, la segunda economía más grande del mundo, está dando muestras de un crecimiento muy moderado de su PIB, que podría llegar en 2022 al 4%, afectado por problemas con los precios de la energía, la crisis inmobiliaria, la baja demanda de sus productos en el exterior y la parálisis productiva en varias ciudades, por la adopción de medidas sanitarias previniendo la expansión de las variantes de la Covid 19.

El resfrío de estas tres economías se está volviendo contagioso para el resto del mundo. Y eso ha llevado a especialistas a asegurar que habrá una recesión económica orbital, con impactos desastrosos en el campo social, haciendo que los niveles de pobreza y miseria suban ostensiblemente en todos los países, llevando a que el desempleo crezca y ampliando la brecha de desarrollo entre las naciones.

La cadena televisiva CNN reveló estudios que hablan de una probabilidad del 98% de que el mundo entre en recesión económica, algo que ya se vio durante la pandemia en 2020. Fenómeno que estará acompañado de estanflación, o sea, una inflación alta y una producción estancada o en descenso.

A este riesgo recesivo contribuye también la apreciación del dólar estadounidense, que combinada con la inflación y las tasas de interés en ese país, encarecen la deuda externa, así como los precios de las importaciones de mercancías y materias primas, y los servicios de comunicación, transporte y turismo, entre muchos otros. No la vamos a pasar bien en el futuro.

Bogotá D.C., 05 de octubre de 2022

Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.

@humbertotobon

Por Mauricio Cabrera Galvis*.-La economía colombiana puede llegar a una recesión el año entrante, de acuerdo con el reciente anuncio del Banco de la República, que pronostica un crecimiento del PIB para 2023 de solo 0.7, lo cual puede parecer una sorpresa después de alcanzar una tasa de crecimiento del 10% en el primer semestre de este año, pero no lo es si se considera que según el DANE en el mes de julio ya se registró una contracción del PIB de 0.3%.

El Banco sabe por qué lo dice, puesto que su equipo técnico debe haber analizado con detalle el impacto sobre la economía de las decisiones de su Junta Directiva de subir la tasa de interés que ha llegado a 10%, mientras que un año atrás era de solo 1.75%.

Son conocidas las razones del Banco para elevar sus tasas a una velocidad sin precedentes: se trata de cumplir su mandato constitucional de controlar la inflación que ha llegado a niveles del 10%, muy por encima de su meta de 4%. Su preocupación es que si no la frenan ahora y bajan las expectativas, seguirá subiendo. Por eso el gerente del Banco ha dicho que “lo que no hagamos hoy, lo pagaremos caro mañana”.

También es sabido que en esta ocasión la subida de precios es un fenómeno mundial, no solo colombiano, y que se debe principalmente a factores de oferta, como la reducción de las cosechas de alimentos, y el incremento de costos como los de la energía, de las materias primas o del transporte por los coletazos de la pandemia.

Ante esta situación se escucha a veces la crítica simplista de que la subida de los intereses no sirve para controlar este tipo de inflación puesto que no va aumentar la cosecha de papa ni a bajar el costo del petróleo o del trigo importado. Más aún, al elevar el costo del servicio de la deuda de las empresas productoras, puede inducir una mayor inflación si las empresas trasladan esos costos a los precios de sus consumidores.

La verdad es que la subida de tasas sí sirve, aún ante una inflación de oferta, pero a través de un mecanismo que tiene grandes costos en materia de crecimiento y empleo: al subir los intereses se hace más costoso el crédito y se desestimula tanto la inversión como el consumo. La gente deja de hacer compras con tarjeta de crédito financiada al módico 36%. Así se disminuye la demanda y bajan los precios pero también el crecimiento económico, con un rezago que se estima puede ser de 9 a 12 meses.

Por eso decir que el crecimiento del año entrante será solo 0.7%, más que un pronóstico es una profecía autocumplida; es el anuncio de lo que va a pasar como consecuencia de las decisiones de política monetaria. Entonces al gerente del Banco hay que recordarle que lo que están haciendo hoy lo pagaremos más caro todos mañana.

Bogotá, D. C. 2 de octubre de 2022

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por José F. Lafaurie*.-Me debo a la ganadería, a los ganaderos y a su institucionalidad gremial; por ello escribo hoy sobre el Día Nacional del Ganadero, que celebramos el 30 de septiembre, desde 2005, cuando se cumplían diez años del asesinato de José Raimundo Sojo Zambrano, ordenado por quienes hoy se sientan en el Congreso, los mismos que habían declarado a Fedegán y a los ganaderos como objetivo militar y no cejaban en su empeño asesino, al punto que, en 2003, sin éxito, afortunadamente, también atentaron contra mi antecesor en la presidencia de Fedegán, Jorge Visbal Martelo.

Por eso, el primer objetivo del Día Nacional del Ganadero es hacer visibles a las víctimas ganaderas y reivindicar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, porque..., nuestras víctimas no son menos víctimas.

No obstante, no es solamente una celebración de duelo, porque los ganaderos miramos hacia atrás para honrar nuestro pasado, pero también hacia delante para construir nuestro futuro, un futuro que impone nuevos paradigmas, como la sostenibilidad ambiental, la formalización y el bienestar animal, entre otros; un futuro que enfrenta el ataque de los enemigos de siempre y de otros nuevos, como los ambientalistas y animalistas extremos, que quisieran un mundo sin ganadería; un futuro que nos demanda unión alrededor de nuestras instituciones.

Es costumbre, en esta fecha, condecorar a los ganaderos destacados con la “Gran Cruz al Liderazgo Ganadero Regional, Miguel Santamaría Dávila”, pero en esta ocasión hemos querido honrar a quien dio nombre a esa condecoración, Miguel Santamaría, quien recibió, en 1964, una organización gremial recién nacida y sin recursos, y logró llevar a Fedegán, en diez años, a posicionarse entre los gremios importantes del país.

Miguel Santamaría, líder estudiantil, conservador activista en contra de la dictadura, gobernador de Cundinamarca, congresista, líder gremial, docente, embajador, economista, apasionado por la historia y el rescate de la figura del libertador desde la Sociedad Bolivariana de Colombia, pero ante todo, defensor de la ganadería colombiana y presidente emérito de Fedegán.

Hoy, cuando la ganadería está siendo atacada; cuando resurge el tema de la reforma agraria, aunque en un entorno de diálogo que esperamos sea permanente; cuando enfrentamos la invasión de tierras, con la unión, la solidaridad y el respeto por la ley como nuestras armas, y cuando se imponen los retos ambientales, se requieren liderazgos comprometidos, como el de Miguel Santamaría.

Ese es nuestro mensaje en esta celebración; una invitación a la unidad, la solidaridad y el liderazgo, y un saludo a todos los hombres y mujeres que se dedican a producir carne y leche para Colombia y el mundo, construyendo país en medio de las dificultades y abandonos de la vida rural. A todos ellos, Feliz Día Nacional del Ganadero.

Bogotá, D. C, 2 de octubre de 2022

*Presidente de Fedegan

@jflafaurie

Por Juan Camilo Restrepo*.- Cuando se hace un esfuerzo por escudriñar cuál es el propósito final -el hilo conductor- de prácticamente todas las políticas esbozadas por Gustavo Petro, empieza a dibujarse una respuesta clara: se trata de poner en marcha un esquema profundo de estatización del estado colombiano.

Solo que cada vez es más evidente que la plata disponible para cumplir con ese designio es insuficiente. De ahí las tribulaciones en que anda el ministro de Hacienda y todo el equipo económico consiguiendo ese dinero.

La economista Mariana Mazzucato -inspiradora del pensamiento Petro- es supremamente clara en varios de sus libros: hay que desconfiar al máximo de las alianzas público-privadas como instrumento de gestión estatal. Todo, en lo posible, debe hacerlo directamente el gobierno. Es un postulado que puede ser factible en una economía estilo escandinavo o francés. Pero que ciertamente no es válido para el caso colombiano. A no ser que se desquicien los postulados de la prudencia fiscal y se entre en una alocada carrera de endeudamiento público.

Miremos el caso de las pensiones, al menos de lo que se ha filtrado hasta el momento. Se quiere trasladar una buena tajada de las pensiones que hoy manejan los fondos privados hacia Colpensiones para liberar al gobierno de obligaciones presupuestales que hoy ostenta. Y ampliar así el rango de la protección social, marchitando el esquema del aseguramiento privado e incrementando sensiblemente el nivel de endeudamiento público que el gobierno central tomará prestado de Colpensiones.

Algo similar se otea por los lados de la hasta ahora ignota reforma a la salud: el marchitamiento de las EPS parece estar asociado claramente al deseo de que todo lo atinente a la salud lo asuma directamente el estado central, los departamentos y municipios.

Por los lados de la reforma agraria ha dicho el presidente que quisiera modificar el marco fiscal de mediano plazo para comprar tierras. Habla de 60 billones de pesos que obviamente no existen. Olvidando que el punto número uno de los acuerdos de paz se puede ir cumpliendo a lo largo del posconflicto -no solo adquiriendo tierras- sino aplicando una audaz política de adjudicación de baldíos a campesinos habilitados para ser adjudicatarios de reforma agraria. Para lo cual puede aplicar una magnifica sentencia que acaba de expedir la corte constitucional.

El pensamiento de Petro obedece más bien a una visión social demócrata de un estado opulento que cree que está en condiciones de hacerlo todo y de gestionar pulcramente todas las empresas estatales. Sin contar para nada con la colaboración del sector privado que más bien se percibe como un estorbo.

Sumémosle a esto la larga lista de mercado (es decir más gasto público) que previsiblemente va a resultar de las olimpiadas de las 50 asambleas regionales “vinculantes” que están comenzando.

Quizás todo esto explica el empecinamiento gubernamental de que la reforma tributaria tiene que producir 25, 6 billones de pesos de cualquier modo que sea. Nadie ha explicado convincentemente porqué el producido de la reforma tributaria tiene que ser 25,6 billones y ni un peso menos. Mucho me temo que no va a ser así. Las reformas tributarias siempre salen motiladas del congreso: pero esta luce que va a salir trasquilada.

Las concesiones que ha debido hacer el ministro Ocampo en los últimos días son significativas y se traducirán en menores recaudos. Se dispone a compensar dichas concesiones con un impuesto al patrimonio aún más alto del que se había contemplado, con una sobretasa adicional a la que ya existe para el sistema financiero, y con más tributos para las industrias petrolera y minera que las coloca muy probablemente por fuera de toda competitividad internacional.

Para financiar este costoso estatismo de nuevo cuño vamos a recurrir a una alta dosis de endeudamiento y a nuevos impuestos que caen con extremo rigor sobre el sector privado. Cabe preguntar, sin embargo: ¿se cumplirá simultáneamente con la regla fiscal?

Bogotá, D. C. 2 de octubre de 2022

*Abogado y Economista. Exministro de Estado