Opinión
Por Paloma Valencia Laserna*.- El gobierno quiere indultar, amnistiar y pagarle sueldo a los condenados y procesados por delitos cometidos desde la Primera Línea. Su estrategia es confundir y engañar la opinión pública. Cuando denunciamos los micos en la ley de orden público, anunciaron que los quitaban y todos celebramos. Pasaron solo minutos para que el senador Gustavo Bolívar anunciara que lo retiraban, pero solo de ese proyecto, e iniciaban sueldo y la libertad en otros proyectos.
Disfrazan su discurso bajo el derecho a la protesta social. Habrá que recordar que la protesta social solo incluye la expresión pacífica. Los delitos en el marco de la protesta no están cobijados por ese derecho. Pretenden que los delitos en el contexto de la protesta se conviertan en delitos políticos. La teoría del gobierno, que bien la conozco, porque la escuché del entonces senador Petro.
El país debe recordar que en el paro 2021 hubo 3.603 bloqueos, más de 1.784 uniformados heridos, 3 policías asesinados, 179 entidades públicas destruidas, 1.421 buses públicos vandalizados, 277 estaciones afectadas y más de 1.500 entidades comerciales afectadas. Miles de millones de pesos en pérdidas además de miles de gallinas, pollos y cerdos que murieron de hambre, litros de leche botados. Hubo un desabastecimiento de 555mil toneladas de alimentos que causó la inflación que aún no para. Se destruyeron cerca de 1 millón de empleos y el 70% de las PYME del país suspendieron sus operaciones. Se estimaron pérdidas del sector productivo por 6 billones de pesos.
Y no eran solo bloqueos. Era un secuestro de las ciudades en especial Cali y Popayán. Se incautaron 1.625 armas de fuego, 40.747 armas cortopunzantes, 207 elementos explosivos y 621 armas neumáticas.
El delito político es una elucubración de la teoría del Estado que prevé que posibilidad de que el ciudadano pueda revelarse contra su gobierno cuando es despótico o una tiranía. Es evidente que se trata de un derecho excepcional y especialísimo. Se trata del momento donde el ciudadano está facultado a subvertirse contra el Estado y la ley. En Colombia -no logro entender cómo- se convirtió en el derecho del ciudadano a cometer delitos con la excusa de que no le gusta el gobierno. Colombia no ha tenido sino una interrupción de su democracia en el siglo pasado, todos los demás gobernantes han sido democráticamente elegidos. Han dicho entonces que la democracia está cooptada, lo cual hoy también carece de significación cuando alguien que estuvo en las “guerrillas insurgentes” es elegido por esta democracia como presidente.
Colombia no debería aceptar el delito político como justificación de crímenes, no debería aceptar extenderlo incluso al escenario de la protesta. Es inaceptable teóricamente, y en la práctica, es aún peor. Las más terribles violencias que hemos vivido siempre pretenden el título de delito político para sublimar y hacer altruistas los crímenes. No hay justificación para ninguna violencia.
Como oposición al gobierno hemos tenido pequeños logros. La semana pasada suspendimos el debate de la ley de “orden público” para que no se aprobaran los indultos. Ese mismo día en horas de la tarde algunos indígenas Embera atacaron la Fuerza Pública en Bogotá lo que le dio visibilidad a la irracionalidad de exculpar crímenes como los cometidos contra nuestros policías. Es una batalla pequeña, pues ya anunciaron la búsqueda de esa impunidad desde otros proyectos. Conseguimos que el marco legal de sometimiento de grupos criminales sea tramitado en un proyecto ante el congreso y no expedido de manera unilateral por el gobierno por decreto. Además eliminamos lo que denominé la incorporación automática de los acuerdos para ser obligatorias para las demás ramas del poder. Ahora deberán pasar por el congreso. Me duele no haber logrado que los diálogos obligaran la conversación sobre la liberación de niños reclutados. Y lo peor que Iván Márquez y su grupo terrorista que incumplieron los acuerdos tengan otra oportunidad.
Bogotá, D. C, 29 de Octubre de 2022
*Senadora del Centro Democrático.
Por: Guillermo García Realpe*.-El tema del Gas Licuado de Petróleo (GLP) es un asunto que hemos abordado desde que entré al Senado en el año 2009. Siempre estuvo en mis debates, audiencias y pronunciamientos por varias razones.
Primera, son más de tres millones de familias sus usuarias, más de once millones de colombianos, la quinta parte del país, una gran población.
Segunda, los usuarios del GLP, pertenecen en un 85% a los estratos 1 y 2, la población más vulnerable urbana y rural, que vive en los sitios más remotos de los territorios y en los barrios más humildes y marginados, donde no llegan las redes domiciliarias de gas o redes eléctricas o cocinar con energía resulta muy costoso.
Tercera, el GLP especialmente en cilindros es de gran portabilidad y de fácil transporte, llega en carro, a lomo de mula, moto, etc.
Cuarta, el GLP es un gran sustituto de la leña y el carbón. Donde logra penetrar es un gran instrumento de lucha contra fenómenos como la deforestación y de lucha contra enfermedades respiratorias que causa la cocción en medio del humo de la leña. Es decir, además de salud, es un tema de dignidad humana.
Quinto, por lo anterior en el 2013 por mi iniciativa se promovió un plan piloto de subsidio para más de 300 mil familias de los departamentos del Macizo Colombiano, la más importante fuente hídrica de Colombia, correspondiente a los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y Caquetá, programa que no se ha podido extender a todo el país.
Sexta, en los últimos dos años ha habido un disparo en los precios del GLP, que nos ha preocupado mucho, a tal punto que se ha tornado inalcanzable su precio en cilindros.
Séptimo, por justicia tarifaria hemos llamado la atención al gobierno. Hoy un usuario de estrato 1 ó 2 del GLP en cilindros está pagando más que el usuario del estrato seis de cualquier ciudad al que llega la red domiciliaria del gas. Algo absolutamente injusto.
Octava, el subsidio en el Macizo Colombiano fue rebajado con el paso de los años y hoy es marginal, de una proporción muy baja sobre el precio total del cilindro.
Por todo lo anterior, propusimos con los usuarios dos iniciativas, que el subsidio sea para todos los colombianos, para todo el país, un acto de justicia por la gente pobre de todo el territorio. También que el subsidio equivalga a un efectivo 50% para usuarios de estrato uno y un 40% para el estrado dos del precio total del cilindro.
Para la población donde se está extendiendo redes domiciliarias de GLP, la conexión interna en las casas para los mismos estratos 1 y 2, sea subsidiada en un 70% por el gobierno nacional.
En la semana que termina en el Cuarto Congreso Internacional de GLP, promovido por Gas Nova, el gobierno manifestó su voluntad ante estas iniciativas.
De todas formas en los Diálogos Vinculantes serán propuestas estas iniciativas para que sean acogidas en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 del Presidente Gustavo Petro.
El cambio es cambiando.
Bogotá, D.C. 27 de octubre de 2022
*Exsenador Liberal.
@GGarciaRealpe
Por Gabriel Ortiz*.- Es muy probable que no se requiera comprar la tierra de Fedegan para realizar la Reforma Agraria en Colombia, máxime cuando la ministra de Agricultura Cecilia López, con sobrada razón ha dicho que la verificación de predios y el acuerdo de precios son “complejos y extensos”.
Se calcula que el país tiene 5 millones de hectáreas de tierra fecunda y productiva para entregar a los campesinos desposeídos que, quieren convertirse en productores de alimentos y productos agrícolas para exportar, doblegar el dólar y crear empleo, y riqueza. Esas extensiones hacen parte de los baldíos, que también tienen su tinte complejo de recuperación, pero saldrían más baratos que los que se proyectan comprar a los ganaderos.
Según estudios de varias universidades y entidades nacionales e internacionales, nuestro país tiene 114 millones de hectáreas, 48 de ellos aprovechables para cultivar alimentos, para reservas naturales, para bosques y para la protección del medio ambiente.
Los expertos consideran que existen 5 millones de hectáreas de baldíos -tierra fértil y productiva- para dedicarlos a la reforma agraria, sin necesidad de sacar los 30 billones que se calcula valen las tierras que ofrecen los ganaderos. Estas pueden ser adquiridas posteriormente.
Estos baldíos invadidos y ocupados ilegalmente y a la fuerza, son de propiedad del Estado.
Se desconoce en poder de quienes están. El 75% de los dudosos documentos que exhiben quienes los ocupan y usufructúan, son falsos, pero los usan y disfrutas. Muchos hasta son negociados o arrendados.
Ahí está la llave que busca el gobierno y su ministra de agricultura, para repartir granjas fértiles y ubérrimas a los campesinos sin parcelas. Los baldíos pueden abrir la “trancada” puerta que por centurias han impedido justicia en el reparto de la tierra.
Habrá necesidad de crear un ejército de funcionarios especializados en recuperar bienes usurpados, y en impedir que millares de abogados actúen para burlar la ley. Habrá que realizar una divulgación precisa y exacta de la acción que el gobierno y la sociedad están ejerciendo para lograr que se pueda adelantar una reforma agraria que siempre ha sido vilipendiada, difamada y desdeñada.
El tiempo apremia, cada día urge la necesidad de que Colombia dote a los campesinos de granjas propias, para que seamos una nación productora de alimentos, derrote la hambruna nacional, restablezca el empleo y exporte.
Millares de compatriotas y refugiados, no alcanzan a ingerir las tres comidas diarias, mientras medidas, como la que se persigue con reparto adecuado de parcelas, podemos eliminar la hambruna, derrotar la inflación y crear riqueza.
BLANCO: Los pensionados celebran la eliminación del zarpazo que se pretendía aplicar a sus mesadas con la reforma tributaria. Falta aún la devolución del 8% que les elevaron a los servicios de salud y que los ajustes anuales por costo de vida sean iguales al de los demás colombianos.
NEGRO: Colombia se quedó sin carne y sin cuero. Esa es la pésima política de exportación de ganado en pie que practican los pecuarios.
Bogotá, D. C, 26 de octubre de 2022
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por José G. Hernández*.- Es muy importante lo que se han propuesto tanto el presidente Gustavo Petro como la vicepresidenta Francia Márquez: orientar al Estado hacia una eficaz promoción de la dignidad humana como base necesaria para la paz.
El respeto a la dignidad humana es uno de los fundamentos del sistema jurídico colombiano, según lo contempla el artículo 1 de la Constitución. Declara el artículo 5 que el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona. El 13 expresa que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.
El artículo 94 señala: “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”. El 93 estipula que los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación, prevalecen en el orden interno. Esos derechos -dispone la norma- se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.
En su preámbulo, dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Y añade que “el menosprecio de los derechos humanos ha originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”.
Desde sus primeras sentencias, la Corte Constitucional destacó: “El respeto de la dignidad humana debe inspirar todas las actuaciones del Estado. Los funcionarios públicos están en la obligación de tratar a toda persona, sin distinción alguna. La integridad del ser humano constituye razón de ser, principio y fin último de la organización estatal” (Sentencia No. T-499/92).
Como se ha reconocido en el mundo, la Carta Política colombiana de 1991, desarrollada por la doctrina y la jurisprudencia, es una de las más completas y avanzadas en la consagración de los derechos esenciales y las garantías públicas. Por paradoja, sin embargo, nuestro país se encuentra hoy en los primeros lugares en materia de vulneración de los derechos humanos, desigualdad, desaforada violencia, irrespeto a la vida, la integridad y la dignidad de las personas, crimen e impunidad, sicariato, racismo, intolerancia y agresividad. Hay una gran distancia entre la dura realidad y lo que proclama las normas jurídicas y la jurisprudencia.
Todas las ramas y órganos del poder público, más allá de lo puramente formal y retórico, están en la obligación de buscar la efectividad y genuina vigencia de la dignidad de la persona humana, de los derechos básicos, de la libertad y sus garantías.
Y, como ordena el artículo 41 de la Constitución, “el Estado divulgará la Constitución”. Pero, fundamentalmente, debe cumplirla y hacerla cumplir. No ha sido la regla general en la política de los últimos gobiernos.
Bogotá, D. C, 26 de octubre de 2022
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Robinson Castillo*.-Es más caro hoy comprar cualquier producto. El consumidor actualmente se preocupa más que en cualquier tiempo, por el precio de lo que adquiere. Ya no se puede tener en casa nada en exceso, se acabó el poder de compra. Es el fin de la abundancia.
La inflación, la disparada del dólar y una recesión inminente, tienen en pánico la economía mundial. Es decir, las condiciones actuales y futuras, le permiten a los más expertos una predicción fácil, se viene la pandemia económica. El momento es crítico.
Nada refleja mejor la coyuntura de liquidez, que la cotidianidad de las familias. Hace algunos días en la tienda de mi barrio, escuché a una señora contar su estrategia para hacer frente a la crisis: “Me levantaré más tarde para ahorrarme el desayuno”. Fue contundente.
Lo peor del asunto es que el Dane estima que 23.1% de los hogares colombianos consumen apenas dos comidas al día. Son más de 13 millones de colombianos en esta situación adversa para alimentarse. Moisés Naím lo afirma sin tapujos: “La inflación es hambre”.
El tema único que debería importarle a todos por estos días es el de la economía. Es una bomba que ya estalló y sus consecuencias apenas se están sintiendo con toda la fuerza, por eso es mejor ahorrarse las uvas este 31 de diciembre, pues el 2023 será el de la recesión.
El consumir tendrá que aplicar una especie de autocensura de alimentos. Es imposible comprar mangos, sandías y manzanas todos los días, su alto costo no lo permite. Y ni hablar de la carne y pescados. Hay que modificar en contra de la voluntad, los hábitos de gastos. El dinero rinde menos.
Nada está barato. El huevo, café, leche, pan, y así podría seguir este párrafo de manera interminable de alimentos con precios elevados, las góndolas de los supermercados pasan muchos días intactas. Y a esto se le suma la desbordada oferta de tarjetas de crédito y la gente ahora se endeuda por comida. ¡Ah! Y es mejor tener reservas de papel higiénico, todo indica que habrá escasez.
El desplome de la economía es inevitable. Muchos supermercados en Europa han dejado de ofrecer algunos productos, debido a sus precios fuera de control, algo similar puede ocurrir en breve en Colombia. Si la gente no compra algunas cosas, la lógica establece que se dejarán de ofertar.
Otra práctica común es el cambio de actitudes de consumo. Es una alternativa para conseguir algo de ahorro en las tradicionales visitas al mercado, no se compra un arroz de X marca, sino de otra que permitan mantener unos pesos más en los bolsillos.
Afrontamos una economía de crisis. No se trata de exagerar ni generar pánico, aunque muchos sectores siguen tomando a la ligera lo que se viene, mientras la escalada de precios no se detenga, el eclipse financiero se mantendrá. Lo cierto es que la hora cero de la recesión es inatajable.
Bogotá, 26 de octubre de 2022
*Consultor en comunicación parlamentaria.
Por Humberto Tobón*.-No son suficientes sus triunfos en los torneos internacionales ni el aumento del afecto popular en su favor, para que las mujeres futbolistas sean reconocidas y respetadas por los dirigentes del fútbol colombiano, para quienes ellas son “unas aficionadas” que no merecen premios.
Las voces de la Federación Colombiana de Futbol, la Dimayor y de muchos dirigentes de equipos profesionales, es de menosprecio por los logros alcanzados por las diferentes selecciones femeninas de balompié, en contravía de lo que piensan la prensa deportiva y la afición futbolística, que está llenando estadios.
Los nombres de Linda Caicedo, Tatiana Ariza, Melissa Ortiz, Paula Forero, Yoreli Rincón, Carolina Arias, Daniela Montoya, entre muchas otras, están en las primeras páginas de la prensa especializada, que las reconoce como figuras fulgurantes del fútbol internacional.
En la orilla contraria a la misoginia que se evidencia entre dirigentes del fútbol, hay resultados contundentes que ofrecen un aire fresco en este deporte, como el paso a las semifinales del mundial femenino Sub17 en India; los cuartos de final en el mundial Sub20 en Costa Rica; los octavos de final en el mundial mayores en Canadá y la clasificación de la selección absoluta al mundial de Nueva Zelanda y Australia en 2023. Para completar, América y Cali están en las semifinales de la Copa Libertadores de América.
Las palabras del presidente de la Federación de Fútbol, Ramón Jesurún, no pueden ser más lapidarias: "Hay que entender que el fútbol femenino apenas tiene 15 años de evolución y lo comparamos con el fútbol masculino que tiene más de cien años. La gente a veces es muy alegre". Estas afirmaciones obligan a recordar lo que han sido los resultados de la centenaria selección.
El balance deportivo de la selección Colombia de fútbol masculino, no puede ser más deprimente. En los 94 años de existencia de la Federación Colombiana de Fútbol, sólo se ha obtenido un título en la categoría mayores: la Copa América de 2011. Los de la sub20 y sub17 han conquistado tres títulos sudamericanos cada uno, el último de ellos en 2013. Y tres títulos en la Copa Libertadores.
De los veintidós mundiales de fútbol de la categoría mayores disputados desde 1930, Colombia ha clasificado a seis. En tres de ellos quedó eliminada en la primera ronda, en dos en octavos y uno en cuartos de final. En las seis presentaciones la selección ha jugado veintidós partidos, de los que ha ganado nueve, perdido diez y empatado tres. A pesar de estos resultados tan pobres, los colombianos no escatimamos esfuerzos y ánimos para acompañar los futbolistas, empujados por un patrioterismo deportivo que se ha convertido en el único motivo nacional que nos une de verdad.
Hoy ese orgullo por los colores nacionales, se ha trasladado a las selecciones femeninas, que están haciendo historia, a pesar de que dirigentes del fútbol no las quieren, al punto de obstaculizar la realización de su torneo profesional en Colombia.
Bogotá, 25 de octubre de 2022
Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.
@humbertotobon
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Un serio riesgo que tiene el país es que cuando se complete la reforma agraria que ya ha iniciado con mucha decisión el gobierno, y los campesinos tengan la tierra, junto con el crédito, la asistencia técnica, los canales para comercializar sus productos, y todo lo que necesitan para desarrollar sus proyectos productivos, se continúe la tendencia de despoblamiento del campo y la tierra se quede sin campesinos.
La reforma agraria ya comenzó a buen paso. La Ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció la titulación de 618.000 hectáreas que ya se están repartiendo y que se tienen identificadas otras 125.000 hectáreas expropiadas a los narcos; también se firmó un acuerdo con Fedegan para la compra de tres millones de hectáreas.
Pero desde hace casi un siglo se inició un masivo proceso de migración del campo a las ciudades. Hacia 1950 en el campo vivían cerca del 60% de los colombianos, medio siglo más tarde este porcentaje había bajado al 30%, y hoy solo un poco más del 20% de la población vive en la zona rural.
Esta tendencia a la urbanización del país se refleja también en la dinámica del empleo. Entre 2001 y 2021 se crearon en el país 5.4 millones de empleos, pero de estos solo 316.000 (menos del 6%) fueron en la zona rural. La tasa anual de crecimiento del número de ocupados en las ciudades fue del 42%, mientras que en el campo fue de solo 7.1%, a pesar de que el PIB agrícola creció 65% en el mismo período. Como consecuencia en varias regiones del país se siente ya una escasez de mano de obra para las labores agropecuarias.
No hay duda que los campesinos despojados de sus tierras quieren volver a sus parcelas, y que los que siempre han trabajado en campo ajeno esperan con ansia la posibilidad de tener su propio terreno. Lo que no es seguro es que sus hijos quieran quedarse en el campo realizando las mismas labores a sol y agua con las que envejecieron sus padres y abuelos, o más bien prefieran migrar a las ciudades.
Porque la realidad es que en la ciudad los jóvenes tienen la posibilidad de obtener subsidios para vivienda, así como acceso a mejores escuelas, y servicios de salud más completos que los precarios puestos de salud de sus veredas.
La reforma agraria debe incluir la provisión de bienes públicos que mejoren la calidad de vida de los campesinos. No es suficiente que tengan un pedazo de tierra propia o que logren mayores ingresos en sus proyectos productivos; tampoco que tengan oportunidades de trabajo decente como mejores salarios y prestaciones sociales.
Cali, 23 de octubre de 2022
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por Fernando Cepeda Ulloa*.- En el mundo existen varias experiencias, algunas fracasadas, otras exitosas. Los que conocen el tema empresarial dicen que los fracasos son buen camino para aprender las mejores prácticas. No creo que esta sea la primera vez que en Colombia se habla de un banco que dedique toda su actividad financiera a ayudar a los más pobres. Para ello es indispensable que no exista toda esa maraña de requisitos que imposibilitan que una persona sin recursos pueda acceder al crédito. Existen incontables condiciones y requisitos que no son otra cosa que barrera discriminatoria que no permite a una persona que carece de finca raíz o depósitos significativos en los bancos ofrecer garantía que satisfaga al banco. Imposible.
Hace muchos años, patrocinado por una organización que se llamaba Viva Río, allá en la bellísima ciudad de Río de Janeiro, visité por varias horas unas favelas Y pregunté a las señoras que manejaban salones de belleza, como negocio muy popular en esas secciones tuguriales, cómo obtenían el dinero para montar ese atractivo y popular servicio. Todas me dijeron que recibían un préstamo de algo así como un millón de pesos de entonces... hoy serian cinco millones. Decían que no requerían respaldo alguno de finca raíz o fiadores. Y que el negocio les permitía pagar la deuda. Averigüé, también, con las instituciones que prestaban el dinero y todas coincidieron en afirmar que los pobres eran muy cumplidos en los pagos. Que eran muy pocos los casos de incumplimiento.
Entonces y ahora, a raíz de la columna de Juan Manuel Acevedo sobre el sistema financiero que utilizan los pobres en Colombia, el gota a gota, recordé el título de un libro famoso que escribió un británico, y que en muy pocas palabras lo dice todo y mucho más, "Los Pobres Pagan Mas" no sólo en materia de créditos, sino del valor de otros bienes. Es que aquí no sólo pagan unos intereses usurarios, inadmisibles, injustos, sino que el incumplimiento se paga con la vida propia o la de un familiar. Imposible aceptar que una sociedad pueda tolerar un sistema financiero de esas características.
Lo menos que se puede ofrecer a una persona carente de mínimos recursos es que pueda adquirir la propiedad de sus elementos de trabajo. El taxista debe poder acceder a la propiedad de su instrumento de trabajo, el automóvil, y es bien sabido que podría pagarlo en varios años y alcanzar además seguridad social, salud, pensión. Quizás estoy dando un ejemplo muy complejo, pero bien mirado me cuesta trabajo creer que los números no dan. El peluquero, la maquilladora, la que corta las uñas, los vendedores ambulantes deben ser propietarios de su instrumento de trabajo. Y así de otros oficios. Cuántas madres han sacado adelante a sus hijos gracias a su trabajo con una máquina de coser.
¡Muy joven fui testigo del surgimiento de esa próspera industria que se llama Ponqué Ramo (por el nombre de su propietario)! Recuerdo el garaje donde se inició y el papel determinante que jugó su esposa. En los años cincuenta. Espero no ser víctima de una leyenda, pero creo que el Banco Popular de entonces tuvo mucho que ver con un emprendimiento tan sorprendente.
Hacen mucha falta historias que cuenten casos de éxito de esta naturaleza. ¡Eso sí que ayudaría!
Bogotá, D. C, 23 de octubre de 2022
*Abogado y Politólogo. Ex diplomático. Ex Ministro del Gobierno.
Por Juan Camilo Restrepo*.- Las chicas que agredieron el cuadro Los Girasoles de Van Gogh en Londres con sopa de tomate llevaban camisetas que decían perentoriamente “pongan fin al petróleo”. Pero, además: hicieron recordar las múltiples agresiones verbales de que ha sido víctima Ecopetrol últimamente. Con la diferencia de que nuestra empresa petrolera no cuenta con protector de cristal como afortunadamente tenía el cuadro del pintor holandés.
Esto significa que la multitud de disparos verbales, de trinos y de anuncios desafortunados del gobierno sobre el futuro de Ecopetrol y de la política energética, está haciéndole mella y pueden terminar por hacerle daño irreparable a la empresa insignia de la economía colombiana.
Todas las cifras que empiezan a publicarse así lo indican. Y no es un perjuicio hipotético el que se vaticina: es un demérito que empieza a reflejarse ya en los balances y en las proyecciones de Ecopetrol. Por ejemplo, Ricardo Ávila en un excelente análisis que publicó en El Tiempo del pasado 16 de octubre, demostró cómo el valor bursátil de la empresa ha perdido casi un 40%, al descender de 145 billones de pesos que llegó a valer a finales de marzo de este año a 89 millones a la fecha. Los bonos internacionales de Ecopetrol se han desvalorizado igualmente un 8%.
Naturalmente este fenómeno no obedece a una sola causa. Pero no deja de ser sorprendente que cuando todas las petroleras del mundo están ganando- casi sin excepción- cotización bursátil debido a los precios estratosféricos de los combustibles en los mercados internacionales, la nuestra haya perdido valor de manera tan abultada.
Pero quizás la mejor explicación de este inquietante fenómeno es la confusión que rodea la política energética que se va a desarrollar en el país en los años venideros. Todos los días hay pronunciamientos contradictorios de las altas directivas gubernamentales que se sientan en la junta directiva de Ecopetrol. Mientras la ministra de Minas y Energía, así como su viceministra, repiten insistentemente el mantra de que no se firmarán nuevos contratos de exploración de crudo ni de gas natural (“porque así se dijo en la campaña”), el ministro de Hacienda responde en solitario que sí se firmarán; y que bajo ninguna circunstancia se frenará la firma de nuevos contratos de exploración, sobre todo en materia de gas.
Este es un asunto fundamental sobre el cual ya existe un extendido consenso entre los expertos de que quien tiene la razón es el ministro Ocampo, pero que sin embargo el gobierno no ha logrado dilucidar. Y mientras pasan los días sin que esto se aclare, el valor de Ecopetrol se sigue contrayendo a la vista de los exigentes mercados nacionales e internacionales.
Los datos que contiene la carta que Ecopetrol dirigió recientemente al Congreso denunciando los efectos devastadores que para sus finanzas tendrá la reforma tributaria, tal como fue aprobada en las comisiones económicas en primer debate, no son menos inquietantes: el conjunto de la nueva sobretasa del 5% más el anticipo implicará un drenaje a la caja de Ecopetrol el año entrante de $3,6 billones; la exigencia para poder seguir beneficiándose del régimen tributario franco que beneficia su la actividad refinadora le implicará aumentar sus exportaciones en el equivalente a 44 millones de barriles al año desabasteciendo el mercado doméstico, al paso que la nación tendrá que importar gasolina por US $ 2,8 billones; la no deducibilidad de las regalías en la ecuación fiscal de la empresa le significará un aumento en la base gravable de $7,6 billones; la tributación efectiva de Ecopetrol se aumentará hasta el 81%; las regalías pagadas a departamentos y municipios se contraerán en $ 2 billones entre 2023 y 2026; los suministros de la refinería se recortarán en el equivalente a 30.000 barriles por día; y en general todo su programa de inversiones a lo largo de la cadena productiva se verá mutilado.
Con un panorama como éste, no es sorprendente que Ecopetrol esté corriendo con menos suerte que el cuadro Los Girasoles de Van Gogh.
Bogotá, D. C, 23 de octubre de 2022
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Amylkar D. Acosta*.- Como es bien sabido la fórmula tarifaria (CU = G + D + T + C + PR + R) contiene 6 cargos, uno por cada uno de los 4 eslabones de la cadena y dos clavijas, que son las llamadas eufemísticamente restricciones (R) y las pérdidas reconocidas (PR). Ya nos hemos referido a las restricciones, hablemos ahora, a propósito del publicitado “pacto por la justicia tarifaria”, de las pérdidas reconocidas.
Según el anuncio de la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, como resultado de la renegociación de los contratos bilaterales entre generadores y comercializadores se logró una reducción de la tarifa a partir del mes de noviembre en un rango entre el 4% y el 8%. Particularmente, en el caso de los usuarios de Air-e del 5.65% y de los de Afinia 2.9%, por debajo de dicho rango, irrisorio en ambos casos, que no se compadece con los incrementos registrados que superan el 40%.
Y la verdad es que mientras no se toquen las pérdidas reconocidas (PR), del 29% para los usuarios de Air-e y 27.2% para Afinia, en contraste con el 10%, en promedio, para el resto del país, va a ser asaz difícil lograr rebajas significativas en las tarifas en la región Caribe. Y no es para menos, habida cuenta que el componente de las PR pasó de representar el 8% en octubre de 2020 al 30% en julio de 2022 en el costo unitario (CU), que es la tarifa que se le cobra al usuario final. Su contribución al incremento del CU en 2021 fue del 70% y en los primeros siete meses de 2022 del 54%, de acuerdo con el estudio que adelantó FUNDESARROLLO.
Pero, como es bien sabido dicho tratamiento se deriva de lo dispuesto en las resoluciones 010 de 2020, 024 y 078 para Air-e y 070 para Afinia en 2021 de la CREG, las cuales a su vez se fundamentan en las leyes 1955 de 2019 y 2010 de 2019, los decretos 645 de 2019 y 1231 de 2020 que la reglamentan y en la Adenda Integral al reglamento convenido entre la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios y los nuevos operadores de red. Por ello, cualquier cambio deberá ser consentido por ellos.
Así las cosas, al descontento y la inconformidad de los usuarios se le vino a añadir ahora el desconcierto, puesto que este pacto no satisface sus expectativas, por lo que se auguran más y mayores movilizaciones y manifestaciones de protesta por parte de los usuarios, tanto los regulados como los no regulados, que se sienten frustrados con el paso dado.
El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, deberá hacer un esfuerzo adicional tendiente a meter en cintura las tarifas de energía, dado que ellos se sienten agobiados por lo que se considera un verdadero atropello a sus derechos de contar con un servicio de energía que cumpla con el principio de equidad consagrado en la Ley de servicios públicos 142 de 1994!
Ello es tanto más urgente en cuanto que a la espiral alcista de las tarifas de energía se le ha venido a sumar ahora la de los precios, la cual tarde que temprano terminará castigando a los usuarios del servicio con más alzas y ello en momentos en los que los embalses de las hidroeléctricas están a full. Si ello se está dando ahora, qué podemos esperar cuando el fenómeno de la Niña toque a su fin y se empiece a avizorar el advenimiento del Niño con su sequía e hidrología crítica.
Bogotá, D. C, 23 de octubre de 2022
*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
