Opinión
Por José Félix Lafaurie*.-Comparto con mis lectores dos trinos recientes a raíz de las invasiones de tierras. El primero afirma que “No es coincidencia que @jflafaurie hace poco haya propuesto revivir las Convivir”; y el segundo que “Alcalde de Plato convocó Ejército y Policía a respaldar ganaderos en caravanas para intimidar supuestos invasores; imágenes y vídeos recuerdan a autodefensas y ningún participante desmiente impulso a iniciativa de @jflafaurie de retomar las Convivir”.
Estos sorpresivos trinos no son de un ciudadano cualquiera, sino de la primera autoridad del departamento del Magdalena, el gobernador Carlos Caicedo, quien se apuró a tildar de paramilitares a un grupo de sus gobernados, que solo buscaban proteger pacíficamente sus propiedades; y no contento con ello, se despachó contra mí por haber convocado a la solidaridad ganadera, con afirmaciones irresponsables, que lindan con el Código Penal -injuria y calumnia- y con el régimen disciplinario de los servidores públicos, competencia de la Procuraduría.
No es de extrañar, pues no es de ahora su animadversión hacia la ganadería, al punto que, en su proyecto de Plan de Desarrollo 2020 – 2023: “MAGDALENA RENACE”, tal “renacimiento” estaba concebido a partir de la destrucción de la ganadería departamental, lo que nos obligó a defenderla ante la Asamblea, con verticalidad, con argumentos… y con éxito. Me temo que hoy esté pagando esa derrota, pero la defensa de la ganadería magdalenense bien lo vale.
Por esa misma razón debo referirme al texto infamante del segundo trino de Caicedo. Primero, reitero que jamás he propuesto retomar las Convivir y, por lo tanto, mal podría alguien desmentir o no algo a lo que jamás me he referido.
Segundo, reivindicó la actitud de cumplimiento del deber del alcalde Peña, del Ejército y la Policía, que además califico de solidaria con la ciudadanía.
Tercero, no sé qué recuerdos tenga el señor Caicedo de los paramilitares ni de su propio tránsito por organizaciones armadas ilegales, pero debo insistir en que es una infamia y una falta grave por parte de un funcionario público, hacer señalamientos infundados, como el de paramilitarismo, que ponen en riesgo la vida de las personas.
Cuarto, si los invasores se intimidaron, pues se logró el objetivo de mostrar que el ganadero no está solo, que estamos unidos entre nosotros y con las autoridades. ¿Quién ha dicho que es ilegal intimidar pacíficamente a quien pretende irrumpir en nuestra casa?; hacer ruido, llamar vecinos, informar a la policía, fue lo que, valga la comparación, hicieron los manifestantes solidarios de la caravana. Pero, además, ¿desde cuándo está limitado el derecho de los ganaderos a la asociación?, ¿en dónde nuestra legislación prohíbe a los ciudadanos “colaborar”, sin entorpecer, con las autoridades en la protección de derechos fundamentales, en este caso el derecho a la propiedad?
Por el contrario, la colaboración ciudadana solidaria es un deber consagrado en el artículo 95 de la Constitución, que nos demanda “Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”.
Por ello me ratifico en mi invitación, que el país conoce y que ya ha sido atendida por miles de ganaderos, a conformar grupos voluntarios y solidarios de reacción inmediata, que acompañen pacíficamente al ganadero afectado, que agradecerá nuestro apoyo y mañana estará dispuesto a brindarnos el suyo.
Ese es el propósito, mostrarles a los invasores, a la sociedad y también a las autoridades, que el ganadero no es un “lobo estepario”, que, por el contrario, somos una “manada” organizada y pacífica; que nos une el trabajo de la tierra y que, en su defensa…, somos solidarios.
Bogotá, D. C, 22 de octubre de 2022
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Alfredo Benavides Castillejo*.- Ecopetrol generó una utilidad de 16.7 billones de pesos el año pasado y es posible que la duplique en el presente año 2022 esto en su mayoría por la venta a altos precios del petróleo producido. ¿Pero es posible que otra industria con cero emisiones pueda reemplazar estos ingresos a la nación en el corto plazo es decir en menos de 10 años? La respuesta es sí…
No sería otra industria, es la misma Ecopetrol la que lo haría, pero produciendo Hidrogeno verde. Recordemos que el petróleo y el gas se componen de carbono (80%) e hidrogeno (20%) aproximadamente. Entonces es continuar con lo mismo solo que eliminando el carbono, que a la postre generador de los gases de efecto invernadero, es decir el contaminante mundial.
Colombia tiene un territorio extraordinariamente privilegiado para esto, tan grande como un País de Europa, y es La Guajira, con una radiación solar de 6 kw por encima en más del 50% del promedio mundial (U. Antioquia) y con vientos de mas de 9 metros por segundo a 80 metros de altura (Asociación de energías renovables ), lo cual podría generar lo de 10 hidroituangos algo así como 20.000 MW y eso sin contar con la energía que se pudiese producir en el mar adentro de La Guajira con los mismos vientos.
Mientras se instalan los gigantes aerogeneradores o molinos de vientos requeridos (ya hay unos instalados) y se “tapiza” gran parte del desierto de La Guajira con paneles solares, se construiría una gran planta desalinizadora, es decir, que le retire la sal al agua marina para volverla potable, esto es necesario ya que sometiendo agua potable con energía eléctrica, se obtiene hidrogeno verde.
No toda el agua potable se destinaría a la producción de hidrogeno verde, un porcentaje iría a abastecer a toda la población de La Guajira que por siempre ha padecido su ausencia, se podría pensar en generar agro debajo de los paneles solares u otras tierras, algo soñador pero posible o sino Israel que tiene 5 grandes plantas desalinizadoras en su desierto, no sería exportador de tomates.
Las 450 toneladas hora de hidrogeno verde producido podrían ser conducidas conjuntamente con el gas natural por la red de gasoductos que inician en La Guajira y abastece a todo el País e incluso llegan a la refinería de Barrancabermeja y Cartagena, con esto se podría hacer el hidrotratamiento que requieren las refinerías para producir combustibles libres de azufre y metales e ir eliminando la necesidad del petróleo o por lo menos reducirlo.
Aumentaría y garantizaría la necesidad de gas residencial e industrial de Colombia. De igual manera el hidrogeno diluye el crudo pesado, en esta dilución el País gasta mas de 1000 millones de dólares anuales al importar diluyentes, este solo ahorro justificaría la construcción de las plantas desalinizadoras y de producción de hidrogeno.
El hidrogeno verde se vende en el mercado a un precio entre 8 a 10 dólares por kilogramo es decir si vendiéramos el 50% de lo producido en la Guajira eso daría 225 toneladas o sea 225.000 kilogramos por 8 dólares da 1`800.000 dólares por hora, es decir, serian 43`200.000 dólares al día, comparado con la exportación de petróleo que en promedio son 400.000 barriles día vendidos en promedio a 90 dólares , los cuales dan 36`000.000 dólares día , resultaría mejor exportar hidrogeno verde y hacer un control estricto a los más de 200 contratos vigentes de exploración de petróleo y gas de manera que si se tiene éxito se podrían incluso asignar más áreas a los mismos o si por el contrario se fracasa, entonces estudiar la asignación o no de nuevos contratos.
En otras palabras, dejar de explorar , explotar y producir petróleo y gas aunque moderada e inteligentemente, mientras se construyen estas plantas entre tres a diez años, porque lo que se tenía que hacer a 50 años, la guerra Rusia-Ucrania y la inminente recesión mundial, acortaron los tiempos energéticos a menos de 20 años .
Replicando lo anterior en la costa pacífica, Santander y los llanos orientales, Colombia se convertiría en potencia exportadora de hidrogeno verde.
Los carros actuales con motores a gasolina y diésel, pueden ser modificados a hidrogeno de manera económica y subsidiada. La empresa Toyota ya anunció la producción masiva de nuevos carros a precios asequibles incluso de alta gama a base de hidrogeno. Lo único que saldrá por el exosto de esos carros es agua.La fuente es la inagotable agua del mar y el hidrogeno que se consume vuelve y se
convierte en agua, la potencia del hidrogeno en un motor es 20% mayor que un motor de gasolina. Varios países desarrollados ya iniciaron esta carrera del hidrogeno verde.
Colombia podría participar como líder mundial.
Bogotá, D. C, 21 de octubre de 2022
* Ingeniero. Consultor.
Móvil 3187174742
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Por Gabriel Ortíz*.- El vertiginoso y desbocado dólar, habrá pasado los 5 mil pesos y, nuestra economía, estará en cuidados intensivos, cuando aparezca esta columna.
Extrañamente la anunciada recesión del 2023 se anticipó, mientras el DANE anunciaba un crecimiento económico en agosto del 8.6%.
Difícil entender semejante incremento, con la aparatosa caída al 0.7% que calcula el Banco de la República para el 2023.
Hay fenómenos que vienen ocurriendo y que podrían ser los causantes del encabritado dólar en Colombia y en países tan poderosos como Inglaterra, Francia, Chile y tantos más. Puede obedecer a la guerra entre Rusia y Ucránia, a la inflación mundial, a la crisis climática en Europa y a la hambruna que va en los hombros de este planeta.
Miremos el caso de Colombia. El país viene de serias dificultades económicas, producto del endeudamiento externo, la escasez de alimentos por la falta de oportunos programas agroindustriales, la pandemia, la olla raspada, el pésimo manejo de una adversa situación económica, producto del crecimiento excesivo del gasto público, y desde luego la rampante corrupción.
El nuevo gobierno se embarcó en la reforma tributaria, para poder adelantar los programas sociales y nivelar la maltrecha economía, que despierta toda suerte protestas. Simultáneamente debió adelantar en el Congreso la ley de presupuesto para el 2023. Para ello, adelantó un acertado dialogo político que le garantizó unas mayorías suficientes para lograr su cometido. Pero surgieron rencillas y desacuerdos que fueron dificultando la situación.
Como si fuera poco, el Banco de la República -con su altivez- veía llegar el monstruo de la inflación y el desbarajuste, pero simplemente aplicó manidas teorías económicas que aún consideran que son las tasas de interés las únicas que funcionan.
Todo se encareció en este país en el que el 43% de los alimentos son importados mientras el dólar arreció su carrera alcista. Se desató así una especulación incontrolable con el dólar, porque el Emisor no intervino el mercado de divisas, como ocurre en economías racionales.
Fue aquí cuando se desató la fuga de capitales de quienes, defienden las teorías del neoliberalismo, o aprovechan el mar revuelto para su propio beneficio. Acudieron también al rumor, sobre un supuesto control de cambio, impuesto a los giros y nueva alza de los intereses, para encender a la opinión pública.
De nada han servido las categóricas rectificaciones del ministro Ocampo, ni las reiteradas afirmaciones del presidente Petro. El rumor causa estragos que lanzan una economía al vacío.
Otros aprovechan para comprar barato. Se apoderan de empresas, bienes y servicios a precios irrisorios, mientras los vendedores sacan su dinero y colocan nuevos peldaños a la escalera del dólar.
Estamos en la antesala de una hecatombe económica, si el Emisor sigue mirando al revés y fomentando la especulación.
Se requiere un diálogo constructivo y la unidad nacional, antes de que sea tarde, porque hasta los especuladores y las fugas de capitales verán la cara del desastre.
BLANCO: Una buena: podemos ir a Inglaterra sin necesidad de visa.
NEGRO: Nuevo asesinato de un colega: Rafael Emiro Moreno, fue abandonado por la UNP.
Bogotá, D. C, 21 de octubre de 2022
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telepacifico y Notisuper
Por Paloma Valencia*.- Petro empieza a dar señales sobre su propósito de legalizar la cocaína en Colombia. El asunto no es menor. Lo hemos dicho: las drogas han sido el mayor factor de violencia en Colombia. Han financiado todas las violencias, de todos los pelambres y con todas las justificaciones. El narcotráfico es un monstruo de varias cabezas, se le corta una y le brota otra. Es cartel, paramilitar, guerrilla maoístas, guerrilla leninistas, pseudo guerrilla, grupos ilegales, y hasta estructura criminal.
El peor problema de esta propuesta es que sirve de distractor. Con el discurso de legalizar o regular el gobierno está envolatando la discusión sobre lo que harán ahora con el narcotráfico. Seamos serios; aun aceptando que el discurso de legalizar avance a buena velocidad no será este gobierno quien lo vea. Estados Unidos y Europa están muy lejos de aceptarlo y más lejos aún China y Rusia. La opción de legalizar de manera unilateral es una quimera; equivaldría al cierre de nuestros mercados internacionales y quedarnos con todos nuestros productos de exportación y también con la coca. No habría a quien venderla, salvo que el Gobierno quiera pasarla ilegalmente por las fronteras. Esperar a que el mundo quiera legalizar será lento; y mientras tanto seguirá creciendo en área y en violencia en nuestro país.
Es cierto que la guerra contra el narcotráfico no se gana. Nada puede contener la producción de un producto que se consume y se paga a buen precio. La guerra contra las drogas se limita a buscar reducir su efecto en nuestro territorio y golpear las finanzas de los ilegales que asesinan con y por esos recursos. Me temo que con el discurso legalizador o regulador sólo nos distraen de la dificultad que enfrenta el gobierno de tener que tomar medidas contra el narcotráfico, habiendo pregonado por todas partes de que la guerra contra las drogas fracasó. ¿Qué harán estos 4 años además de hablar sobre el fracaso de la guerra y la necesidad de legalizar? ¿Dejarán que el narcotráfico siga creciendo?
Recordemos que durante las negociaciones de la Habana en 2016, la sola posibilidad de que las familias recibieran dinero por erradicar y la suspensión de la aspersión aérea, los cultivos ilícitos pasaron de 47.788 a 146.140 ha; y hoy tenemos más de 200 mil. Ya se anunció que no se erradica manual, ni forzosamente, ni se fumiga, ni se bombardea. Y ahora se anuncian miles de millones para la erradicación voluntaria (pese a los malos resultados que se han obtenido). En el corto plazo la sola declaración de Petro traerá consecuencias.
Y claro que hay grados en la guerra contra las drogas. En el año 1999 el lavado de dinero del narcotráfico en Colombia equivalía al 10% del PIB. Según la fiscalía entre 1990 y 2016 las Farc tuvieron ingresos por 7 billones por narcotráfico y 17 mil millones por minería ilegal. Con el modelo de lucha contra las drogas (aspersión, sustitución voluntaria y sustitución forzada) se alcanzó mínimos históricos con cerca del 2% PIB por lavado en el 2010; desde la firma del acuerdo de la Habana ha crecido al 5% del PIB.
¿Son buenas para la salud humana? La respuesta es no. La legalización o regulación hacen más fácil el acceso, y sobre todo disminuyen el discurso de rechazo social. Me duele que las madres que hoy enfrentan las dificultades de la crianza de sus hijos mientras ellas trabajan, tengan que enfrentar un ambiente donde las drogas sean más asequibles. Entonces nos dicen que debe tener el tratamiento con impuestos, de similar manera como se ha hecho con el cigarrillo. Se ponen altos impuestos y esto ha demostrado eficacia en la reducción del consumo. Sin embargo, no es claro que logremos monopolizar, y que la competencia de la ilegalidad desaparezca. Dicen que seguirá el destino de la legalización del alcohol, pero puede que se parezca más al oro, qué aun siendo legal, reporta los segundos mayores ingresos para grupos ilegales a través de minería criminal. La legalización, en ese sentido, haría aún más difícil el combate.
Bogotá, D. C, 21 de Octubre de 2022
*Senadora del Centro Democrático.
Por Robinson Castillo*.- La diferencia debe ser una fortaleza. Nos reconocemos como un país de regiones, con expresiones culturales propias, pero con serias distancias económicas y sociales, entre unos y otros departamentos. Muy oportuno abrir el debate sobre retornar a una Colombia Federal. Ya lo fuimos entre 1853 y 1885.
El centralismo no lo es todo y todo no es centralismo. Los entes territoriales hace mucho tiempo vienen reclamando más autonomía administrativa, convencidos que una política federal, implicará más desarrollo y disminución de brechas económicas. Es clave una reflexión profunda del tema.
El filósofo Daniel Innerarity es un precursor de este modelo de país: “Tanta federación como sea necesaria, tanta diversidad como sea posible. Es decir, no se trata de generar varias repúblicas, sino crecer en lo distinto.
No será un debate fácil. La costumbre se reafirma sobre lo aparentemente inesperado, pero desde la Federación Nacional de Departamentos que agrupa a los 32 gobernadores del país, han dado el paso para comenzar a socializar su propuesta federalista, que requiere de una reforma a la Constitución.
El desafío es hacer comprensible lo que parece complejo. Es clave que la ciudadanía entienda las oportunidades que brindaría un Colombia Federal. Es una tarea que se han echado en sus hombros los mandatarios regionales. La pedagogía es necesaria para ser escuchados.
Los problemas de cada región no se resuelven de forma individual. Será a través de acciones colectivas, que podrán superarse muchas de las adversidades acumuladas por décadas. El progreso no se logra con egoísmo.
Un Estado Federal es una forma de gobierno unitario. Es tal vez la representación más cercana a la división de poderes, genera instituciones con una independencia para una nación con regiones con arraigo social y cultural fuerte. El federalismo unirá más los territorios, sin sacrificar las diferencias, tan necesarias para fortalecer la idiosincrasia de cada departamento.
"Estamos proponiendo un camino hacia la federalización que nos permita formular un documento que se convierta en un proyecto de Acto Legislativo y así profundizar en las autonomías de los territorios", enfatizó el presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa.
La verdadera esencia de un país es regional. Con expresiones gastronómicas, musicales, lo que se pueden esperar de un Estado Federal es que respete la diversidad para fortalecer la unidad. Los territorios son los que realmente conocen a fondo sus problemas. Llegó el momento de dialogar muy en serio, del federalismo.
Bogotá, D. C, 19 de agosto de 2022
*Comunicador Social-Periodista
Por José G. Hernández*.-Por lo que le hemos escuchado decir al presidente Gustavo Petro, en su condición de demócrata, no se opone a la libre expresión de las ideas -así sean contrarias a las suyas-, es respetuoso de la crítica y favorece el diálogo como camino civilizado hacia el logro de acuerdos y consensos.
Entre las propuestas y programas gubernamentales o provenientes de los partidos que lo apoyan, encontramos muchos -expuestos durante la campaña electoral- que son válidos y convenientes, así sean difíciles, como el consistente en luchar contra la enorme desigualdad existente, el que busca lograr la paz, el que estimula la participación regional en la elaboración de los planes de desarrollo, la política de protección ambiental, o el muy urgente desafío de cerrar todas las puertas a la corrupción. Los compartimos plenamente, en cuantos objetivos de primer orden, que son de interés general y merecen el respaldo de la sociedad entera. En tal sentido, consideramos exagerada y negativa la actitud de la oposición extrema, que todo lo descalifica y ataca, sin mayor análisis, y sin argumentos.
Otros proyectos, como la legalización de la marihuana, y -peor todavía- el de legalizar la cocaína, formulado por el director de la Dian, no solamente son inconvenientes sino altamente dañinos, y no los podríamos aceptar, ni respaldar, sin traicionar nuestras convicciones.
Pero no se olvide que Colombia es, como lo proclama la Constitución, es una democracia. Y en una democracia hay ramas del poder y órganos autónomos e independientes, y, aunque la batuta la lleve el presidente como jefe del Estado, existen unas reglas fundamentales dentro del orden jurídico, y un sistema de equilibrio, frenos y contrapesos. El Gobierno, mediante proyectos, propone los cambios y ajustes que, en su criterio, se deberían introducir a la propia Carta Política y a las leyes. Es el Congreso el que debate, discute y vota las iniciativas, y la Corte Constitucional la encargada de examinar, de oficio o a partir de la acción pública, la conformidad o discrepancia de cuanto se apruebe, a la luz del ordenamiento fundamental.
Hacemos énfasis en el papel que juega el Congreso, cuyos integrantes, elegidos por el pueblo, deben representar los intereses populares, no los oficiales, y obrar con seriedad, conocimiento, responsabilidad y buen criterio, no por consideraciones o beneficios o aspiraciones personales o de grupo, ni a cambio de estímulos burocráticos o de otra índole.
La función legislativa, y con mayor razón el poder de reforma, son esenciales en el sistema democrático. El nuevo Congreso debe asumir su función con independencia, y entender que el país reclama una renovación en su manera de actuar, para corregir vicios arraigados de tiempo atrás. Los proyectos, tanto los de origen gubernamental como los de sus miembros, o los que provengan de la iniciativa popular o de otras instituciones con iniciativa, merecen ser considerados a fondo, valorados, discutidos y votados -no por el irresponsable sistema del “pupitrazo”-, sino con el suficiente estudio e intercambio de opiniones; con argumentos y con la finalidad de alcanzar, mediante las normas, el bienestar colectivo y la preservación de valores constitucionales, como la vida, la igualdad, la justicia, la libertad y la paz.
Bogotá, D. C, 19 de octubre de 2022
*Expresidente de la Corte Constitucional.
Por Víctor G. Ricardo*.- Soy un ciudadano que considera que, antes de asustarse con los cambios y estar pensando en abandonar el país, lo que debemos hacer para el futuro de Colombia es trabajar juntos para disminuir esa gran brecha que existe actualmente frente a gran parte de la población y las regiones que carecen de recursos y que están lejos de encontrar atención en la salud, la educación, en vías de comunicación, en buenas carreteras que brinden la posibilidad de empleos dignos a sus habitantes.
Para decirlo de otra manera, debemos unirnos para disminuir esa gran distancia que existe entre la población que vive en buenas condiciones de vida, en condiciones normales y aquella que no cuenta con los recursos y condiciones idóneas y que se ve aún más marcada entre quienes viven en las zonas urbanas y las zonas rurales. Y cuando hablo de campo o zonas rurales, desafortunadamente nos estamos refiriendo a esa gran mayoría del territorio nacional, dónde además de no existir condiciones dignas de vida, están rodeadas por la mayor problemática de pobreza, violencia y falta de oportunidades.
Pero lo que no podemos confundir es la necesidad que el Estado llegue a estas poblaciones y regiones, con los malos y equivocados mensajes que estamos enviando a la comunidad internacional, que veía a Colombia como un país apto para nuevas inversiones que generan empleo o a los empresarios nacionales que no están viendo un panorama claro para el desarrollo de sus actividades empresariales. Y es que el desarrollo de las regiones y la satisfacción de las necesidades de las poblaciones más afectadas no se opone al desarrollo empresarial y la atracción de inversiones, y por ello se debe tener cuidado con los anuncios que se hace, pues si los mismos no responden a políticas claras, no solo no lograremos los objetivos de desarrollo económico, sino que impediremos igualmente la necesaria justicia social.
Un claro ejemplo de lo expuesto lo vemos en los mensajes que el ministro de Hacienda recientemente ha tenido que salir a clarificar, entendiendo que si no se tiene cautela en las políticas económicas, los ingresos de nuestra nación se disminuirían y así, por más reforma tributaria que se haga, tendríamos muy pronto problemas fiscales de incalculables repercusiones y las gentes que están esperando que la acción de gobierno los beneficien y lleguen a sus regiones, verían de nuevo frustrados sus sueños y esperanzas.
Por otra parte, es realmente impresionante la inseguridad que se está viviendo tanto en las diferentes ciudades como en los campos, y este junto con los malos mensajes en un hecho que afecta gravemente la posibilidad de cumplir con el anhelado cambio y la justicia social que todos añoramos.
La inseguridad en general que estamos viviendo y sufriendo, es muy grave. Es impresionante ver en los medios de comunicación las muertes que ocurren como consecuencia de los atracos; la cantidad de robos, independientemente del lugar y en medio de la presencia de la fuerza pública. Además de ello, las muertes causadas por los enfrentamientos de bandas o venganzas entre grupos ilegales están creando mucho miedo e incertidumbre.
Desde la capital de la República hasta en las distintas capitales de los diferentes departamentos, como en las cuidadas intermedias y en territorios rurales, la gente está muy preocupada por la inseguridad. ¿Cuándo llegará el día en que nos sintamos seguros en nuestro país? ¿En que podamos caminarlo, disfrutarlo, recorrerlo y vivir sin miedo, sin amenazas, en comunidad?
El cambio, la justicia social y el desarrollo de todos requiere que como base de todo prestemos mucha atención a la seguridad de todos los rincones de Colombia y la construcción de políticas claras y coherentes que no se ven empañadas o afectadas por mensajes poco claros, contradictorios o incluso malos mensajes.
Bogotá, D. C, 19 de octubre de 2022
*Excomisionado de Paz.
Por: Guillermo García Realpe*.-Tras más de 35 años de vigencia el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, sigue dando de qué hablar.
En primer lugar, hay un malestar generalizado del gremio de motociclistas en Colombia por las onerosas tarifas anuales que se cobran por concepto del SOAT.
Si bien las aseguradoras argumentan que como actores viales, son los motociclistas quienes provocan la mayoría de accidentes en calles y carreteras lo que no les da un margen absoluto para respaldar la atención en salud de las personas que sufren accidentes y son víctimas de siniestros viales, porque dicen ellos, el porcentaje destinado para tal fin no les da para cubrir. Manifestando un déficit en ese sentido que tiene que ser subsanado con lo que pagan los propietarios de vehículos con cilindraje hasta de 2500 CC que hoy registran menos accidentalidad en las vías. Algo no del todo entendible, cuando vemos que la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) recibió entre 2016 y 2020, cerca de $1,8 billones de pesos.
Y es que el sistema de seguridad en carreteras se queja de que la gente no paga el SOAT, y claramente no lo están pagando por los altísimos costos de esos seguros. En muchas ocasiones el SOAT cuesta lo que vale una moto, entonces tiene que haber ahí una racionalidad entre la tarifa y la garantía de seguridad en salud para terceros.
Ahora bien, no nos digamos mentiras, también se están presentando hechos de corrupción gravísimos, no en vano en los últimos días hubo un pronunciamiento del Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, denunciando que cinco IPS que manejan este tema se han robado un billón (con B) de pesos. Algo totalmente desbordado que, requiere una investigación a fondo y que los responsables vayan a la cárcel.
Estamos de acuerdo en que la gente pague el SOAT, pero a unas tarifas justas y que los recursos sean bien administrados por las aseguradoras, las afiliadas a FASECOLDA.
Estamos aquí ante un caso similar a lo que ocurre en la Costa Atlántica con las tarifas de energía eléctrica, la gente no paga por los altísimos costos en el valor de ese servicio.
Entonces, es prioridad en Colombia, establecer tarifas diferenciales para motociclistas, todos sabemos que las grandes ciudades tienen un riesgo enorme de producir los accidentes que lo que tienen que cubrir las pólizas, pero en el sector rural, entre los campesinos de Colombia, hay mucho menos riesgo de accidentalidad, el número de accidentes son muy bajos. Entonces, no existe digamos, la necesidad de tener grandes tarifas para garantizar una accidentalidad muy baja, quiere decir que los campesinos de Colombia están ayudando a financiar la alta accidentalidad de las ciudades, eso a toda luces es injusto y por supuesto tiene que buscarse esa alternativa.
Hoy en Colombia la gente que es propietaria de un vehículo o una pequeña moto tienen que trabajar no para el sustento de sus familias, sino para pagar los costos de los seguros, los costos de las multas, los costos de las grúas, los parqueaderos en las secretarías de tránsito, y además el exagerado precio que valen las licencias de conducción en Colombia. Esto se volvió un círculo vicioso del abuso con la gente.
Es que no solamente la DIAN, la UGPP y otras estructuras tributarias del Estado han dictado estatutos, sino que alrededor de estos temas del tránsito y el transporte y lo que tienen que pagar los taxistas y motociclistas en Colombia, es exagerado.
Estoy de acuerdo que debe haber seguros, para amparar los riesgos, los accidentes, los daños, y por supuesto los gastos de salud y hospitalarios, pero las tarifas que hoy tienen los SOAT en Colombia en muchos casos son bastantes onerosas y la gente, no tiene forma de pagar.
Por ejemplo, un campesino en Bruselas, el corregimiento cafetero más grande de Colombia, ubicado en Pitalito, sur del Huila; me decía que paga $700 mil pesos al año, cuando su motocicleta escasamente supera el millón de pesos en su valor comercial. Entonces, estos colombianos están trabajando es para las aseguradoras. Algo ilógico.
Se está volviendo costumbre en Colombia que si no es la DIAN, es la UGPP, todo el mundo quiere sacarles los ojos a los usuarios de los diferentes servicios y la gente ya no aguanta más.
Lo que hay que hacer hoy es reglamentar de manera seria las tarifas tan altas que hoy pagan los colombianos por concepto del SOAT, rebajar sustancialmente esas tarifas que hoy son un atraco al bolsillo de los usuarios, y también poner en cintura a los miles de intermediarios que venden el seguro bajo altos porcentajes de comisión. Se calcula que en el país hay más de 22.000 intermediarios que venden el SOAT y muchas de estas empresas captan hasta 25% del valor que pagan los usuarios para asegurar su vehículo.
De igual forma que las aseguradoras dediquen un porcentaje de esos billonarios recursos y articulen con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, campañas de prevención efectivas para evitar la alta accidentalidad vial que deja anualmente a más de 7200 víctimas en las carreteras de Colombia.
Bogotá, D. E, 18 de octubre de 2022
*Exsenador Liberal.
@GGarciaRealpe
Por Juan Carlos Echeverry*.- En 1930 Argentina empezó una espiral de descenso que hoy, 90 años después, no para. En mi modesta opinión, las claves se hallan en dos cosas. Decirse mentiras económicas como que los precios de la energía y el transporte sean una fracción de sus costos, entre muchas otras; y deteriorar las instituciones políticas, las políticas públicas y de justicia.
Al final de los años cincuenta Cuba empezó una espiral de descenso que hoy, 60 años después, no para. Las claves se hallan en decirse mentiras económicas, como que los cubanos no debían someterse a los dictados e incentivos del mercado, y que la producción sería definida en unas hojas de papel (hoy de Excel) por un burócrata que determina qué, quién, cómo y para quién se produce, y quién gana y quién pierde; y deteriorar las instituciones políticas, las políticas públicas y de justicia.
En los años setenta Venezuela empezó una espiral de descenso que aún, 50 años después, no para. Las claves se hallan en decirse mentiras económicas, como que los precios de la gasolina y el diésel debían ser una centésima del precio mundial; y deteriorar las instituciones políticas, la calidad del liderazgo, las políticas públicas y la justicia.
En los años mil seiscientos España empezó una espiral de descenso que, según Ortega y Gasset, duró 300 años. Las claves se hallan en decirse mentiras económicas, endeudar al Reino, meterlo en guerras para perder, destruir su industria y su fisco; y osificar sus instituciones políticas y de justicia.
Estas cuatro lecciones son demoledoras. Cuando los pueblos hispanos cometemos errores nos empeñamos en ellos por espacio de medio siglo, un siglo o tres siglos.
No es un tema de educación. España, Argentina, Cuba y Venezuela en su momento, (y aún hoy), eran los pueblos de habla hispana con los mejores indicadores de educación. Sí creo que es un tema de cultura, en términos de cómo se acostumbra a la gente actuar, qué riesgos se deja que enfrente, cómo se los convierte en mantenidos económicos y en inmaduros políticos.
Colombia decidió empezar a decirse mentiras económicas cuando, en el gobierno Duque, a pesar de que los precios de los combustibles se duplicaron, decidieron subsidiar el 50%. Hoy los camioneros quieren el diésel subsidiado, los taxistas y motociclistas la gasolina subsidiada, y protestan si no se los mantiene así.
Colombia está a punto de alterar a fondo sus instituciones políticas. Finalmente, la justicia colombiana hace tránsito a perdonarle todo a los malevos de todas las raleas, bajo la consigna de la Paz Total. Que bien podría llamarse el crimen total legitimado. Cuando se puede masacrar, violar, asesinar, robar niñas, esclavizar, traficar, expropiar, evadir y lo único que hay que hacer es esperar en el monte a la siguiente paz gubernamental, de las cuales ha habido 25 en medio siglo, según documenta el profesor Cepeda Ulloa, Colombia ya evolucionó a desbaratar su justicia.
Las instituciones económicas (decirse la verdad todos los días), las políticas (escoger buen liderazgo y cambiarlo cuando se equivoca) y las de justicia (al que hace el mal le va mal y al que hace el bien le va bien), son frágiles.
Las malas decisiones económicas y las malas instituciones políticas y de justicia son a los países como las drogas a las personas. Una vez se las prueba es fácil volverse adicto. Una vez se cae en la adición es casi imposible recuperarse. El gran temor es que hayamos empezado a transitar una nueva etapa histórica que pueda durar décadas. O más.
Bogotá, D. C, 18 de octubre de 2022
Economista. Exministro de Hacienda y Expresidente de Ecopetrol.
Por Humberto Tobón*.- El profesor de la Universidad Católica de Risaralda, Antonini de Jiménez, defendió y justificó el genocidio de casi 50 millones de indígenas durante los periodos de la conquista y la colonia, la mayoría cometidos por los españoles desde México hacia el sur.
Jiménez, a quienes sus allegados y alumnos lo llaman “toñito”, diminutivo de Antonini, aseguró que no había posibilidades de una reconciliación dialéctica entre una civilización (española) y otra que no era una civilización (comunidades indígenas), lo que implicó “que una tenía que perecer. ¿Cuál?, la primitiva”.
Y en medio de una mueca burlona, “toñito” aseguró que ese perecimiento lo sufrieron los ibéricos a manos de los fenicios. Y con total naturalidad afirmó que “en Europa nadie tiene un problema en aceptar esto, como tenían que hacer los indígenas de mano de occidente, y bendito sea el Señor, que así ocurrió”.
“Toñito”, quien dice ser doctor en economía y se autocalifica como filósofo autodidacta, habló en un foro en la Asamblea de Risaralda, a propósito de la conmemoración de la invasión española hace 530 años.
Pasando por alto el aniquilamiento de los millones de indígenas por parte de la corona española, durante más de tres siglos, afirmó que era necesario poner en la balanza el oro que se robaron y lo que ellos dejaron en materia cultural, religiosa, económica, comercial, lingüística e institucional. “¿Cuánto vale esto y cuánto vale el oro?, para ver quien sale a deber”.
Y con liviandad académica y argumental, “toñito” concluye que “si España no hubiera venido, acá, no se hablaría español hoy. Acá no habría mestizos”.
El profesor Jiménez Castillo tiene toda la libertad de expresar sus ideas, pero claramente no tiene derecho a justificar aquí uno de los más grandes genocidios de la historia, que va en contra de la memoria y los derechos ancestrales de dos millones de indígenas que viven en Colombia y de los miles y miles de africanos esclavizados que murieron, tratados como animales, durante la Colonia española.
A mí me indignan las palabras de Antonini, y me desconcierta, en grado sumo, que los intelectuales locales guarden silencio ante semejante justificación de un genocidio en suelo americano, pero se rasguen las vestiduras por la ascenso del neofascismo europeo. Incomprensible.
A “toñito”, quien fue un vocero radical antivacuna durante la pandemia de Covid 19, supuestamente “en nombre de la libertad”, es bueno recodarle que los pueblos indígenas no necesitaban un idioma, porque tenían 1.200.
En América vivían alrededor de 60 millones de nativos, que formaron unas culturas sólidas, con organización social y política eficiente, distribución igualitaria del trabajo, habilidades excepcionales en la agricultura, constructores fenomenales y con un comercio dinámico entre lo que hoy llamamos norte y sur.
Para finalizar, imagínense una escena como la protagonizada por este profesor español, pero en la Knéset, el parlamento de Israel, defendiendo la teoría de que la Alemania de Hitler tenía derecho a imponer su “superioridad racial” y que los judíos debían agradecer sin chistar. Ya voy Toño.
*Estos conceptos no comprometen a la RAP Eje Cafetero, de la que soy subgerente de planeación regional.
Pereira, 17 de octubre de 2022
Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.
@humbertotobon
