Opinión
Por Amylkar D. Acosta M*.-El Fondo de estabilización de los precios de los combustibles (FEPC) fue creado en 2007, mediante el artículo 69 de la Ley 1151 y empezó a operar en 2009. El mismo tenía por finalidad contrarrestar la volatilidad propia de los precios del petróleo y de sus derivados (gasolina y diésel) y evitar alzas bruscas en el precio de referencia de los mismos, que fija mensualmente el Ministerio de Minas y Energía y es el que paga el consumidor en la estación de servicio. Con tal fin, se estableció una banda de precios, de tal suerte que los reajustes de precios, hacia arriba y hacia abajo, no debían sobrepasar el 3% para la gasolina y el 2.8% para el diésel.
Posteriormente el Congreso de la República expidió la Ley 1739 del 2014, estableciendo el diferencial de participación y el diferencial de compensación, “como contribución parafiscal del FEPC para atenuar las fluctuaciones de los precios de los combustibles, de conformidad con las leyes 1151 de 2007 y 1450 de 2011”. Tales diferenciales operaban de la manera siguiente: en el primer caso, cuando el precio de referencia superaba el precio al productor (IP en la fórmula), ECOPETROL, se generaba un ahorro que alimentaba el FEPC y viceversa, en el segundo, cuando el precio de referencia estaba por debajo del IP había que “desahorrar” para impedir que el aumento de precios fuera mayor. Es de anotar que el neto, casi siempre ha sido negativo, lo cual obedece a la tendencia de los precios en los últimos años.
Pero, a finales del 2015, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-526, tumbó el diferencial compensación, con lo cual el FCPC perdió el ahorro como su fuente de financiación, tornándolo inoperante para el fin propuesto. La verdad sea dicha, después de este fallo el FEPC quedó reducido a un registro de los saldos entre uno y otro diferencial entre los precios de referencia y el IP. A consecuencia de ello, el déficit del FEPC ha sido cada vez mayor y se ha venido cubriendo por parte de la Nación. En su momento el Ministro Carrasquilla lo solventó emitiendo títulos de Tesorería (TES).
A marzo de 2022, dicho déficit acumulado (deuda con ECOPETROL) ascendió a los $7.8 billones, el cual canceló el anterior gobierno del Presidente Iván Duque. Ese es el costo de mantener el precio de los combustibles en Colombia como el tercero más bajo en Latinoamérica después de Venezuela y Bolivia.
Pero, el “taxímetro” siguió marcando, sobre todo debido a que, como lo acota el experto Mauricio Cabrera, “el problema se agudizó en el último año, pues mientras que con la devaluación y el precio internacional el barril de petróleo pasó de $270.000 a $480.000, para un incremento del 185%, el galón de gasolina sólo llegó a $9.500, menor que antes de la pandemia” y un incremento a duras penas del 8%.
Además, el gobierno Duque dispuso el congelamiento de los precios de los combustibles desde el mes de marzo de este año y solo decretó un alza de $200 en la gasolina y $100 en diésel a finales del mes de junio, cuando ya estaba con un pie en el estribo para hacer dejación de la Presidencia. Y ello, no obstante que, a su juicio “existe el espacio suficiente para generar los ajustes requeridos para la convergencia entre los precios locales e internacionales”.
En concepto del ex ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, “la política de precios de los combustibles balancea entre la estabilización del precio para el consumidor final y el costo fiscal para el gobierno. Todo esto deberá hacerse de manera concertada con el próximo gobierno”, a quien le quedó la ímproba tarea de lograr ese “balanceo”.
El desfase, entonces, entre el precio de referencia y el precio paridad importación se acrecienta y con él el déficit del FEPC. El estimativo del Comité autónomo de la Regla fiscal para este año es de un déficit de $33.7 billones, monto este muy superior a los $25 billones que aspira a recaudar el Gobierno con la reforma tributaria que se tramita en este momento en el Congreso de la República, suficiente además para erradicar la pobreza en Colombia. Solo en el primer trimestre de este año el saldo en rojo llegó a los $6.3 billones (¡!).
Así las cosas el FEPC se convirtió en un barril sin fondo.
Como este déficit debe ser cubierto, son tres puntos más del PIB que se viene a sumar al déficit fiscal para 2022 proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) del 5.6% se eleva al 8.6% del PIB. Una barbaridad. El FEPC y su déficit, es una verdadera bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento.
Por ello el Presidente Petro dispuso reajustar el precio de la gasolina, al tiempo que mantiene congelado el del diésel, tal vez porque este, por ser el combustible que más usa el transporte de carga y pasajeros, es el que más presión ejercería en la inflación que ya supera el 10%. En todo caso dicho reajuste, que se viene a sumar a las excesivas alzas en las tarifas de energía, se tendrá que hacer de manera gradual y progresiva, no vaya a ser que la misma cause una explosión social, como ya ocurrió recientemente en el Ecuador, obligando al gobierno de Guillermo Lasso a recular y derogar el alza decretada.
Cota, octubre 2 de 2022
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por Gabriel Ortiz*.-Son múltiples las razones para sacar adelante la reforma tributaria e igualmente cuantiosas las necesidades de dar un manejo apropiado y racional a los nuevos impuestos y exenciones que, a través de ella se aplicarán, así como impedir que se viole la constitución castigando a los pensionados.
Petro y la dupleta Fico y Rodolfo, pregonaron y reiteraron durante la campaña la necesidad urgente, de una reforma tributaria, ante la monstruosa corrupción, malos manejos de los bienes públicos, congelación de los precios de la gasolina, saqueos presupuestales, inseguridad y tatas irregularidades más durante el anterior gobierno. Hay que agregar el nivel tan exagerado de la deuda y la olla vacía que se dejó.
Son incontables las irregularidades y anomalías, nunca antes vistas, como la denunciada por el columnista Yoir Akerman que reprodujo el “Informe Coronel” en “LaW”. Eso de que un fiscal tenga 45 guardaespaldas, varias camionetas blindadas, una de las cuáles con guardias especiales para Bell y Laica, sus dos mascotas, es inaudito. Y no hablar del famoso viaje a San Andrés.
Urge conseguir nuevos recursos para salvar esta misteriosa vorágine. Las manifestaciones son apenas explicables, máxime cuando se han presentado -aparentemente- invasiones de tierras que, según el Gobernador del Magdalena, son ocupaciones antiguas, utilizadas por ganaderos para justificar sus desfiles y amenazas de volver al paramilitarismo.
Colombia se encuentra hoy en una coyuntura que, puede descuadernar al país, si las distintas dirigencias no entienden que los gobiernos tienen pleno derecho de ejercer sus mandatos sin tanta interferencia, vehemencia e intolerancia.
El expresidente Uribe, dio el primer paso, al atender la invitación del presidente Petro, para morigerar y atemperar la situación. Ese es, el Uribe-Senador de los 80, que conocimos Javier Ayala, qepd, Daniel Coronell, Arritoquieta Pementel y el suscrito, cuando se juntaba con nosotros para ver las emisiones del Noticiero Nacional, antes de llegar a la Casa de Antioquia, en el barrio La merced, donde se hospedaba. Ese es el Uribe ecuánime, justo y razonable que necesita Colombia, y cuyo ejemplo debe seguir su joven dirigencia, como Miguel Uribe, si queremos escapar a la vorágine.
Así, lograremos la paz total que ofrece Petro, eliminando de paso la corrupción, la inequidad, y obteniendo la recuperación económica, la compra de tierras para repartir a los campesinos y demás temas que van conciliando los dos líderes, a los cuales muchos adherirán.
Se debe afianzar el restablecimiento de relaciones con el pueblo venezolano, -no con el dictador y violador de los Derechos Humanos- para montar una economía sólida que beneficie a las dos naciones. Vimos este lunes a los habitantes fronterizos en manifestaciones sinceras y entusiastas, de apoyo al propósito de unidad y progreso.
La tolerancia nos llevará a la paz total y a la prosperidad para los millones de colombianos votantes y abstencionistas.
BLANCO: Nuestro gran amigo y colega Juan Gossain, se repone. Dios lo protege.
NEGRO: La alcaldesa Claudia dice que en 10 años cambiará a Bogotá. ¿La cogió la tarde?
Bogotá D.C. 29 de septiembre de 2022
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Paloma Valencia Serna*.-La ministra de salud quiere inducir una crisis al sistema de salud para poder cambiarlo; y así lo dijo: “Tiene que haber una crisis explícita y clara que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio”. Por eso, no podemos dejar de notar su mala intención al haber reducido el presupuesto del sector salud en 2,58 billones de pesos de los 76 billones que necesita el sector para funcionar en el 2023. Le quita al aseguramiento 1,88 billones y a los presupuestos máximos 700 mil millones.
La Unidad de Pago por Capacitación-UPC- es el aporte promedio de cada colombiano al sistema de salud, lo que le cuesta cada uno. Para 2022 estuvo en 92.404 pesos mensuales. Las EPS reciben este pago, y con esos recursos deben organizar la red y garantizar el acceso. Las EPS son, por lo tanto, quienes con la base de la histórica clínica y la base de datos de los doctores y especialistas, hacen los cálculos actuariales de los procedimientos, luego conectan al paciente con el hospital y hacen los pagos de los servicios prestados. Las EPS son las que permiten tener más de 2 millones de atenciones diarias y cerca de 90 mil atenciones por hora.
Para el 2022 esos 92 mil pesos no fueron suficientes para suplir el sistema. Se explica por la inflación que en lo año corrido va en 10,84%, la devaluación en 11% y el salario mínimo aumentó en 10,07%; mientras que el aumento de la UPC de 2021-2022 fue sólo de 5,88%. Esto sumado a que “El Plan de Beneficios” del 2022 se sumaron 654 nuevos procedimientos y 20.475 nuevos medicamentos.
La Ministra de Salud acusó en el pasado al sistema de salud de no atender a pacientes con cáncer, mintió. El sistema de salud hoy le da todos los medicamentos y quimioterapias para cualquier colombiano que lo necesite. Hoy el Plan de Beneficios del sistema cubre las cirugías, medicamentos, las citas con especialistas, la ambulancia, la atención hospitalaria a todos los colombianos. Y sin precio para los más vulnerables.
Este año se requieren evidentemente más recursos. Para 2023 se estima que la inflación va a estar entre 6,4% y 9%, la devaluación entre el 8% y 16%. Adicionalmente, se requieren mayores frecuencias de servicios por los cerca de 4 millones de usuarios trasladados de las EPS liquidadas, y por el represamiento que significó la pandemia -muchos no fueron al médico o a sus tratamientos, y ahora los requieren-. Y si esto no fuera suficiente, la UPC está subestimada; está calculada sobre información de EPS que hoy están liquidadas y que cubrían pocas y muy malas atenciones de sus afiliados. No darle al sistema estos recursos es desfinanciarlo; eso es lo que nos propone la Ministra al quitarle esos 1,88 billones.
Los presupuestos máximos corresponden a otros servicios no incluidos en el Plan de Beneficios, por ejemplo, una enfermedad huérfana o fallos judiciales que extienden los servicios. Las EPS estiman cerrar el 2022 con un déficit de 900 mil millones de pesos por ese concepto. ACEMI estima que para 2023 se necesitarán recursos por 3,2 billones de pesos para este rubro más el pago del déficit de este año. Quitar los 700 mil millones como lo plantea la ministra pone en riesgo la salud de miles de colombianos.
Entre otras cosas, parece que la Ministra, olvidó que su añorada crisis ya la tuvimos: la pandemia de COVID-19. Entre quienes pronosticaban que los colombianos solo estaríamos vacunados en 2023 estaba la hoy Ministra Corcho. Y en esa crisis en 2021 obtuvimos el puesto número 12 en el ranking de Bloomberg sobre resiliencia ante el COVID 19; hay que recordárselo. Logramos aplicar más de 85 millones de dosis, y hoy tenemos 36 millones de colombianos con esquemas completos. La economía ya está en total funcionamiento.
La ministra no necesita una reforma a la salud para destruir el sistema. Con desfinanciar el sector mediante un cálculo equivocado para la UPC puede darle el primer golpe. Los colombianos debemos defender el bien público más importante que hemos construido, nuestro sistema de salud. Los neo conquistadores Petristas creen que llegaron a una tierra deshabitada y que son como Colón, o como Eva descubriendo el Paraíso.
Bogotá, D. C, 29 de septiembre de 2022
*Senadora del Centro Democrático
Paloma Valencia Laserna
Por Simón Gaviria*.-Todos los países miden su producto interno bruto (PIB), lo cual, en esencia, es medir el estado de resultados de la economía. Algunos toman medidas más amplias, como Bután que trata de estimar la felicidad o Picketty que contabiliza la riqueza nacional, aunque útiles por si solas son incompletas.
Ahora que EEUU empieza una ambiciosa construcción de contabilidad ambiental para hacer un balance de la nación y Biden busca aterrizar el Cambio en la Riqueza Natural (CRN) en un solo dígito, medir el avance de la conservación, así como se mide el de la economía. Dado el interés del actual gobierno en la agenda ambiental, el DANE podría hacer lo mismo para Colombia. Esos datos no solo mejorarán la toma de decisiones, sino que transparentar los servicios eco-sistémicos contribuirá a nuestra conversación global.
En los 80s Reagan trató de construir un balance de activos para los EEUU, pero no incluía activos ambientales; Clinton en los 90s incluyó temas ambientales, pero recortes presupuestales y la oposición posterior de George W. Bush frenaron la iniciativa; la Unión Europea tiene una comisión permanente de Cuentas de Capital Natural y, en 2021, el Reino Unido publicó un reporte económico sobre la biodiversidad. Biden no solo busca formalizar esta contabilidad ambiental sino incluirla en los análisis de costo beneficio de varias agencias federales.
Aunque desde los 70s se ha tratado de innovar contabilizando nuestra riqueza ambiental, solo hasta ahora la tecnología y su reducción de costos están permitiendo una medición más precisa e integral. Los avances en medición satelital permiten censos que incluyen la medición individual de árboles en un bosque, la calidad del agua o las reservas metálicas; también nuevos sensores permiten medir la calidad del aire. Mejoras con las cuales, Nicholas Mueller, en EEUU, determinó se aportaría 3% en crecimiento adicional por cuenta de enfermedades prevenidas. Con todo, todavía falta mucho consenso por construir en aspectos metodológicos.
Los esfuerzos originales en la materia trataron de usar información de mercados para definir el valor, nuevas técnicas son más amplias. Por ejemplo, un árbol que presta servicios eco-sistémicos de producción de oxígeno, captura de carbono y sombra, tiene un valor más allá de su madera. Con contabilidad ambiental sabemos que entre el 2010 y 2018 la riqueza de cobre y hierro en EEUU cayó 51% dada su intensa extracción para la producción de baterías en la transición energética. Más preocupante es que en el mismo periodo se perdió 10% del valor de los manglares por deforestación o que 33% del valor de las abejas se perdió desde 2006. No todo el crecimiento es igual, hay uno más sostenible que otros.
La Otra Bonanza
Si Colombia quiere ser potencia de la vida, líder mundial en conservación, el argumento se construye mucho más fácil a partir de evidencia. La tecnología está disponible, inclusive el catastro multipropósito está a punto de levantar información sobre 26% del país que antes no tenía. Cuando sacamos la protección de arrecifes coralinos, un argumento que ayudó a convencer escépticos fue que 1km de ellos prestaba US$1 millón en servicios ambientales. Los cambios que se requieren serán más fáciles si la evidencia fortalece las buenas intenciones.
Bogotá, D. C, 28 de septiembre de 2022
*Simón Gaviria, actual fellow del instituto Marron en NYU. Ex-director nacional de planeación y expresidente de la Cámara de Representantes.
Por José G. Hernández*.- Marcharon varias veces durante el anterior Gobierno quienes se opusieron a políticas y decisiones del entonces presidente de la República, Iván Duque. El pasado lunes salieron a marchar quienes se oponen a políticas y anuncios del presidente actual, Gustavo Petro, aunque no lleva ni dos meses como jefe del Estado, de la rama ejecutiva y de la administración.
Ello es perfectamente legítimo. Hace parte de las garantías propias de la democracia, y debe ser respetado por las autoridades. Mientras la protesta sea pacífica, no hay motivo alguno para que actúe la fuerza pública, la cual, por el contrario, debe proteger a los manifestantes. Ellos ejercen su libertad de reunión y el derecho a la libre expresión de su pensamiento y opiniones. Grave sería que las protestas fueran impedidas mediante el uso de las armas; que se las obstaculizara o sancionara con violencia; que no se pudiera protestar, o que todos se vieran forzados a mostrarse satisfechos con actos o determinaciones oficiales, sin estarlo, porque eso implicaría abierto desconocimiento de claros preceptos constitucionales y flagrante violación de los derechos y las libertades públicas. Sería una actitud dictatorial, completamente autoritaria.
Llama la atención, sí, que muchos de quienes participan en marchas contra el actual Gobierno hayan sostenido en el pasado que la protesta no era un derecho fundamental, que no estaba garantizado, y que debería ser reprimido por la fuerza. Al respecto, en esta misma columna (julio de 2021) sostuvimos lo siguiente:
“De la naturaleza racional del ser humano se deriva la capacidad de discernir, distinguir, valorar, disentir, aceptar o no aceptar, discrepar, estar o no de acuerdo con algo. Y, claro está, de esa misma naturaleza y de la esencial tendencia humana a la libertad se deriva el derecho de expresar, individual o colectivamente, en privado y en público, lo que se piensa, se quiere, se busca o se reclama. Por eso, protestar, manifestarse en contra o a favor, oponerse, criticar, reclamar, discutir, proponer, denunciar, es algo connatural a la condición humana, y se da -por supuesto- en toda agrupación, asociación o conglomerado, con mayor razón en una democracia -en la cual el pueblo es soberano- y respecto a los intereses, derechos y necesidades colectivas”.
(…)
“La Constitución garantiza los derechos a la libre expresión del pensamiento y opiniones, la libertad de reunión y manifestación pública y pacífica, así como los derechos de la oposición política, entre los cuales está el ejercicio libre de la función crítica frente al Gobierno y la opción de plantear y desarrollar alternativas políticas, derechos todos ellos que no podrían ser ejercidos si para tal efecto tuvieran que contar con la anuencia, la autorización o el permiso del gobierno”.
Criterios que -fundados en la Constitución- permanecen, sea cualquiera el Gobierno y con independencia de las razones de quienes protestan.
El derecho a la protesta está garantizado, en la Constitución y en los Tratados Internacionales. Debe ser protegido, no perseguido, obstruido, ni sancionado. Otra cosa distinta es la violencia y la barbarie, que no son derechos. “Es un exabrupto -decíamos- que, para evitar abusos, se quiera hacer inane o inexistente el derecho a la protesta”.
Bogotá, D. C, 28 de septiembre de 2022
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Víctor G. Ricardo*.- Es indudable que el mundo está inmerso en una incertidumbre de gran envergadura por las consecuencias que se han venido haciendo visibles en todos los países alrededor del mundo, derivadas de los efectos que en lo social y económico dejó la pandemia y las tensiones aún no resueltas de conflictos con incidencia global como la lamentable guerra entre Rusia y Ucrania.
La amenaza del Presidente Putin de tener listas las armas para un posible ataque, incluso anunciando armas nucleares para defender sus intereses y el llamado que hizo a las fuerzas de la reserva para que se alisten a un posible confrontamiento ha tenido como consecuencia la alerta y preocupación de todos los países.
Esta actitud del Presidente de Rusia llevó al Presidente de los Estados Unidos a hacer una intervención en la cual evidenció su desacuerdo y advirtió al mundo que los norte americanos bajo ninguna circunstancia celebrarían o permitirían el uso de las armas nucleares ni un ataque militar por parte de Rusia al continente Europeo.
Gran tensión e incertidumbre derivada de una nueva guerra fría, que se suma a los retos económicos y sociales generados por la pandemia y que todos los países siguen enfrentando con las presiones inflacionarias que afectan a las poblaciones más pobres y la consecuente escalada de tasas de interés e inestabilidad cambiaria que tiene a los empresarios con los nervios de punta.
Como si lo anterior fuera poco, la situación que se visualiza frente a la falta del gas ruso en el próximo invierno europeo, es la de una crisis energética de consecuencias aún no dimensionadas, generando así factores adicionales de incertidumbre con graves impactos en todas las dimensiones.
Este panorama global que algunos podrían considerar ajeno a nuestras realidades, tiene un impacto muy profundo en Colombia, pues no podemos perder de vista que vivimos en un mundo globalizado en el que las afectaciones en un rincón del mundo terminan afectando a todo el globo.
No es aislado el hecho de que todos ya estemos sintiendo el impacto en nuestros bolsillos de la galopante inflación, en especial en alimentos, y que los empresarios con los que se habla se quejen de los altos costos del crédito y de las dificultades que tienen que sortear en la logística internacional y las variaciones del cambio.
Y a estas preocupaciones se suma la circunstancia, de que en momentos de gran inestabilidad global y altas tasas de interés en los países desarrollados, los que resultan más afectados son los países en vías de desarrollo como el nuestro, pues es natural en la lógica de los grandes capitales buscar en estos momentos refugio en economías de mayor estabilidad y rentabilidad, generando salidas importantes de inversión con una nueva afectación para los países que no resulten ser estables.
Esto es en parte lo que hemos estado viviendo en Colombia, en donde además de los fenómenos de incidencia global descritos, se suman factores internos adicionales de incertidumbre para quienes toman decisiones de inversión, derivados de los anuncios de reforma en diferentes frentes.
En efecto, para un inversionista la incertidumbre es el principal factor de consideración, y en nuestro caso los inversionistas no solo están considerando las variables globales que están
afectando todos los países, sino que también estarán muy atentos a los anuncios que se hacen y a los posteriores desarrollos que se tengan en distintos campos como el tributario, político, agrario, laboral, pensional y de salud por mencionar solo algunos.
Estamos enfrentando un momento muy importante de incertidumbre e inestabilidad global que tiene implicaciones en lo local, y en este contexto nos corresponderá actuar como sociedad y país con firmeza en la solución de nuestros problemas sociales y con mesura y ponderación en el manejo macroeconómico para generar certezas en un mundo de incertidumbres.
Bogotá D. C., 28 de septiembre de 2022
*Excomisionado de Paz
Por: Guillermo García Realpe*.-El Gobierno y Congresistas han presentado una reforma constitucional mediante proyecto de Acto Legislativo para crear en Colombia una nueva jurisdicción que sería la Jurisdicción Agraria y Rural. Se suma a las otras jurisdicciones existentes: penal, civil, laboral, contenciosa administrativa, etc.
Habría una Corte, tribunales y juzgados de la Jurisdicción Agraria y Rural, procedimientos propios, jurisprudencia, etc.
Es de gran oportunidad y necesidad esta iniciativa. En Colombia hay un déficit enorme de institucionalidad específica para atender un tema tan medular en la vida social económica y política del país como es el asunto de propiedad y tierras rurales, fuente fundamental de vida, oportunidades y también de graves conflictos históricos por decenas de años.
En Colombia históricamente hubo mucha reticencia para implementar esta modalidad específica de justicia. En 1936 con la Ley 200 se crearon jueces de tierras, pero posteriormente esta función fue asumida por jueces civiles ordinarios. Solo mucho después con ocasión de la Ley de Víctimas y restitución de tierras 1448 se creó la Unidad de Restitución de Tierras y con ella escasos 40 jueces y 15 magistrados para todo el país.
Habiendo tantas necesidades de resolver conflictos sobre propiedad de tierras pero también de uso, tenencia , posesión etc, de bienes inmuebles rurales es urgente y conveniente de disponer el fortalecimiento del Derecho Agrario, de la institucionalidad agraria, de la jurisprudencia, del derecho procesal agrario. Lo que pretende esta iniciativa que deberá complementarse mediante una ley reglamentaria.
En el 80% de los municipios con PDET, los de más alta conflictividad, no hay jueces de tierras, ni centros de conciliación, ni casas de justicia. Este déficit agudiza la falta de convivencia. Los conflictos sobre inmuebles son superiores en tres veces en el sector rural que en el urbano. Y la institucionalidad y justicia está solamente presente en ciudades.
La Corte Agraria y Rural será tribunal supremo de cierre de la jurisdicción. Resolverá recursos tramitados en tribunales y dirimirá conflictos de competencia.
En resumen habrá garantía de acceso a la justicia en una especialidad muy presente en la vida de los colombianos residentes o relacionados con el sector rural que son varios millones hoy sin cercanía a la institucionalidad que les garantice el uso efectivo de sus derechos.
Sigue acertando el nuevo gobierno.
Bogotá, D. C, 27 de septiembre de 2022
*Exsenador Liberal.
@GGarciaRealpe
Por Amylkar D. Acosta M*.-A propósito del indexador del Índice de precios del productor (IPP) aplicable a los cargos de la tarifa de energía, cabe preguntarse si el mismo refleja fielmente los costos en los que incurren los agentes de la cadena del servicio de energía, si tenemos en cuenta que en el cálculo del mismo se incorporan la variación de otras actividades ajenas a su operación, tales como la industria, la minería, la agricultura y la pesca, las cuales, por lo demás, se han visto afectadas en sus costos por factores exógenos tales como la interrupción de las cadenas de suministros, los mayores fletes internacionales, el desbordado incremento de los insumos agrícolas, mientras sus erogaciones se reducen a los costos de las licencias por el uso del recurso hídrico, el mantenimiento de los equipos y la mano de obra.
También incide en la espiral alcista de la tarifa de energía el cargo por restricciones (R), la cual se debe al atrapamiento de la energía generada ante la imposibilidad de transportarla a través del Sistema interconectado nacional (SIN), hasta los centros de consumo, debido a limitaciones de las redes de transporte y distribución de la energía, las cuales imposibilitan el fluido de la energía eléctrica de más bajo costo, como lo es la hídrica. En ello influye mucho el atraso, a causa de diferentes eventos, de la ejecución de los proyectos de transmisión. Así, por fuerza de las circunstancias el centro de despacho se ve obligado a recurrir a plantas más costosas que aumentan el precio de la energía. Una de las regiones en donde el cargo por restricciones es más alto es la región Caribe, dado que la capacidad instalada de potencia es insuficiente para suplir la energía demandada en tales eventos, requiriéndose las llamadas generaciones de seguridad.
El cargo que se paga por concepto de restricción (R) es calculado con base en análisis eléctricos que hace el administrador y operador del mercado XM y es distribuido a toda la demanda del país, de acuerdo con la oferta que realicen los generadores. En lo corrido del año se han presentado costos elevados de restricciones. Lo anterior debido al incremento del costo del gas en Europa que ha golpeado las ofertas de los generadores térmicos, pues la realizan con los precios del mercado internacional, llamando la atención que en Colombia actualmente hay disponibilidad de gas por aproximadamente US $7 el MMBTU. Este mayor costo del gas incide, afectado además por la apreciación del dólar, en los precios de oferta de energía del parque térmico, los cuales pasaron de los $351 el KWH en enero de 2021 a $732 el KWH en julio de 2022, el doble(¡!).
Pero, como ya quedó dicho, indudablemente el caso más crítico de las alzas de las tarifas de energía se da en la región Caribe, servida por dos nuevos operadores de red, Air´e y Afinia desde el 1º de octubre de 2020, después de que la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios decretara la liquidación de ELECTRICARIBE, que representó para sus 2.7 millones de usuarios una verdadera pesadilla. Lo que hace la diferencia entre las alzas de las tarifas en la región Caribe y las alzas en el resto del país es el cargo por concepto de las pérdidas reconocidas (PR), cuyo costo pasó de $41.49 por KWH a $247, en contraste con el promedio nacional de $50 por KWH (¡!)
Y ello se explica porque en la Resolución 010 de 2020 de la CREG se estableció que “para la aplicación de la metodología establecida en la Resolución CREG 015 de 2018…para el régimen transitorio especial, previsto en el artículo 318 de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. De allí que las pérdidas reconocidas (PR) en la fórmula tarifaria y las cuales debe asumir el usuario vía tarifas es del 29% para Air´e y 27.2% para Afinia, muy superior al 12.5% que se le reconoce a los demás operadores de red diferentes al Caribe.
Es de anotar que, dado el ciclo tarifario, que es quinquenal, esta norma regulatoria, pactada entre la Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios y los operadores de red, permancerá invariable hasta el 2025. Los usuarios que pagan cumplidamente sus facturas se quejan, con razón, de que con este recargo en la tarifa terminan pagando justos por pecadores, dado que las PR incluyen aquellas atribuidas al robo de energía y las conexiones fraudulentas. El corrientazo que están recibiendo los usuarios, especialmente en el Caribe colombiano, con esta exagerada alza de las tarifas, entonces, estaba cantada, como lo advertimos en su debida oportunidad, era sólo cuestión de tiempo.
Madrid, septiembre 27 de 2022
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
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Por Juan Camilo Restrepo*.- Esta semana comenzó la maratón de los 50 “diálogos regionales vinculantes” con los que la administración Petro va a promover asambleas en todas las regiones del país. Y cuyas conclusiones serán elevadas a categoría de norma jurídica “vinculantes” a través de la ley del plan de desarrollo que debe estar concluida antes de finalizar el año.
La iniciativa obedece a un propósito plausible: ahondar la democracia participativa escuchando a las comunidades y haciéndolas partícipes -a través de este mecanismo de los diálogos- del futuro del desarrollo de sus regiones.
Sin embargo, deja mucho qué pensar el camino escogido que consiste en que las conclusiones resultantes de estas asambleas populares se lleven, con carácter de “vinculante”, a la categoría de norma jurídica incorporadas a la ley del plan de desarrollo.
Es de suponer que, en estos diálogos regionales vinculantes, además de algunas conclusiones de carácter general, lo que vamos a presenciar es una verdadera lluvia de solicitudes de más gasto público: vías, colegios, universidades, hospitales, alcantarillados, plantas de tratamiento de agua, centros de salud, y así podríamos seguir la lista hasta el infinito como infinitas son las necesidades regionales que aún no han sido satisfechas. Así lo mostró ya el primero de estos encuentros que tuvo lugar en Turbaco.
No sería sorprendente que al terminar la maratón de los 50 “diálogos regionales vinculantes”, y una vez se tabulen las solicitudes para más inversión pública, los requerimientos para cumplirlas asciendan a decenas o aún a centenas de billones de pesos.
¿Qué va a pasar entonces? ¿Se van a acoger solo algunas de ellas y a desechar otras?, ¿Con qué criterio? ¿O, puesto que ahora las conclusiones de estas asambleas regionales serán “soberanas y vinculantes” todas ellas irán a la ley del plan de desarrollo? Y en tal caso, ¿Cómo se compagina este chaparrón de nuevo gasto público con las disponibilidades financieras y presupuestales del país? No hay una respuesta clara a estos interrogantes. El director de planeación ha dado unas vagas indicaciones en el sentido de que el departamento a su cargo hará una distinción entre “cositas” que soliciten las comunidades y que no irán en la ley del plan, y obras verdaderamente estratégicas. Esto, que suena razonable, puede chocar con las expectativas que se están despertando entre la gente.
Lo que es claro es que los constituyentes del 91 no imaginaron ni el plan de desarrollo cuatrienal ni la ley que le da cuerpo jurídico como un mecanismo para tramitar gigantescas listas de mercado como las que puede arrojar el ejercicio de los diálogos regionales vinculantes que se inician.
Por el contrario: la Constitución (artículo 339) prevé que el plan de desarrollo contiene un presupuesto plurianual en el que habrán de identificarse las grandes inversiones públicas que se harán en cada mandato. Y lo que es muy importante: la identificación de las fuentes con las que se financiarán dichas obras públicas.
El instrumental jurídico de la ley del plan no está previsto para ser el receptor de listados interminables de aspiraciones populares -que pueden ser justificados, pero sin precisar cuáles serán los recursos con que deban financiarse-.
Se vaciaría el sentido jurídico y económico de un plan de desarrollo y el del presupuesto plurianual mismo de que habla el artículo 339 de la Constitución, si simplemente se utiliza la ley como una pizarra para “apuntar” las innumerables aspiraciones de aquellas comunidades que van a consultarse. Tanto menos ahora que sus conclusiones, por arte de la magia de los anuncios presidenciales, adquieren el carácter de “soberanas” y de “vinculantes”.
¿Cómo se compaginará este nuevo mecanismo de democracia participativa con el no menos obligante imperativo de la sostenibilidad fiscal, que requiere que toda inversión que se autorice en el plan debe ir acompañada de su correspondiente apropiación presupuestal?
Los esfuerzos de profundización de la democracia son bienvenidos, pero siempre y cuando no se lleven de calle elementales principios de la presupuestación. O no generen inmensa frustración entre las comunidades cuando descubran que todo lo que concluyeron en estos flamantes “diálogos regionales vinculantes” no se puede ejecutar por falta de recursos.
Bogotá, D. C. 25 de septiembre de 2022
*Abogado y Economista. Exministro de Estado
Por José F. Lafaurie*.-Me refiero hoy a un trino reciente sobre invasión de tierras: “Alcalde de Plato convocó Ejército y Policía a respaldar ganaderos en caravanas para intimidar supuestos invasores; imágenes y vídeos recuerdan a autodefensas y ningún participante desmiente impulso a iniciativa de @jflafaurie de retomar las Convivir”.
Este trino no es de un ciudadano cualquiera, sino del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien tildó de paramilitares a un grupo de sus gobernados, que buscaban proteger pacíficamente sus propiedades; y se despachó contra mí por convocar a la solidaridad, con afirmaciones calumniosas que lindan con el Código Penal y con el régimen disciplinario de los servidores públicos
No es de ahora su animadversión; en su proyecto de Plan de Desarrollo “MAGDALENA RENACE”, tal “renacimiento” se fundaba en acabar con la ganadería, lo que me obligó a defenderla con éxito ante la Asamblea. Me temo que hoy pago esa derrota, pero la ganadería magdalenense bien lo vale.
Frente al trino infamante de Caicedo quiero precisar que, primero, jamás he propuesto retomar las Convivir y, por tanto, mal podría alguien desmentir o no algo que no he dicho. Segundo, reivindicó la actitud responsable y solidaria del alcalde Peña, del Ejército y de la Policía.
Tercero, no sé qué recuerdos tenga el señor Caicedo de los paramilitares ni de su paso por organizaciones armadas ilegales, pero insisto en que es una falta grave de un funcionario público, hacer señalamientos infundados, como el de paramilitarismo, que ponen en riesgo la vida de las personas.
Cuarto, si los invasores se intimidaron, se logró el objetivo de mostrar que los ganaderos estamos unidos y apoyamos a las autoridades. ¿Quién ha dicho que es ilegal intimidar pacíficamente a quien pretende irrumpir en nuestra casa?; ¿desde cuándo está limitado el derecho de los ganaderos a la asociación?, ¿en dónde se prohíbe a los ciudadanos “colaborar”, sin entorpecer, con las autoridades en la protección, en este caso, del derecho a la propiedad?
Por el contrario, la colaboración ciudadana es un deber consagrado en la Constitución (art. 95), que nos pide “Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”.
Por ello reitero mi invitación, ya atendida por miles de ganaderos, a conformar grupos voluntarios y solidarios de reacción inmediata, que acompañen pacíficamente al ganadero afectado, que agradecerá nuestro apoyo y mañana estará dispuesto a brindarnos el suyo.
Ese es el propósito, mostrarles a los invasores, a la sociedad y también a las autoridades, que el ganadero no es un “lobo estepario”, que, por el contrario, somos una “manada” organizada y pacífica; que nos une el trabajo de la tierra y que, en su defensa..., somos solidarios.
Bogotá, D. C, 25 de septiembre de 2022
*Presidente de Fedegan
@jflafaurie
