Opinión
Por Gabriel Ortiz*.- Colombia tiene los días contados para salvarse, como vaticinaba hace 4 años el saliente presidente Duque, sobre la salida de Maduro. Aquí tenemos hoy, dos opciones: Petro o Rodolfo. Ambos proponen acabar con la corrupción. El primero va más allá, con otras propuestas que a unos satisfacen y a otros tensionan. El segundo se mantiene solitario en anticorrupción, que inquieta y preocupa por simplista.
Los votantes hubieran querido que, durante la campaña, les hubieran dado más datos, más información y más detalles que permitieran tomar las decisiones acertadas y favorables para esta Colombia, tan desorientada y necesitada de un cambio.
En este estrés electoral abundaron sí, los oprobios, insultos, acusaciones y supuestas amenazas para la seguridad de los candidatos. El “Ingeniero” reveló en Miami, una tácita conspiración que le propinarían con un cuchillo, por lo cual regresó y se encerró, no sin antes pedir excusas por una descomedida agresión a la Virgen María.
Petro, fue objeto de embestidas -aparentemente- de sus adversarios, que infiltraron su campaña y dieron a conocer grabaciones -que dicen eran editadas- sobre sus estrategias electorales.
Curiosamente hoy 17 de junio, se cumplen 50 años de la infiltración que se hizo a la campaña la Demócrata en Estados Unidos, en el llamado Watergate, que descubrieron los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein y publicaron en el Washington Post. Esa intromisión dio origen a severas investigaciones, porque penetrar perversamente una campaña política, es un crimen en cualquier parte del mundo. El Presidente Nixon tuvo que renunciar porque hasta su propio partido le quitó el apoyo.
Infortunadamente aquí, las cosas funcionan de otra manera: casi que se enjuicia a los agredidos, y no hay un “Garganta Profunda”, que descubra las autoridades, entidades y medios que penetraron ilegalmente con sus “hacker” la sede petrista.
Las cosas siguen su curso en busca del sucesor de Duque, quien actúa en política, mientras de lado y lado se tergiversan aviesamente los pronunciamientos de los candidatos para atrapar votos.
Para unos Petro es nocivo y para otros lo es Rodolfo. Ha sido difícil encontrar las propuestas del segundo, porque se negó a hablar y debatir. Si “anunciar es vender”, como afirman Beccassino y demás publicistas, difícil será para los electores encontrar a quién aplicarle la equis en el tarjetón.
La gente quiere salir de la encrucijada actual. Que por ejemplo vuelva la paz, que no haya pobreza; que tengamos seguridad alimentaria, empleo y equidad. Anhelan una reforma agraria que pueda abastecernos y exportar nuestros productos, que haya facilidades para crear empresas y empleo, y muchas cosas más. Que se archive el cable de la plancha para gobernar y hacer cumplir la normatividad de una democracia con separación de poderes.
Tenemos los días contados. ¡Escojamos bien al nuevo!
BLANCO: Los López en la Historia de Colombia, es el nuevo libro en el que Oscar Alarcón, nos narra la apasionante historia de la dinastía López, que cambió nuestra historia con Alfonso López Pumarejo y su descendencia.
NEGRO: Las vías que no aguantan 10 días de uso.
Bogotá, D. C, 118 de junio de 2022
Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper
Por Amylkar D. Acosta M*.- Como es bien sabido estamos en presencia de una ola inflacionaria global y un frenazo de la reactivación que pueden conducir a la temida estanflación. Colombia no ha sido ajena a esta tendencia y es así como la inflación galopante ha elevado el Índice de precios al consumidor (IPC) en los primeros cinco meses hasta el 9.07%, el triple de la meta que se había fijado el Banco de la República para este año del 3%, en un rango entre 2% y 4%. En un esfuerzo desesperado por contenerla ha elevado la tasa de interés de intervención desde 3% en diciembre pasado hasta el 6%, duplicándola.
Esta inflación, según el DANE, ha golpeado con más severidad a los hogares pobres y vulnerables con un aumento del IPC de 10.68% y 10.47%, respectivamente. Ello obedece a que el alza en los precios de los alimentos, que son los que absorben la mayor proporción de su ingreso, alcanzó el 21% en mayo. Después de lo precios de los alimentos se destaca la escalada alcista de las tarifas de los servicios públicos, particularmente la de energía que se situó en el 17.3%. Para un mejor entendimiento de la causalidad y los efectos de estas alzas de la energía, veamos cuáles son las variables de la ecuación que determinan la tarifa o costo unitario (CU): G + T + D + C + P + R.
Al analizar los factores que incidieron en esta alza desmesurada de la tarifa de la energía hemos podido establecer que el principal de ellos es el aumento del Índice de precios al productor (IPP), al cual están atados los cargos de generación (G), de transmisión (T) y distribución (D), que alcanzó en mayo el 34.32%. También se ve impactada por el incremento del cargo por restricción en la fórmula tarifaria. Dicho aumento se atribuye en gran medida al cambio de metodología en su cálculo y estimación por parte del DANE.
El cargo por comercialización (C), que representa entre el 15% y el 20%, en cambio, no se ve afectado por el IPP sino por el IPC, que también ha subido sensiblemente. Desde luego, también incide en este inusitado incremento de los precios y las tarifas de energía el cargo por restricciones (R), ya que este guarda una correlación inversa con el precio en bolsa de la energía y este ha bajado ostensiblemente, hasta los $100 el KWH a consecuencia del alto nivel de los embalses, que superan el 80%. Por ello este cargo ha subido también, fluctuando alrededor de los $25 - $30 el KWH.
Es de anotar que este aumento en las facturas de los usuarios de la energía, regulados y no regulados, se da después del congelamiento de las tarifas en 2020 para paliar el impacto de la pérdida del empleo y el ingreso de muchos de ellos a consecuencia de las medidas de contención y mitigación de la pandemia del COVID 19, cuando aún no se reponen del mismo. A través de “opción tarifaria”, prevista en la Resolución 012 de 2020 de la CREG se dispuso diferir en el tiempo los reajustes en las tarifas. Esta disposición se mantuvo posteriormente, extendiéndola por 5 años a través del Decreto 1231 del 11 de septiembre de 2020, a la cual le vino a dar alcance el Decreto 1645 de septiembre 10 del mismo año.
En el mediano y largo plazo se espera que la inflación ceda y con ella bajen tanto el IPC como el IPP, lo cual significaría un alivio para los usuarios. Como es bien sabido la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento que se requiere. De allí que el fin último de la Transición energética en curso es garantizar la seguridad energética. Desde luego, es de esperar que la integración de las fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) a la matriz energética a la que dará lugar, además de contribuir a robustecerla, diversificarla aún más y hacerla más resiliente frente al cambio climático, repercuta en una baja de los precios y las tarifas de la energía y ello se refleje en la factura mensual que reciben los usuarios de este servicio caracterizado por la Ley 143 de 1994 como esencial.
Obviamente que, para que ello sea posible, es menester revisar y ajustar las normas regulatorias, de tal manera que estas den señales apropiadas que combinen el incentivo del uso racional, así como la eficiencia energética en toda la cadena. En ello habrá de jugar un rol de la mayor importancia el consumidor, que en adelante esta llamado a ser mucho más proactivo de lo que es hoy en procura de suavizar y en lo posible aplanar su curva de consumo de energía.
Medellín, junio 12 de 2022
*Expresidente del Congreso. Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por Juan Camilo Restrepo*.- En esta disparatada campaña tendemos a subestimar la importancia que tienen las instituciones como bastión contra tantas propuestas descabelladas, o, en todo caso improvisadas, que se han escuchado.
Una de las mayores fortalezas de Colombia son precisamente sus instituciones, construidas a lo largo de años y en cuya formación ha prevalecido siempre el respeto por el estado de derecho. Veamos dos ejemplos de las muchas propuestas que vienen haciendo los candidatos:
Que Petro diga, por ejemplo, que prendería la maquinita de emisión del Banco de la República o que cambiaría a su antojo el origen de los directores del Banco es, en el fondo, algo írrito, pues no está dentro de las facultades de un presidente hacerlo. El estatuto de independencia de nuestro banco emisor está consagrado y protegido desde la Constitución del 91. Y el único representante del gobierno en la junta del banco es el ministro de Hacienda, que actúa como un miembro más. Pero en rotunda minoría frente a los demás directores.
Que Rodolfo Hernández diga que en el primer día de un eventual gobierno suyo decretaría el estado de conmoción que consagra la Constitución para (al amparo de esa figura de la excepcionalidad constitucional) sacar por decreto una serie de normas sin pasar por el Congreso, también es una propuesta inocua que chocaría con el bastión institucional.
La misma Carta y la jurisprudencia de la corte entienden que los estados de excepción constitucional requieren forzosamente que los hechos que se invoquen sean nuevos, inesperados, emergentes. Esa declaratoria de conmoción interior del ingeniero está llamada a fracasar. ¿Cómo se podría justificar ante la corte que las prácticas corruptas de la “robadera” que denuncia Hernández como consustanciales y antiguas en nuestra democracia son hechos nuevos o emergentes? Casi con seguridad se caería en la Corte.
Lo que hay en el fondo de todo esto- y que a menudo parecemos olvidar durante esta movida pero superficial campaña- es que los presidentes en Colombia no pueden hacer lo que se les ocurra. Están rodeados -afortunadamente- de instituciones fuertes que tienen que respetar. Y que, si no lo hace, quienes se caen son las propuestas mismas y no las instituciones.
Creo que un alto porcentaje de las propuestas que hemos escuchado en esta campaña están dirigidas meramente para la galería. Pero -gracias precisamente a las instituciones- no tienen la más mínima probabilidad de llevarse nunca a la práctica.
Otro tanto sucede con las iniciativas que han circulado pero que para aplicarlas requerirían que las aprobara el congreso, en el que ni Petro y mucho menos el ingeniero va a contar con mayorías para que les aprueben todo lo que se les ocurra.
Un ejemplo: la idea de Hernández de bajar el IVA reemplazándolo por un impuesto a las ventas en cascadas que llevaría inexorablemente a elevar fuertemente la carga tributaria de los colombianos y colocaría en grave situación de indefensión a la industria nacional frente a las importaciones de sucedáneos extranjeros. Esto tendría que aprobarlo forzosamente el congreso y luce altamente improbable que lo haga.
Lo que demuestra todo esto es que un alto porcentaje de las propuestas que se han escuchado durante la campaña, y que los candidatos parecen dar por hecho que las refrendaría un congreso dentro del cual ni tienen mayorías ni cuentan con coaliciones sólidas, son propuestas llamadas a fracasar.
No podemos olvidar que la Constitución del 91 redujo los poderes presidenciales y aumentó los del congreso. Tenemos un régimen presidencial, es cierto, pero los jefes de estado no son unos omnipotentes personajes ni unos dictadorzuelos que puedan hacer todo lo que se les ocurra. Aunque, claro, pueden proponer todo lo que se les venga a la cabeza durante una campaña.
Deben inexorablemente respetarse los fuertes bastiones institucionales que, por fortuna, no pueden ser derribados con la mera demagogia ni con los fuegos artificiales de una campaña electoral.
Bogotá, D. C, 13 de junio de 2022
*Abogado y Economista. Exministro de Estado
Por Gabriel Ortiz*.- Nos quedan aún 9 días para que la razón derrote la emoción y logremos una elección sensata, racional, inteligente y en paz, aunque esta pasó de moda.
Becassino, ese gran publicista argentino, dio en el clavo y encontró que había que remplazar la desgastada paz, por la corrupción, para despertar más emoción. Así descartaron la pobreza, la inflación y el mal gobierno.
Con solo dos candidatos que se lanzan injurias, ultrajes e infamias, el tema de la corrupción tomó la delantera. Revivieron el odio, la rabia y rencor que se creó entre los colombianos a principios de este siglo y empezó la división de familias, padres, hijos, hermanos y amigos, que de inmediato siguieron, al “ingeniero”, al maltrecho uribismo y a la emoción.
Rodolfo y Petro usan, a su modo, la corrupción en este caldo político, sin dar opción a sus seguidores de ingresar a la razón con inteligencia, raciocinio y cordura. Ambos se ven en el solio de Bolívar.
El “ingeniero”, saca a flote una deslenguada y arrabalera jerga, no apta para damas ni niños.
Petro con más suave lenguaje, resiste cuanta acusación le hacen de matón y guerrillero.
Los dos agrandan sus propuestas, para unos geniales, para otros alucinantes, pero eso sí: estrambóticamente populistas.
Petro ofreció a los mineros comprar el carbón y depositarlo bajo la tierra. Rodolfo eliminar todas las embajadas y modificarlo todo a “plumazos”, sin respetar los tres poderes.
Los dos reciben adhesiones de movimientos, grupos y partidos políticos, sin incluir al “uribismo”, que no quiere que se note que su candidato es Rodolfo.
El “galanismo” completamente dividido se plegó a Hernández, mientras a Fajardo, el santandereano lo despreció y desdeñó, sin siquiera haber leído 25 valiosos temas que le planteaba, incluida la paz. Y qué decir del desplante a la Red Nacional de Mujeres. ¿Mucha la sobradez?
A Petro lo acusan de decir mentiras y cosas impracticables. Pero no se aprecia el llamado a la unidad nacional, que podría ser el principio del fin de la polarización que nos mantiene divididos, odiados y en guerra.
Así sigue una campaña a la que escapan la sensatez y la razón, considerados regla número uno, para dirigir el gobierno de una república.
Ni Bucaramanga, ni Ciénaga de Oro, son la República de Colombia. Petro y Rodolfo, deben abandonar los insultos y propuestas parroquiales, y entender que se necesita el cambio que pidieron los electores el pasado 29 de mayo.
De continuar el populismo, será el blanco -el voto en blanco- el que defina quien llegará a la Casa -o museo- de Nariño, porque el descontento y la desconfianza crecen.
¡Solo el fundamento y la cordura nos darán la razón para votar bien!
BLANCO: Bien por el presidente Duque que dio paso en firme para recuperar el Galeón San José.
NEGRO: Increíble que del dineral que recibirá Bogotá, no se destine un centavo a reparar la “huecolandia”, en que se convirtió el D.C. ¿Habrá negocio con servitecas y montallantas?
Bogotá, D. C, 11 de junio de 2022
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper
Por Adriana Matiz*.- Ya no cabe una bajeza más. La forma de hacer política en este país puede decirse que se degradó a su mayor nivel en esta campaña. La idea de fortalecer con propuestas y opiniones el debate político hace mucho tiempo se dejó de lado y atrás quedaron los momentos en que los candidatos planteaban soluciones a los problemas o nuevas alternativas a las políticas públicas del país de cara al futuro. Ahora solo queda como método de lucha por la búsqueda de votos el desprestigio del adversario.
Todo fue sistemático y nada quedó producto del azar. Desde un principio trazaron los objetivos y, como lo dijeran miembros de la misma campaña de Gustavo Petro, a Fajardo lo quemaron y seguirían con Federico Gutiérrez. La fórmula no era en el debate, era en el desprestigio. Insinuar a través de mensajes directos que se trataban de delincuentes de no poca monta y lo peor, que tenían un pasado oscuro y temible que solo su candidato podía combatir como forma salvadora de la desgracia nacional, a la que llevaría una decisión diferente.
El ejercicio hay que decirlo, funcionó. Sergio Fajardo dejó de ser fuerte en los afectos de las personas y cayó en las preferencias de los electores de manera impensable. El daño estaba hecho. Alejandro Gaviria, quién se había presentado y se percibía como una fórmula de centro, pasó a ser ridiculizado y atacado sin tregua por sus posturas como ministro de Salud en la era Santos, incluso por sus respaldos, los que ahora sin pudor hacen parte de las filas del Pacto Histórico. Federico Gutiérrez con amplio margen de optimismo se perfilaba, por lo menos, como seguro contendiente en segunda vuelta del candidato Gustavo Petro. Sin embargo, la cantidad de desprestigio que sumó antes de la primera vuelta, no le permitió llegar a la cifra necesaria para tener la posibilidad de continuar y pudo más el descrédito.
Por eso posiblemente el que logró llegar a la elección del próximo domingo fue Rodolfo Hernández, al que se minimizó en expectativas y del que seguramente se pensó no lograría llegar por no tener la experiencia ni la capacidad de ser un estadista. A ese candidato, que además se aisló un buen tiempo, las cosas le salieron mejor de lo que la gran mayoría pensaba y se metió finalmente en la pelea por llegar a la casa de Nariño. Hoy el 80% de las encuestas publicadas, a ocho días de las elecciones, lo dan como seguro vencedor.
Como el voto vuelve a ser impulsado por el temor y el miedo, ya poco de lo que digan de Hernández hace que los antipetristas lo dejen de ver como su fórmula de desquite, y viceversa. Nada de lo que muestren y digan de Petro o su campaña hará que sus seguidores lo abandonen, por lo cual ya todo está prácticamente consumado.
Sin embargo, en esta campaña sucia y de artimañas, la última semana será el escenario preparado para más ataques y todos estamos expectantes del golpe en el último minuto que consolide al candidato ganador y seguramente a todo un país perdedor.
Bogotá, D. C, 13 de junio de 2022
*Representante a la Cámara del partido Conservador por el Tolima.
Por Monseñor Ricardo Tobón.- Estamos viviendo un momento electoral de gran importancia para nuestro país. Es tiempo de discernimiento, de opciones, de compromiso. Sobre todo, es una ocasión para consolidar valores democráticos y lograr que la libertad de todos se oriente al bien común. Esto, en un contexto en el que constatamos que se ha agrietado el tejido social y se ha disminuido la confianza en nuestra organización como nación. Es preocupante la falta de seguridad en las relaciones, en los liderazgos, en la política, en la empresa, en la academia, en las instituciones de la República y también en la Iglesia Católica.
Llevamos tantos años tratando de superar las crisis creadas por la injusticia social, la violencia, el narcotráfico, la falta de cultura ciudadana, la ausencia de un verdadero plan nacional posible y efectivo, la presencia de tantas formas de corrupción, que pareciera que entramos en un agotamiento del modelo político o en un laberinto creado por los apetitos insaciables de dinero, de poder y de placer o en un estado de cansancio ante estructuras que limitan un proceso más rápido y eficiente para superar las graves problemáticas sociales que padecemos.
Siguiendo la Doctrina de la Iglesia, vemos que a la base de muchos males está un desconocimiento de la dignidad de la persona humana, la incapacidad de representación que afecta a numerosas instituciones, la agresividad con la que nos herimos cada día, el egoísmo que impone el interés particular sobre el bienestar de todos, el abandono de Dios fuente y culmen de la vida personal y de la organización social. Todo esto afecta la convivencia, impide la misión de cada uno, arruina los logros obtenidos, retarda una respuesta a las expectativas y necesidades de la población.
Ante esta realidad, se instala la ilegalidad en nuestro proceder cotidiano, cunden el descontento y el miedo, empieza a pensarse que es preciso emprender protestas violentas y avivar los conflictos. Nada más equivocado y dañino que proceder de esa manera. Esta es la hora, más bien, para un profundo análisis a nivel personal e institucional. Nos ha faltado reflexión y compromiso. Debemos reconocer que el esquema de vida planteado no ha sido respaldado por un desarrollo humano integral. Cuando nos guían el individualismo y la codicia nuestra relación laboral, urbana y mediática, termina en una guerra despiadada.
Necesitamos una profunda renovación de las instituciones y de las personas. Necesitamos aplicar la ley, pero sobre todo humanizar la convivencia. Las relaciones humanas van más lejos que la imposición del derecho, sin desconocer que éste es fundamental para que la vida social se base en la justicia. La Doctrina Social de la Iglesia enseña que una auténtica democracia no es sólo el resultado de un respeto formal de las reglas, sino el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos en orden a salvaguardar los derechos humanos y a proteger el bien común.
Debemos ser conscientes que en este momento crucial nos hace mucho mal la violencia, la descalificación abusiva de los demás, el pesimismo y la indiferencia. Hoy el Espíritu nos impulsa a un diálogo social fecundo, fundado en el respeto mutuo y en la verdad que nos hace libres. Por encima de los errores y de los problemas que sufrimos, hay que mantener el respeto que merece cada persona, cuidar lo que todos hemos construido y reforzar los lazos de solidaridad entre hermanos de una misma nación. Es necesario que todos participemos y nos comprometamos en la construcción de nuestro país, con sensatez, fortaleza y esperanza.
Medellín 12 de junio de 2022
*Arzobispo de Medellín
Por Gabriel Ortiz.- En dos días sabremos si Colombia votó por el cambio que todos buscan, anhelan y persiguen.
Esta agónica campaña, mostró el cobre de la política colombiana, por la gran cantidad de improperios, injurias, denuestos y ultrajes. Nadie sabe cuál de los candidatos es confiable, porque entre ellos se descalifican con pruebas o sin ellas, acompañadas de hirientes injurias.
Entre tanto el codiciado cambio, la salida de las crisis, la opción de paz, la eliminación de la corrupción, la separación de poderes, el empleo, la eliminación de la pobreza, la equidad, la libertad, el despilfarro, el abuso y la hambruna, parecen quedar en el olvido.
Los votantes no han alcanzado a entender las ofertas de la mayoría de los candidatos, porque a cada promesa le estrellan la polarización, el odio, la injuria, la rabia y la fobia, que nos han sembrado durante los últimos 20 años.
Hoy, cuando ya hay compatriotas votando, la gente no sabe qué hacer. Los que se auto-consideran “los buenos” y siguen firmes al candidato de Uribe y Duque, luchan mantener los privilegios y vicios de estos 4 años; los demás, calificados como “los malos” quieren el cambio, con una Colombia en paz, democrática y equitativa, gobernada por Fajardo, Petro o Hernández.
Las apuestas están inclinadas hacia los últimos, aunque existen ciertos temores, en especial incrementados por una Registraduría y un Consejo Nacional electoral, que no fueron capaces de encontrar quien haga la auditoría internacional de los comicios.
Existe sí una mediana tranquilidad entre los votantes, porque la ausencia del Presidente -que hasta anoche estaba veraneando- ha impedido su intervención en el debate electoral, lo cual también han hecho sus funcionarios y militares.
Estamos ante la oportunidad histórica de sanear y sacar adelante nuestra patria, de fortalecer ésta amenazada democracia, de respetar el proceso de paz, erradicar la drogadicción, darle una orientación racional a nuestras Fuerzas Militares, adelantar una reforma agraria que permita a nuestros campesinos ingresar a la agroindustria con crédito subsidiado, para eliminar la hambruna y crear empleo y riqueza.
Tenemos que salir de la lista que nos señala como el tercer país en desplazamiento interno.
Esa fuerza que deambula por campos, veredas y ciudades, no puede seguir desperdiciada y a la espera de un gobierno que se fije el objetivo de regresar al campo.
Colombia debe cuidar biodiversidad e impedir que unos “avivatos privilegiados” destruyan la amazonia, para plagarla de ganaderías destructivas y contaminantes, minerías ilegales y cultivos ilícitos.
Todo esto y mucho más, está en la mente de los millones de compatriotas que escogerán al hombre capaz de llevarnos por los caminos de la ética, la moralidad, el progreso y el bienestar que buscan los 50 millones de compatriotas que soportan la inexistencia de una justicia social, económica y política. ¡A votar, pero a votar bien!
BLANCO: Hasta ahora se despeja cualquier duda sobre la primera vuelta para elegir Presidente.
NEGRO: Nadie se explica la inhumanidad de los padres de familia que niegan a los niños del Alcalde Quintero ingresar a su colegio.
Por José G. Hernández*.- Establece el artículo 190 de la Constitución: “El presidente de la República será elegido para un período de cuatro años, por la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la ley. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que sólo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones. Será declarado presidente quien obtenga el mayor número de votos”.
El 29 de mayo tendrá lugar la votación, en primera vuelta, para elegir presidente de la República. Solamente ese día sabremos, dependiendo de los resultados, si habrá o no la segunda vuelta que prevé el mandato constitucional para el caso en que ninguno de los aspirantes obtenga la aludida mayoría calificada (mitad más uno de los sufragios).
Esta campaña ha sido, sin duda, una de las más vergonzosas de nuestra historia democrática. Se ha caracterizado por la pobreza argumental y por la falta de altura y lealtad; por el lamentable esquema de enfrentamientos personales, insultos, improperios, falsedades, con el cual se ha sustituido el sano debate intelectual y político y la transparente presentación de opciones, con miras al conocimiento, valoración y decisión del electorado. Como debe ser en una democracia, particularmente tratándose de un certamen tan decisivo para el futuro del país. Se esperaba -y no llegó- la formulación clara y comprensible de ideas, programas, proyectos de gobierno y fórmulas de solución frente a tantos problemas como los que enfrenta Colombia en diferentes campos.
Una democracia madura, como aquella a la que creíamos haber arribado hace años -estábamos equivocados- se distingue por el predominio de la razón y del liderazgo sobre la emotividad, la violencia verbal y física, la manipulación, el engaño y la trampa.
También se ha desarrollado la campaña en un clima de abierta inobservancia del Derecho: iniciativas gubernamentales de normas manifiestamente inconstitucionales, como la que modificó la ley de garantías; intervenciones públicas de gobierno, órganos de control y altos mandos militares contra candidatos y sus propuestas, lo que -desconociendo la prohibición constitucional- configura participación en política. Rompe su imparcialidad el Gobierno que cae en inútiles controversias electorales ajenas a sus funciones.
Hemos visto, igualmente, en algunos medios de comunicación -también parcializados-, una inocultable manipulación informativa, sobre hechos, encuestas y propuestas, con el fin de desorientar a los votantes. Además de las “bodegas”, de una y otra tendencia, en las redes sociales.
Por si fuera poco, algunos empleadores anunciaron despedir a trabajadores y empleados que no voten según sus instrucciones, violando el secreto del voto y constriñendo al sufragante.
Por último, estando ya en marcha las elecciones, con ciudadanos colombianos votando en el exterior, se habló de proyectos de golpe de Estado -sin prueba alguna de ello-, y hasta de interrupción, suspensión o postergación de los comicios.
Consigna: vote cada uno por su candidato, pero en libertad, en paz, con altura, pensando en las prioridades de interés general, sin más ofensas, descalificaciones, ni denuestos. Preservemos nuestra democracia. Y que una campaña tan penosa no se repita.
Bogotá, D. C, 25 de mayo de 2022
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El dato de un crecimiento del PIB de 8.5% en el primer trimestre de este año es sin duda una buena noticia, sobre todo en un contexto internacional tan afectado por la invasión a Ucrania. Sin embargo, no se puede ser muy optimista porque existen riesgos que invitan a la cautela.
El más evidente es la inflación, que ha alcanzado una tasa anual de 9.2% que no se había registrado en el país desde el año 2000. Son dos los impactos negativos que tiene esta alza de precios sobre el crecimiento futuro. Primero, que disminuye la capacidad de compra de los hogares, que ha sido el principal motor del crecimiento del PIB y segundo, la respuesta del Banco de la República al aumento de precios.
Es sabido que la inflación actual es causada por factores de oferta y de aumento de costos (fertilizantes, fletes, materias primas, etc.), y los instrumentos que tiene a su disposición el Banco (aumento de tasas de interés y control de la cantidad de dinero) no son convenientes para controlar este tipo de inflación sino aquella que es causada por un exceso de demanda. Aumentar la tasa de interés sí sirve contra una inflación de costos porque frena la inversión y el consumo, induciendo una disminución del crecimiento.
Otro riesgo preocupante es el empeoramiento de la situación internacional, por la guerra de Ucrania, el resurgimiento del Covid en China o la amenaza de recesión en EE.UU. Cualquiera de estos hechos, no solo agudizaría las presiones inflacionarias sino que puede frenar los flujos de capitales, encareciendo o dificultando conseguir los recursos para financiar nuestro enorme déficit de la balanza de pagos.
Finalmente un riesgo interno, que es la presión social por el agravamiento de las condiciones de pobreza y desigualdad que produjo la pandemia y la insuficiente respuesta del gobierno. El PIB ya se recuperó por encima del nivel pre-pandemia, pero no sucede lo mismo con indicadores que muestran que los frutos del buen crecimiento del PIB se han distribuido muy mal, quedando en los bolsillos de unos pocos.
En efecto, según el DANE en 2021 el PIB creció 11% en términos nominales, pero la remuneración de los asalariados solo creció el 7%, mientras que las ganancias de las empresas crecieron casi el doble, 13.8%. Esta mala distribución se empeoró con el comportamiento de los precios, pues la inflación fue menor para los ingresos altos (9.9%) que para los pobres (15.5%). Esto explica la desigualdad registrada por la firma RADDAR pues mientras el consumo de los ingresos altos ha crecido al 6.3% el de los pobres solo creció el 0.75%. Se comprueba así que la desigualdad es un freno al crecimiento.
Cali, 24 de mayo de 2022
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por Amylkar D. Acosta M*.- La Transición energética desde las energías de origen fósil, altamente contaminantes, hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) se debe implementar de manera inteligente y responsable, sin prisa que pueda poner en riesgo, como ha sucedido en Europa, la seguridad energética del país, pero, eso sí, sin pausa. Como lo ha dicho el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz, se requiere “una Transición tranquila y eficiente”, a riesgo de enfrentar “una transición caótica” y, añadiría yo, traumática. A este respecto bien vale la pena traer a colación el sabio consejo del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva: “mientras no tengas energías alternativas, seguirás usando la energía que tienes”. Eso sí procurando mitigar su impacto medioambiental.
Es el caso de la estatal ECOPETROL, que ha hecho un gran esfuerzo para reducir el contenido de azufre en los combustibles, que en un momento dado llegó al extremo de contener hasta 1.200 partes por millón de contenido de azufre y hoy en día ronda las 50 partes por millón. Adicionalmente, se ha dado su propia ruta de Transición energética, con su estrategia Energía que transforma, que abarca todos los eslabones de la cadena de los hidrocarburos que extrae, refina y transporta, tendiente a alcanzar la neutralidad de carbono hacia el 2050 y ha dado pasos conducentes a ello, destacándose la instalación de 112.5 MW de potencia a partir de FNCER para generar la energía que demandan la operación varios de sus campos petroleros.
En la misma dirección y con los mismos propósitos, desde el 2005, gracias a mi Ley 693 de 2001, es obligatoria la mezcla de los biocombustibles en Colombia, gracias a la cual se reducen anualmente en 2.5 millones de toneladas las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y 130 toneladas de material particulado causados por la combustión de los motores. Ello se explica porque con dicha mezcla, al oxigenarlo, mejora ostensiblemente la calidad de los combustibles que se consumen en el país, contribuyendo de paso a la seguridad energética, a la ampliación de la frontera agrícola y a la generación de empleo formal e ingreso en el campo.
Si no queremos una Transición caótica, ni el Gobierno ni las empresas desarrolladoras de los proyectos en los territorios deben perder de vista que, como lo recalca el Banco Mundial, ni los parques eólicos ni las granjas solares “existen en un vacío social. Como creaciones humanas, no pueden separarse de los entornos sociales y culturales en los que se diseñan, construyen y operan”. Por ello es que yo insisto tanto en la importancia de la Licencia social, que no es otra cosa distinta que el consentimiento informado por parte de las comunidades asentadas en el área de influencia de dichos proyectos y ello pasa por “el diálogo social para involucrar y protegerlas”, como lo plantea el Documento CONPES 4075 del 29 de marzo de este año, en el cual se trazan los lineamientos de la Política de Transición energética, ya que deben ser las primeras beneficiarias de las mismas, pues resulta inaceptable que haya luz en la calle y obscuridad en la casa!
Una Transición energética que no sea justa, incluyente, solidaria, que los beneficios de quienes ganan con ella no se de a expensas de quienes pierden, que deben ser compensados y que contribuya a la cohesión social, no es sostenible ni sustentable. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Conferencia del 2013 expidió una Resolución reivindicando la transición justa, la cual fue ratificada en su Consejo de gobierno en 2015. Posteriormente la Agencia Internacional de la Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés) y la OIT firmaron un Acuerdo en octubre de 2021 comprometiéndose en promoverla. La Declaración conjunta que firmaron en octubre pasado la OIT y la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés) es elocuente: “un progreso que no sea justo e inclusivo no es sostenible. No se puede lograr una economía verde sin crear oportunidades para todos, asegurando que todos los grupos de la sociedad tengan acceso a empleos decentes y bien remunerados”. Así de claro!
Pero, indudablemente, el mayor espaldarazo a la Transición energética justa se la dio la COP26, que tuvo lugar en Glasgow (Escocia) en noviembre pasado. En el marco de la misma más de 30 países, incluyendo entre ellos a los principales productores de petróleo y carbón, suscribieron una Declaración en la que se comprometieron a implementar estrategias que respalden a los trabajadores, a las empresas y a las comunidades en el curso de la Transición hacia economías verdes. En ella se hace hincapié en la perentoria necesidad de garantizar “que nadie se quede atrás en la transición, en particular aquellos que trabajan en sectores, ciudades y regiones que dependen de industrias y producciones intensivas en carbono”. En suma, deben primar los principios de la equidad, la solidaridad, la inclusión y la cohesión social.
La OIT ha reiterado que “una Transición energética justa es urgente, indispensable y posible” y que “hay evidencias claras de que habrá más ganancias para la economía y para las personas que pérdidas”, que este no debe ser un juego de suma cero en el que unos ganan lo que otros pierden. Al fin y al cabo, la Transición energética debe ir de la mano con el cumplimiento de los 17 objetivos del desarrollo sostenible (ODS), especialmente el 7º que prevé el acceso universal a la energía limpia.
Cota, mayo 24 de 2022
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
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