Opinión
Por Alonso Ojeda Awad*.- Lo que ocurrió el pasado domingo 13 de marzo durante el proceso de elecciones de Senado, Cámara de Representantes y la Consulta interpartidista, fue un hecho muy grave y de profundas repercusiones para nuestra incipiente democracia colombiana. Y no es para menos. La más profunda de las des- institucionalidades que hemos padecido se presentó, precisamente, cuando el célebre chocorazo o fraude que el candidato presidencial Misael Pastrana dio contra el candidato rival expresidente general Gustavo Rojas Pinilla en las elecciones de 1970, convirtiéndose, Pastrana, en presidente de la república, gracias a tan significativo fraude electoral. Este hecho trajo gravísimas consecuencias para nuestra vida democrática como fue la aparición del M-19 con su inaceptable toma de la Corte Suprema de Justicia, que trastornó para siempre la vida institucional.
Por eso consideramos muy grave el desorden y el desbarajuste que se presentó en todo el proceso sufragante del domingo 13 y que se intentó cerrar con la pérdida de más de 400.000 votos para el Pacto Histórico, que es una sumatoria política de partidos y movimientos que quieren acendradamente cambiar este cúmulo de atropellos y corrupciones a las que se acostumbró la vieja e inoperante casta política, que nos gobierna.
Fueron tantas las formas superficiales, erradas e irresponsables como la Registraduría Nacional asumió un certamen de tanta importancia para los colombianos. Son ingentes los llamados de atención que se hicieron para no caer en esta debacle anunciada, pero la ausencia penal de los responsables fue marcadamente imprudente y notoria. Desde los más importantes medios de comunicación se han anotado la cantidad de fallas: Falta de formación electoral en los jóvenes jurados, insuficientes conocimientos para cumplir cabalmente su compromiso, desconocimiento de la formación y experiencia que siempre ha mostrado los maestros, que fueron deliberadamente, excluidos de las listas de jurados, etc.
Frente a este drama eleccionario y otros que vive y soporta nuestra sociedad, el diario “El Tiempo” en un aparte de su editorial, el día 21 de marzo ha expresado categóricamente: “Son inaplazables los correctivos de fondo frente al desafío que significan para el país la corrupción y el desgobierno que lo carcomen”.
En este desgobierno que plantea “El Tiempo”, creo que si el Registrador Nacional tiene algo de dignidad y decencia debe presentar ante la opinión pública nacional: RENUNCIA DE SU CARGO y permitir que sea un nuevo funcionario o funcionaria la que traiga confianza a la sociedad y pueda brindar la realización de comicios electorales en franca idoneidad e imparcialidad.
Un gesto de esta dimensión hará posible encuadernar la Registraduría para que como corresponde a su tarea constitucional sea la institución que garantice la absoluta claridad y transparencia que hoy pide a gritos nuestra acorralada sociedad, en medio de tanta infamia y corrupción.
Bogotá, D. C, 22 de marzo de 2022
*Vicepresidente del Comité Permanente de defensa de los DD.HH. Fue Embajador de Colombia en Europa. Trabajó en el Programa de Paz de la Universidad Pedagógica de Colombia. Defensor de Derechos Humanos.
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Son varias las conclusiones que se pueden obtener del análisis de los resultados preliminares de las elecciones para el Congreso y para definir los candidatos de las tres consultas presidenciales. La primera es precisamente que hasta ahora son resultados preliminares pues en el momento de escribir esta columna no hay certeza de cómo va a quedar la composición del Congreso.
El gran lunar de esta jornada electoral fue la desaparición de casi 400.000 votos del Pacto Histórico (el 16% de su votación) en el preconteo de las mesas de votación, y las variaciones -menores pero también significativas- de los votos de los demás partidos.
¿Error involuntario, falta de preparación de la Registraduría, o mano diestra orquestando un fraude electoral? Eso lo tendrán que determinar los jueces después de la consabida “investigación exhaustiva”, pero en todo caso una alteración tan grande de los resultados debe tener consecuencias políticas, que en cualquier país democrático llevarían a la renuncia del máximo responsable de tamaño fiasco, para recuperar la hoy menoscabada credibilidad de la autoridad electoral.
Se ha dicho que el ganador en el Congreso fue el Pacto Histórico, pues con 19 o 20 curules se constituye en la primera bancada del Senado. Es cierto, pero se trata de una victoria relativa porque solo obtuvo el 16,3% de los votos validos, es decir que es la mayor de las minorías que van a estar en el Senado. En segundo lugar porque el gran ganador de estas elecciones fue el amorfo partido de la abstención.
Si bien es cierto que 15.6 millones de personas votaron por los partidos de sus preferencias, estas solo son el 40% de los posibles votantes. Otras 20.6 millones (el 53% del censo electoral) no apoyaron a ningún partido sino que se abstuvieron, y 2.5 millones votaron en blanco o botaron su voto porque no supieron marcar el confuso tarjetón.
En cuanto a las consultas presidenciales, también fue primera la del Pacto Histórico, donde los votos de sus 5 candidatos (5.6 millones) fueron 142% más de los que obtuvieron para el Senado. Por el contrario los 4 millones de votos del Equipo Colombia son apenas el 51% de los 7.9 millones que movilizaron las maquinarias de los partidos Conservador, la U, Mira y Cambio Radical, más el Centro Democrático que votó por el candidato ganador siguiendo las directrices de su caudillo.
La Coalición de la Esperanza fue la tercera con 2.2 millones de votos, pero en su caso estos fueron casi los mismos que los que obtuvieron las listas de la Alianza Verde y el Nuevo Liberalismo que no tenían las mismas maquinarias de los partidos tradicionales.
Una última conclusión es que estos resultados no son un anticipo de las elecciones presidenciales. Primero, porque es un hecho histórico que las maquinarias parlamentarias no se mueven para las elecciones presidenciales y, segundo, porque hay 8 millones de votantes que no han apoyado todavía a ningún candidato.
Coletilla: El equipo de campaña de Sergio Fajardo y su vicepresidente Luis Gilberto Murillo, quedó integrado por Carlos Amaya, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria, Mabel Lara y Jorge Enrique Robledo. Esta es la mejor prueba de que, después de las controversias internas, la Coalición sigue unida y revitalizada para atraer a esos 8 millones de personas que no han decidido su voto. ¡La Esperanza sigue viva!
Bogotá, D. C, 20 de marzo de 2021
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por Amylkar D. Acosta Medina*.- “Sólo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo”: Warren Buffet
En el año 1990, en mi calidad de Ministro (E) de Energía en mi discurso de instalación de un Congreso latinoamericano de energía que tuvo lugar en Santa Marta plantee dos tesis que se apartaban de los paradigmas del sector eléctrico por aquellas calendas. La primera, aunque controvertida para la época hoy lo es menos: el agua, merced al cambio climático había dejado de ser un bien libre para tornarse en un bien económico y fui más lejos al sostener que el agua había dejado de ser un recurso renovable. Tesis esta que he venido desarrollando y corroborando con el paso del tiempo. La segunda, que los planes de expansión de generación eléctrica privilegiaban el mínimo costo al momento de priorizar los proyectos a ejecutar, pero para mí, sin soslayar dicha variable, era mucho más importante el mínimo riesgo y propuse introducir esta otra variable en la ecuación.
Pero, como dice la canción Pedro Navaja de Rubén Blades y Willie Colón, “la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”. No estaba en mis planes aspirar y ser electo Senador de la República en 1991 y mucho menos que como miembro de la Comisión V del Senado me correspondería coordinar la subcomisión que investigó las causas del racionamiento del servicio de energía eléctrica, más conocido como el apagón, el cual fue una verdadera calamidad pública, que se prolongó durante casi un año, desde el 2 de marzo de 1992 hasta el 7 de febrero de 1993, amén de establecer sobre quienes recaería la responsabilidad de semejante desaguisado. Tuve, además, la responsabilidad de redactar el Informe final de la investigación sobre la actual crisis eléctrica del país.
Si bien lo que precipitó tan drástica como costosa medida fue el fenómeno de El Niño, pudo más la imprevisión, la improvisación, los errores de cálculo y cómo no, la corrupción, que puso su cuota - parte. En efecto, a consecuencia de la sequía, que se prolongó mucho más allá de los pronósticos, la más intensa en 37 años según Instituto Colombiano de Hidrología (HIMAT), llevó el nivel de los embalses de las hidroeléctricas a sus mínimos, al punto que el de El Peñol, que era y sigue siendo el de mayor capacidad registró un histórico 20.66%, lo cual se tradujo en una virtual parálisis del parque de generación hídrica con que contaba el país. Y, lo que era más grave, no obstante que la capacidad total instalada de potencia, de 8.335 MW, superaba en un 13% la demanda máxima en horas pico, el 78% de la misma dependía de la hidrología. En el mix de la capacidad instalada de generación el parque térmico apenas si llegaba al 22%, lo cual se constituyó en la gran vulnerabilidad del Sistema interconectado nacional (SIN).
Irónicamente, en momentos en los que expertos del sector sostenían que el subsector eléctrico estaba “sobre instalado”, pero con esta falencia, se presentó semejante falla. No sólo en Colombia sino en Latinoamérica había un sesgo en favor de los proyectos hidroeléctricos, por una parte porque se asumía que sus menores costos operativos los hacían más competitivos frente a los térmicos y de contera la banca multilateral, especialmente el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sólo contaban con líneas de financiamiento para proyectos hidroeléctricos. Ello inducía y sesgaba los planes de expansión, dado que el 100% de la inversión de dichos proyectos corrían por cuenta de la Nación, que terminó endeudándose hasta la coronilla para dotar al país de esta infraestructura.
Además de esta falla en la planeación del sector y la subestimación del costo racionamiento de energía al darle al agua valor cero, al estudiar las causas del racionamiento salieron a flote varias irregularidades, entre ellas la falta de mantenimiento y overhaul de varias de las plantas térmicas, de modo que cuando se les requirió varias de ellas no estaban operativas, el descalabro del proyecto de construcción de la hidroeléctrica de El Guavio, el cual, además de los sobrecostos injustificados, no entró en el tiempo previsto. Y de remate, de manera improvisada e improvidente se importaron en volandas al país dos barcazas generadoras que nunca generaron un solo kilovatio, fue un fiasco total, agravando aún más la situación ya de por sí compleja.
Adelanté sendos debates de control político en el Congreso de la República sobre el particular, de los cuales dio cuenta el ex ministro de Minas y Energía Guillermo Perry Rubio en el prólogo a mi libro Del racionamiento eléctrico al racionamiento moral, en los siguientes términos: “el debate sobre El Guavio condujo a que, por primera vez se llevara a cabo un juicio fiscal y la Contraloría del Distrito exigiera el reintegro de $2.097 millones por parte de los ex gerentes de la Empresa de Energía de Bogotá…Las conclusiones del debate sobre las barcazas se trasladaron a la Comisión de ética del Senado, la que encontró méritos para solicitar la pérdida de la investidura de uno de los miembros de la propia corporación”.
Por su parte los organismos de control hicieron su parte, de tal suerte que sus investigaciones en el orden disciplinario y fiscal derivaron en destituciones de los responsables e inhabilidades para ejercer cargos públicos hacia el futuro, debiendo responder por el detrimento patrimonial al que dieron lugar sus actuaciones u omisiones. Por su parte la Fiscalía General de la Nación puso a varios de ellos a buen recaudo.
El Presidente de la República Cesar Gaviria Trujillo a través de una alocución televisiva, en horario triple A, le anunció al país las sanciones a quienes reportamos en nuestro Informe como los más responsables de esta pesadilla en que se convirtió para todo los colombianos el racionamiento de la prestación de un servicio tan esencial como lo es el fluido eléctrico.
Cota, marzo 19 de 2022
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por Juan Camilo Restrepo*.- El Fondo de estabilización de combustibles es una buena idea que ha tenido una vida opaca. La filosofía que lo respalda es impecable: hacer ahorros para estabilizar los precios internos de los combustibles cuando suben desmesuradamente los precios externos.
El Fondo ha tenido una vida opaca por dos razones: primero, porque inicialmente el gobierno se reservó el derecho a reglamentarlo a lo cual dijo la Corte: como están envueltos asuntos fiscales quien debe regularlo es el congreso. Ahí se perdieron varios años.
Y, en segundo lugar, porque le ha acontecido lo que a menudo pasa con los fondos de estabilización: cuando los precios suben, no se ahorra; pero cuando bajan todo se traslada a un menor precio interno. Es decir, no se ahorran nada. O muy poco.
Cuando un litro de gasolina se vende por debajo del precio internacional se otorga un subsidio que alguien debe pagar. En teoría el fondo de estabilización de combustibles funciona comparando el precio interno con el externo (precio de paridad). Cuando el primero es inferior al segundo se contabiliza un subsidio que en una primera instancia asume Ecopetrol vendiendo más barato el combustible en el mercado nacional de lo que podría hacerlo en el mercado externo. El agente pagador es Ecopetrol, pero el deudor final de este subsidio es el gobierno que debe reembolsarle a Ecopetrol las diferencias que se acumulen.
Cuando las diferencias entre los precios externos e internos no son muy protuberantes el tema es manejable: se van acumulando pasivos que no distorsionan en materia grave las cuentas fiscales. Y se amortizan poco a poco. Pero cuando por alguna razón los precios externos se distancian bruscamente de los domésticos, se acumula súbitamente una deuda gigantesca a cargo del gobierno nacional que hace parte del déficit público.
Que es precisamente lo que está sucediendo en este momento con la llamarada de los precios internacionales, cuya mecha se prendió con la invasión de Rusia a Ucrania. Alza que, por supuesto, no se está traduciendo en igual proporción en la estructura de los precios domésticos. Desde que se inició la guerra en Ucrania el precio de referencia del barril de Brent ha estado fluctuando alrededor de los US$ 100. Nivel que no se veía hace muchos años.
Un estudio divulgado por la Corporación Financiera Colombiana concluye que de seguir las cosas como van (es decir, con la prolongación de los altos precios internacionales; con la trayectoria que se viene observando en la tasa de cambio; y con el alza muy discreta que es de presumir se mantendrá en los ajustes de los precios internos de la gasolina y del diésel) es de esperar -concluye esta corporación- que el déficit a cargo del presupuesto nacional alcance un nivel a finales del 2022 de $20 billones. Para que se ponga esta cifra en perspectiva piénsese que para enjugar un déficit de esta magnitud se necesitarían dos reformas tributarias como la que se aprobó en el 2021. El tema no es pues menor.
El gobierno saliente, por la magnitud del déficit, debe decirle al país cual va a ser la suerte de este Fondo de Estabilización que, como van las cosas, será uno de los mayores factores de desequilibrio fiscal que recibirá el próximo gobierno.
¿Cuál será la política interna de combustibles que se piensa ejecutar a la luz de las nuevas condiciones internacionales del mercado energético? ¿Cómo se va a enjugar el déficit que se está acumulando en el fondo de estabilización de los combustibles? ¿De qué manera afectará la proyección de las cuentas fiscales del país? Sobre este espinoso asunto el gobierno saliente debe hacer plena claridad.
Es entendible que el precio interno de los combustibles no se reajuste -y mucho menos en la época electoral- en la misma velocidad y monto en que han crecido las cotizaciones internacionales. Pero ello no significa que semejante déficit simplemente se esconda debajo de la alfombra, y se le deje al gobierno entrante la tarea de entender lo que está sucediendo y definir la manera de solucionarlo.
Deben hacerse economías en otros gastos para ir absorbiendo el déficit del Fondo de Estabilización; debe destinarse una parte importante de las cuantiosas transferencias que recibirá el gobierno de Ecopetrol este año para ir absorbiendo parte al menos de la deuda del fondo; y deben dejarse de regalar cuantiosas sumas de recursos fiscales como lo hizo alegremente el gobierno Duque al señalar tres días sin IVA para el 2022 sin necesidad.
Lo que no puede hacer el gobierno Duque es pasar de puntillas sobre este delicado asunto.
Bogotá, D. C, 20 de marzo de 2022
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Gabriel Ortiz*.- Para superar lo que se ha denominado la primera vuelta electoral del 13 de marzo, se acudió a toda suerte de maromas por parte de las tres consultas que querían imponerse: Pacto Histórico, Equipo por Colombia y Coalición de la Esperanza.
El Histórico era favorito según las encuestas y la creencia de los votantes; el Colombia era del uribismo, y la Esperanza, llegaba maltrecha por desacuerdos internos que pudieron alejar a los electores que odian las peleas.
Todos sabían que Fico era el candidato de Uribe y Duque, lo cual le podría traer “balotas negras”, por la caída de imagen de ambos. Tampoco era conveniente que hiciera carrera “el que diga Uribe”. Entonces urgía purificar a Fico.
La estrategia se inició tempranamente: primero con una encuesta en el CD amañada, en la que no hubo claridad y ocasionó álgidas protestas de la Cabal y demás aspirantes. No se sabía si era pantomima, farsa o mascarada. El ganador, Zuluaga calzó tenis rojos y se fue con Uribe a repartir volantes, en medio de abucheos y rechiflas. Cabal, no se quedó con Fico, sino que se plegó a la jugada maestra, adhiriendo a Char.
Votantes y uribistas engañados, no sabían por quién votar, ya que Zuluaga había sido rechazado del Equipo Colombia, por Fico. Al puro final, el CD dio la orden de votar por Federico, mientras el presidente Duque pregonaba su “imparcialidad”, invitando a votar “con la mano en el corazón” por el uribismo, su partido, que en secreto estaba con el paisa.
Zuluaga, puso mala cara al juego, pero obligadamente participó en él, anexándose con premura -en la madrugada del lunes14- al que dijo Uribe.
Así se abrió la posible prolongación del gobierno de los 20 años con el que, dijo Uribe. El Ex, aparece en todos los medios sumamente sorprendido con el volumen electoral de Federico. Perdió las mayorías parlamentarias, pero logró su cometido.
Entre tanto, el Pacto Histórico busca consolidar su supremacía, que puede aguársele, si Petro no atina, afina y perfecciona sus propuestas. Su cauda parece irrompible, pero hay mucho por venir: registraduría, desatinadas promesas y ley de garantías, por ejemplo.
La Esperanza tiene juego si abandona las peloteras en que Ingrid la metió. No se sabe aún si ella estaba en la jugada uribista, aunque su rápida adhesión a Fico, podría delatarla.
La jugada maestra Uribe-Duque, podría asegurarle la Casa de Nariño al expresidente, a quien tanto lo deslumbran la fama, el poder y la fortuna.
Hay 38 o más millones de colombianos, que buscan afanosamente un camino que les garantice una patria nueva, con equidad, esperanza y felicidad. Un gobierno autónomo, sin más amarras y órdenes que las de su pueblo. Sin el que diga Uribe.
BLANCO: Se justificó el viaje de Duque a Estados Unidos: Biden aumentó la ayuda a Colombia, sin condicionarnos a fumigar el país. ¡Buena esa presidente!
NEGRO: La desaparición del gran amigo Hernán Estrada, gran maestro de la TV. Paz en su tumba.
Bogotá, D. C, 18 de marzo de 2022
*Pertiodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinay y Notisuper.
Por Guillermo García Realpe*.- La reciente declaración del fiscal general en materia de advertencias y alarmas sobre los hechos de corrupción y otra serie de circunstancias que amenazan la democracia en Colombia, en las regiones, en los departamentos, puso sobre el tapete temas relacionados con el departamento de Nariño.
El fiscal general de la nación ha manifestado que el departamento de Nariño está en el top 5 de los departamentos con el más alto riesgo de corrupción electoral y eso no es gratuito.
Esto obedece a una serie de hechos y circunstancias que tiene que ver con la administración departamental, con el actual gobernador, con algunos alcaldes que han llevado a esta región a los peores índices de calificación en materia administrativa, financiera y de gestión y otras mediciones de carácter oficial por parte de entidades nacionales, de calificadoras, por autoridades o entidades de control, en fin, por citar solo algunas.
El país conoce ya sobre la intervención a Emssanar, la empresa de salud, eso causó un grave daño y un impacto negativo, afectando el derecho fundamental a la salud específicamente en los departamentos de Cauca, valle del Cauca, Nariño, y Putumayo.
Pero teniendo medidas anteriores como, acuerdos de pago de deudas de hace cinco o seis años, planes de desempeño, luego medidas de intervención, o medidas cautelares y ahora de intervención, a pesar de eso no logró estabilizar el servicio, ni la prestación, ni el reconocimiento de los derechos fundamentales de la salud y menos los índices financieros. ¿Por qué tiene que ver con Gobernación? Pues porque son los socios políticos del gobernador, no sólo desde la campaña si no desde hace mucho tiempo. Segundo, también está siendo motivo de seguimiento el Instituto Departamental de Salud, la red de hospitales públicos como el departamental, Ipiales, La Unión, y el CEHANI, organismo especializado porque al mes de septiembre tenían un promedio todos, de déficit fiscal del 50%.
Esto es lo último, anteriormente hubo pronunciamientos muy severos del Ministerio de Ambiente que, en sus mediciones y análisis de competencia y de gestión, declaró que CorpoNariño era la tercera peor Corporación Autónoma Regional de Colombia, por otro lado la Contraloría General de la República en sus evaluaciones determinó que el departamento con el mayor número de proyectos liquidados, siniestrados o sin ejecución, los llamados elefantes blancos, proyectos que nunca se terminan a pesar de la inversión en recursos porque han sido mal estructurados, mal diseñados, mal contratados y por ende mal ejecutados es Nariño.
Pero, por si fuera poco, esto tan delicado, hay otros escenarios que estableció en su análisis el DNP sobre los índices de gestión financiera correspondiente al año 2020, según ese informe, Nariño fue el último departamento en gestión financiera declarado formalmente por el DNP Y también existen análisis de otro tipo de mediciones, como los índices de competitividad Nariño ha bajado considerablemente en ese aspecto.
Solamente para citar algunos ejemplos, quiere decir que la situación del departamento es calamitosa, definitivamente las últimas gobernaciones, pero especialmente la de ahora, está llevando por un despeñadero al departamento de Nariño, no sólo en índices de gestión si no en índices de carácter administrativo, financiero, en incumplimiento de metas, sino también de graves señalamientos de carácter moral y ético por que ha sido denunciado el gobernador por partidos como el Pacto Histórico y otros voceros políticos que han denunciado al mandatario por su declarada participación política amenazando a alcaldes, chantajeándolos con ofrecimientos o no si se vota en su línea de favoritos al Senado de la República y Cámara de Representantes.
Quiere decir que hoy Nariño está en una muy grave situación que tiene que preocuparle a los ñariñenses y a los colombianos, pero también a los organismos de control que tienen que asumir su función y su desempeño.
Bogotá, D. C, 15 de febrero de 2022
*Senador del Partido Liberal
Por Juan Camilo Restrepo*.- ¿Qué fue lo que dijo exactamente la FAO que tanta molestia le causó al gobierno? Lo mejor en estos casos es citar textualmente la fuente: “Según el panorama de las necesidades humanitarias, hay 3,5 millones de personas con inseguridad alimentaria aguda en Colombia, y el 73 por ciento de los 1,7 millones de migrantes y refugiados venezolanos en Colombia padecían también inseguridad alimentaria grave en 2020”, dijo la FAO en el último informe que divulga trimestralmente con la PMA (Programa mundial de alimentos).
Aparentemente el gobierno se irritó porque la FAO no consignó el inventario de las acciones que ha venido tomando para fortalecer la oferta de alimentos porque el informe nos mete en el mismo canasto de países como Haití, Honduras y Nicaragua; y porque no hizo alusión expresa a algunos documentos Conpes que se han ocupado del tema. Los representantes de FAO dieron alguna respuesta diplomática para apaciguar las iras gubernamentales. Y allí quedó la cosa.
Pero ¿qué hay de fondo detrás de todo esto?
Es bueno comenzar por recordar que existen dos tipos de inseguridad alimentaria: aquella que surge cuando la oferta es insuficiente para atender la demanda de comida. Cuando esta diferencia es muy protuberante la situación puede inclusive desembocar en hambruna. Es evidente que Colombia no está dentro de esta primera categoría. La oferta de alimentos es satisfactoria a pesar de los trastornos que generaron los bloqueos en carreteras y puertos durante la última ola de protestas. Es claro, entonces, que la inseguridad alimentaria de nuestro país no se inscribe dentro de esta primera modalidad.
Pero hay un segundo concepto de inseguridad alimentaria: aquel que se explica no por la oferta insuficiente de alimentos sino por carencia de ingresos para adquirirlos. Colombia cae dentro de esta segunda categoría: la exacerbación de la pobreza que ha causado la pandemia, la inflación y el alto desempleo, han llevado a que una franja importante de la población que la FAO calcula en 3,5 millones de personas que no pueda adquirir el mínimo de calorías requeridas.
Esto es exactamente lo que venía reiterando el Dane aún antes de que lo mencionara la FAO. Según el informe de nuestra autoridad estadística denominado “pulso social”: de los 7,9 millones de hogares que existen en Colombia, antes de la pandemia el 85,5% tenía acceso a tres comidas diarias al paso que a la fecha (diciembre del 2021) solo el 69,1% tiene posibilidades de adquirir las tres comidas diarias. Es decir, 30,1% del universo de hogares (porcentaje que representa 2,4 millones de familias) está en condición de “inseguridad alimentaria” por insuficiencia de ingresos.
Si estimamos que cada hogar está compuesto por cuatro miembros, ello significa que 2,4 millones de hogares (que se traducen en 9,6 millones de personas) sufre actualmente de precariedad alimentaria. Cifra inclusive muy superior a los 3,5 millones que mencionó la FAO que se circunscribió al concepto más estricto de “inseguridad alimentaria aguda”.
Dicho en otras palabras: actualmente hay cerca de 10 millones de personas en condición de inseguridad alimentaria, un tercio de los cuales está en “inseguridad aguda”.
El ritmo que trae la inflación este año, jalonado por fuertes alzas en los alimentos, puede terminar por ahondar el problema. La plataforma “Bogotá cómo vamos” divulgada hace poco reafirma un escenario análogo de pobreza y de inseguridad alimentaria para la capital.
Lo que queda en claro de todas estas cifras es que la cara más amarga de la pobreza es la inseguridad alimentaria y la desnutrición infantil que acarrea. De allí que el gobierno, en vez de rasgarse las vestiduras e irse estrepitosamente contra la FAO, debería más bien reconocer con menos arrogancia la dura realidad de que en este momento hay 10 millones de compatriotas con hambre.
Bogotá, D. C, 114 de febrero de 2022
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Adriana Matiz*.- A medida que la campaña política avanza, nos encontramos con propuestas que no dejan de ser más de lo mismo, con refritos en todo lo propuesto antes. Lo peor, no existe diferencia en este sentido entre las campañas de Congreso de la República y la Presidencia.
¿La razón? Son propuestas personales, los temas de partido se dejaron a un lado y el cambio surge ahora políticamente de una persona, no de una institución democrática.
Podríamos preguntarnos muchas veces, que sería lo ideal: seguir al hombre o, por el contrario, lo que debemos es seguir unas ideas. Cada posición tiene sus ventajas y sus fallas y de eso nos vamos a adherir para defender lo que creamos. Sin embargo, las consecuencias no son tan sencillas, pues de eso depende la gobernabilidad de un país.
Todo este proceso de individualización de la política, podríamos decir que se materializó con la llegada de Álvaro Uribe Vélez al poder. Desde ese momento los partidos empezaron a ser una notaría de avales, pues su posición ideológica y de formas de gobierno fueron decayendo, lo importante era estar aferrados a un poder, ese que encarnaba un solo hombre. Y es que ese dominio fue total, órganos de control, Congreso de la República, partidos políticos y hasta gremios sucumbieron ante la majestad de la figura presidencial. Como país entramos en la confusión de rodear y respaldar ante la crisis a un presidente, a entregarle a su decisión y arbitrio las decisiones importantes, donde como ciudadanos debíamos estar presentes todos, pero pasamos de opinar a acatar a una sola figura.
Las consecuencias hoy se evidencian: es la dependencia necesaria de unas generaciones de colombianos que convirtieron el proceso electoral en la búsqueda del hombre que salve todo, el ungido que no se equivoca para corregir y cambiar todo, pues su sabiduría máxima solo produce propuestas exitosas que nos llevarán al primer mundo. No se necesita a nadie más.
Todo podría folclóricamente aceptarse, sin embargo, el endiosamiento de las personas está llevando a los electores a justificar, perdonar y hasta olvidar todo, desde lo más superfluo hasta lo más profundo en las actitudes de su candidato.
Escándalos de corrupción, personales, de comportamiento y hasta de posturas políticas y pactos con personas que se posicionan en las antípodas de la línea ideológica, son el pan de cada día en esta campaña.
Sería bueno que en algún momento la campaña tomara su rumbo, el que se requiere para lograr posiciones definidas sobre la inminente crisis económica hacia la que avanza el país, no solo producto de situaciones internas, sino de tensiones y la reacomodación mundial después de pandemia; posiciones sobre la violencia e inseguridad en la zona urbana y en las últimas semanas en la zona rural, porque de seguir así este país que solo está viendo show y tick tock de sus candidatos, tendrá a quien, sin dirección, gestione solo la solución de sus problemas. Yeso sabemos por lo acontecido en el pasado, siempre sale mal.
Ibagué, 14 de febrero de 2022
*Representante a la Cámara por el Tolima del Partido Conservador.
Por Amylkar D. Acosta M*.- Continuando con el análisis del texto Centralismo, descentralización y federalismo en la historia de Colombia escrito por el ex ministro José Antonio Ocampo, nos vamos adentrar ahora en la génesis del centralismo y la centralización del Estado colombiano. Luego del pulso entre Bolívar, el libertador y Santander, el hombre de la leyes, en el Congreso de Cúcuta, en torno al centralismo y al federalismo que ganó este último al asumir la Presidencia de la Gran Colombia (1832 – 1837), prolongando su vigencia durante tres décadas (1853 – 1886).
1886 se convertiría en el punto de quiebre, merced a la voltereta de uno de los más caracterizados exponentes del radicalismo liberal, Rafael Núñez. El converso regeneracionista, enantes fervoroso federalista y uno de los gestores de la Constitución de 1863, dio un viraje político de 180 grados. Para Núñez, el radical (1855) “la Federación es nuestra tierra prometida (…) la historia administrativa de la Nueva Granada, casi desde su fundación, es la historia del desarrollo de los fueros seccionales, a despecho de la más obstinada resistencia del poder nivelador, o sea del centralismo”.
Pero, años más tarde renegó del radicalismo liberal, con el que había hecho causa común y había sido participe de la entronización del federalismo. En su diatriba contra esta, después de declararse liberal independiente (1875), afirmó que “el gobierno general (léase Gobierno central) no es, por tanto, sino simple delegatario revestido de especiales atribuciones administrativas por la voluntad de los Estados… Las funciones de la autoridad nacional son limitadas; mientras que las funciones del Gobierno de los Estados abrazan generalmente todo lo que puede ser materia principal de administración pública”.
Al alimón con Miguel Antonio Caro, de acendrado espíritu conservador, proclamó la Constitución de 1886 y a través de esta se revirtió el federalismo, que fue borrado como institución y en su lugar se consagró una estructura del Estado colombiano regida por el principio de una República unitaria con una fórmula dicotómica de “centralización política y descentralización administrativa”, pero que siempre tuvo más centralización política que descentralización administrativa. Se adujo como pretexto por parte de Núñez para dar este giro en U la necesidad de unir “lo que es necesariamente indivisible”. Desde entonces ha primado en Colombia un régimen presidencialista, en donde el Presidente de la República además de ser el Jefe de Estado, es el jefe de Gobierno y Suprema autoridad administrativa. Podríamos decir que este fue el origen primigenio del agobiante centralismo que aún pervive en Colombia.
Como lo sostiene Ocampo, el desmonte del régimen federal y la entronización en su lugar del centralismo a “ultranza” fue traumático, tortuoso y violento, alcanzando su clímax en la guerra civil más cruel y cruenta de todas cuantas asolaron a Colombia en el siglo XIX. Nos referimos a la guerra de los Mil días, la más duradera (17 de octubre de 1899 – 21 de noviembre de 1902) y sangrienta, la que aprovechó EEUU para aupar y estimular el secesionismo que terminó con la separación del departamento de Panamá de Colombia.
Muestra Ocampo cómo “la concentración de los ingresos tributarios en el nivel nacional era ya alta en 1929, pero se acentuó después de la segunda guerra mundial y muy especialmente desde 1967”. No obstante, fue justamente en la administración del Presidente Carlos Lleras Restrepo cuando el centralismo, la centralización y la concentración de poder empezó a ceder, gracias a la reforma constitucional de 1968 a través de la cual se creó el Situado fiscal, una bolsa de recursos del Presupuesto General de la Nación que se le transfieren a los departamentos y municipios. Adicionalmente, se crearon una serie de institutos descentralizados.
Hago la salvedad que si bien se desconcentraron estos recursos, estos iban aparejados con nuevas funciones y competencias que la Nación delegó en cabeza de las entidades territoriales. Por ello, coincido con Ocampo cuando afirma que este paso “aunque de espíritu descentralizador, condujo a la nacionalización de facto de la educación primaria y de la salud a través del control central sobre los fondos educativos regionales (FER) y los servicios seccionales de salud (SSS), dejando a los departamentos sin funciones económicas y convirtiéndolos en meras agencias políticas del Gobierno nacional”. Lo propio ocurrió con los municipios, los cuales “pasaron a depender casi completamente de las transferencias y de las agencias nacionales”.
Según Ocampo los avances obtenidos en materia de descentralización tuvieron un duro revés posteriormente y en su concepto sólo se retomaría su hilo conductor en los años 80 del siglo XX, con medidas tales como la Ley 14 de 1983 y el Decreto – legislativo 232 de 1983, mediante los cuales se incrementó el porcentaje de cesión del IVA a favor de los municipios. Posteriormente, la Ley 12 de 1986 incrementó la cesión del IVA a favor de los municipios del 30% al 50% (¡!).
Cota, febrero 12 de 2022
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- En Colombia hay una crisis alimentaria. El Hambre acecha a pesar de las optimistas declaraciones oficiales. Al gobierno no le gustó que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) la pusiera en el mapa de los 20 países con mayor riesgo de sufrir hambre este año.
Ante la queja oficial, la FAO sacó a Colombia del vecindario de países como Afganistán, Sudán o Haití, pero eso no quiere decir que el problema no exista; más aún, no es solo un riesgo sino que una buena parte de la población está sufriendo hambre o desnutrición.
La encuesta Pulso Social del DANE hace una cruda radiografía de esta realidad: solo el 69% de los hogares en las 23 principales ciudades del país hacen tres comidas al día. Como es muy factible que en las ciudades más pequeñas y en el campo la situación sea aún peor, no es arriesgado decir que por lo menos una tercera parte de los colombianos -más de 17 millones de hombres, mujeres y niños- se acuestan todos los días con hambre.
La situación de las ciudades es muy desigual. En unas como Manizales, Bucaramanga, Cali, Santa Marta o Riohacha, más del 80% de los hogares tienen los tres ¨golpes” diarios; otras como Ibagué, Popayán, Neiva o Bogotá, están muy cerca del promedio nacional. En cambio, en Cartagena y Barranquilla la situación es aterradora: solo el 30% de lo hogares tienen las tres comidas diarias, y el 70% padece física hambre.
Con las cifras del DANE se constata la insuficiencia de los programas de ayudas del gobierno para mitigar los efectos de la pandemia. Fue grande el esfuerzo del DNP de montar el programa de Ingreso Solidario para dar ingresos a 3 millones de pobres, pero el monto de $160.000 mensuales por hogar fue muy bajo como lo comenté en su momento. Por eso el número de familias que hacen hoy las tres comidas diarias son las mismas que había antes de iniciar el programa.
En el extremo, el hambre es morir de inanición, pero la inseguridad alimentaria no solo es comer poco sino también comer mal; es la malnutrición con todas las enfermedades que genera y sus efectos negativos sobre el desarrollo mental y emocional de los niños. Por eso la conclusión de una encuesta del ICBF del 2015 era que el 54,2% de la población colombiana estaban en situación de inseguridad alimentaria, es decir que no se alimentaba bien. Con la pandemia, es seguro que este porcentaje aumentó.
Frente a la discusión entre el gobierno y la FAO, se pronunció una voz muy autorizada, la de la Asociación de Bancos de Alimentos (ABACO) y dijo sin ambages que la situación de hambre en Colombia sí es crítica (https://bit.ly/3rHzQX2). No solo por las terribles cifras del DANE, sino por algo mucho más doloroso: la desnutrición crónica que sufren hoy más del 10% de los niños en Colombia, y los más de 5 millones de adultos o adolescentes que la sufrieron en su infancia y hoy padecen sus consecuencias, pues es una enfermedad irreversible que les impide su adecuado crecimiento y desarrollo.
Hoy existe la capacidad de producir alimentos para toda la población, pero no existe el modelo económico ni la voluntad política para distribuirlos. El hambre debería ser uno de los temas principales de la campaña presidencial.
Cali, 13 de febrero 2022
*Filósofo y Economista. Consultor.
