Opinión

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Volvió el Hay Festival a las calles de Cartagena. El año pasado el confinamiento y la pandemia obligaron a que esta fiesta de la palabra fuera virtual y que en lugar del encuentro cercano con escritores y las tertulias sin final con amigos y desconocidos, tuviéramos que verlos por Internet en la soledad de nuestros cuartos.

Este año, todavía limitados por el virus, el gran esfuerzo de los organizadores logró un festival mixto, con unos eventos presenciales, otros virtuales y la posibilidad de verlos todos en la página web del festival. El resultado fue maravilloso, entre otras cosas porque la tecnología permitió la participación a distancia de personalidades como el artista chino Ai Weiwei, la filósofa Adela Cortina o el expresidente español Felipe Gonzáles.

Hubo temas y autores para todos los gustos. Por supuesto la literatura; la internacional con el nobel africano Wole Soyinca o autores ya consagrados como Leonardo Padura, Irene Vallejo (la del junco) y Jonathan Franzer. Y la nacional con escritores bien conocidos como Juan Gabriel Vásquez, Evelio Rosero, Pablo Montoya o Ricardo Silva para no citar sino unos cuantos.

La “maldita desigualdad” fue uno predominante con la presencia del economista Tomás Piketty junto con otros autores que la analizaron desde perspectivas políticas, filosóficas ambientales y de género. Se habló también de las amenazas a la democracia, del papel del periodismo con el punzante diálogo de Los Danieles, de la emergencia climática y de la corrupción de la farmacéutica norteamericana que se ganó millones de dólares vendiendo opiáceos adictivos.

Para varios de los asistentes uno de los conversatorios más impactantes fue el de la periodista María Ximena Duzán con el sacerdote jesuita Pacho de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad. Emocionante fue el largo y conmovedor aplauso con que lo recibió el auditorio, merecido reconocimiento a una vida dedicada a los pobres y a la construcción de la paz y la reconciliación, muchas veces con riesgo de ser asesinado por paramilitares o guerrilleros, a los que se enfrentó con igual entereza.

El relato del padre Pacho de lo que han escuchado y recopilado en la Comisión de la Verdad, está marcado por el dolor de las víctimas, de familiares de secuestrados o de masacrados para despojarlos de sus tierras, de madres cuyos hijos fueron asesinados por miembros del ejército para cobrar recompensas, de mujeres abusadas, de los millones de desplazados. Y también relatos esperanzadores de victimarios y víctimas que han encontrado el camino de la reconciliación.

Se necesitaba una persona con las calidades morales y la trayectoria del padre Pacho para dirigir el difícil trabajo de la Comisión, que como él lo dice no es decidir cuál es la verdad, sino de descubrirla en las voces de todas las víctimas. Es un ejercicio complejo y doloroso pero indispensable si queremos que en Colombia se supere esta larga guerra de 60 años, se sanen las heridas y podamos vivir en una sociedad justa y en paz. Gracias padre Pacho por su abnegado trabajo.

Bogotá, D. C, 2 de febrero de 2022

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Cristina Plazas*.- He escuchado con detenimiento las entrevistas de los candidatos a la presidencia y los debates a los que han asistido; y, al igual que muchos colombianos, estoy hastiada de ver el ring de boxeo en que se han convertido estos espacios democráticos. Los insultos, acusaciones y propuestas populistas de algunos candidatos han marcado este primer round. Desafortunadamente, no se vislumbran propuestas ni discursos sólidos sobre la forma de proceder en los próximos cuatros años.

Pero lo más preocupante es que los niños han sido invisibles en todos estos espacios, tanto para los candidatos como para los periodistas; aunque no es de extrañar ya que, como lo he demostrado, centenares de veces los niños en este país no importan y menos en campaña porque no votan.

Cómo me cuesta aceptar que hasta el momento no se hayan planteado iniciativas para prevenir el maltrato infantil y el abuso sexual, teniendo en cuenta que cada 22 minutos una niña o un niño es violado en el país y que la impunidad de estos casos es del 95%. El jueves, por ejemplo, se conoció un caso aberrante en el departamento de Caldas. Un hombre confesó que abusó de su hija desde que tenía tres meses de nacida. No me explico cómo pueden ignorar una realidad tan cruel.

Cómo entender que la nutrición de este grupo poblacional no sea un tema central, máxime cuando frecuentemente roban los recursos destinados para dicho fin. Hasta el momento no he oído la primera propuesta de restructuración del PAE.

Cómo explicar que el reclutamiento forzado no sea prioritario en un país donde todos los días cientos de niños son arrebatados de sus hogares para colgarles un fusil robándoles su infancia y juventud: su futuro.

Cómo justificar el silencio de los candidatos frente a la revictimización que sufren miles de niños en el sistema de protección. Esta semana conocí a una niña de 6 años, que lleva 5 años en una fundación. Su proceso inició en una comisaría de familia y por pérdida de competencia fue conocido por un juzgado que determinó hace un año el reintegro de la niña a su familia y hasta el momento el fallo no se ha cumplido porque las entidades no se han puesto de acuerdo en cuál debe asumir los gastos del traslado de la niña. Todas las investigaciones científicas y psicológicas han demostrado el daño que produce en un niño la alta permanencia en una institución de protección. ¿Cómo puede ser que una niña esté alejada de su familia porque el Estado no consigue 600 mil pesos para su traslado?

Cómo no perder las esperanzas si no se han oído propuestas para recuperar el tiempo perdido de los 3 millones de niños que no han asistido al colegio en estos dos años.

Señores candidatos: Estamos hasta la coronilla de sus peleas y de sus egos. En este momento son miles los niños que están sufriendo las más crueles situaciones. ¡Sean serios, carajo!

Bogotá, D. C, 2 de febrero de 2022

*Abogada de la Universidad Javeriana con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Por Paloma Valencia*.- Los precios de los productos de la canasta familiar definen el día a día de una familia vulnerable en Colombia. Subir aranceles a productos primarios, no genera más consumo de los productos nacionales, sino escasez de los existentes, y un aumento automático del precio en los productos de la canasta. La soberanía alimentaria es el camino directo para subir los precios de los alimentos.

Una familia vulnerable en Colombia destina el 23% de sus ingresos para la compra de alimentos y una familia de altos ingresos el 8%. La política de libre mercado colombiana le permite a un jefe de hogar obtener el producto de la canasta familiar más barato posible. Entre dos productos idénticos, como una papa nacional y otra importada, el jefe de hogar puede elegir aquella con menor precio. Por costos de logística y productividad, en la mayoría de los casos el producto más barato es el producido en Colombia: el 80% de los alimentos que consumimos son producidos en nuestro territorio- 24 millones de toneladas. Sin embargo, para tener precios más bajos el mercado importa el 30% de los alimentos que consumimos, cerca de 10 millones de toneladas.

Si el primer decreto presidencial de Petro fuera declarar soberanía alimentaria mediante el aumento de aranceles, al día siguiente tendríamos las centrales de alimentos sin la tercera parte de la comida. Y lo peor aún, la comida tendría entonces precios más altos, pagable por familias de altos ingresos. Una política regresiva.

El siguiente paso, al estilo de la Unión Soviética con sus planes quinquenales o los que hemos visto por Nicolás Maduro, sería decretos presidenciales intentando controlar los precios de los alimentos. Terminaríamos con una inflación sostenida que destruiría el sistema económico.

Otra consecuencia posible serían las represalias internacionales. El ejemplo más utilizado por los economistas es el caso de la ley de Smoot-Hawley de 1930 en los Estados Unidos. El congreso decidió aumentar hasta un 41% el arancel a más de 23 mil productos importados bajo la premisa de que se debía consumir lo nacional. El resultado fue una protesta de más de 20 países. Por ejemplo, Canadá decidió poner un arancel de más del 30% a cerca de 20 productos producidos por los Estados Unidos. Se estima que entre 1929 y 1933, la caída de las exportaciones por la ley de Smooth-Hawley, fue responsable del 21% del declive, que unido a la recesión fue del -16,5% del PIB en los Estados Unidos.

Tres años después la ley Smooth-Hawley fue derogada y en 1946 surgió el GATT como organismo predecesor de la Organización Mundial del Comercio con el propósito de evitar fijación de aranceles unilaterales. Inglaterra también sufrió una crisis económica por la subida de aranceles en 1815 por la ley de cereales que fue abolida en 1846. Las protestas nacionales e internacionales fueron muy grandes, y dieron lugar a la creación del periódico inglés The Economist en 1843 que abogó por el libre mercado y la necesidad de eliminar los aranceles a productos primarios.

Subir aranceles por decreto a productos primarios es condenar a un país a la escasez, a precios altos y a la imposibilidad de exportar. Si queremos consumir más de lo que producimos nacionalmente, la solución es convertirnos en compradores conscientes; aquel que pueda que compre lo nacional. La manera de enfrentar el reto del libre comercio es la productividad. No se trata de vender el mismo producto más caro, sino mejorando la cadena productiva y sumándole valor al producto. Hoy hay retos muy grandes frente a los subsidios escondidos, pero la tarea es luchar contra eso, y no cerrarnos.

Bogotá, D. C, 2 de febrero de 2022

*Senadora del Centro Democrático

Por Gabriel Ortiz*.- Si nuestro país estudiara la historia que transitamos desde la independencia, advertiría que hemos tenido verdaderos prohombres en la política y en el gobierno, que nos podría mostrar el colega Oscar Alarcón, en uno de sus brillantes escritos.

Entre tanto y para fortuna de muchos, apareció el gran escritor Juan Gabriel Vásquez con un extraordinario artículo, que con toda la amplitud desplegó el diario El País de España, bajo el título: “Los viejos y queridos odios”.

Es una pieza que le hace un llamado a las generaciones que han tenido que transitar aciagos, funestos y tristes años, durante los cuales nos inculcaron rencor, fobia, cizaña y demás aversiones para quienes piensen diferente.

Destaca a gobernante ejemplar, que quizás no se ha repetido en nuestro país. Y vale la pena mostrarlo en estos momentos en que más de medio centenar de políticos se muestran para alcanzar la presidencia.

Se trata de Don Carlos Eugenio Restrepo, un líder antioqueño, que fue escogido para gobernarnos después de la despreciable “guerra de los mil días”. Esta nación que, desde la conquista, la independencia y la república era la debacle, requería de alguien pensante, equilibrado, respetuoso de las libertades, garante de la autonomía del Estado y la transparencia electoral; la libertad de prensa y todos esos principios que fortalecen el Estado de Derecho. Además de impedir el monstruo de la corrupción que se veía venir desde esa época.

Cuál sería la sorpresa de un país que sentía los rigores de una guerra que ganó el conservatismo, cuando escogió al “godito” Carlos E Restrepo, para enderezarlo. Hubo alboroto y zozobra y disgusto, porque se trataba de una persona con una rectitud a prueba de todo.

El personaje no se arrugó. Se presentó como un verdadero gobernante, que dibuja magistralmente el escritor José Gabriel Vásquez. Así inauguró su gobierno: “no actuaré como miembro de un solo partido. En la presidencia no seré más que un colombiano”. Y advirtió que sería el guardián de las creencias de todos los colombianos, cualesquiera que ellas fueran.

Don Carlos E Restrepo, es el ejemplo claro de lo que debe ser un presidente. De hasta dónde debe llegar un mandatario que quiera entregarse a su gente para  derrotar los males que afligen a una nación.

Un hombre con este talante no contaría, con el apoyo de dirigentes como los que hoy manejan la multitud de partidos y movimientos de esta Colombia.

Es mucho pedirle a un país en el que la corrupción se impone por sobre todas las cosas. En donde los partidos y movimientos, empezando por el que gobierna, desconocen los principios que se requieren para salvar la patria e impartir justicia social. En donde no haya miseria y que la libertad de prensa permita impedir todos los vicios. ¿Habrá algún Don Carlos E entre tanto palabrero?

BLANCO: Las denuncias de los despilfarros del gobierno. ¡Incalculables!

NEGRO: La partida de nuestro gran amigo y colega Andrés Salcedo.

Bogotá, D.C, 2 de febrero de 2022

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Simón Gaviria*.- La ineficiencia es una oportunidad para irrumpir con nuevos modelos económicos, especialmente si ahorran plata. Es diciente que de manera temporal Mercado Libre haya superado a Petrobras como la empresa más valiosa de América Latina. El cambio digital tiene muchas caras colombianas creciendo en toda la región. Estos van a ser nuestros nuevos líderes empresariales, aparte de los nuevos billonarios. Las grandes fortunas de Colombia se harán durante esta década. Esta transformación está ocurriendo silenciosamente.

Las inversiones en el último año se cuadriplicaron, llegando a US$20 mil millones. Aunque la cifra de inversión solo representa el 3,2% de la inversión global, el potencial de crecimiento es enorme. Según la revista The Economist, la capitalización de las firmas Latinas es de solo 4% mientras en India es 14% y en China 30%. La región viene des atrasándose, según CB Insights, en los últimos 5 años el volumen de transacciones se multiplico veinte veces.

Con Rappi, el primer unicornio colombiano, se consolido un nuevo ecosistema. Abierto a la tecnología, pero enfocado en generar valor para el cliente. Cada emprendimiento exitoso impacta nuevos emprendedores que salen de las empresas existentes. Se inculca escalar rápido el tamaño de negocio, contratar en volumen el mejor talento humano y tener una ejecución pronta. La tecnología permite hacer medición diaria, lo cual influye en la planeación semanal. Lo que no sirve se descarta de manera temprana. A pesar de pérdidas tempranas, se premia el crecimiento exponencial.

Si algo funciona en la informalidad y competencia colombiana, puede funcionar en cualquier lado. Tul consiguió US$181 millones a una valuación de US$800 millones para revolucionar las ferreterías. Ya está en Colombia, Ecuador y México, ahora le están pidiendo expansión a África y Brasil. Kushki, una empresa de pagos, cerró ronda de financiación por US$86 millones a una valuación de US$600 millones. Valienta, transformando las ventas por catálogo, en solo un año tiene 80.000 vendedoras con ventas de más de 30 mil millones en diciembre.

En Brasil o en México, el tamaño del mercado doméstico adormece la expansión internacional. Colombia es suficientemente grande para comprobar una idea, pero no tanto como para dormir en laureles. Empresas como Frubana se expanden rápidamente después de probar su idea en Colombia. La valoración se les aumenta después de probar su modelo de negocio en un segundo mercado. Se debe demostrar que el éxito del negocio no son conexiones locales o suerte. Las siguientes rondas de financiación otorgan retornos de 6x-10x.

Sin tomar en cuenta el éxito de ejecutivos por fuera del país como NuBank donde David Vélez se convirtió en el colombiano más rico. Estamos presenciando la creación de riqueza más grande en la historia del país. Rappi acaba de conseguir US$500 millones a una valuación de US$5.200 millones. Aun con la posibilidad de una burbuja, esto ocurre sin mucha celebración nacional ni colaboración regulatoria. Los emprendedores no desean listar en la bolsa local. Los bancos locales muchas veces no les prestan por sus balances. Pocos están participando de esta bonanza, la cual deberíamos apoyar y democratizar en el país. La ley de mercado de valores que podría incentivar, se queda corta.

Bogotá, D. C, 2 de febrero de 2022

*Actual fellow del instituto Marron en NYU. Ex-director nacional de planeación y presidente de la cámara. También padre de Sofía, Filipa, y Victoria.

Por José G. Hernández*.- El artículo 41 de la Constitución dispone: “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución”.

Es la pedagogía constitucional, a la cual se refirió la Corte Constitucional desde sus primeras sentencias. 

Lo que ocurre hoy en el país -mucho más que en otras épocas, a lo largo de estos treinta años de vigencia de la Carta- muestra claramente la necesidad de la pedagogía constitucional. Porque -ignorando o contraviniendo la Constitución, sus reglas, valores y principios, así como la jurisprudencia constitucional- son muchas las cosas que se dicen, se hacen y se aprueban, tanto a nivel de los altos cargos públicos como en los inferiores, y se advierte también entre los ciudadanos del común. Ello conduce no solamente a una enorme inseguridad jurídica, sino al paulatino desgaste de las instituciones propias del Estado de Derecho.

Esa pedagogía debería ser general, no solamente con los estudiantes, como resulta de la norma. Además de la función estatal de divulgar la Constitución -a lo cual deberían contribuir los medios de comunicación-, sería conveniente insistir en el conocimiento de las normas fundamentales y de la jurisprudencia constitucional por parte de los integrantes de las corporaciones públicas de elección popular, comenzando por el Congreso. Así podríamos evitar el frecuente desconocimiento de las reglas consagradas en la Carta y en los reglamentos sobre aspectos formales y sustanciales de proyectos de ley o de reforma, proposiciones, debates, votaciones, decisiones de control político, derechos de la oposición, uso de la palabra, disciplina interna y hasta atribuciones y límites aplicables a quienes presiden las sesiones.

No se entiende, por ejemplo, cómo sigue ocurriendo que, tras reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, sigue siendo desconocido en las cámaras el principio de unidad de materia -según el cual todo proyecto de ley debe referirse a un mismo asunto, sin que sea admisible la introducción de los denominados “micos”-, o continúe la disconformidad entre el título de un proyecto de ley y el contenido de su articulado.

Tampoco es comprensible que, contra lo expuesto en numerosas sentencias, siga siendo violado el principio de consecutividad y, por tanto, ya en el último debate aparezcan textos normativos completamente nuevos, no conocidos, ni considerados en los debates anteriores. O -peor aún- que, en tratándose de un proyecto de acto legislativo reformatorio de la Constitución, durante el segundo período sean incluidos proyectos de artículos que no fueron objeto de debate en el primer período, cuando la regla del artículo 375 de la Carta Política es perentorio: “En este segundo período sólo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero”.

No está bien que se resuelva -como aconteció el año pasado- modificar una ley estatutaria mediante la ley anual de presupuesto, o presentar un proyecto de reforma para prorrogar por dos años el período presidencial y el de los propios congresistas, sustituyendo claros términos constitucionales. Ni que los presidentes de las cámaras presenten sus personales opiniones como decisiones adoptadas por el Congreso.

Hace falta la pedagogía constitucional.

Bogotá, D. C, 3 de febrero de 2022

*Expresidente de la Corte Constitucional. 

Por Guillermo García Realpe*.- José Albeiro Camayo, líder y ex coordinador de la guardia indígena de la comunidad nasa del Cauca, se convirtió en la víctima más reciente de los grupos armados ilegales que operan esa zona del suroccidente colombiano. Las balas criminales también cegaron días antes la vida del menor indígena Breiner Cucuñame, de tan solo 14 años de edad.

A estos dos homicidios, se suma recientemente el exterminio de Jhon Alexis Collazos, un joven de 23 años perteneciente al Resguardo Indígena de Canoas, sucedido el pasado 10 de enero. Y la lista es larga como lo denuncia el propio Consejo Regional Indígena del Cauca.

Las amenazas en los últimos años a los pueblos indígenas se han recrudecido y ya se ha pasado a situaciones muy graves, como el asesinato de otros líderes indígenas que ejercían autoridad en sus pueblos, como el caso de Cristina Bautista y cinco guardias indígenas, pertenecientes al resguardo de Tacueyó, asimismo, la muerte violenta de la gobernadora del resguardo de la Laguna-Siberia Sandra Liliana Peña, el asesinato del comunicador indígena  del resguardo de Pioyá, Arley Campo, el asesinato de dos guardias del resguardo de las Delicias-Buenos Aires hace algunos días y ahora el asesinato de José Albeiro y Breiner que engrosan las penosas cifras de indígenas exterminados.

Y es que las cifras de muerte en Colombia son aterradoras, de acuerdo al Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), de los 195 líderes asesinados el año pasado en nuestro país, el 25% eran indígenas. Los responsables en la mayoría de los casos son grupos armados ilegales que como la Columna Móvil Jaime Martínez de las disidencias, busca a toda costa apoderarse del territorio y ven en los pueblos indígenas un obstáculo para sus pretensiones expansionistas.

Según el mismo Indepaz, desde la firma del Acuerdo de La Habana, han ocurrido 1296 asesinatos de líderes, y en lo corrido del 2022 ya son 10 los dirigentes sociales asesinados. El panorama cada vez es más sombrío, a fecha de hoy ya llevamos diez masacres en diversos lugares de la geografía nacional, se ha recrudecido la guerra en el oriente colombiano, Arauca y sus gentes son víctimas de carro bombas y de la amenaza permanente de la guerrilla del ELN, que desafía cada vez más la capacidad operacional de las Fuerzas Militares del Estado colombiano. 

Un gobierno indolente, que no le interesa garantizar la paz y la seguridad de los territorios porque se preocupa más  por los grandes negociados y los réditos de la guerra, que preservar la vida de los ciudadanos de la Colombia olvidada. Un gobierno que olvidó garantizar el Estado Social de Derecho, que no le apostó a garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz y por eso hoy la mayoría de regiones tristemente se ha convertido en escenario de violencia, muerte y desolación.

Se hace urgente entonces, hacer un llamado a los organismos internacionales, a los entes de control, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Interior, al Alto Comisionado para la Paz, a la Fiscalía, para que tomen acciones, para que se pronuncien e implementen todas las medidas necesarias para garantizar la vida de los Pueblos Indígenas y de todos los colombianos, ante los hechos de violencia sistemáticos que están llevando aceleradamente al exterminio físico y cultural de las gentes en las regiones.

Es inaplazable también que el gobierno colombiano detenga el genocidio en contra de los Pueblos, en contra de los líderes sociales, de los defensores de la vida y el territorio, en vez de estar proponiendo lo inalcanzable en ciudades como Barranquilla que, en vez de combatir el hambre de la mayoría  de sus habitantes, lo que proponen sus dirigentes es gastar miles de millones en la creación de un circuito de Fórmula Uno. Esa mentalidad de pensar siempre en favorecer a los poderosos y no en amparar a los más vulnerables es lo que debemos cambiar a partir de un nuevo gobierno progresista, incluyente y muy social para acabar con las exclusiones que cada vez son más marcadas entre ricos y pobres.

Bogotá, D. C, 1 de febrero de 2022

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

Por Juan Manuel Galán*.- Wades Davis en su maravilloso libro, “Magdalena, Río de Sueños” explica cómo el pasado, el presente y el futuro de Colombia están, inexorablemente, atados al río grande. Un majestuoso cuerpo de agua que ha sido abusado, abandonado y golpeado por la deforestación y la contaminación, además de tener que haber sufrido décadas de gobiernos muy cortos de entendimiento sobre la importancia de su existencia para todo el pueblo colombiano. Ya no podemos seguir postergando el revivir al río más importante de nuestro país. Por ello, mi propuesta no es sólo garantizar la navegabilidad del río o el acceso permanente y confiable al puerto de Barranquilla, es recuperar el río desde sus fuentes hasta su desembocadura. El Caribe y el país entero deben tener algo muy en cuenta y es que el desarrollo de Colombia nunca será pleno si no salvamos el río Magdalena.

La salvación de la cuenca del río Magdalena y garantizar el acceso al puerto de Barranquilla van totalmente de la mano. No basta con comprometernos a defender el canal de acceso al puerto con la profundidad necesaria para que sea eficiente y atractivo para las navieras, compromiso que asumimos, si no ponemos en marcha, simultáneamente y en paralelo, el plan “Salvar el Magdalena”. Un plan a diez años con la financiación y las acciones institucionales garantizadas que permitan la recuperación ambiental, la redención social y la recuperación económica del río madre de Colombia.

Igualmente, no basta con poner en marcha las inversiones para la navegabilidad desde Barrancabermeja hasta Bocas de Ceniza -programa con el que estamos comprometidos- si no frenamos la destrucción ambiental y la contaminación río arriba, si no preservamos esta esencial vía fluvial desde el estrecho del Magdalena hasta la “Puerta de Oro de Colombia”.

Colombia no puede seguir viviendo de espaldas al agua y a sus ríos. Este ha sido uno de los principales errores que, reforzado por los gobiernos, nos ha llevado a tener bajos niveles de desarrollo territorial. Es decir, si queremos ser un país con desarrollo regional real, en el que las comunidades tengan acceso a procesos productivos sostenibles para vivir dignamente, nuestros ríos deben estar en el centro, junto con nuestros mares, de la política de desarrollo nacional y así lo haremos.

Bogotá, D. C, 1 de febrero de 2022

*Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.

Por Amylkar D. Acosta M*.- La ejecución del megaproyecto de HIDROITUANGO y su entrada en operación están en medio de una gran encrucijada y sigue sin disiparse la gran incertidumbre sobre la suerte del mismo que generó la grave contingencia que se presentó en abril de 2018. Dicha contingencia llevó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a expedir la Resolución 820 del 1º de junio del mismo año mediante la cual suspendió la Licencia ambiental que le había otorgado. En el mismo acto administrativo le requirió a EPM de Medellín presentarle un dictamen pericial como requisito sine qua nom para reconsiderar la medida.

En efecto, dando cumplimiento a la misma se contrató a la consultora chilena Pöyry y EPM radicó su dictamen ante la ANLA, convirtiéndose para ella en una papa caliente en sus manos. Habiendo dispuesto la “la suspensión inmediata de todas las actividades regulares relacionadas con la etapa de construcción, llenado y operación del embalse, que hacen parte de las actividades que se llevan a cabo dentro de la ejecución del proyecto”, sólo le es permitido al consorcio constructor adelantar las actividades y trabajos tendientes a “prevenir y mitigar los riesgos asociados a la contingencia presentada”, tales como poner a funcionar el vertedero o la recuperación de la casa de máquinas. De modo que mientras esté vigente la susodicha Resolución, es prácticamente imposible que entren en operación las primeras dos unidades, como lo ha anunciado EPM, en julio y noviembre de este año, respectivamente.

Lo más preocupante del dictamen pericial de Pöyry es que pese a que sostiene que el proyecto “es técnicamente recuperable”, revela entre sus hallazgos 5 puntos críticos, todos ellos de extrema gravedad, los cuales “pueden resultar, directa o indirectamente, en la rotura de la presa, con las respectivas consecuencias catastróficas”. Y plantea que “la mitigación más eficaz para solucionar este riesgo catastrófico consiste en acelerar en lo posible la puesta en marcha de las ocho unidades de generación” y no sólo las dos que se anuncian desatentadamente.

Y entre sus conclusiones plantea que, en este escenario, para lograr tal cometido es impensable el cambio de ejecutor del proyecto, ya que ello podría acarrear un retraso adicional no menor a un año, con lo cual se estaría acrecentando el riesgo que está latente. Pese a ello, EPM insiste en el cambio de ejecutor a partir de noviembre, cuando concluya la última prórroga al consorcio constructor y para ello se ha anunciado la apertura de una licitación. Ello iría a contrapelo de lo que recomienda Pöyry, de no cambiarlo a riesgo de un retraso mayor para su entrada en operación, tanto más en cuanto que la decisión de la Contraloría General de cerrar el proceso de responsabilidad fiscal abierto contra las empresas que integran el consorcio, varios ex gobernadores de Antioquia, ex alcaldes de Medellín, ex gerentes de EPM y las compañías aseguradoras, luego que estas resarcieran el daño patrimonial establecido por el ente fiscalizador tasado en $4.3 billones, dejó sin piso la razón aducida en su momento por el Alcalde para no prorrogarle el contrato.

Entre tanto la autoridad ambiental dejó establecido en su Resolución que “con base en sus propios análisis, la ANLA definirá si lo consignado en el documento de Pöyry cumple con lo solicitado para un eventual levantamiento de la medida preventiva impuesta a HIDROITUANGO” y será entonces cuando emitirá “un pronunciamiento de fondo en relación a la medida preventiva impuesta” y mientras tanto el tiempo discurre sin que se vea luz al final del túnel.

Huelga decir, que de no cumplirse con el nuevo cronograma planteado por EPM para que las primeras unidades empiecen a generar energía entraría otra vez en incumplimiento de la obligación de entrega de energía en firme (OEF) al mercado, lo cual conllevaría nuevas sanciones tanto por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) como de la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios.

Como se recordará la CREG, mediante la Resolución 154 de 2019, aduciendo “incumplimiento grave e insalvable”, sancionó a EPM con la pérdida de las OEF para el cargo por confiabilidad asignada en subasta convocada por ella mediante la Resolución 031 de 2017 por 1.085 GWH/año por la no entrada en operación de HIDROITUANGO el 1º de diciembre de 2018, como estaba previsto. Ello implicó la pérdida del ingreso asociado a la obligación contraída y la ejecución de una garantía bancaria por valor de US $43.1 millones, la cual hizo efectiva la Operadora y administradora del Sistema Interconectado Nacional (SIN) XM en diciembre de 2019. Por su parte la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le impuso a EPM una sanción en modalidad de multa el 18 de noviembre de 2021 por valor de $1.817.052.000 por el mismo motivo.

El tiempo apremia, además de la contingencia ahora toca lidiar con la incertidumbre que generan estos bandazos y cualquier dilación puede dar al traste con el proyecto, que podría colapsar, comprometiendo seriamente no sólo la seguridad energética del país, sino que se podría exponer a un desastre de consecuencias impredecibles. No hay tiempo que perder, de lo que se trata es de recuperar el tiempo perdido y apretar el paso para acelerar la entrada en operación del proyecto y de paso conjurar el riesgo que puso de manifiesto Pöyry en su diagnóstico.

Santa Marta, enero 29 de 2022

*Expresidente del Congreso. Exministro de Minas y Energía

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Por Víctor G. Ricardo*.- Las elecciones que se acercan deben considerarse como la oportunidad para que los colombianos tomemos decisiones respecto a quienes deben estar representándonos en el Congreso de la República. Estas elecciones se llevarán a cabo el próximo mes de marzo y, con posterioridad a ellas, deberemos elegir a quienes llevarán las riendas del Estado como presidente de la República y vicepresidente, en primera vuelta, si alguien logra la votación calificada será elegido, o en su defecto, si no se lograra tal votación, iremos a una segunda vuelta en el mes de junio en la que participarían los dos primeros candidatos que hayan tenido la mayor votación.

En esta materia sería fundamental elegir en el Congreso a los mejores y aprovechar la ocasión para no elegir a los que han tenido alguna relación con la corrupción o se han beneficiado por decisiones privilegiadas de Estado para fortalecer sus intereses privados, actos que tanto daño le han causado a nuestro país y a los valores éticos y principios morales.

Para la Presidencia debemos ser igualmente cuidadosos pues estamos en un momento crucial para el futuro económico, político y social de Colombia.

Para esta contienda se han presentado cerca de 50 candidatos de distintos partidos y regiones. Incluso se conformaron alianzas como la Coalición Esperanza, la de la Experiencia o la del Pacto Histórico, quienes en cada una de ellas han fijado unas reglas para la escogencia del candidato de cada coalición que se dará en consulta, junto con las elecciones al Congreso de Colombia. Por otra parte, están otros candidatos de partidos y movimientos políticos que si bien no formarán parte de las consultas si irán a las elecciones del mes de mayo para presidente de la República.

En las coaliciones se ha visto cómo se han fortalecido algunas y como se han debilitado otras, fundamentalmente por la actitud de algunos de sus integrantes.

En este último sentido, quiero referirme a actitudes como la de Ingrid Betancourt que la llamaron a participar para sumar y concertar pero terminó destruyendo la coalición y lanzándose ella como la candidata ejemplo de la anticorrupción. Pero a ella se le olvida lo que a los ciudadanos no. Por ejemplo, cómo se hizo famosa en Francia escribiendo libros hablando mal de todos los colombianos, a quienes mostró a todos como corruptos, narcotraficantes e incompetentes, y en contraposición ella se presentaba como la gran y única líder transparente, demócrata y competente. O que cuando siendo candidata fue advertida de no ir a la zona donde se encontraban las Farc y no atendiendo dicha recomendación lo hizo y terminó secuestrada. O que después de un operativo estratégicamente diseñado y ejecutado por las fuerzas militares y su comandante supremo para rescatarla, termina un año después cuando fue invitada a la conmemoración de su libertad, demandando al Estado por una elevada suma de dinero como indemnización a lo vivido. O cómo si hizo alianzas incluso para escribir libros que ahora critica en otros. O simplemente cómo en las entrevistas que ha dado y gracias a que aparece en Colombia en épocas electorales, mostró total desconocimiento de la realidad nacional.

Así no es. Así no se defienden los valores ni la moral.

Debemos estar muy atentos a votar bien y no permitir que los oportunistas, los corruptos, las personas vinculadas a grupos ilegales y en general los que no merecen la dignidad del Estado, lleguen a las corporaciones públicas y menos a la Presidencia de la República.

Bogotá, D. C, 2 de febrero de 2022

*Excomisionado de Paz