Opinión
Por José G. Hernández*.- Colombia, como lo hemos visto y sentido en los últimos años, es una de las sociedades más violentas del mundo. Ese no es un título honroso. Por el contrario, nos avergüenza ante la comunidad internacional. Lo peor es la preocupante tendencia a su aumento, en medio de una preocupante resignación del conglomerado. La mayoría de nuestros compatriotas no se han dado cuenta de las alarmantes dimensiones del fenómeno, o lo consideran normal e inevitable, o dan crédito a las cifras oficiales, siempre orientadas a “tranquilizar”, acudiendo a ingeniosas comparaciones y porcentajes que solamente ocultan la dura realidad.
Además de la violencia planeada y ejecutada por organizaciones terroristas provenientes del narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo; de la ya intolerable, causada por feminicidas e infanticidas, y de la provocada por la creciente inseguridad en las calles de nuestras ciudades, hay otra que se extiende: cada vez son más frecuentes las expresiones de violencia provocadas por la intolerancia. El vecino que reacciona violentamente contra quien, a altas horas de la noche, le solicita bajar el volumen de la música; el que la emprende a golpes contra quienes le sugieren el uso correcto del tapabocas; el que, con un destornillador, asesina a otro por llevar un perro sin bozal; el que dispara a un limpiavidrios por tocar su carro sin permiso; el que discrimina a personas que no comparten ideas políticas, creencias religiosas o preferencias sexuales, son algunos de los casos en que, por cualquier motivo -casi siempre insignificante- una o varias personas resultan muertas o gravemente heridas, humilladas o atacadas verbal o físicamente. Demostraciones de egoísmo, soberbia, envidia o rabia, de quienes no valoran los derechos o gustos de los demás, y menosprecian la dignidad, la vida, la libertad y la integridad de las personas, superponiendo sus propias concepciones o su particular y caprichoso interés.
En cuanto es indispensable para una convivencia racional y pacífica, no cabe duda en el sentido de que la tolerancia es un principio de primer orden en el seno de cualquier sociedad. En el caso colombiano, como resulta de varias normas constitucionales y de la jurisprudencia, podemos afirmar que la tolerancia es un principio constitucional. Surge de conceptos esenciales como la dignidad del ser humano, cuyo respeto se constituye en uno de los fundamentos del orden jurídico; del pluralismo; de la libertad individual en su más pura esencia; de la autonomía personal; de la igualdad, sin discriminaciones; del reconocimiento a la diversidad de opiniones, creencias, género, raza, oficio, nivel económico, intelectual o profesional; de la auténtica democracia, los Derechos Humanos y el Estado Social de Derecho, que son imposibles en un clima de generalizada intolerancia, en especial si se combina con la violencia.
Desde luego, se requiere la formación en la tolerancia y en el respeto a la dignidad humana. Desde la primera infancia en adelante, se debe formar al niño y al adolescente, inculcándoles esos valores. Y, como lo ha repetido la jurisprudencia constitucional, la realización efectiva del derecho a la educación exige un proceso de interiorización y práctica efectiva del pluralismo y la tolerancia, fundamentales para la convivencia armónica en el interior de la sociedad.
Bogotá, D.C, 13 de enero de 2022
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Amylkar D. Acosta M*.- Expedida la nueva Constitución Política en 1991, se abrigaba el temor por parte de los constituyentes de que lo que ellos habían hecho con la mano lo borrara con el codo el Congreso de la República, que se había visto relevado de facto en sus funciones y competencias. En un sentido metafórico, ellos pudieron haber llegado a la conclusión que si se echa vino nuevo en odre viejo este se revienta, se derrama el vino y se pierde el odre, en cambio si el vino nuevo se vierte en odres nuevos ambos se conservan. Por ello tomaron la determinación de revocar el Congreso cuando apenas había transcurrido su primera de cuatro legislaturas.
Esta fue una de las medidas más controversiales y controvertidas de cuantas tomó la Asamblea Nacional Constituyente y como era de esperarse enfrentó el rechazo categórico de parte de los congresistas elegidos en 1990 y cuyo período, el que se vio truncado abruptamente, se prolongaba hasta 1994. Tal decisión tuvo como contrapartida, como solución de compromiso, la inhabilidad de los constituyentes para aspirar en la elección en los comicios convocados para el 27 de octubre del nuevo Congreso que vendría a ocupar el lugar del que se había clausurado, así como también los altos funcionarios del Gobierno que no renunciaran antes del 14 de junio de 1991.
La reacción de parte de los congresistas a la pérdida de su investidura contra el que calificaron como un “golpe de estado, no se hizo esperar. Según ellos, el hecho de que la votación en las elecciones al Congreso de la República en 1990 (7´631.694), duplicaba la de la Constituyente (3´710.557) le restaba legitimidad a esta para revocarlos. Contrariamente a lo alegado por ellos, la revocatoria consagrada en los artículos 1º , 3º y 4º transitorios de la nueva Constitución Política constituyó a la postre un golpe de opinión!
Los congresistas en ejercicio interpusieron varias demandas contra su revocatoria, reclamando el restablecimiento del derecho supuestamente conculcado y una millonaria indemnización por el daño infligido, pero ninguna de ellas prosperó. En el fallo proferido por la Sección tercera del Tribunal administrativo de Cundinamarca se dijo que “la revocatoria del mandato de los congresistas elegidos para el periodo 1990-1994 fue un acto político derivado del poder otorgado por el constituyente primario a la Asamblea Nacional Constituyente y no violó los derechos adquiridos por los congresistas revocados” y que por lo tanto las pretensiones de estos no tenían fundamento.
Al dejar sentado el alto Tribunal que, mientras se instalaba e iniciaba sus sesiones el nuevo Congreso, “el actual y sus comisiones no podrán ejercer ninguna de sus atribuciones ni por iniciativa propia ni por convocatoria del Presidente de la República”, era menester llenar ese vacío. Por ello, se dispuso, en los artículos transitorios 6º y 7º de la nueva Constitución que entró en vigencia, la conformación de una Comisión, más conocida como “Congresito”, integrada por 36 miembros, escogidos por la propia Asamblea Nacional Constituyente.
La misma tendría por objeto “rendir concepto previo no obligatorio sobre los decretos que el Presidente de la República vaya a dictar, en ejercicio de las precisas facultades que le confiera la Asamblea, para adoptar las disposiciones transitorias estrictamente necesarias para suplir las que no hubiere adoptado directamente la Asamblea, para la puesta en marcha de la reforma, las concernientes al régimen electoral que sean indispensables para efectuar los comicios del 6 de octubre de 1991, por no existir norma legal o constitucional pertinente, y las necesarias para la marcha de la administración pública".
Ya instalada, esta “Comisión Especial, con funciones legislativas y de control” político al ejecutivo, que fue como quedó establecido en el reglamento que se dio dicha corporación, sesionó durante dos períodos, el primero de ellos entre el 15 de julio y el 4 de octubre y el segundo entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre, fecha esta en la que entraría en funciones el nuevo Congreso de la República que la relevó, poniéndole término a la interinidad legislativa.
Consumada la revocatoria del Congreso se dio vía libre a la elección de uno nuevo el 27 de octubre, fue esta la primera vez que su elección se daba por circunscripción nacional. Esta, entre otras razones, fue la que me motivó a aspirar por primera vez al Senado de la República, habida cuenta que con ella se daba una apertura democrática, la que, además de permitir la representación de las fuerzas políticas minoritarias en la Cámara alta, se convertía en una ventana de oportunidad para nuevos liderazgos y de contera para que desde las regiones se pudieran proyectar a nivel nacional.
Desafortunadamente, a poco andar y a consecuencia del adocenamiento doctrinario y de la degradación de los partidos políticos, los cuales se tornaron en simples agencias dispensadoras de avales, divorciados de sus bases y de contera los arraigados vicios y trapisondas electorales han terminado por desprestigiar a los partidos, a los políticos y al sistema electoral. Ello explica la creciente aversión ciudadana por los partidos políticos, su baja favorabilidad en la opinión pública y lo que es más grave ha conducido a la pérdida de confianza en las instituciones, poniendo en riesgo la gobernabilidad y su propia legitimidad.
Rionegro, enero 8 de 2022
Expresidente del Congreso, exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por Luis Eduardo Castellanos Ávila*.-La reciente decisión por parte del gobierno nacional de manera afanosa de continuar con la venta de los activos del sector eléctrico a pesar de la nefasta experiencia que ha traído el proceso iniciado desde el año de 1996 para dicho sector, se continúa hoy repitiendo por parte del gobierno del Presidente Iván Duque.
A pesar de ser un gobierno ya en el ocaso, con el sol a sus espaldas de su periodo constitucional, nos encontramos con la sorpresa que el día 13 de diciembre de 2021, de manera afanosa procede el gobierno nacional a dar continuidad a su política privatizadora y para ello se adjudica un contrato, mediante Resolución No. 3151 al Consorcio BTG PACTUAL, por valor de $ 4.898.232.325.
El objeto del dicho contrato es el de “Prestar servicios de asesoría integral y banca de inversión al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para contribuir a la optimización de los activos de la Nación, para lo cual deberá realizar la valoración, y de ser procedente analizar, diseñar, elaborar e implementar plan o programa de enajenación de la participación accionaria de la Nación en empresas del sector eléctrico”, procurando por este mecanismo mediante una banca de inversiones diseñar la estrategia de venta o enajenación de los activos del sector eléctrico en empresas que han mostrado un importante resultado financiero, con solvencia económica, que han cumplido las metas de gestión, pero que ante todo han generan una importante responsabilidad social de lo que es el servicio público esencial, como es la energía eléctrica, (Ley 143 de 1994)
Esta política que se reitera por parte del actual gobierno y que en la praxis nos ha mostrado sus lamentables consecuencias en nuestro país, que a pesar de haber sido replanteada en muchos países del mundo como modelo económico, en Colombia se sigue aplicando donde lo mas reciente y trágico es lo sucedido con Electricaribe, donde incluso si no es por la Corte Constitucional en la Sentencia C-504 del 3 de diciembre de 2020, con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo, donde se declaró inexequible el artículo 313 del Plan de Desarrollo del actual gobierno (Ley 1955 de 2019), en el cual se había previsto el impuesto de cuatro pesos ($4) por kilovatios, hubiéramos tenido que cancelar todos los colombianos el desastre económico y social, la pérdida de los recursos que lapido Electricaribe y condujo a la ausencia de inversión en los departamentos de la costa atlántica.
De esta manera se revela una vez más que la política de desmantelamiento paulatino del patrimonio del Estado y el de seguir entregando un servicio público, que la ley califica como esencial para que se convierta en un negocio, a todas luces, resulta contrario al objeto y fines de Estado como estado social de Derecho.
La teoría que el Estado sea solamente un ente regulador y que sea el mercado el que defina la calidad, confiabilidad y prestación eficiente del servicio; no es cierto. Hoy la praxis nos muestra que el Estado no es un regulador sino que ha terminado siendo regulado por las multinacionales.
Prueba de ello es que hoy tenemos un monopolio en el sector eléctrico. Basta mirar quienes son los propietarios y quienes adquirieron a precio de feria los activos del sector eléctrico y como han ganado jugosas sumas con la venta casi inmediata que se han realizado de las mismas.
Por esta razón, creo que es el momento para proceder a replantear dicha política porque no cumple los fines y objetivos del Estado, todo lo contrario, se ha convertido en un mecanismo al igual que todos los contratos que han caracterizado las últimas administraciones en el gobierno nacional, en una fuente infranqueable de corrupción, en un claro descaro y un perjuicio por el detrimento patrimonial al que sea sometido al Estado en rompimiento del principio de prevalencia del interés general frente al interés particular, eje del estado social de Derecho que prohijó la Constitución Política de 1991.
Recordemos que en el año 2020, llamo poderosamente la atención que bajo el pretexto de la necesidad de enfrentar el estado de emergencia económica y social, el gobierno nacional pretendió la enajenación de activos que hacen parte del patrimonio de la nación, y no cualquier clase de activo, sino activos estratégicos como Isa, Ecopetrol, Cenit, empresas del sector eléctrico como la Electrificadora del Meta, Huila, Nariño y Caquetá, entre otras, para lo cual expidió el Decreto Ley 637 del 6 de mayo de 2020, cuyo contenido marcaba la iniciativa en forma sutil para este fin y para perfeccionar esta venta a su vez expidió el Decreto 811 del 4 de junio de 2020, el cual fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia
C-416 de 2020, al desconocer abiertamente lo establecido en la Constitución Política como facultad legislativa indelegable del Congreso de la República, establecida en el artículo 150 numeral 9 constitucional, donde así mismo desconocía con esta iniciativa, lo establecido en la Ley 226 del año 1995.
La motivación para la venta de las empresas en las cuales el Estado tiene participación, debe ser que aquellas registren reiteradamente un mal momento económico durante varios periodos fiscales, que perjudique los rendimientos financieros de las mismas ubicándoles como inviables financieramente. No es el caso precisamente de las empresas del sector eléctrico que hoy se pretenden ofertar, la venta de estos activos conllevaría a una pérdida de ingresos permanentes para la nación y la disminución paulatina del patrimonio público del estado.
Estamos frente a un nuevo desacierto del gobierno al pretender acelerar los procesos de enajenación de la participación accionaria que posee el Estado en empresas del sector eléctrico, desconociendo los resultados de los procesos pasados, hoy duramente cuestionados incluso por los organismos de control.
La pregunta final es, una vez que se culmine la expropiación de los activos productivos de la nación bajo la ola privatizadora, con la venta al sector privado de los mismos a precio de feria, que seguirá entonces, que quedará para vender por parte del gobierno de turno para mejorar su flujo de caja, seguirá entonces la venta de los parques, la naciente de los ríos, los reservas naturales, las vías nacionales hoy concesionadas?
Si esta va a ser la constante política del gobierno que gira en torno a vender los activos productivos y despojar al Estado de su patrimonio que es de todos y cada uno de los colombianos y colombianas, para la consecución de los recursos con un propósito único según el gobierno de disponer de un flujo de caja para inversiones como el famoso contrato de internet por parte de las MITIC, ya sabemos entonces cual va a ser el destino final de lo que corresponde al patrimonio de todos los colombianos y colombianas.
*Magister en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
Por Lorena Rubiano.- "Cuán inadecuado es llamar Tierra a este planeta cuando es claramente océano". Arthur C. Clarke:
Muy lentamente los habitantes del planeta estamos tomando conciencia de la necesidad de proteger nuestra casa, el planeta tierra.
Mucho congreso mundial, conferencias internacionales, acuerdos, creación de ONGS; en fin, mucha letra muerta y nada de la urgente efectividad como lo necesita nuestra Pachamama.
Es el momento de que todos los gobiernos y países pongamos el ojo y la atención, en un ecosistema fundamental para nuestro equilibrio climático, como lo es el Ártico, el océano y todo su ecosistema.
Para estabilizar el clima global es urgente salvar el Ártico, porque a través de su capacidad, de reflejar radiación solar mantiene las dinámicas globales del clima, lo que evita el incremento de la temperatura, así de claro.
En el océano Ártico y su territorio adyacente, que conforman cientos de comunidades rusas, canadienses, finlandesas, estadounidenses, daneses, (Groelandia), finlandeses, islandeses y noruegos.
Territorio con enormes riquezas, con 30 millones de kilómetros cuadrados de océano y de ecosistemas terrestres con áreas aun vírgenes, una inmensa biodiversidad, con gran número de especies, aves migratorias y especies emblemáticas, pero muchas de ellas en situación crítica por su alto riesgo de vulnerabilidad.
Es muy preocupante que solo la rapidez con que se está perdiendo la masa polar, éste llamando la atención mundial sobre la necesidad de establecer un acuerdo global de protección del Ártico, encabezado por los países interesados en el tema como Rusia y China, los Estados Unidos y Canadá, entre otros.
La navegabilidad en el Ártico crece muy rápidamente, hay inmensas posibilidades de explotación económica y la importancia del tránsito entre los principales puertos europeos y los puertos del norte de China dura cuarenta y ocho días, a través de los canales de Suez o Panamá, mientras que a través de la Ruta del Norte rusa se necesitan tan solo quince días, o sea, la tercera parte.
Hay que reconocer que Rusia es el país que más conoce el Ártico, lo ha estudiado, lo protege y además, el dieciocho por ciento del territorio ruso se sitúa en el círculo glacial Ártico, siendo el este, la mayor salida al mar de Rusia.
El programa integral propuesto por Rusia, implica la cooperación multilateral en las siguientes áreas prioritarias:
- Pueblos del Ártico, incluidos los pueblos indígenas
- Protección del medio ambiente, incluido el cambio climático
- Desarrollo socioeconómico
- Fortalecimiento del Consejo Ártico
Rusia lleva varios años realizando una limpieza general del Ártico y viene trabajando, en la protección del medio ambiente y en 2019 lanzó el Proyecto Ambiental Integral Limpio del Ártico para restaurar los ecosistemas.
Bogotá, D. C, 2 de diciembre de 2021
Por Gabriel Ortiz.- “Presser le citron”, exclaman los franceses cuando los hartan, los desesperan, los irritan y los jeringuean. Es un modismo para eludir palabras que en español rozan con la copulación.
A Sergio Fajardo, candidato de la Coalición de la Esperanza, lo sacaron de quicio. Le exprimieron el limón esos soterrados enemigos, que no cesan de acusarlo de participar en los dudosos manejos de Hidroituango.
Se dice que hay un grupo, comandado por el expresidente Gaviria, que siente ya los pasos de animal grande con la candidatura de Fajardo. Por ejemplo, que el actual Contralor Carlos Felipe Córdoba, ficha de Vargas Lleras y César Gaviria, unidos con el exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, se aliaron en combo para descalificarlo.
En Colombia es usual utilizar armamento sin olor a pólvora para destruir adversarios.
Varios excontralores, -Maya, Morelli y Junior Turbay- han respaldado la actuación de Córdoba y han justificado todos los argumentos de la investigación sobre Hidroituango, que alcanza a 4 billones de pesos y ha determinado un retraso en las obras. Intervinieron para horadar el piso al candidato de la Coalición de la Esperanza.
Quienes le han seguido la pista al cambiante precio del dólar, divisa que se trepó al cuarto piso, haciéndose inalcanzable para importadores, consumidores, industriales y viajeros, miran con asombro los súbitos altibajos de los US$, que ponen en peligro la reactivación, el empleo, los créditos internacionales y general la estabilidad económica.
A Fajardo le cobran falta de clarividencia, sobre la devaluación del peso frente al dólar, cuando se firmó uno de los préstamos para financiar la construcción de la hidroeléctrica. Esperaban que acudiera a la bola de cristal.
El aspirante a la presidencia ha tenido que soportar lluvia de ataques, para frenarle su llegada a las urnas.
Gaviria, Cesar, arrancó carcajadas a quienes quisieron conocer sus razones para combatir a Fajardo. Esperaban pronunciamientos con fundamento, pero se encontraron con una foto en la que aparecía como un Papá Noel, sin el camauro rojo, que al pie de un árbol de navidad rezaba estas palabras: “Gaviria está en modo navidad”.
Así las cosas, Fajardo seguirá siendo el blanco en esta disputa electoral, que cada vez despierta más dudas en la opinión pública.
Estamos a pocos meses de que, el de Duque, “sea el gobierno anterior”, al que se le aplique el espejo retrovisor 22.
Por eso se necesita mirar y manejar con seriedad, optimismo, respeto y sensatez el debate electoral que se avecina, porque Colombia requiere sin dilación alguna dirección y orientación que a pesar de la pandemia, traiga desarrollo, empleo, riqueza y productividad, que eliminen la pobreza y la desesperanza. ¡Colombia está jorobada! Tenemos que salvarla.
BLANCO: Verde Oxígeno y Salvación Nacional, entran en la escena. Dos partidos con nuevos candidatos. Esa es la democracia.
NEGRO: Biden no había pensado en venir ahora a Colombia. Otro engaño con el que ilusionaron a Duque. ¡Qué fiasco! Olvidaron que apoyaron a Trump.
Bogotá, D. C, 2 de diciembre de 2021
*Exdirector del Noticiero Nacional. Telematinal y de Notisuper.
Por José G. Hernández*.- Se avecinan las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes, durante las cuales hay lugar al encuentro entre familias, amigos y compañeros. Una época de paz, amor y reconciliación. Un tiempo propicio para estrechar los vínculos entre las personas, para el merecido descanso y para el sano esparcimiento.
Ocurre, sin embargo, que este año -como en 2020- esas festividades, tanto en Colombia como en el mundo, se deben celebrar de manera muy distinta a la acostumbrada. A ello nos obliga la expansión del virus covid-19, cuyas nuevas variantes han puesto en alerta a los gobiernos de todo el planeta.
La Organización Mundial de la Salud acaba de advertir que la más reciente cepa del coronavirus, proveniente del sur de África y conocida como “ómicron”, presenta “un riesgo muy elevado” para la humanidad, y existen muchas incógnitas sobre sus características.
Se trata -dice la OMS- de una “variante muy divergente con un alto número de mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes y pueden estar asociadas con un potencial de escape inmunológico y una mayor transmisibilidad”. Luego el asunto no es de poca monta.
Como lo hemos expresado, si bien no se trata de generar pánico, debemos reconocer que el fenómeno es suficientemente grave como para tomar conciencia del peligro que representan los previsibles eventos de contagio y transmisión de la enfermedad, con sus delicadas consecuencias.
Por eso, a la vez que los gobiernos y las autoridades sanitarias están en la obligación de adoptar medidas, restricciones y previsiones, ante una pandemia de mortales efectos, todos y cada uno de los habitantes tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades para preservar precauciones y cuidados proporcionados a la amenaza, que no ha desaparecido. El covid-19 está presente y cerca. Nos acecha.
Los científicos han logrado, en tiempo récord, elaborar las vacunas. Ellas, aunque no garantizan protección absoluta, constituyen el medio más eficaz hasta ahora conocido para disminuir los riesgos, y es evidente que han conseguido salvar muchas vidas. Preguntémonos cuál sería el panorama actual, en el mundo, si no se tuvieran las vacunas.
Lo lamentable ha sido la concentración de esas vacunas en determinados países y la discriminación en contra de los demás, así como la prevalencia de las patentes y los intereses económicos sobre la solidaridad, el bien común y las razones humanitarias.
Ahora bien, nuestra Carta Política establece reglas que parecen escritas para esta coyuntura, pero que provienen de 1991:
- “Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad” (Art. 49).
- “Son deberes de la persona y del ciudadano (…) respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; (…) obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas” (Art. 95).
Vacunémonos e invitemos a otros a vacunarse. No nos descuidemos. Apliquemos medidas de bioseguridad. Evitemos las aglomeraciones. Usemos tapabocas. Lavémonos las manos. Sigamos con el distanciamiento. Hagámoslo, por nosotros y por los demás, para que no pasemos de las fiestas decembrinas a los cuidados intensivos o a las exequias.
Bogotá, D. E, 1 de diciembre de 2021
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Robinson Castillo.- Hay muchas personas, que hablan mal de las empresas para las cuales trabajan, conspiran contra ella. Los verdaderos enemigos de las instituciones, se encuentran casi siempre, al interior de las entidades.
Es una estrategia caníbal. No soportan el crecimiento de la misma entidad que les da de comer, en realidad no les importa, lo que sí les importa es tragarse y llevarse por delante lo que no les conviene, así sea bueno para la Corporación.
Este tipo de comportamientos, destruyen por dentro la organización. Sustituyen el interés general por el propio. Es una especie de secuestro de la misma institución y después tienen el descaro de reclamar por la mala imagen de la misma. Son enemigos internos, de lejos.
Ejercen un falso patriotismo institucional. Ostentan poder y a la vez son oposición. Se atraviesan a las buenas prácticas empresariales. Es un fenómeno muy recurrente en no pocas entidades. En casi todas, abundan estos personajes.
Son mediocres profesionales. Desde zonas de influencia, no hacen cosa distinta de profesar y justificar ideas contrarias que atentan contra su propia casa laboral. Tienen exceso de intriga y les falta valentía.
Otro rasgo que los caracteriza es la arrogancia. Posan como intocables, meten miedo. Todo lo hacen con cálculo, no obstante, en el fondo son torpes. Ninguna empresa, entidad o incluso grupo de trabajo pequeño, se escapa.
Y no entienden algo elemental en toda Corporación de trayectoria. El verdadero enemigo se encuentra afuera. Aunque estos contradictores internos, contribuyen en gran medida, para los ataques externos. Mutan a un caballo de troya.
Pero no todo es pésimo. Las actitudes de hostilidad interna, en la mayoría de ocasiones resultan ser frágiles, efímeras, parcializadas. Son triunfos coyunturales. En algún momento, son expuestos al público y terminan al margen. Aunque estos procesos no son tan rápidos.
Bogotá, D. E, 1 de diciembre de 2021
*Comunicador Social-Periodista.
Por Gabriel Ortiz*.- Todos los países, todos los presidentes, primeros ministros y gobernantes, se rodean de expertos en las diferentes materias, para que los asesoren, con dignidad, confianza, rectitud y fidelidad.
Especial cuidado dan a las relaciones exteriores, razón por la cual se asesoran de personas eruditas y letradas en estas materias, a las que denominan “cancilleres”. Cuando deben atender asuntos foráneos, consultan primero con ellos y con otros consejeros u organismos que las constituciones permitan.
Los gabinetes, los organismos, ciudadanos y comunidades, deben abstenerse de cualquier intromisión, porque hay una línea que se impone, dada la delicadeza que requiere el manejo a la política exterior de una nación. Solo el mandatario y su canciller -previa autorización- tienen facultades para pronunciarse sobre estos sensibles aspectos. La totalidad de los funcionarios gubernamentales, asesores y demás organismos tienen la obligación de guardar silencio.
Opiniones puede haberlas, de parte de los ciudadanos, mas no de quienes están dentro del gobierno.
Nadie ha podido entender la intromisión del Ministro de Defensa en las relaciones de Colombia con Irán, país con el que mantenemos buenas relaciones desde hace décadas. Otra cosa es hablar de Hezbolá, como grupo terrorista.
Nuestras relaciones con Israel han sido valiosas, productivas y edificantes, pero de ahí a inmiscuirnos en sus problemas, es una zalamería innecesaria.
Casa de Nariño determinó que el Presidente no puede viajar, ni estar en una misma ciudad, con su canciller. Por ello rellenó el avión presidencial con cuanto espécimen se encontró, dejando a la Canciller fuera de la comitiva. Ella en uso de sus funciones se fue al Japón en misión oficial, mientras Duque se recreaba por Europa y el Oriente, a donde le cayó el ministro Molano.
Como nadie de este gobierno, puede quedarse callado cuando ve un micrófono o una cámara, se obnubiló y sacó toda su artillería contra Irán, para congraciarse con Duque e Israel. Enarboló así, la bandera del canciller de la guerra.
Aunque la ropa sucia se lava en casa, cualquier país hubiera afilado la pluma presidencial para sentenciar que no son lícitas las intromisiones en las funciones del Presidente. Un “paso en falso” se debe pagar con un “paso afuera”.
Duque no puede quedarse sin funciones, no puede convertirse en un simple viajero recolectando dinero, tecnología y apoyo que dice traer para nuestra recuperación, tras la funesta pandemia.
¿Qué actitud debe adoptar la Canciller Marta Lucía, a quien Molano dejó sin funciones?
Muchos especulan que habrá una especie de “crisis ministerial”, para poder salir de Molano, sin que pueda él -que nació en el Hospital Militar y estudió en colegio castrense- enfadarse con este gobierno.
El sol a las espaldas suele golpear más duro, cuando las cosas se le salen de las manos al hombre que tiene el timón.
BLANCO: El abogado y periodista Alberto Abello pide declarar nula candidatura de David Barguil. “Fue a dedo”.
NEGRO: Por culpa de Vanti, cortan gas a centenares de usuarios. Les falló el sistema de cobro. Qué irresponsabilidad.
Bogotá, D. C, 11 de noviembre de 2021
*Periodista, Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Simón Gaviria*.-De vez en cuando, más grande es más fácil o por lo menos, ese es el caso de la protección de la Amazonia. Tiene más sentido la conservación integral que el esfuerzo aislado de cada país. Desde la óptica de consecución de recursos, pocas causas son tan estratégicas globalmente como la defensa de la Amazonia. Eventos como la COP 26 son idóneos para retar al mundo con grandes iniciativas. Aunque esfuerzos menores de donantes son siempre bienvenidos, como países Amazónicos debimos plantear algo en grande en recursos y acciones. Otros si lo hicieron, cientos de millones de dólares se fueron a multilaterales para que después no los presten.
La Amazonia y playas de Ipanema definen a Brasil, en Perú es parte de su identidad y riqueza culinaria, pero en Colombia le damos la espalda a nuestra selva. Su lejanía logística y poca población, junto a su bajo aporte a la economía la han convertido en cenicienta. Algunas zonas Amazónicas son tierra de nadie en donde prospera la ilegalidad, el turismo es prácticamente nulo y no son prioridad de inversión.
De los 7.4 millones km de la Amazonia, 6,2% están en Colombia. La habitan 50 millones de personas, incluyendo 2.5 millones de indígenas hablando más de 300 idiomas. El Amazonas alberga 10% de la biodiversidad global, 20% del agua dulce y 60% de los bosques tropicales del mundo. Lamentablemente, según Science Panel of the Amazon, durante 50 años se perdieron 17% de los bosques nativos.
El respiro que la pandemia, al cesar actividad humana, le dio a otras ecosistemas, no aplicó para la Amazonia, durante ésta se arrasaron más de 2,3 millones de hectáreas de bosque natural, el equivalente de una cancha de fútbol cada minuto. A pesar de un nuevo enfoque legal de protección, en el 2020, por segundo año consecutivo, Colombia lidera el número de asesinatos de defensores ambientales en el mundo.
¿Y América Latina?
Los retos sociales ya eran grandes antes de la pandemia, el 59% de la población del departamento del Amazonas vivía con inseguridad alimentaria. A esto se suma la intensificación de las lluvias durante 2021 que eliminó cosechas ya estructuralmente débiles. El contexto social explica, en parte, la minería ilegal de los ríos Amazonas y Cotuhe, núcleos de deforestación del Parque Nacional Amacayacu, así como alta deforestación en la zona de frontera con Brasil y Perú. La visión de responsabilidad social y ambiental es la requerida.
Colombia lideró el Tratado de Leticia en el 2019, en sus principios es un documento idóneo. Un hito institucional que crea la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Es hora de materializar en proyectos de inversión los propósitos de la iniciativa. Aunque hacen falta más esfuerzos como la del Instituto Igarape construyendo datos sobre la Amazonia, estamos tarde frente la estructuración de iniciativas, hay definir que se va a invertir los recursos y hacerlo.
Plata hay, el BID lanzó un fondo principalmente de deuda por US$645 millones para la Amazonia. Habría más fondos si nos enfocamos en nuevas áreas como bonos globales de carbono. La clave es entender que cohabitar con la riqueza natural no es suficiente, se requiere ofrecer resultados. Salvar al Amazonas no se puede quedar en construcción de burocracia ni consultores internaciones, Colombia debe entender que también es Amazónica.
Bogotá, D. C, 11 de noviembre de 2021
*Simón Gaviria, actual fellow del instituto Marron en NYU. Ex-director nacional de planeación y presidente de la cámara.También padre de Sofía, Filipa, y Victoria.
Por Robinson Castillo*.- No existe tal exactitud. No obstante; muchas de las leyes aprobadas, ponen fin a muchas angustias de la gente. Por el Congreso de la República pasa el país. Es el retrato de la sociedad. La representatividad es amplia. Esto permite una primera y gran conclusión: No hay perfección.
La perfección en los distintos escenarios de una nación, no es posible. Todas las instituciones tienen virtudes, aciertos y fragilidades. Unas más que otras, menor o mayor proporción. Esto no es un análisis conformista, es la realidad.
A los parlamentos se les reclama con frecuencia inusitada, mayor tiempo frente a una curul. La acumulación de horas no debe ser la medida exacta de un trabajo legislativo, es el resultado en leyes lo que realmente tiene un efecto sobre la sociedad.
Ley de borrón y cuenta nueva, de autoría de dos congresistas, es una prueba irrefutable de ello. ¿Cuántos días en comisiones y plenarias duró el trámite de este proyecto? Tal vez, este dato no será relevante para más de 10 millones de colombianos que saldrán ¡Por fin! De las centrales de riesgo.
Lo que de verdad importa es el beneficio a la gente de una ley. No obstante, el enfoque, a mi modo de ver equivocado, es la presencia de los congresistas en el recinto del Capitolio. Es la calidad y no la cantidad.
Hay otra ley cuyos beneficiarios se cuentan por millones. Se trata de la Ley del Soat, más de 15 años sin que se lograra avanzar en una reforma. Y este tipo de noticias tiene sin duda su exposición amplia, pero no tanto como los errores individuales.
A veces no hay críticas, sino gritos. Adjetivos fluyen sin fin. Es otra especie de deporte nacional, pero la Institución está obligada a resistir, explicar y seguir. Es la manera inequívoca de una expresión democrática.
Se neutralizan los procesos de escucha. Uno advierte que se agita a la opinión pública, sin entregarle los suficientes argumentos, lo que desemboca en absoluta negatividad hacia las corporaciones.
Los parlamentos han cargado a cuestas esta historia mediática: Sus aciertos gozan de una actualidad breve, fugaz y efímera. Los cuestionamientos por el contrario, tienen varias entregas. En los países sin democracia, extrañan a los congresistas.
Bogotá, D. C, 11 de noviembre de 2021
*Comunicador Social-Periodista.
