Opinión
Por Simón Gaviria*.- Durante septiembre finalizará la vacunación de más del 35% de colombianos, también serán 5 millones de casos de Covid-19. Aunque hay avances, la negativa a vacunarse de 30% del país y la pérdida de eficacia de vacunas desde el sexto mes, hace inviable la inmunidad de rebaño. Entre tanto, un tratamiento colombiano de nebulizaciones espera aprobación en el Invima tras cerrar fase 2. En paralelo, el Regeneron, un milagroso tratamiento de anticuerpos monoclonales, cambio el manejo de la pandemia. La prioridad debe seguir siendo la vacunación, pero se debe empezar a garantizar tratamientos, no solo prevención. Así esto requiera diplomacia, no se puede esperar.
El tratamiento Covid-19 – URS000 en más de 3.750 usos tiene más de 97% de efectividad previniendo hospitalizaciones. Ya cerrando su fase 2, este esquema de nebulizaciones en el hogar, disminuyó la carga viral en 100% de los casos. Liderado por el Doctor colombiano Carlos Riveros, no tiene complejidad de suministro, se aplica en casa. También ha tomado popularidad en la Florida, en los trámites del Invima se debe priorizar estas soluciones.
Cuando a Trump le dio Covid-19 recibió un coctel de anticuerpos monoclonales: Regeneron. Administrado en los primeros 10 días, se reduce en 70% las hospitalizaciones, si es en los primeros 4 más del 90%. Pero no solo Trump, personas importantes o vulnerables, en EEUU, se le da Regeneron. El Gobernador de Texas tres veces vacunado con Pfizer, cuando se infectó, Regeneron. Los testimonios son de mejoras totales entre 18 y 36 horas, con narrativas anecdóticas de efectos anti-envejecimiento. En el estudio de 2.000 adultos mayores de la Clínica Mayo, no hubo ninguna muerte.
Estos cocteles de anticuerpos monoclonales son los primeros tratamientos diseñados contra el Covid-19. Se trata de réplicas sintéticas de anticuerpos como las de sobrevivientes del virus. El Regeneron simula un sistema auto-inmune eficaz, pero aumentando los anticuerpos más capaces de bloquear el “spike” que usa el virus para propagarse. El reto es que deben ser administrados de manera intravenosa. Su costo de US$2.000 por tratamiento, aunque elevado, es un ahorro sustancial frente a días de hospitalización.
Con aprobación de emergencia en EEUU, el incremento de casos en agosto por la variante Delta, aumentó en 1.200% los despachos de Regeneron. En la equivocada decisión de Florida de no fomentar la vacunación o el uso de máscaras, Regeneron es su principal estrategia. Si bien el Regeneron ofrece una protección de 93% frente al Covid-19, según la empresa, sus efectos solo duran unas semanas. No son un sustituto de las vacunas, pero críticos para la población hostil a la vacunación y a los vacunados que les da Covid-19.
En agosto de 2021 el Reino Unido dio luz verde al Regeneron en su sistema de salud. Colombia debería ser pro-activo, no esperar el consenso de entidades multilaterales para garantizar suministros. No hay que esperar que Covax negocie precios bajos mientras quedamos de últimos en la lista de entrega. Si hay que pagar un poco más ello se justifica en dinero y vidas. Tan exitoso como es Min Salud, esto requiere de Washington, Cancillería y Presidencia para lograrlo. Por lo menos, darle prioridad a la posible salvación que espera en el Invima.
Bogotá, D. C, 14 de septiembre de 2021
*Actual fellow del instituto Marron en NYU. Ex-director nacional de planeación y expresidente de la Cámara de Representantes de Colombia.
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Los medios están colmados de noticias y artículos sobre los 20 años del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York. Con razón, porque ese atentado marcó la historia del siglo XXI, que en su eterno retorno vuelve ahora con la retirada del ejército estadounidense de Afganistán, después de 20 años de una guerra inútil que solo sirvió para reemplazar al gobierno represivo de los talibán con un gobierno represivo de... los talibán.
Tanta difusión mediática sobre este aniversario opaca el recuerdo y la conmemoración de otro 11 de septiembre luctuoso, el de 1973. Ese día aciago se produjo uno de los más sangrientos golpes de estado de la historia latinoamericana, cuando el traidor general Pinochet derrocó al gobierno legítimo de Salvador Allende, el primer presidente socialista elegido por el voto popular.
Los Estados Unidos fueron actor principal de ambos hechos: en el de 2001 como víctima del terrorismo, y en el de 1973 como victimario terrorista, pues ya se conoce el papel protagónico de la CIA y Nixon, el “sanguinolento presidente, el genocida de la Casa Blanca”, como lo llamó Pablo Neruda, que financiaron y organizaron los cacerolazos y entrenaron a los militares golpistas.
Están vivas en la memoria las imágenes del día del golpe, con el ejército tomándose las calles disparando contra civiles desarmados, y el bombardeo del Palacio presidencial por la aviación chilena. Después, la noticias dolorosas de la represión contra los opositores a la dictadura, la violencia, los asesinatos y la tortura cometidos en nombre de la civilización cristiana para conjurar el peligro comunista. Luego, las reformas económicas neoliberales de los Chicago Boys que hicieron de Chile una de los países con mayor desigualdad en la región.
Pero también resuenan la proféticas palabras del presidente sacrificado, en su última alocución al pueblo chileno bajo el estruendo de las bombas de los traidores: “Trabajadores de mi Patria, sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.”
Pasaron 17 largos años para que el pueblo chileno tumbara en las urnas la corrupta dictadura y se abrieran las grandes alamedas. Volvieron la libertad y la democracia, aunque restringida porque siguió vigente la Constitución de Pinochet. El modelo neoliberal se suavizó un poco con reformas sociales que disminuyeron la pobreza, pero continuó la enorme concentración de la riqueza.
Las tensiones sociales producidas por la inequidad explotaron a finales de 2019, cuando el baile de los que sobran condujo a una inédita Asamblea Constituyente, en la que la mayoría no la tienen los partidos tradicionales, ni de izquierda ni de derecha sino nuevos movimientos, ambientalistas, de izquierda o independientes. Este otro 11 de septiembre es un aniversario trágico, pero lleno de esperanza porque se vislumbra que abiertas las grandes alamedas se podrá construir una sociedad mejor.
Bogotá, D. C, 14 de septiembre de 2021
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por Juan Camilo Restrepo*.- Ha sido elogiado el retorno de López Obrador, en su política exterior, a la que se conoce como doctrina Estrada que reafirma la autodeterminación de los pueblos como guía de las relaciones externas del país azteca. Sus antecesores pretendieron imponer de malas maneras los derroteros de la política internacional mejicana en especial con Venezuela.
Este giro le ha permitido a Méjico ser anfitrión aplaudido de las conversaciones entre el gobierno de Maduro y el frente opositor venezolano. Conversaciones que se han reanudado en suelo mejicano con el acompañamiento de Noruega, Rusia y Países Bajos. No hay que hacerse exageradas ilusiones sobre estos diálogos. Pero tampoco subestimarlos. Pueden ser la puerta de salida de lo que sin duda es el mayor impasse de la democracia latinoamericana en estos momentos.
Por eso sonaron chocantes las declaraciones de nuestra canciller-vicepresidente en Ecuador diciendo que dichas negociaciones tenían que circunscribirse exclusivamente al punto de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. Y a nada más. Declaración similar hizo el presidente Duque. Tuvieron la apariencia de un diktat inoportuno. Tanto más cuando el gobierno de Maduro y el frente opositor han definido ya una nutrida agenda de temas que van a ser objeto de los diálogos. De hecho, ya llegaron a dos acuerdos tempranos: uno sobre el Esequibo y otro sobre los activos congelados que tiene Venezuela en el exterior.
El tono que debe utilizar la diplomacia colombiana para manejar las relaciones con Venezuela debería estar presidido por la sindéresis y orientado por el pragmatismo que aconseja la realpolitik. No es con las estridencias del fracasado grupo de Lima ni con altisonantes conciertos en la frontera como vamos a derrocar el régimen de Maduro. Hay que ser realistas.
Después del fiasco de Afganistán es muy improbable que los Estados Unidos vayan a endurecer las sanciones contra el régimen de Caracas. Por el contrario: van a suavizarlas cautelosamente. Hace pocos días, por ejemplo, la Casa Blanca autorizó las exportaciones de gas venezolano para permitir la financiación parcial de los inmensos requerimientos de la economía venezolana. Las agencias de las Naciones Unidas van por el mismo camino. La oficina mundial de alimentos inició un ambicioso programa de nutrición infantil en Venezuela. El tema mismo de Guaidó hay que tratarlo con cuidado: en el último año ha disminuido notablemente el número de países que lo reconocen como presidente legítimo de Venezuela. Hasta la Unión Europea ya escurrió el bulto a Guaidó retirándole el título de presidente constitucional.
La buena diplomacia siempre ha desaconsejado que los países antagónicos ideológicamente (como evidentemente lo somos Colombia y Venezuela en estos momentos) se tiren diariamente los trastos a la cara. Pueden y deben conversar en términos firmes, pero pragmáticos. Y mucho más tratándose de países que comparten una frontera común de más de 2.000 kilómetros llena de problemas cuya solución impone un dialogo cooperativo y permanente.
Lo que está sucediendo con Monómeros es otra muestra de la facilidad como se escalan las cosas. Es evidente que esta empresa domiciliada en Colombia está sometida -como cualquiera otra de dueños nacionales o extranjeros- a la supervisión de la SuperSociedades. Ahora sale Maduro, ante legítimas medidas de control que le ha dictado la superintendencia colombiana, con el cuento de que como Monómeros es de capital venezolano hay que devolverla a Venezuela; y que este contencioso debe ocupar el primer lugar en la agenda de las negociaciones de Méjico. Naturalmente un disparate. Así, un mero asunto comercial se tornó ahora en problema diplomático mayúsculo.
Deben reestablecerse las comisiones de amistad colombo venezolanas que en el pasado dieron buenos resultados para solucionar problemas comunes. Como un ejemplo plausible hay que mencionar el reciente acuerdo al que llegaron las autoridades de Norte de Santander y del Táchira para permitir el tránsito de estudiantes venezolanos hacia Cúcuta.
No es con los ya repetitivos y desgastados insultos semanales entre Maduro y Duque como vamos a avanzar hacia el fértil camino de la realpolitik. Hay que establecer con apremio discretos canales entre Bogotá y Caracas y relaciones consulares entre los dos países. No es descalificando las negociaciones que se adelantan en suelo Mejicano como van a mejorar las relaciones binacionales. Con eso solo vamos a agriarlas más. Sin provecho para nadie.
Bogotá, D. C, 13 de septiembre de 2021
*Abogado y Economista. Exministro de Estado
Por Juan Manuel Galán*.- La extrema derecha en Colombia y su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, no desisten de su intento por acomodar la justicia y la democracia colombianas a su imagen y semejanza. La nefasta propuesta de amnistía general lanzada a la opinión pública por el exsenador y su partido, el Centro Democrático, sólo busca generar un marco institucional proclive a sus intenciones de abrir la puerta a la elección y nombramiento de personas, probablemente de la misma afinidad política, que hayan sido condenadas o procesadas por delitos tan graves como la violación, la corrupción o el paramilitarismo.
Como colombianos debemos enfrentar la amenaza a nuestra institucionalidad que representa el Acto Legislativo para superar asimetrías judiciales y de acceso a la función pública. Debemos entender que, de avanzar en el Congreso y materializarse como reforma constitucional, será el marco normativo para legitimar la actuación política de miles de condenados o procesados, en condiciones de franca impunidad, que suspenderá los mecanismos de justicia ordinaria o transicional. Se eliminarían todas las restricciones que hoy mantienen fuera de las instituciones públicas a parapolíticos, exmiembros de las Fuerzas Armadas condenados, o personas inhabilitadas por la Procuraduría General de la Nación.
Además de lo anterior, no queda claro a partir de lo que conocemos del proyecto, si hasta individuos como Andrés Felipe Arias, condenado por la Corte Suprema de Justicia por el desfalco de Agro Ingreso Seguro, podrían volver a la política bajo el amparo de la “amnistía”.
Lo más peligroso de esta iniciativa es que crearía una segunda versión de la ley de Justicia y Paz que permitiría a los paramilitares que no se acogieron a esta, o que fueron expulsados y siguieron delinquiendo, ser “amnistiados” y utilizar su dominio territorial para ser elegidos o nombrados. Sin mediar ningún proceso de justicia transicional, pasarían de la ilegalidad al control legítimo de las instituciones. Incluso, este proyecto pondría a Colombia en contravía de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y su competencia respecto a casos de promoción de grupos paramilitares, al permitir que retornen a la vida política posibles financiadores e impulsores de estos grupos, como Luis Alfredo Ramos, quien hoy es procesado por la Corte Suprema de Justicia por su posible participación en actos de este tipo.
No podemos permitir que esta amnistía secuestre la democracia y deslegitime la institucionalidad. Trabajaré políticamente para que esta perversa iniciativa nunca se materialice.
Bogotá, D. C, 13 de septiembre de 2021
*Precandidato presidencial. Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.
Por Adriana Matiz*.- Empezamos la última etapa del año y de manera silenciosa, pero creciente, la inseguridad urbana empieza a abrirse paso como el problema que más está aquejando a los ciudadanos. Esto ha llevado a que ya el 96% de las personas encuestadas por una firma consideren que la inseguridad ha aumentado, percepción que refleja el temor con que a diario hoy se debe enfrentar el ciudadano de este país.
Los relatos inverosímiles de atracos dentro de establecimientos comerciales en los barrios hasta la llegada de bandas completas a restaurantes de las mejores zonas, no son ya hechos aislados, sino el relato diario que parece superar el del día anterior.
Bogotá se constituye en el más visible ejemplo de esta situación. Solo en agosto, la ciudad entregó una cifra de 97 homicidios, cifra que atribuyen en su mayoría las autoridades a un reposicionamiento de las bandas criminales y una lucha de poder entre ellas principalmente. Pero no son situaciones aisladas de violencia entre criminales, el ciudadano de a pie fue víctima del hurto de sus pertenencias mediante la modalidad de atraco de manera preocupante. La cifra de casi 4.500 celulares robados, encabeza los elementos que más hurtan a los ciudadanos y que los sitúan como víctimas en esta ola de inseguridad que aqueja nuestra capital. En un 32,3% se incrementaron los asesinatos por resistirse a entregar sus pertenencias en medio de un atraco. Esto demuestra que la delincuencia está dispuesta a todo.
Si bien Medellín apunta a ser la de mejor comportamiento entre las ciudades principales del país, no deja de preocupar que a la fecha se hayan registrado casi 2.000 casos de hurto hacia el comercio, siendo éste actualmente el mayor hecho de preocupación de la ciudadanía en materia de seguridad en esa ciudad. Igualmente, la sectorización de los hurtos en unas zonas especiales, indican que el sector comercio está en la mira de la delincuencia.
Cali, por su parte, fue esta semana señalada incluso por la alcaldesa López como la ciudad donde se había disparado la delincuencia, poniéndose de presente, incluso, que la tasa de homicidios triplica a la de Bogotá, lo cual nos llevaría a la vieja fórmula de señalar la paja en el ojo ajeno.
Pero realmente lo de Cali hoy debe prender alarmas. Más de 9.000 personas denunciaron hurtos en el primer semestre del año, esto es 240 denuncias por cada 100 mil ciudadanos, cifra muy por encima de Bogotá que registra 128 por el mismo número de habitantes.
Lo cierto es que la inseguridad nos está afectando a todos y en todas las latitudes, por eso corresponde de manera inmediata implementar una política que se enfoque en una serie de bandas organizadas que están cartelizando el hurto en las ciudades. De lo contrario, con una tasa de pobreza del 40%, lo más seguro es que la tierra esté abonada para cosas peores a las que hoy escuchamos y vemos.
Ibagué, 13 de septiembre de 2021
*Representante a la Cámara del Tolima por el Partido Conservador
Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- Hay desastres ambientales, como los huracanes, que despiertan mucha atención y solidaridad entre el gran público, pero hay otros, como las inundaciones, a los que nos hemos acostumbrado y, por ello, son noticia de un día.
La vereda Cara’e Gato, corregimiento de Bermúdez, municipio de San Jacinto del Cauca, que no queda en Cauca, sino en el sur de Bolívar, pero así se llama porque el Río ídem no solo lo baña, sino que lo amenaza, es un rincón olvidado, como tantos en la ruralidad, donde sucedió lo que tenía que suceder: el dique que contenía las aguas del segundo rio más importante del país, parchado y reparchado como llanta vieja, terminó colapsando y convertido en un boquete que inundó toda La Mojana.
Pero…, ¿qué es La Mojana?, se preguntarán mis lectores citadinos. Es una subregión en el norte del país, con cerca de 500.000 hectáreas compartidas por los departamentos de Bolívar, Sucre, Antioquia y Córdoba, inundable por naturaleza, con innumerables caños, humedales y ciénagas, que sirven de esponja reguladora del desbordamiento de los ríos Cauca y San Jorge.
Así pues, lo extraordinario no es que se inunde La Mojana, pues, de hecho, este fenómeno anual dio lugar a la práctica milenaria de la trashumancia ganadera, para llevar los animales a tierras altas durante las inundaciones y regresarlos en el verano. Lo extraordinario es la fuerte ola invernal, que ha convertido las inundaciones en un verdadero diluvio por la ruptura en Cara’e Gato y en otros puntos.
Las consecuencias son dramáticas. En los primeros días los medios reportaban más de 9.000 personas que lo perdieron todo, pero por ahí pasó la cuenta. Los arroceros perdieron más de 3.000 hectáreas cultivadas, y en las mismas están piscicultores, avicultores y todos los productores agropecuarios. Mientras tanto, los cálculos para la reparación son de 80 días, muy optimistas porque faltan todavía dos meses de lluvias, y lo peor vendrá cuando bajen las aguas, porque lo que hoy es inundación, mañana será un lodazal de tierra lavada, cuya recuperación exigirá una gestión estatal articulada y una billonaria inversión.
Los ganaderos no la tenemos fácil. Ya murieron más de 2.000 animales y más de ¡350.000! fueron desplazados hacia tierras altas, donde se venden a pérdida, pues hay especulación con las pasturas que, de cualquier manera, se agotarán en noviembre y será necesario alimentarlos con heno y silos principalmente, en una compleja y costosa logística de compras, transporte, bodegaje y distribución. Dios no quiera que volvamos al desastre de “La Niña” 2010 – 2011, con más de 160.000 animales muertos y dos millones de desplazados.
Por ello, frente a la amenaza para la ganadería, establecida en La Mojana desde La Colonia, de que mueran de hambre los animales que se salvaron de la inundación, y con sentido de solidaridad con todos los renglones agropecuarios y con la población afectada, le hemos solicitado al presidente la declaratoria de “situación de desastre nacional” para La Mojana, en los términos de la Ley 1523 de 2012.
Se impone un gran esfuerzo del Estado, no solo por los colombianos que allí viven, sino por lo que allí se produce para la región Caribe y el resto del país, y por la importancia ambiental del ecosistema de La Mojana.
Se requiere la solución definitiva del gran dique que proteja La Mojana, prometido desde 2010 y desde entonces aplazado. ¡Les quedó grande!, clamó exaltado el alcalde de San Jacinto ante las promesas incumplidas, la última comenzando 2021, de la solución para un desastre que, seguramente, desde los escritorios capitalinos, puede ser solamente…, “otra inundación”.
Bogotá, D.E, 12 de septiembre de 2021
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Amylkar D. Acosta M*.-Se ha armado un lío de padre y señor mío, a raíz de la decisión de la Superintendencia de Sociedades de asumir el control de la empresa Monómeros colombo venezolanos S. A, según consta en el expediente que le abrieron, para, supuestamente, “subsanar una situación crítica” de la misma, la cual podría llevarla a la iliquidez, a la insolvencia y a la imposibilidad de “seguir desarrollando su operación normal” y según la misma “se presume que entraría a incumplir con los pagos de sus obligaciones”.
En un Editorial del rotativo de mayor circulación en la región Caribe, El Heraldo, se registró el hecho de que en el año 2005 la empresa había alcanzado “uno de los mejores balances. Sus ganancias registraron un récord en toda su historia”. Y justamente, después de conocerse semejante balance, el gobierno colombiano, decidió vender su participación accionaria en la empresa. Como se dice coloquialmente, ya que esta fiesta está tan buena, vámonos para otra.
En efecto, en el afán privatizador de los activos y participaciones en empresas del Estado, inspirado en el credo neoliberal, se le ofreció al entonces Presidente Hugo Chávez, cuando todavía la relación entre los dos países estaba en los gozosos, que ejerciera el derecho de preferencia para la adquisición de las acciones de ECOPETROL y del IFI, a través de la estatal venezolana Pequiven, ya que era su decisión venderlas, proceso este que se finiquitó en 2006.
La intervención por parte de la Superintendencia a Monómeros estuvo antecedida de varios hechos que la tornan más compleja e impredecible en las consecuencias que se pueden derivar de la misma. Como se recordará, el 23 de febrero de 2019 Nicolás Maduro rompió sus relaciones con el Estado colombiano. En tales circunstancias y amparado en el reconocimiento que le dispensó el gobierno colombiano y protegido por el mismo, Juan Guaidó, en desarrollo de su estrategia “Plan país” para “recuperar activos venezolanos”, tomó por asalto la Junta directiva de Monómeros, destituyeron al Gerente general Pedro Lugo y pusieron en su lugar a Guillermo Rodríguez, quien actualmente funge como tal.
Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca el escenario es otro y la estrategia para poner fin al régimen dictatorial de Maduro por parte de la oposición venezolana también es otro, ya que, como lo sostiene el investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, “la estrategia del cerco diplomático y el gobierno de transición falló”. Así de claro!
La oposición venezolana al gobierno de Maduro pasó de la confrontación al diálogo y están sentados frente a frente en Ciudad de México desde el 13 de agosto, cuando fue instalada la Mesa de negociación. Y justamente cuando uno de los puntos acordados es el la “necesidad” del “rescate” de los activos congelados en el exterior, se apresuró la Superintendencia a dar este paso en falso que compromete seriamente la tan cacareada “confianza inversionista”, al sentar un funesto precedente de cara hacia el futuro. Este dislate no tiene antecedentes en el país, pero sí puede tener serias consecuencias para su reputación.
Este tropel, que involucra a los dos países pone de manifiesto los errores del pasado, cuando en el afán de salir de las empresas del Estado con el socorrido argumento de que es un mal administrador y los privados lo pueden hacer mejor, no se midieron las consecuencias de vender la participación de la Nación en un activo tan estratégico como lo era y lo sigue siendo Monómeros. Este fue un error histórico garrafal, que le puede salir caro al país.
Flaco favor le hace el gobierno nacional al inefable Guaidó con el disparatado dictamen de la Superintendencia de Sociedades, poniendo en riesgo la estabilidad de la empresa, abocándola a una virtual parálisis y a una eventual quiebra, pues las entidades de crédito, sus proveedores y clientes tomarán distancia de ella en previsión de que puedan llegar a materializarse los malos augurios de la Superintendencia. Este puede llegar a ser un caso de una profecía autocumplida. Contrasta esta actitud de parte del gobierno con respecto a Monómeros con la política de mano tendida para salvar a las empresas y de paso proteger el empleo y sobre todo va a contrapelo de su apuesta por la reactivación de la economía. El gobierno, con esta medida, se está disparando un tiro en el pie!
Lo que está en juego no es asunto de poca monta. Monómeros, hoy por hoy, esta listada entre las 100 empresas más grandes en Colombia, es considerada la octava empresa más grande en la región Caribe colombiana en términos de ingresos, diecisiete en ventas y la dieciocho por sus utilidades. Genera 700 empleos directos, mil indirectos y de su operación dependen más de 15.000 empleos de toda su cadena de valor. Abastece el 46% del mercado nacional de fertilizantes y exporta unas 300.000 toneladas a países del Caribe y Centroamérica.
Entre fertilizantes, fosfatos de calcio para la alimentación animal y productos químicos, está llegando a un conglomerado de más de 3 millones de agricultores del país. Lo más preocupante es que con estos desvaríos la seguridad y la soberanía agroalimentaria del país queda en un grave predicamento. Este no es un asunto de poca monta y se le debe prestar la mayor atención, la que amerita!
Miami, septiembre 11 de 2021
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
Por Paloma Valencia*.- Todos estamos cansados del centralismo en Colombia. Cansados de que las decisiones se tomen desde Bogotá sin atender ni a los intereses, ni a las preferencias, ni al concepto de quienes viven en la región. Por eso, muchas veces se ha sugerido convertir a Colombia en un país federalista. Creo que sería un gran error.
El federalismo en las actuales circunstancias terminaría otorgándole todo lo que ya tienen a los que se han beneficiado del centralismo, e iría en contra de los departamentos y municipios que se han afectado. Sería empezar una carrera donde ya unos tienen enorme ventaja y otros serios retrasos.
Hoy la idea de una bolsa general se respalda en esas inequidades. Una sola bolsa permite que los territorios más poderosos aporten a los menos desarrollados.
El centralismo se nutre de que las mejores ofertas laborales y los mercados para trabajar relacionados al Estado estén concentrados. La provincia colombiana se limita a ver cómo año tras año sus mejores profesionales, sus mejores hombres y mujeres se desplazan hacia las ciudades grandes, pues es donde están las oportunidades y los mercados.
Mi idea es hacer una descentralización de todo el aparato burocrático. En un sentido el centralismo le quita lo mejor a las regiones cada año, pues todas las ofertas laborales como las oportunidades se concentran en donde ya se ha concentrado el poder.
Lo que conviene hacer es dividir el aparato burocrático del Estado en 32 partes equivalentes, donde cada uno de los sectores se desplace a un departamento de Colombia, se instale y se quede. Por ejemplo, en Barranquilla podríamos tener el sector comercio. En el Amazonas el sector ambiental, incluyendo por supuesto, los ministerios de cada ramo.
Así las cosas, Colombia seguiría teniendo un estado central, pero los beneficios en términos de oportunidades, cargos, mercados relacionados estarían repartidos equitativamente en el territorio. Significa que el presupuesto de esa entidad, los cargos, la infraestructura estaría en la región. Nos ayudaría además a que los ojos de los ministros y altos funcionarios observen de cerca los problemas y sean catalizadores para las soluciones de los mismos.
Con la pandemia aprendimos que es posible hacer reuniones virtuales que funcionen y den resultados. El gobierno nacional puede estar en el territorio y al mismo tiempo usar la tecnología para mantener su unidad.
Esta sería una estrategia para llevar el Estado a cada una de las regiones. Lo que necesitamos es que en cada región se construyan mercados relacionados con el segmento del gobierno que está en los territorios: el departamento donde esté el Ministerio de Comercio podrá tener todos los sectores conexos, además de la vivienda, la educación y los servicios; podrá haber todo tipo de formación relacionada. La región tendrá un núcleo que ayude no sólo consolidando mercados y empleos, sino también identidad. La educación de nuestro país tiene que estar diseñada para acercarnos a lo que es propio, a la identidad, a nuestro territorio.
Creo que podemos consolidar un estado más cercano a los ciudadanos a los departamentos y a los municipios que componen nuestro país. Llevar el Estado al territorio puede tener un inicio haciéndolo de manera literal. #AmorPorColombia
Bogotá, D. C, 12 de septiembre de 2021
*Senadora del Partido Centro Democrático
Por Gabriel Ortiz*.- De un tiempo para acá nos, ha dado por cambiar los nombres de las cosas, de las gentes, de los hechos y en general de todo lo que nos rodea, con el único objeto de escapar a la realidad. El gobierno ha sido el primero en jugar esta práctica, para embelesar a sus férreos seguidores.
En ocasiones es difícil entender a Duque, porque sus áulicos y asesores utilizan un lenguaje raro, distinto, jeroglífico y enigmático.
El mundo entero, ama la paz, la busca, la respeta y quiere sostenerla. Colombia la buscó, la firmó y la convirtió en política de estado, pero el egoísmo y la incapacidad de quienes la heredaron, necesitaban derrumbarla para poder destacarse como dirigentes eficaces. Para ello le engarzaron el sobrenombre de “paz con legalidad”, como si existiera una paz ilegal, clandestina, ilícita, ilegítima, chanchullera.
Y además se propusieron cambiar el nombre de todo: las masacres, son asesinatos colectivos. Los delincuentes venezolanos: ciudadanos extranjeros. Las onerosas reformas tributarias pasan a llamarse “inversión social”, que con mermelada pupitrean en el Congreso.
Un ejército de apuntadores, amanuenses y asesores, busca elevar el rating del mandatario. Lo hacen aparecer hasta en la sopa. Dice “a” y le agregan el abecedario, que elogian frenéticamente y baten sus manos hasta desollarlas, para hacer creer al jefe que su perorata fue exitosa. Es un error fatigar al país con las inagotables apariciones del Presidente. Lo bueno, si corto, dos veces bueno, reza el adagio.
Esta nación, esperaba con ansias las apariciones de sus jefes de estado, a través de la radio o la televisión, cuando las circunstancias lo demandaban. No cuando el mandatario se topara un reportero con grabadora o cámara de TV. Las ruedas de prensa, no eran permanentes.
Hay ocasiones en que personajes sin importancia se cuelan en sus apariciones. Un Zapateiro la embarra, asustando a Duque y al país con la supuesta muerte del Coronel Pérez. Y nada pasa.
Nada que decir del Embajador Plata, que con la Cancillería, solo permitieron que los escritores “juiciosos”, los que escriben sin comprometerse, pudieran ir a la Feria del Libro de España, porque sus obras eran “neutras”, blancas y férreas defensoras de este gobierno. Por fortuna no participó el embajador ante la OEA, porque seguramente habría buscado la Feria de la Quema del Libro, para enviar a nuestros escritores no neutros.
El fino humor costeño se le adelantó al gobierno para calificar lo sucedido en el Mintic. Esa operación debía tener un nombre popular. Se necesitaba un verbo para los 70.000 millones, que bautizaron como “abudinear”. Y la Real Academia de la Lengua lo asumió.
El Presidente debe hablar claro, llamar las cosas por su nombre y eliminar de tajo la corrupción. Así, no tendríamos más abudinaciones.
BLANCO: Ya renunciaron dos altos funcionarios del Mintic por los 70.000 millones. ¡Y la Ministra ahí!
NEGRO: Las cartas de los Rodríguez Orejuela: ¿acusadores acusados?
Bogotá, D. C, 11 de septiembre de 2021
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y de Notisuper.
Por Guillermo García Realpe*.- Hace ya varios años emprendimos en el Congreso una gran cruzada social para garantizar un alivio económico en el bolsillo de las familias de los estratos 1 y 2 del Macizo Colombiano que consumen Gas Licuado de Petróleo -GLP- o comúnmente conocido como gas propano en cilindro.
Pues bien, esa lucha la ganamos y desde el 2013 los usuarios del sur del país de los departamentos de Nariño, Cauca, Caquetá y Putumayo que pertenecen a esos estratos socio económicos, han visto reflejada una deducción del 50% en las tarifas para quienes hacen parte del estrato 1 y del 40% para usuarios estrato 2.
Esto se hizo con el fin de disminuir en esas zonas del Macizo Colombiano, donde se produce el 73% del agua dulce de Colombia, la deforestación, pues las familias campesinas, sin tener otra opción talaban los bosques para cocinar con leña, lo que de paso originaba serios problemas respiratorios, sobre todo a las mujeres que, permanecían gran tiempo cocinando.
El programa venía funcionando muy bien, sin embargo, a hoy se están teniendo grandes dificultades porque el subsidio para más de 240 mil hogares del sur del país no se está reflejando como debió ser, porque el precio del gas propano en lo que va corrido del año, ha incrementado sus tarifas en un 113% para la Costa Caribe y en un 132% para el interior del país, lo que impacta directamente en el bolsillo del usuario final, que es todo el país, porque de este combustible se proveen 3 millones 400 mil familias, principalmente de los estratos 1, 2 y 3 que representan el 25% de la población. Familias muy vulnerables de la Colombia profunda, de los barrios pobres de las grandes ciudades y por supuesto el campesino que vive en la gran ruralidad nacional.
Esa alta volatilidad obedece a varios factores. Primero, a que ha habido una reactivación mundial y con la demanda que ha crecido en China y en Oriente, los precios han venido subiendo. Otro factor que influye, es la Tasa Representativa del Mercado que ha estado últimamente en unos niveles muy altos, y todo esto se refleja en la fórmula de las cantidades que pone Ecopetrol en el mercado, pues la estatal produce 54 mil toneladas mensuales, de las 60 mil que requiere el mercado nacional, es decir, produce el 90% de gas propano.
Pero también hay factores internos que encarecen el costo del gas en cilindro, por ejemplo, las empresas distribuidoras están haciendo desplazamientos con sus carros cisternas desde Pasto y otras zonas del sur del país hasta la refinería de Cartagena, un recorrido total ida y vuelta de 4 mil kilómetros y esos costos de operación se los trasladan al usuario final.
Para evitar ese vaivén económico, le propuse al gobierno nacional -en un reciente debate de control político que citamos en la Comisión Quinta junto al senador José David Name-, que aplique una regulación eficiente que, permita evitar la volatilidad en los precios, y así impedir graves afectaciones económicas al consumidor final que es la población más vulnerable, porque el GLP es el combustible que usan los pobres de Colombia, de él dependen 12 millones de usuarios en 984 municipios.
Es que no regular de fondo las tarifas va a afectar los índices de avance en los programas de lucha contra la deforestación, también la lucha contra las enfermedades respiratorias en las familias campesinas que cocinan todos los días con leña y carbón. Tarde o temprano el país tendrá que regular las tarifas.
También solicite que, haya una tarifa diferencial, eliminando su referencia a precios internacionales para los estratos populares que consumen gas propano, y blindar así a más de 3 millones de familias colombianas, pero para la CREG, “la tarifa por estrato no tiene diferenciación, porque es un servicio público que no llega por conexión física, por consiguiente, se imposibilita ese proceso” como lo advirtió su director Jorge Antonio Valencia.
Ahora bien, aquí estamos ante una situación social delicada, debido a que Ecopetrol, el principal productor de GLP, disminuirá su producción del 90 al 71%, lo que, sin duda, obligaría al país a importar el combustible desde los Estados Unidos, generando nuevas alzas tarifarias en el mediano plazo. Si Ecopetrol pudo comprar a ISA con 14 billones de pesos, ¿por qué no le apuesta a la producción de GLP? que hoy es marginal, es del 2% con relación a los demás productos que procesa.
Entonces a ECOPETROL, al Ministerio de Minas y Energía, a la CREG, les propongo que facilitemos ese mercadeo, protejamos a la población vulnerable de Colombia, como lo estamos haciendo con los subsidios del GLP en cuatro departamentos del sur del país.
El gas propano es un combustible de fácil penetración, además ayuda a sustituir la leña y el carbón y con ello da sostenibilidad al medio ambiente, garantiza la riqueza hídrica y la lucha contra el calentamiento global. Ojalá que el gobierno nacional lo entienda.
Bogotá, D. C, 7 de septiembre de 2021
*Senador del Partido Liberal
@GGarciaRealpe
