Opinión

Por: Guillermo García Realpe*.- Cuando pensamos que las cosas en Colombia no podían ser peores por cuenta del recrudecimiento de la violencia en los territorios, la mala imagen a nivel internacional tras el magnicidio del presidente de Haití, el mal manejo de la pandemia, la corrupción rampante, para la muestra un botón: el escandaloso y multimillonario contrato de MinTic con la Unión Temporal Centros Poblados,  la persecución por parte del partido de gobierno a los Acuerdos de Paz de la Habana, la inseguridad reinante en todas las ciudades, nos enteramos ahora que, Colombia es el país más peligroso para los líderes ambientales, quienes ejercen la defensa del agua, el territorio, la naturaleza y la vida misma.

Un reciente informe de la ONG Británica Global Witness, da cuenta que nuestro país en cabeza la penosa cifra de ser la nación con los más altos índices de muertes de defensores del medio ambiente en el mundo. ¡Es una vergüenza!

No es posible que de 212 asesinatos a lideres ambientales sucedidos en todo el mundo durante el 2019, 64 de ellos, hayan sucedido en Colombia, eso es impresionante y causa enorme tristeza para quienes también defendemos la vida y la naturaleza. Ese vergonzoso ranking también lo lideran en su orden, después de Colombia, Filipinas con 43 víctimas, Brasil con 24, México con 18 y Honduras con 14. En conclusión, Colombia, según lo documentado por Global Witness, es el país más peligroso para ser ambientalista, una cruda radiografía, pero esa es la realidad.

Es decir, según el informe, uno de cada tres asesinatos a líderes ambientales sucede en Colombia ¡Por Dios! Y el gobierno nacional sigue literal, como la canción de Shakira “Ciego, sordo y mudo”, ante este desolador panorama.

Y es que en Colombia se volvió costumbre y hace carrera ya desde hace varios años que, defender la vida, los territorios, nuestra riqueza hídrica, nuestra biodiversidad, sea sinónimo de muerte y más triste aún, que muchos de esos asesinatos se quedan en la impunidad, como si a nadie le importara la vida de nuestra gente.

Fundamentalmente esta demostrado que, quienes asesinan son los grupos armados ilegales, pero también los que promueven minería ilegal, cultivos ilícitos, pero, sobre todo, los grandes deforestadores de la Amazonía, la Orinoquía y de otras regiones del país como Antioquia, que son ganaderos ilegales, acumuladores de tierras en un gran porcentaje, como lo indican los estudios y en otros casos los cultivadores de palma.

Entonces están actuando a sus anchas. El Estado, ni el gobierno, ni la Fiscalía, ni la Fuerza Pública, han logrado contener este grave fenómeno que cade vez va en aumento. Instrumentos importantes en esto es la aprobación del Tratado de Escazú, donde hay elementos fundamentales de protección de los líderes sociales, ambientalistas, esto no es un chiste, ni un capricho, pretender la aprobación de este Tratado. 

Por eso nosotros hacemos este llamado para que nos concienticemos y promovamos cuanto antes la aprobación del Tratado de Escazú que tiene este tipo de contenidos.

Yo pienso que sería el mejor mensaje para contestar esto absolutamente negativo, pero también que en Colombia sea grave y que sea un delito absolutamente prioritario de perseguir por parte de las autoridades judiciales, entre todos tenemos que trabajar estos graves fenómenos que impactan directamente a Colombia de una forma negativa ante el mundo.

Escazú es un acuerdo firmado por 24 países y Colombia no pude seguir haciéndose el de la vista gorda con un asunto de tanta relevancia a nivel internacional, el Tratado de Escazú es considerado el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales y que da apoyo a los derechos humanos en general y los ambientales en particular y sobre todo de acceso oportuno a la justicia en asuntos ambientales, además, que es el único tratado derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20 y es el único en adoptar disposiciones puntuales para la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, además de garantizar los derechos de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Ojalá en esta cuarta y última legislatura el Congreso no le siga dando la espalda a esta importante iniciativa y por el contrario ratifique este Tratado, para reivindicar la vida y los derechos de los líderes ambientales en Colombia, el país con la medalla de oro en muertes de los defensores de la vida, el territorio y el ambiente.

Bogotá, D. C, 24 de agosto de 2021

*Senador del Partido Liberal

Por Adriana Matiz*.- En un momento donde las gentes de las zonas rurales clamaban por soluciones verdaderas de conectividad, el país se encuentra con la desesperanzadora noticia que la corrupción sigue entre nosotros, sin límites ni escrúpulos, regresando esta vez en forma descarada dentro de un contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) y la Unión Temporal Centros Poblados (UT), por 1,07 billones de pesos.

7.000 mil colegios de las zonas rurales iban a ser los beneficiarios directos de esta implementación de conectividad que pretendía llevar internet gratis por 11 años y que hoy se encuentran en el limbo, pues los recursos que inicialmente se habían destinado a manera de anticipo se encuentran casi perdidos.

El incumplimiento parcial en la entrega de puntos de conectividad contratados hizo que se llamara al garante bancario, como es normal, encontrándose que las documentos soportes eran falsos y que el banco Itaú no amparaba el negocio, ni mucho menos los recursos girados a título de anticipo. De ahí se destaparon además en rama, otra serie de contratos y de irregularidades, que prendieron las alarmas en el Ministerio, pues ya aparecían este tipo de garantías sin que hasta ahora conozcamos si también eran apócrifas.

El valor de la garantía que amparaba el anticipo de 70 mil millones, tampoco es de baja denominación, afirma la unión temporal que fueron cerca de 2.500 millones de pesos que se pagó por ella y que al parecer se perdieron en el camino, pues como dije antes, ese documento era falso.

Lo que más preocupación causa ahora es que las personas y hasta empresas que participaron en esta vergonzosa contratación habían, en el año 2019, realizado un contrato con el Fondo de Tecnologías de la Información de Colombia (Fontic) por un valor de 25.536 millones de pesos y el presente año con el Instituto Nacional de Vías, tendrían pendiente la ejecución de uno en obras por de infraestructura vial por 45.000 mil millones de pesos, donde ya hay un anticipo girado y sin ejecutar en su totalidad por casi 20 mil millones de pesos, lo que denota que pareciera estar estructurado todo un andamiaje lo suficientemente soportado, no solo para quedarse con este tipo de licitaciones, sino para hacer presumir la legalidad de los documentos y procedimientos obrantes en estos procesos, dando incluso formas de legalidad a la inversión del anticipo, no importando que se giraran a empresas o sociedades de los mismos integrantes de la unión temporal.

Se insinúa, incluso, la injerencia de exfuncionarios en la adjudicación de estos procesos, donde se habla de cifras de 6.000 millones de pesos pagados en comisiones, por lo que estamos frente a un escándalo de proporciones mayores.

Es muy pronto para determinar responsables directos, lo cierto es que ya los damnificados están claros: son los miles de niños que debían beneficiarse con un contrato de éstos, y que ahora ven nuevamente frustradas cualquier posibilidad de lograr esa competitividad. Seguimos fracasando como Estado por una corrupción que nos tiene hastiados, pero que nos persigue.

Bogotá, D. C, 23 de agosto de 2021

*Representante a la Cámara del Tolima por el Partido Conservador

Por Juan Camilo Restrepo*.- Debe reconocerse que el director del DANE, doctor Oviedo, ha sido quizás el mejor funcionario de este gobierno. Frente a la manía casi compulsiva de todos los funcionarios de la administración Duque para “superlativizar” cuanta noticia divulgan, que los lleva a hablar siempre de que todo es “lo mejor del mundo, de la región o de la historia colombiana”, y a callar o asordinar lo que perciben como malas noticias, el director del Dane ha sabido anunciar con equilibrio tanto las estadísticas promisorias como las desalentadoras. La publicación periódica que se inició bajo su mandato llamada “pulso social” ha sido fuente de información invaluable para ponerle cifras inapelables al aterrador retroceso que la pandemia ha causado en materia social.

Se anuncia la presentación de un proyecto de ley que busca rodear de mayor independencia al Dane. Aunque no existen indicios de que este gobierno haya sido irrespetuoso con la “la magistratura estadística” (para apelar a una terminología análoga a la que Alfonso Palacio Rudas utilizaba para referirse a la junta directiva del Banco de la República que llamaba “magistratura monetaria”), no sobra fortalecer su independencia.

La oportunidad y seriedad técnica de las estadísticas y la credibilidad ciudadana en ellas son un bien público. Si esta condición faltara, el debate democrático sobre mil temas tales como inflación, crecimiento del PIB y empleo para no citar sino algunos, se volvería imposible.

Ahora bien: si este gobierno -como se ha anotado- parece haber sido respetuoso de la independencia de la autoridad estadística, no siempre ha sido así. Recuerdo, por ejemplo, cómo el director del DANE durante la primera administración Uribe debió renunciar al haber sido víctima de incomodas presiones provenientes del palacio de Nariño.

El proyecto de ley que se ha presentado prevé como piedra angular de esa mayor independencia que su nombramiento sea fruto de un concurso público en el que todos aquellos que cumplan con los exigentes requisitos que se estipulan puedan postular su nombre, para que entre ellos escoja finalmente el presidente de la República. La experiencia con estos concursos públicos para proveer altas dignidades es agridulce. Se puede prestar a simulacros de gran apertura democrática, pero en los que a la postre es el propio denominador el que escoge a su gusto uno de los postulados. Mucha mayor protección a la independencia del director del Dane sería que durante el término de su mandato, digamos cuatro años, no pueda ser removido por el presidente de su cargo. Algo similar a lo que acontece con los directores del Banco de la República. Puede abrirse el concurso para designar si se quiere, pero una vez escogido quedaría sustraído de la espada de Damocles de una remoción jupiteriana proveniente del jefe de Estado. Lo que constituye la merma principal de autonomía para el jefe de las estadísticas nacionales.

Según se ha informado, el proyecto de ley también señala qué tipo de censos debe adelantar el Dane y con qué periodicidad. Esta disposición sería de la mayor importancia. Recuerdo el censo rural último que se levantó durante el pasado gobierno. Hacia cuarenta años no se hacía. Tuvimos que sacarle la financiación de tan importante instrumento casi con tirabuzón al insensible Ministerio de Hacienda de entonces, al que fue muy difícil hacerle entender que un censo de lo rural hay que actualizarlo -como sucede en la mayoría de los países- cada cierto tiempo. Nosotros llevábamos cuarenta años sin hacerlo. Refiriéndome al censo rural anterior que por fin logramos poner al día dije, como ministro de agricultura de la época, que más se parecía a un daguerrotipo que a una fotografía.

Las estadísticas son un bien público indispensable para el buen funcionamiento democrático. El Dane y su director conforman una verdadera “magistratura estadística”. Todo lo que pueda hacerse para fortalecer su independencia hay que saludarlo con entusiasmo.

PD: la Comisión de la Verdad es una de las instituciones nacidas de los acuerdos de paz. Tiene rango constitucional. Desde el momento mismo en que el expresidente Uribe comenzó diciendo que desconocía la legitimidad a la comisión se le debió poner término a esa promocionada conversación. Quien representa una institucionalidad no puede prestarse a dialogar con quien comienza por negarle legitimidad.

Bogotá, D. C, 23 de agosto de 2021

Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Sorpresa positiva nos dio el PIB, que en el trimestre creció 17,6% con respecto al año anterior, y volvió a niveles similares a los de 2019, de manera que si sigue con esa tendencia solo tendremos dos años perdidos, sin crecimiento de la economía. Sin embargo, al examinar en detalle las cifras del Dane, surgen otras sorpresas e interrogantes.

La primera es la causa del crecimiento, que fue jalonado por la demanda interna, en particular por el consumo de los hogares que tuvo un incremento del 25%. La base de comparación era muy baja, pero inclusive si se compara con el 2019 hay una variación positiva de 6,2% y el incremento semestral equivale a 3,4% del PIB.

¿Cómo es posible que las compras de los hogares hayan crecido tanto cuando la economía estaba medio cerrada (en abril y mayo todavía estaban restringidas varias actividades) y cuando hubo más de un mes de paro nacional? ¿De dónde salió la plata para ese mayor consumo, si hay 3 millones de personas que dejaron de trabajar y tener ingresos (los desocupados más lo que dejaron de buscar trabajo)?

Varios datos ayudan a responder estas preguntas. Uno es el aumento de las remesas de trabajadores en el exterior, casi USD 4 millones (29% más que el año anterior), lo que puso en los bolsillos de los consumidores unos $4.2 billones adicionales. Se confirma que nuestro segundo producto de exportación es la mano de obra de los que no tienen oportunidades en Colombia.

Otro, es el aumento de los precios internacionales de productos como el café o el azúcar. En el caso del café son 500.000 familias que duplicaron sus ingresos y su capacidad de consumo. Finalmente, tuvo que haber un “desatraso” de consumos represados durante la pandemia, que se evidencia con los crecimientos semestrales de la producción en sectores como los textiles y calzado (52%), muebles y colchones (34%) o entretenimiento y recreación (47%).

La segunda sorpresa es la escasa contribución del gasto público a la reactivación. En efecto su aumento fue de solo $4.6 billones en el semestre (0,45% del PIB), y en el caso de la inversión en carreteras, disminuyó 0,7% en el semestre y 30% respecto del primer semestre de 2019.

El último hecho relevante, que no es sorpresa, es el aumento del déficit externo. En el trimestre las importaciones crecieron 46% y ya están por encima de las de 2019, mientras que las exportaciones solo aumentaron 15%, de manera que la balanza comercial registró un saldo en rojo equivalente a 11% del PIB, que es el más alto registrado en la historia reciente.

Los expertos en internacionalización que repiten contra toda evidencia que en Colombia no ha habido apertura hacia adentro deberían explicar qué significa que en 1990 las importaciones fueran el 6,5% del PIB y hoy sean el 24%, es decir, casi cuatro veces más.

Cali 23 de agosto de 2021

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Amylkar D. Acosta M*.- En plata blanca, los únicos recursos ciertos que se obtendrían de aprobarse el proyecto de reforma tributaria 2.0 como ha sido radicado por el Ministro de Hacienda son los $10.6 provenientes de “otros impuestos”, que no son otros distintos al aumento de la tasa impositiva a la renta de las personas jurídicas, esto es, a las empresas ($6.7 billones), el 50% del descuento del ICA ($3.9 billones) y pare de contar. Y, como si fuera la cereza del postre, se espera recaudar $392.000 millones imponiéndole una sobretasa temporal (hasta el 2025) de tres puntos porcentuales al sector financiero, el cual, aunque con reservas por considerarla “antitécnica”, la aceptaron con resignación como su aporte al ajuste fiscal que busca el gobierno.

Nos parece que en el proyecto se está sobrestimando el recaudo por gestión de la DIAN ($2.7 billones) y la reducción del gasto por cuenta de la “austeridad” que plantea. Ello sólo sirve para cuadrar las cuentas, pero no para cuadrar caja, pues resulta contraintuitivo pensar en reducir el gasto en momentos en los que, a consecuencia de los estragos de la pandemia se requiere más Estado y no menos Estado, lo cual conlleva un mayor gasto, desde luego más eficiente y mejor focalizado al momento de ejecutarlo.

En algo ayudará a equilibrar las cargas el comportamiento en los últimos 5 meses de los precios internacionales del carbón y el petróleo. Los del carbón, después de haber alcanzado los US $35 la tonelada el año anterior, en los últimos meses ha alcanzado el tope de los US $132. Por su parte los precios del crudo oscilan en torno a los US $74 el barril de la referencia Brent, aproximándose a un promedio en lo corrido del año de US $69 el barril, superando en US $6 por barril el precio base del MFMP, lo cual le puede significar ingresos adicionales inesperados a la Nación entre los 3 y los 4 billones y también los $14 billones, aproximadamente que se esperan recibir de la venta del 51.41% de participación en ISA.

De acuerdo con el MFMP, el ajuste fiscal se difiere para el 2023, ni siquiera para el 2022. Esta tarea le quedaría al próximo gobierno, ya que se prevé que los ingresos tributarios pasen del 13.6% en 2021 a 14.2% en 2022 hasta alcanzar el 15.8% en 2023, manteniéndose el déficit estructural, habida cuenta que el gasto (inflexible, además, en un porcentaje que supera el 85%) está alrededor del 19% del PIB. Una prueba al canto de dicha inflexibilidad es el Proyecto de Presupuesto para la vigencia del año entrante que acaba de radicar el Ministro de Hacienda en el Congreso de la República, aforado en algo más de $350.4 billones, superior en 5.3% al de la actual vigencia. Merece destacarse el hecho de que el mayor rubro en el mismo corresponde al servicio de la deuda, con $78 billones (¡!), superior al de inversión ($62.2 billones) y casi el doble del presupuesto asignado a la educación ($62.2 billones)!

Hay que reconocer la franqueza del Ministro Restrepo, cuando afirmó sin rodeos: “hemos sido transparentes. Incluso en el Marco Fiscal de Mediano Plazo dijimos que el esfuerzo es de dos terceras partes de la necesidad estructural de largo plazo de las finanzas públicas. Los esfuerzos adicionales serían responsabilidad del siguiente Gobierno”. No está muy claro que el esfuerzo fiscal de este Gobierno alcance las “dos terceras partes de la necesidad estructural de largo plazo de las finanzas públicas”, pues como ya quedó dicho se están sobreestimando los recaudos esperados con este proyecto de reforma. En síntesis, este es un proyecto de reforma tributaria de limitado alcance y aplaza, una vez más, la reforma tributaria estructural que la economía y las finanzas públicas reclaman a gritos!

Como lo señala Jaime Tenjo: “es claro ahora que la primera tarea del nuevo Presidente será la de presentar una propuesta integral de reforma tributaria que contribuya a solucionar los problemas de pobreza, crecimiento e inequidad que la pandemia sacó a flote, que constituya la base de un nuevo contrato social y que sea consistente con un aceptable equilibrio macroeconómico”. Ello va en línea con el planteamiento de la CEPAL, en el sentido que los nuevos pactos sociales a los que se llegue, que ya no será en este gobierno, exigen pactos fiscales “que promuevan una fiscalidad progresiva y sostenible para el bienestar”. ¡Así de claro!

Miami, agosto 21 de 2021

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por Juan Manuel Galán*.-  Si alguna lección nos ha dejado la Pandemia, es que la humanidad y nuestro planeta están íntimamente ligados e interrelacionados en la salud, la enfermedad, la seguridad, el medio ambiente, los temas sociales, la cultura, la economía y por supuesto, la política. Por ello, uno de los peores errores que puede cometer un gobierno es permitir el debilitamiento de su sistema de salud.

En nuestro país, si bien son innegables los avances en materia de cobertura, acceso, oportunidad, calidad de los servicios, gestión del riesgo y administración de los recursos en el sistema de salud, aún persisten fuertes fallas en su financiamiento y trabas administrativas que limitan el acceso a los servicios por parte de los colombianos, además de graves casos de corrupción. Esto nos obliga a mirar cómo el Estado ha hecho su parte y cuáles son los puntos críticos donde ha generado el debilitamiento del sistema. Al respecto, uno de esos puntos es el de las intervenciones administrativas.

Las cifras señalan que con estas intervenciones se perdieron más de 5 billones de pesos que no fueron pagados a las clínicas y hospitales, pese a que prestaron la atención, por lo que es necesario que el Estado asuma su responsabilidad y desarrolle una estrategia para recuperar estos recursos y cumplirle a las IPS por esas obligaciones, las cuales son, también, el resultado de la pésima vigilancia que ha ejecutado la Supersalud.

Misma que parecía ciega ante el fraude al que fue sometida Caprecom cuando la volvieron un botín de dirigentes políticos que hoy siguen sin responder ante la justicia y hasta en campaña, así le hayan sacado más de un billón de pesos a los recursos de la salud.

Para subsanar este hueco creado por malas intervenciones del Estado y sus fallas en la vigilancia, es necesario que la salud sea vista como un asunto de seguridad nacional y abordada desde una política de Estado que no esté sometida a un gobierno o ideología, pero tampoco a decisiones politizadas que entregan los recursos de la salud a quienes no deben manejarlos.

Además, más allá de propuestas populistas que amenazan la sostenibilidad a futuro del sistema, Colombia necesita son ajustes concretos para que cada agente actúe según lo que la Constitución y la Ley les ordena, para que se incentive la calidad, para que las IPS y las EPS estén más articuladas, y para que se garanticen los pagos a quienes prestan los servicios. Para esto urge reconformar el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, de manera que por vía del diálogo sensato entre los agentes del sistema, se determinen los pasos que debemos dar para tener el sistema de salud que necesita el pueblo colombiano.

Bogotá, D. C, 22 de agosto de 2021

*Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.

Por Paloma Valencia*.- No puedo creer que el 60% de los estudiantes de colegios públicos sigan sin presencialidad. Es un hecho que nos va a costar como Nación, pero que sobre todo le va a costar a esos niños. The Economist mostró una gráfica desalentadora donde los días sin presencialidad se movían simétricamente con los malos resultados en las pruebas PISA.  A menos días de clase, peores resultados. Obviamente Colombia estuvo entre los peores.

Es inadmisible que, a través de tutelas y artilugios, FECODE haya logrado que los niños no vuelvan a clases. Algunos comparan las clases con otras actividades laborales, incluso con el Congreso. La virtualidad es excelente cuando no afecta derechos y cuando no tiene efectos nocivos. Pero ante la evidencia de sendas investigaciones sobre el retraso en el conocimiento, en los impactos emocionales, los índices de depresión, violencia intrafamiliar… entre muchos otros efectos, es claro que los niños deben estar en el colegio.

Otro grupo de argumentos sostiene que es un riesgo para los profesores y los niños. Los profesores fueron priorizados en las vacunas. Es probable que contraigan el COVID, pero con la vacuna es muy poco probable que tengan efectos graves. Profesores con comorbilidades podrían estar exentos. Es inadmisible que tengamos que esperar a la reconstrucción de todos los colegios para que pueda volver a haber clases. El gobierno creó un fondo para atender las necesidades y que difícil ha sido que las entidades territoriales lo utilicen.

Los niños, sin vacunar aún, tienen también muy poco riesgo. Podrán enfermarse, pero los efectos adversos son menores.

He insistido en la necesidad de dotar de autonomía a los padres. Los padres del sistema público deberían poder optar por colegios privados. El bono escolar es necesario hoy más que nunca.

Si no podemos ni siquiera lograr que los niños vayan a clase, que esperar frente a las reformas estructurales que hagan más pertinente la educación, que supere la inequidad imperante y que nos brinde calidad que haga posible el sueño de la movilidad social. Estas circunstancias solo muestran lo poco que como sociedad nos importa la educación.

La idea de la educación como mecanismo de creación de identidad regional y como herramienta para el desarrollo regional, que sugiere el doctor Eduardo Aldana tiene que avanzar. Es necesario el rescate de los valores y costumbres, y que se encadenen los procesos productivos para que la educación permita empleabilidad y desarrollo.

Al mismo tiempo, Colombia tiene que lograr alinear la formación del capital humano con su aparato productivo, las líneas de investigación y la política pública para crear sectores de talla mundial que compitan en el mundo.

La cuestión sobre la pertinencia de la educación, hay que preguntarnos también sobre lo que significará la revolución de la automatización y la inteligencia artificial. Millones de trabajos serán reemplazados muy pronto por máquinas que simularán muy bien un ser humano. La potencia de la creatividad, la programación de computadores y la robótica son asuntos que deberían estar en todas las aulas de manera inmediata.

La educación es fundamental para cambiar a Colombia, y para hacerlo hay que transformarla. El diagnóstico está hecho de tiempo atrás, sin embargo, no hemos tenido decisión de hacerlo. El tiempo pasa sin que la promesa de la inclusión social y la igualdad de oportunidades se realice. Ojalá en este debate presidencial la educación sea un tema central; no de discurso, sino de acciones concretas.

Bogotá, D. C, 21 de agosto de 2021

*Senadora del Partido Centro Democrático.

Por Parmenio Cuellar Bastidas*.- Conocí a Luis Carlos Galán cuando vino a Pasto, antes de su primera candidatura presidencial. Recorría el país dictando conferencias sobre El Cerrejón. Me encantó su posición nacionalista, la defensa de nuestros recursos naturales y la crítica de un contrato leonino que perjudicaba gravemente los intereses del país, además del grave daño ecológico que estaba generando a la Guajira y a la región de la costa norte en general. Al terminar la conferencia, en una conversación privada, me invitó a que lo acompañara en su empresa política.

Yo que acababa de perder mi elección a la Cámara de Representantes en el año de 1978 a nombre de Izquierda Liberal, después de haber sido diputado en representación de esa naciente fuerza política, consideré que era conveniente incorporarme a un movimiento nacional, y acepté. Fui elegido Coordinador Departamental del Nuevo Liberalismo, y desempeñé esas funciones hasta después del asesinato de Galán.

Cuando la Corte Constitucional ha reconocido la vigencia de la personería jurídica del Nuevo Liberalismo, creo mi deber hacer algunas reflexiones que me parecen importantes ahora que los promotores de esta nueva etapa se aprestan a darle una interpretación a la actual realidad social y política que vive Colombia.

Quisiera empezar contando una anécdota que, para mi, y desde esa fecha, dejó claramente establecido cuál era su ubicación en el contexto de la política colombiana: siendo yo diputado suplente de Galán a la Asamblea de Nariño, vino a tomar posesión y a ejercer sus funciones por un día. Recuerdo que un colega de la Duma, que a la vez ejercía las funciones de senador de la Republica había dejado con su suplente una carta dirigida a él, en la cual le preguntaba si un profesor de la Universidad de Nariño que dictaba clases de marxismo podía ser coordinador del Nuevo Liberalismo. Tanto a él, como a mí, nos tomó por sorpresa, y, como la carta se leyó justo en el momento en que se disponía a hablar, no tuve tiempo de darle ninguna información. Cuál mi sorpresa, cuando acudiendo a Darío Echandía, a Jorge Eliecer Gaitán, a Gerardo Molina y a Indalecio Liévano Aguirre contestó tajantemente que no había incompatibilidad absolutamente para nadie que teniendo un pensamiento tan radical pudiera acompañarlo en la lucha política. Para él, ser liberal era, cabalmente, ser tolerante. El liberalismo, es el partido del libre examen, concluyó.

Con posterioridad, en muchas intervenciones de plaza pública, y en entrevistas en televisión y radio, siempre se definió como un hombre de centro-izquierda. En el Senado de la Republica promovió un debate para defender a la Unión Patriótica, cuando esa fuerza política fuera exterminada con el asesinato de sus parlamentarios, a raíz del primer proceso de paz que impulsara el presidente Belisario Betancur. Y no solamente eso. En reiteradas oportunidades le escuché en sus disertaciones en plaza pública, invitar a la guerrilla a regresar a la democracia, como él lo decía, para que defendiera desde la legalidad sus posiciones ideológicas y sus programas. Nunca supe de un ataque suyo contra los actores armados, y tuve la certeza de que los consideraba actores políticos y, por tanto, sujetos de un acuerdo político con el Estado.

Siempre defendía el patrimonio o el legado del liberalismo en la época de la Revolución en Marcha, lo mismo que la reforma agraria promovida en la época del doctor Carlos Lleras Restrepo.

Su crítica de la corrupción y el clientelismo no era prédica moralista sino una condena tajante de esas practicas antidemocráticas que se habían enquistado en los partidos tradicionales.

En alguna oportunidad promovió un acercamiento con los sectores de la izquierda, con el objeto de conformar una especie de frente, mucho más allá del estrecho marco del partido liberal. Recuerdo que el doctor Gerardo Molina le envió una carta aceptando esa convocatoria. Desgraciadamente, un editorial en Nueva Frontera, del doctor Lleras Restrepo, que públicamente expresaba su desacuerdo con esa iniciativa, hizo que Galán no volviera a hablar más de ese tema.

Finalmente, quisiera decir que en el año 2006, después de terminar mis funciones como Gobernador de Nariño y cuando me aprestaba para volver al Senado de la Republica, donde ya había estado a nombre del movimiento Nueva Colombia, que habíamos fundado con el senador Ivan Marulanda, fui invitado por el doctor César Gaviria, en ese tiempo ya investido como presidente de la Dirección Liberal Nacional, a hacer parte de la lista de ese partido al Senado. Al agradecerle su generosidad, le manifesté que me disponía a concurrir a la creación del Polo Democrático Alternativo, como integrante de un sector independiente que Lucho Garzón denominara la Tercera Pata, pues las otras dos eran los partidos que ya tenían presencia en el Congreso: el Polo Democrático Independiente (PDI) y la Alternativa Democrática (AD). Rafael Ballén, y una fervorosa galanista, nos acompañó: María Emma Mejía. No podía ingresar a un partido que había borrado de sus estatutos esa bella definición que Gaitán había incorporado en ellos: “el liberalismo, es una coalición de matices de izquierda”.

Estas breves reflexiones, ahora que los promotores de esta nueva etapa se aprestan a señalar los criterios y el derrotero de esta importante fuerza política, que seguirá gravitando con mucho énfasis en la memoria de los colombianos.

Ojalá el Nuevo Liberalismo, que ahora renace, pueda mantener y proyectar el pensamiento del líder sacrificado.

Bogotá, D. C, 19 de agosto de 2021

*Ex senador de la República y ex ministro de Justicia.

Por Eduardo Verano*.- El ordenamiento territorial no ha recibido el impulso que se pactó en la Constituyente, y presenta poco avance. Se ha estancado la organización del Estado Regional que debe buscar un manejo económico justo, respeto al medio ambiente y la construcción del país soñado.

Hay que destrabar la regionalización y asegurar su éxito. En contraste, el manejo del país se ha recentralizado. Los departamentos ubicados en las costas  se desarrollan cada vez menos.

La concentración exagerada del poder del estado y administración de los recursos en la Nación impide un desarrollo equitativo y equilibrado.

El país está lleno de inequidades, hay zonas económicamente más fuertes y prósperas, otras mejor ubicadas y con recursos naturales. Pero, hay zonas pobres y sin recursos. Lo importante es subsanar el desequilibrio normal en cualquier país.

No es suficiente la organización Institucional del país. Es clave garantizar todos los recursos para mantenerse y desarrollarse. Si no los generan, deben recibir compensaciones para sus competencias.

Su base productiva es la base gravable para generar ingresos. Si su actividad económica es pobre debe ser compensada con fondos especiales que garanticen ingresos a todo el país. 

En Colombia hemos construido un modelo de desarrollo contrario. Nos apartamos de las costas, desde la época de la sustitución de importaciones de los años 60. Se construyó un importante aparato productivo en el centro del país a 1000 km de los puertos, y hoy esa ubicación no sirve para competir en la economía internacional. Se desbordó el crecimiento de Bogotá, con 10 millones de habitantes y lejos del mercado internacional.

Sin embargo, hasta las carencias están concentradas en las costas y el mapa de pobreza coincide con los de violencia, narcotráfico y actividades ilícitas.

El desarrollo económico y político sin recursos, decía Núñez, es una ficción. No se generará ni equilibrio ni desarrollo. Por eso la Constituyente diseñó el Sistema General de participaciones basado en las Necesidades Básicas Insatisfechas para que las zonas más pobres reciban mayor volumen de recursos y lograr equidad. No se utilizó el término de transferencias porque no son un regalo del gobierno central, que solo recauda ingresos que le pertenecen a todo el país. Los impuestos robustos como renta, venta, y aduana, los recauda la nación, pero no son de su propiedad, son del país.

En Alemania, las Landers reciben directamente una porción del impuesto a la venta, logrando un desarrollo fantástico de las regiones alemanas. Contrasta con Colombia y su diseño perverso, porque el Estado Central se queda con el lomo fino y reparte solo el hueso hacia la periferia. Los departamentos viven de antiguos impuestos coloniales al vicio como el licor y los cigarrillos.

La Unión Europea son países dispares, unos ricos y otros pobres. Utilizaron como mecanismo de igualación un fondo de compensación. Los países ricos como Francia, Alemania, Italia construyeron una red de carreteras y trenes de alta velocidad a los países pobres de Europa.  Así impulsaron un crecimiento económico del continente basado en el turismo.

Nuestro país ha fortalecido su desarrollo institucional en Bogotá. El máximo símbolo del centralismo es que hasta los institutos que manejan los puertos y la pesca están en Bogotá.

Barranquilla 19 de agosto de 2021

*Exconstituyente, exministro de Estado, exgobernador del Atlántico.

Por Gabriel Ortiz*.- El festivo pudo haber sido mucho más agradable y apacible, pero los relinchos, graznidos, ladridos, rebuznos, roznas, aleteos e interrupciones de espontáneos, pudieron llevar al fracaso la reunión de la Comisión de la Verdad.

Parecía imposible hacer comparecer a un tozudo personaje al estrado que busca terminar con la guerra en Colombia, pero el rumbo que han tomado las investigaciones, descubre actuaciones de quienes desempeñaron posiciones muy importantes durante el conflicto.

Casi todos los expresidentes y muchos de los actuantes de un lado y del otro, han acudido a la Comisión de la Verdad, que con magistral equilibrio, ha conducido el Padre de Roux.

Solo faltaba el expresidente Alvaro Uribe. El, desde un principio ha desconocido el proceso de paz, la Comisión de la Verdad y todo lo que tenga que ver con este proceso. Hechos que han aflorado, como los falsos positivos, los falsos testigos, los paramilitares y tantas cosas más, lo obligaron a acudir, muy a “regañadientes”. Inicialmente impuso más condiciones que un contrato leonino, pero al final aceptó, no sin antes enviar una especie de “memorial de agravios”.

La apacible reunión empezó en santa paz, aunque en ciertos momentos hubo tropiezos, ante la asistencia de algunos comisionados, presencia que sorteó con sabiduría el Padre de Roux.

El exjefe de Estado, se refirió a su “seguridad democrática”, que casi califica como la salvadora de la patria y de los colombianos. Más adelante reconoció los “falsos positivos”, que casi desconoció, pero que al final atribuyó a engaños por parte de algunos soldados y otros miembros del ejército.

Muchos de los presentes, y los ausentes que seguían el desarrollo de la reunión por internet, se preguntaban –en profundo silencio- ¿“quién podría haber osado mentir, engañar, ilusionar, equivocar, o hacer creer que algo falso era verdadero, al hombre que todo lo sabía”?

Cuando se pasó al escabroso, áspero y duro tema de la paz, hubo momentos difíciles. Salió a relucir aquello del sí y el no, de la forma dictatorial como se aplicó el Acuerdo de Paz de la Habana, mas no de la salida a votar “verracos”.

Tampoco se dijo mucho sobre la falta de implementación del acuerdo. Muchas cosas se escaparon, mientras otras afloraron, como la necesidad de drásticas sanciones para las Farc, y benévolas a los paras y demás delincuentes de la guerra, para concluir en la propuesta del siglo: amnistía general. Es decir para generales, políticos, delincuentes, etc. Es decir: “borron y cuenta nueva”.

Cesaron luego los murmullos, ruidos y toces. En medio de sepulcral silencio, solo el espíritu irritado de Tomás, “colado en la reunión”, manifestó su descontento.

Otros, solo pensaron: ¿dónde quedará, entonces la tal paz “con legalidad”, de Duque?

Los días están por venir y la propuesta de Uribe por debatir, porque hay mucho que limpiar.

BLANCO: Bueno el crecimiento del segundo trimestre. ¿Activación? 

NEGRO: ¡Decime Oscar… Oscar a secas! Orden del candidato Uribista a sus seguidores.   

Bogotá, D. C, 19 de agosto de 2021