Opinión

Por Juan Manuel Galán*.- En Colombia, la igualdad de género sigue siendo más una promesa que una realidad. Día a día, millones de mujeres en nuestro país deben enfrentar barreras de discriminación laboral, política y social que atentan contra sus posibilidades de desarrollarse plenamente y que las ponen en condiciones de inferioridad frente a los hombres. Además de eso, los feminicidios -320 entre enero y junio de 2021 según el Observatorio de Feminicidios Colombia- y la violencia sexual, entre otros tipos de violencia de género, siguen creciendo y las instituciones que deberían protegerlas no les ofrecen garantías a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas, por lo que denunciar o hacer público un abuso termina produciendo más bien que ellas sean re-victimizadas y no que se les proteja y garantice justicia.

Es preciso acordar un punto de partida: jamás podremos tener una sociedad justa y democrática, si las mujeres, niñas y adolescentes siguen siendo victimizadas y desprotegidas por nuestras instituciones, y si las agendas de igualdad de género se mantienen marginalizadas en los espacios de toma de decisiones políticas, económicas y sociales. No podemos seguir creyendo que las violencias contra las mujeres no son relevantes para toda la sociedad y tolerando patrones morales machistas que le asignan la culpa de una violación sexual a la víctima. Por eso, o avanzamos decididamente en una agenda estructural de igualdad de género o no tendremos viabilidad democrática.

La forma en que nuestras instituciones públicas legislan, gobiernan o hacen justicia no puede seguir ajustándose a la medida de los hombres. La paridad y las agendas de igualdad de género deben ser centrales en nuestras leyes, presupuestos públicos y planes de desarrollo, y los feminismos no pueden seguir siendo estigmatizados y excluidos. Necesitamos más mujeres eligiendo y siendo elegidas: más mujeres en el sector público para lograr la paridad, y más mujeres expertas en temas de género en cargos de poder para construir política pública para todas y todos.

Las mujeres no pueden ni deben recibir menos pago que los hombres ni contar con menos oportunidades de promoción en su trabajo; deben recibir educación sexual apropiada y libre de estereotipos que les permita tomar decisiones informadas; dado que el 40% de las mujeres ya han tenido su primer hijo a los 19 años, deben contar con guarderías para sus hijos financiadas por el Estado y por el sector privado para facilitarles su acceso a la fuerza productiva; deben tener un mejor acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. En suma, debemos asumir con seriedad el compromiso democrático de construir una sociedad igualitaria.

Bogotá, D. C, 3 de octubre de 2021

*Precandidato presidencial. Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Tamaña sorpresa la que me llevé recién posesionado como Ministro de Minas y Energía. Como se recordará, mediante el Decreto 4131 de 2011 se le cambio de naturaleza y denominación al INGEOMINAS, para darle vida al Servicio geológico colombiano (SGC). Entre sus funciones y competencias le atribuyeron “la investigación científica básica y aplicada del potencial de recursos del subsuelo”, entre ellos el agua, además de “administrar la información del subsuelo”.

Pues bien, cuando me citaron para presidir la primera Junta del SGC no dudé en confirmar mi asistencia y concurrir a la misma, a contrario sensu de lo que solía darse, ya que, según fui informado, la mayoría de los ministros que me antecedieron delegaban su representación en cabeza de algún subalterno. Me atraía y me interesaba, por razones obvias, la problemática del agua.

Al hacerme la presentación de la misión, la visión y los valores de la entidad por parte de su Director general Oscar Paredes, me llamó poderosamente la atención que una de las tareas claves que adelanta la misma es el estudio del recurso hídrico mediante perforaciones de pozos exploratorios, con miras a determinar la existencia de acuíferos y las zonas de recarga hídrica en el subsuelo, amén del análisis fisicoquímico e isotópico del agua alojada en tales reservorios y a partir de tales registros establecer el Modelo y el ciclo hidrogeológico y geofísico. A partir de esta valiosa información el SGC ha hecho un levantamiento georreferenciado que le ha permitido contar con un mapeo de sus hallazgos y la identificación de las fuentes de las cuales se surten.

Después de su exposición, le pregunté al Ingeniero Paredes, cuánto costaba la perforación de cada pozo exploratorio y qué hacían con el mismo después de recabar la información que se buscaba y tener a mano los registros obtenidos a partir de las pruebas a las cuales era sometido. Me contó que, en promedio, la perforación de un pozo hasta los 500 metros de profundidad podía costar $1.200 millones y una vez logrado su cometido el mismo era sellado y abandonado.

Mi reacción, de neófito en el tema, fue manifestarle a la Junta que mi conclusión era que el SGC iba dejando a su paso por todo el territorio nacional unas “guacas” enterradas de $1.200 millones. Y se me ocurrió preguntarle al Director del SGC, haciendo un símil con la industria petrolera, con respecto a la cual mi conocimiento no era tan precario como en materia hidrológica, por qué, así como cuando se perfora un pozo exploratorio buscando petróleo y este se encontraba en cantidades y calidades que justificaba su desarrollo el mismo se convertía en productor, no se hacía lo propio con los pozos exploratorios de agua.  

La respuesta afirmativa que recibí me satisfizo mucho y me llevó a plantearle una propuesta al Ingeniero Paredes, para que en adelante los pozos exploratorios perforados, una vez obtenida la información pertinente en lugar de sellarlos se le entregara en administración a la entidad responsable del manejo del recurso hídrico en los territorios y por este medio ponerlos a disposición de los operadores de los acueductos. En efecto, el primer convenio interadministrativo se firmó con la Corporación Autónoma de La guajira (CORPOGUAJIRA), a la cual le entregamos dos pozos en el Municipio de Maicao, tres en Riohacha, uno en Manaure y otro en Uribia, con una capacidad entre 50 y 60 litros por segundo cada uno de ellos, justo en momentos en los que La guajira era azotada por una sequía extrema que puso en riesgo el abastecimiento de agua potable a la población.

Mi optimismo se acrecentó cuando supe que, según Teresita Betancur, profesora titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, que “La guajira también es agua…Estos embalses de agua subterránea guardan las reservas que pueden garantizar el futuro abastecimiento para la población del Departamento”. Es más, de acuerdo con ella, se viene aprovechando para todos los usos sólo el 4% de su potencial anualmente, mientras que la recarga hídrica es del 30%.

Así nació una nueva política pública y con base en ella, se implemento un plan de contingencia, disponiendo de una batería de pozos profundos, para paliar la calamidad pública que afrontó el Distrito de Santa Marta en el año 2014 debido al desabastecimiento de agua potable a causa de la disminución del caudal de los ríos Piedras, Manzanares y Gaira, de los cuales se sirve el acueducto del Distrito. La misma se hizo extensiva posteriormente al Eje cafetero y hasta Boyacá.

Con base en la experiencia anterior, me propuse como Ministro promover un documento CONPES que contuviera los lineamientos de una Política de Gestión Integral del Recurso Hídrico. Se trataba y se trata de articular las acciones de las distintas dependencias del Estado y de esta manera aprovechar las sinergias producto de su coordinación y concurrencia, en procura de hacer un uso más eficiente del preciado líquido. Esta propuesta se propone además enfrentar el cambio climático y sus estragos, que ponen en riesgo el abastecimiento de agua potable a la población, a través de estrategias de prevención, mitigación y adaptación. Desafortunadamente no me alcanzo el tiempo de permanencia en el Ministerio para haberlo cristalizado. Esta sigue siendo una asignatura pendiente.

Cota, octubre 2 de 2021

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

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Por Gabriel Ortiz*.- Después del descomunal y exagerado despliegue que nuestra prensa dio al rumboso viaje del Presidente Duque por Europa y Estados Unidos, nos encontramos con otra realidad. No somos ese maravilloso país de Alicia, que quiso vender como grandioso, rico, prometedor, generoso y desbocado por lo social.

En la Feria del Libro, dedicada a Colombia, no pudo presentar su libro sobre la Economía Naranja, porque casi todas sus apariciones en Madrid, fueron interrumpidas por manifestaciones que repudiaban su presencia. Protestaban sus trabas al proceso de paz, por los asesinatos de excombatientes, por la creciente pobreza, por la corrupción, por violaciones a los DDHH y en general por su mal gobierno.

En Estados Unidos se rodeó de los magnates, que según él traerán sus capitales a nuestro país, al tiempo que el Congreso norteamericano le recortaba presupuesto para glifosato y Esmad.

Quiso ponernos como país ejemplar ante las Naciones Unidas, utilizando su gran gestión para la paz, mientras la consideraba como precaria.

Cansado de prolongar un viaje tiquismiquis, decidió regresar henchido de orgullo por tantas alabanzas de ciertos medios manejados desde la Casa de Nari.

Quería descansar de tanta zalamería, y de pronto encontrar a alguien que le jalara el saco, para salir del país de Alicia, de ese que no se plasma desde el grandioso Boeing a 9 mil metros de altura repleto de aduladores.

Entre tanto Sebastián Piñera, el chileno, lo esperaba para asistir a un apretado y casi secreto acto, con el que Duque celebraría los 5 años de la precaria paz, como la calificó ante la Onu. El ex guerrillero “El cantante de las Farc”, los esperaba en Turbaco, municipio del que es alcalde.

Piñera estuvo feliz lejos de Bogotá y sin manifestaciones como las que soportó recientemente en su país.

“El cantante” de las Farc, le dio cátedra a Duque: “la paz tiene que ver con los problemas sociales”, le dijo, mientras condenaba la matanza de líderes sociales durante este gobierno. Van más de 280.

El domingo, ya en Bogotá, Duque se enteró, a través la columna de María Isabel Rueda que, Uribe su mentor padecía de “fatiga de metal” que lo ha llevado a una esquina anti-duquista, como consecuencia del “crepúsculo”, decadencia u ocaso, en que se encuentra. Que patina en una especie de  barrizal, para tratar de explicar, “a la loca”, las amnistías e indultos que propone.

El Presidente creyó que podría descansar, cuando se esclarecieran las abudinaciones en Mintic. Pero su superdefendida, ya exministra, no logra aclarar nada. Está enredada y ahora dice, sin pruebas, que todo el mundo, la llamó por el billón de pesos que hoy viajan por el mundo.

Muchos esperan que Duque supere el cansancio de un mal e improductivo viaje, de la fatiga del metal y de las llamadas de su exministra. ¿Podrá ahora descansar?

BLANCO: Cambio, llegará con un nuevo aire de independencia para los colombianos. Buen viento Daniel.

NEGRO: Duque no pidió a Piñera clemencia para los colombianos refugiados en Chile.

Bogotá, D. C, 2 de octubre de 2021

Por Robinson Castillo*.- Alemania se quedará pronto sin Ángela Merkel, pero el resto del mundo la extrañará más. Es que se va la mujer más poderosa de la política internacional, una influencia que traspasó todas las fronteras. Sobria, reservada y eficiente.

Es una mujer de carácter. No asumía compromisos sino hasta último momento, hasta analizar todas las posibilidades, según relatan asesores de su inmediato entorno. No promete en vano.

Uno de sus símbolos más importantes, es el de juntar sus dedos en forma de diamante. Este gesto que siempre lo usó, no es menor, refleja lo que ha demostrado: seguridad, tranquilidad y muchos resultados.

Concluyen 16 años como Canciller de Alemania, con un respaldo que ronda el 70 por ciento. Algo impensado con cuatro mandatos consecutivos, lo que la eleva a la categoría de la líder más importante del siglo XXI en Europa. Para algunos, es todo un misterio tanta popularidad sostenida.

Merkel nunca se dejó manipular por el poder. El ego jamás la atrapó y logró mantener a metros y blindada su vida personal. Su excesiva capacidad de análisis, pero por encima de todo, de escucha, la convirtieron en leyenda.

Angela Merkel entra de lleno a la política dos años después de la caída del muro de Berlín y una década posterior, era elegida presidenta de la Unión Demócrata Cristiana. Ascenso meteórico.

Este crecimiento, liderazgo y ahora legado, se concentra en un método muy pragmático pero eficiente: Su enorme capacidad para adaptarse al momento presente, como ocurrió con su gestión de la pandemia, al considerarla el mayor reto después de la Segunda Guerra Mundial. Se aleja de las metas de largo plazo. La gestión cotidiana y los pasos pequeños, dan grandes resultados, dicen sus personas de confianza.

Su capacidad física también es otra fortaleza. Nunca abandonó una negociación hasta no concluirla, así se transcurría la noche entera. No ahorra esfuerzo alguno y parece nunca importarle el horario. Casi nunca mostró en público signos de cansancio.

¿Qué hemos aprendido hoy? Así se refería en cada encuentro de algún tipo de reunión de alto nivel. Sin duda, el mundo extrañará a este tipo de líderes. Recientemente para sorpresa de muchos, se declaró feminista. Otro aporte para su enorme prestigio.

Se va esta Doctora en química cuántica, la que nunca le importó repetir vestuario, su favorito sin duda, la chaqueta de diversos colores y de botones grandes. Con una forma de comunicar sencilla, básica, aunque contundente. Angela Merkel es en esencia, una verdadera marca de liderazgo. Mantuvo un método inalterable: “Para mí, la política se basa en resultados” Y la otra: “No ganes discusiones”.  Mucho por aprenderle.

Bogotá, D. C, 2 de octubre de 2021

*Comunicador Social-Periodista

Por Simón Gaviria*.- La  vivienda en Colombia va disparada. Las políticas del gobierno nos condujeron a 2.311 unidades vendidas por millón de habitantes, casi cuatro veces el nivel de Brasil, aunque hay una tendencia a que disminuya la densificación. Las viviendas se construyen donde hay empleo, en 2021 el 50 % se ubicaron en las cinco principales aglomeraciones. Pero en esa nueva dinámica, los ciudadanos se están alejando de los municipios núcleo, 73 % de las nuevas viviendas ocurren en municipios aledaños. En otras palabras, en vez de Bogotá, se prefiere Chía. Los POT que se discuten pospandemia deben tener en cuenta el cambio climático, un colapso en densidad sería calamitoso. 

Para muchos no es evidente, pero una de las principales funciones de la ciudad es la sostenibilidad ambiental. A pesar de nuestra visión idílica de la ruralidad, la densidad de la ciudad permite una prestación de servicios más eficiente. Facilitar energía, transporte o agua es más fácil cuando los costos de suministro se diluyen entre más. Según el Instituto Brookings en EE. UU, los residentes urbanos tienen una huella de carbono 14 % más baja que los demás. 

No obstante, la claustrofobia de la cuarentena hizo que muchos buscaran refugio en la ruralidad y ciudades intermedias. En Medellín, por ejemplo, a agosto de 2021 se vendieron 700 mil viviendas menos que el año anterior, al tiempo que, en el área metropolitana, aumentaron 2,4 millones. Más pronunciada fue la experiencia de Cali donde la venta de viviendas en municipios aledaños aumentó 108 %, durante el mismo periodo. Siguiendo la misma tendencia, la venta de vivienda en municipios aledaños de las cinco principales ciudades aumentó 47,1 %. Debido a lo anterior, cuando volvamos a medir va a caer la densidad. 

En paralelo, solo 37 % del país tiene el POT actualizado y entre las ciudades de más de 100 mil habitantes apenas 58 % está al día. Así las cosas, aún hay oportunidad de hacer un ordenamiento de calidad, teniendo en cuenta las nuevas realidades de la pandemia. Útil tener en trámite a Bogotá y Cartagena que son referentes de urbanismo a nivel nacional. Hay que habilitar más suelo para construir a mayor altura y zonificación mixta, pero garantizando más espacio público. 

Shlomo Angel en su ensayo sobre la Anatomía de la densidad, ilustra la realidad de las ciudades. En esencia, la densidad viene de cuatro variables: altura, ocupación, espacio público y uso residencial del suelo. Hay ciudades que son densas por su altura como Hong Kong y otras por hacinamiento como Kinshasa. Bogotá, por su parte, es líder en cuanto a densidad sin espacio público. Como Bogotá, híper-densas, son la mayoría de ciudades en Colombia, casi el doble del promedio de América Latina. La falta de espacio público es una constante. 

Debido a esta realidad, los nuevos POT deben permitir mayores densidades, pero ser agresivos en el espacio público. En el último estudio de Minvivienda sobre los POT: 32 % no definieron su suelo de expansión y 14 % ni siquiera el suelo de protección. Habilitar la densidad inteligente no solo permite disminuir la huella de carbono sino también la inclusión social. Es una coyuntura para hacer todo mejor, las decisiones de hoy definirán el futuro de las ciudades por siglos.

Bogotá, D. C, 28 de septiembre de 2021

*Actual fellow del instituto Marron en NYU. Ex-director nacional de planeación y presidente de la cámara. También padre de Sofía, Filipa, y Victoria.

Por Guillermo García Realpe* – Una nueva jugadita a los colombianos y especialmente a la democracia hizo recientemente el gobierno nacional al impulsar un artículo dentro del proyecto del Presupuesto General de la Nación para derogar el artículo 38 de la Ley 996 del 2005 o Ley de Garantías que entra en vigencia en algunas semanas. 

Y es que, con lo aprobado por las comisiones económicas de Cámara y Senado, borran de un plumazo esta herramienta legal que evita que la contratación estatal sea utilizada de manera indebida en prácticas políticas o electoreras. Es que los recursos públicos deben estar protegidos y alejados de los tiempos electorales. 

Yo me imagino a muchos contratistas inescrupulosos a lo largo y ancho de Colombia frotándose las manos ante alcaldes y gobernadores solicitando contratación directa para ejecutar obras en plena campaña electoral. 

Esto de por sí ya es muy grave, se convierte en un peligro para la democracia porque en ese sentido no habría ninguna garantía para los partidos de oposición, minoritarios o independientes, porque todos los dineros públicos estarían dirigidos a ejecutar recursos en proyectos para beneficiar a los amigos del gobierno y aprovechar esa coyuntura para redireccionar el caudal electoral en las regiones para los candidatos afines a su ideología, que en este caso sería más por conveniencia que por un sesgo ideológico. 

Pero a todas luces es un trámite inconstitucional, la modificación en el debate legislativo va en detrimento del artículo 152 de nuestra Constitución Nacional, el cual ordena darle trámite de ley estatutaria a los temas relacionados a la igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República y a las diferentes corporaciones públicas. 

Pero lo que resulta mas curioso aún, es que, cuando Iván Duque fue senador, se opuso con contundencia a una iniciativa similar en el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, durante una sesión plenaria se despachó y textualmente manifestó; “se quiere aprovechar una figurita para que ahí se pueda colar una mermelada. Aquí lo que están haciendo es que la contratación estatal se adecue conforme a los intereses del partido de gobierno y eso lacera la democracia colombiana. Hay que buscar que la Ley de Garantías se mantenga, porque da ejemplos en la contratación estatal y evita que el partido de gobierno perpetue sus instancias de poder con los candidatos de sus afectos. Si esto queda así, estaríamos dándole cristiana sepultura a la existencia de partidos minoritarios con vocación de oposición” es decir que Duque pasó en menos de cuatro años de defensor de la Ley de Garantías a ser el propio sepulturero de los partidos minoritarios, sin duda, un precedente bastante nocivo para la democracia en Colombia. 

Esto que han hecho en los primeros debates las Comisiones económicas se convierte en un verdadero atentado a la democracia, porque no habría garantías para ningún partido, salvo para el de gobierno y sus aliados, incrementará la corrupción en las regiones porque mandatarios locales y regionales estarían dando contratos a dedo a sus amigos y por ahí derecho direccionando por qué candidato se debe votar, eso es muy gravoso y no lo podemos permitir.                                      

Nos han venido con el cuento que es necesario acabar con la Ley de Garantías para lograr la reactivación económica del país, todos sabemos que Colombia y el mundo viven un mal momento, pero tampoco no todo vale en esa recuperación de la economía. 

Es que, a este gobierno, nada le sirve y lo que no esta a favor de sus intereses buscan por todos los medios acabarlo o hacerlo trizas. A ellos, no les gusta la oposición, no les gusta la paz, no les gusta las Cortes, no les gusta la protesta social, no les gusta la defensa del medio ambiente, no les gusta la ética, en fin, a ellos solo les gusta la burocracia, el derroche, la guerra, la feria de los mega contratos y todo aquello que fortalezca sus intereses, porque sólo buscan el lucro para los de arriba y las élites, mientras el pueblo y el ciudadano del común pasan las duras y las maduras como se dice en el argot popular. 

Ojalá que las plenarias nieguen ese artículo, pero con las mayorías del gobierno su aprobación está casi que asegurada, solo nos queda confiar en la Corte Constitucional para que niegue ese esperpento.

Bogotá, D. E, 29 de septiembre de 2021

*Senador Liberal

 @GGarciaRealpe

Por José G. Hernández*.- Al momento de escribir estas líneas no sabemos si las plenarias de Senado y Cámara han aprobado o desechado dos artículos de iniciativa gubernamental, incluidos en el proyecto de ley de presupuesto para 2022, que fueron aprobados por las comisiones terceras y cuartas (de asuntos económicos) en sesión conjunta. Mediante uno de ellos se suspende parcialmente la Ley Estatutaria de Garantías Electorales (996/05), para permitir -en plena campaña- que entidades del orden nacional y territoriales celebren convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. El otro contempla el traslado de afiliados de fondos de pensiones privados a Colpensiones, siempre que se trate de hombres mayores de 52 años o de mujeres mayores de 47, que hayan cotizado como mínimo 750 semanas al régimen de prima media.

No entramos a discutir -ya habrá ocasión de hacerlo- si esas propuestas son convenientes o no. Hay argumentos en pro y en contra. Lo que nos preocupa, desde el punto de vista jurídico, es la gravedad del precedente que se sentaría, contra la vigencia y observancia de las reglas propias del Estado de Derecho. En especial, si se hace a sabiendas y por parte de Gobierno y Congreso, que deberían ser los primeros llamados a cumplir las reglas constitucionales sobre aprobación de las leyes de la República.

El artículo 158 de la Carta consagra el principio de unidad de materia, según el cual "todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto". 

Los dos artículos propuestos no son sino “micos”, es decir, normas que nada tienen que ver con el asunto tratado en el proyecto de ley, pero cuyos redactores, aprovechando un articulado frondoso y técnico, añaden, colgándolas subrepticiamente para que pasen desapercibidas y se aprueben. Con ello es vulnerado el principio de unidad de materia, plasmado en los artículos 158 y 169 de la Constitución. Según la primera de esas disposiciones, todo proyecto de ley -con mayor razón si es la de presupuesto- debe circunscribirse a una misma materia (en este caso la presupuestal), siendo “inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella”, al paso que la segunda estipula que “el título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido”.  

De otro lado, la Carta Política estableció las leyes estatutarias, de la más alta jerarquía, para materias muy especiales. Una de ellas, la Ley de garantías electorales. Su reforma o derogación requiere, por tanto (Art. 153), otra ley estatutaria, primer debate en las comisiones primeras constitucionales de Senado y Cámara (no en las económicas), trámite en una sola legislatura, con mayorías calificadas y revisión previa y oficiosa -formal y material- de la Corte Constitucional. 

Suspender una norma estatutaria permanente por ley ordinaria y temporal -la del presupuesto-, es un adefesio, según nuestro sistema constitucional, con mayor razón si aquélla consagra garantías.

Lo dicho -de ser aprobado- resquebraja los principios democráticos, perjudica gravemente el prestigio de Gobierno y Congreso, y envía un pésimo mensaje al país.

Bogotá, D. C, 29 de septiembre de 2021

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- La semana pasada decía que el premier chino Xi Jinping estaba empezando a tomar medidas para resucitar el viejo objetivo maoísta de “prosperidad compartida”, controlar el capitalismo salvaje que se ha adueñado del país y disminuir un poco las enormes desigualdades que ha creado. Otros interpretan estos movimientos como una estrategia para rescatar al capitalismo de sus propios excesos, tal como ocurrió en Estados Unidos un siglo antes.

El proceso seguido desde 1980 en la China comunista/capitalista ha sido comparado con lo que Mark Twain llamó la “época dorada” (Gilded age) de Estados Unidos, al final del siglo XIX. Una época de acelerado crecimiento industrial, consolidación de monopolios como el petróleo, los ferrocarriles o el acero, de gran especulación financiera y abuso a los consumidores; época de brutal desigualdad y los primeros multimillonarios, llamados los “barones ladrones” por la forma corrupta en que lograron sus fortunas.

Como reacción vino la llamada “Época Progresista” con fortalecimiento de los sindicatos, estrictas leyes antimonopolios y reformas políticas, sociales y laborales que buscaban mejorar las condiciones de los obreros, pero también profundizar la democracia. Ahí acaba la similitud con China, donde el control a los monopolios capitalistas va de la mano con el fortalecimiento del partido comunista.

Desde 2012 Xi anunció políticas para disminuir la pobreza y combatir las alianzas corruptas de empresarios y funcionarios públicos. En los dos campos ha logrado avances. Más recientemente ha iniciado una ofensiva contra los grandes monopolios tecnológicos y otra para mejorar la equidad en la educación.

A finales de 2020 detuvo la oferta pública de acciones de la empresa fintech del gigante de comercio electrónico Alibaba, controlado por el hombre más rico de China, Jack Ma. Esta operación iba a ser la mayor oferta de acciones mundial y fue suspendida solo dos días antes con el argumento de que las operaciones financieras del grupo eran demasiado riesgosas. De hecho, después fue sometida al control del Banco Central de China.

En abril de este año a Alibaba le fue impuesta una multa de USD 2.800 millones por prácticas monopólicas. A diferencia de otros países, Alibaba no recurrió la multa sino que Jack Ma pidió excusas en público y se comprometió a ser más responsable con la sociedad. Después ofreció donar USD 15.000 millones para proyectos sociales.

En materia de educación el objetivo es lograr una verdadera igualdad de oportunidades fortaleciendo la educación pública y eliminando las ventajas que da la privada para acceder a mejores universidades y empleos. Para ello se controlaron las lucrativas empresas de tutores privados, causando grandes pérdidas a sus accionistas.

Son muchas otras las medidas de control de los monopolios, así como otras de mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, dándoles mayor acceso a salud, educación y vivienda. Está por verse si el resultado final será solo un capitalismo menos salvaje o un cambio más profundo que genere un maoísmo del siglo XXI.

Cali, 27 de septiembre de 2021

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Como bien lo dijo Joseph A. Schumpeter, “la innovación implica, por virtud de su naturaleza, una gran paso y un gran cambio…y difícilmente se mantiene alguna de las formas de hacer las cosas que fueron óptimas antes”. Y es propio de la innovación y la tecnología su evolución disruptiva, a saltos. Así se explica que la primera revolución industrial (1784) fue posible gracias a la invención de la máquina a vapor, la segunda (1870) se caracterizó por la generación eléctrica a gran escala, concomitantemente con la invención del motor de combustión interna, la tercera (1969) por la electrónica y las tecnologías de la información y la cuarta, la actual, por los sistemas físicos cibernéticos (Big Data, IoT, Smart Cities y la inteligencia artificial).

Nada ni nadie escapa a esta realidad incontrastable, pues, como lo afirma Martín Merino Eiró, “la transformación digital deja de ser un objetivo para crecer y se convierte en una urgencia para sobrevivir”. Y continúa diciendo que con la pandemia sobrevino un salto tecnológico muy brusco, abrupto, en el cual el gran protagonista ha sido la virtualidad. Y esta llegó para quedarse, ahora “hay que hacer las cosas de manera distinta” y en un escenario en el que la gestión de la información y la calidad de la misma se tornan críticas en la toma de decisiones empresariales. La analítica digital es la clave para poder sacar provecho del cúmulo de información del que ahora se dispone en la nube, con una capacidad de almacenamiento infinita y del procesamiento de la misma, ahora al alcance de un clip en el computador o en el Smartphone.

No cabe duda que la Transición energética es tecnológica y la automatización de sus actividades y procesos van de la mano con la Transformación digital. Como lo afirma el Gerente de Desarrollo de Negocio en el área de Utilities en Minsait Colombia Cesar Piñeros, “la digitalización en la transición energética es una realidad que poco a poco va ganando terreno en Colombia y en el mundo. Contar con las herramientas digitales adecuadas será la clave para que las compañías gestionen sus activos y la información que estos generan para integrarse al nuevo modelo en construcción”. Ello dará lugar a una reconfiguración de la cadena de valor que va desde las fuentes de generación, la generación misma, el transporte de la energía, su comercialización y distribución, hasta llegar al último eslabón de la cadena, el consumidor.

Como lo afirma el Presidente de la Asociación Colombiana de distribuidores de energía eléctrica (ASOCODIS) José Camilo Manzur, la innovación, la tecnología y el ecosistema digital cuenta con un amplio campo de aplicación en este sector de cara a la Transición. A guisa de ejemplo cita él que “por ejemplo, la inteligencia artificial en microrredes se ha convertido en una estrategia para el ahorro de la energía, la independencia energética, la eficiencia y la protección durante una contingencia que requiere mejoras en la operación y una adaptación continua”.

La adopción de estos nuevos desarrollos tecnológicos, así como la adaptación  y modernización de los mismos en las actividades y los procesos inherentes a este sector agregan valor y contribuyen al ahorro, a la reducción de costos y a la eficiencia energética. José Camilo Manzur trae a colación la experiencia al respecto en los EEUU. Se pudo determinar, según él, que “el impacto económico, sectorial y laboral de las inversiones realizadas en redes inteligentes y digitalización del sector eléctrico puede resultar en beneficios más allá de las empresas de servicios públicos. Por ejemplo, se encontró que por cada millón de dólares de gasto directo, el PIB se expandió entre 2.5 a 2.6 millones de dólares”.

Así entendida la Transición energética, que pasa por la modernización del sector, abre espacio para la incursión de nuevos agentes en la cadena, destacándose entre ellos el agregador de la demanda, el cual propende por la gestión activa de la demanda, la cual ahora, con el nuevo marco legal y regulatorio, adquiere una gran relievancia y empoderamiento al consumidor, el cual dejará de ser un agente pasivo para adquirir su doble carácter de productor y consumidor (Prosumidor). El agregador de la demanda está llamado a ser el gran articulador de distintos agentes de la cadena, participando en el mercado eléctrico, tanto mayorista como minorista e incluso prestando sus servicios al administrador y operador del Sistema interconectado nacional (SIN).

La convergencia de la digitalización, la electrificación y la descentralización ya mencionada, habrá de facilitar el surgimiento de nuevos y múltiples negocios en torno a esta actividad, tales como las plantas virtuales de potencia (vvp, por sus siglas en inglés). Se trata de un software remoto que sirve para regular el consumo particular de la energía, conectando o desconectando, coordinando y monitoreando a los generadores, a la generación distribuida, a los autogeneradores de energías descentralizados, así como los almacenamientos de energía y los de carga controlada.

A la utilidad y a los beneficios anteriores de esta armazón, se viene a sumar que permite la portabilidad de la energía, la facturación de la energía prepago, corrige la asimetría de la información entre el usuario y el prestador del servicio, utilizando para ello plataformas y aplicaciones tecnológicas. Y de contera, facilita la integración de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) a la matriz energética, cuya intermitencia en la generación de energía dan lugar a incertidumbres en el cumplimiento de la entrega de la energía contratada y comprometida. 

Cota, septiembre 25 de 2021

*Economista, expresidente del Congreso y exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por Gabriel Ortiz*.- Todo está listo: aceite para maquinaria, mermelada para galletas, ñeñerías y cuanta triquiñuela exista para derrotar mayorías y elegir minorías. No hay otra manera de mostrar lo que se nos viene encima con los procesos electorales que se avecinan, sin ley de garantías.

El bajonazo de un presidente en las encuestas, la turbia división en el partido de gobierno, el desprestigio de Uribe, el pésimo manejo de la pandemia y la supuesta necesidad de una reactivación.

El mal gobierno se siente derrotado, y busca por todos los medios mantenerse en el poder. No importa lo que haya que hacer, para aplicar el chocorazo. 

Ese “chocorazo”, trae a mi memoria una de las exquisitas, ilustradas y sapientes crónicas del Gran Juan Gossain. Anota él, que con un chócoro, palabra con la que se conoce la satén o el cucharón de la cocina, reprendían las abuelas a los nietos impertinentes. Es algo así como el famoso “coscorrón”, con el que algunos dirigentes, hacen cumplir sus órdenes.  

La Ley de garantías, es la que impide la corrupción, el despilfarro, la compra de votos, los contratos amañados –estilo Mintic- nombramientos de futuros votantes y demás vicios electorales. Impide que se repitan “articulitos”, como el que Fabio Echeverry se inventó para reelegir a Uribe.

Cuenta Juan Gossaín que el primer chocorazo -palabra también manejada por Oscar Alarcón en sus incomparables escritos- lo denunció el famoso padre Revollo, en Barranquilla por los años 1885. Desde entonces es un vocablo que significa corrupción, triquiñuela, fraude, mala fe y demás. Para el padre Revollo, era una canasta de votos que se introducían en una urna. Es decir, lo que hoy vemos por todas partes: más votos que habitantes. “Ñeñerías”.

El chocorazo de hoy, quedará listo, si se elimina la ley de garantías, como se pretende, incluyendo el “articulito” en la ley de presupuesto que está en discusión. El viajero Presidente Duque, combatió la eliminación durante el debate que eligió al Nobel Juan Manuel Santos, “porque ella evita que el partido de gobierno perpetúe sus instancias de poder con los candidatos de sus afectos”. Ahora sí es válido desaparecerla, para reactivar el país. Raro: porque durante periplo que apenas termina, no se cansó en revelar que el crecimiento de Colombia, este año, será el más alto de la región. “Con cara gano yo, con sello pierde usted”, dicen en Antioquia.

Lo más grave, es que el chocorazo, tiene vía libre. El congreso aún está  enmermelado, ahíto y repleto con las prebendas que recibió durante el debate sobre el peculado en el Mintic. Así el gobierno, sostuvo a la titular de la cartera.  Con un “pequeño” soplo se aprobará la triquiñuela.

“Ojo al 22”, porque las canastas de votos que descubrió el padre Revollo, en el 1885, están listas para ingresar a las urnas y cambiar de nuevo el rumbo legal de esta patria.

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Bogotá, D. C, 23 de septiembre de 2021

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.