Opinión
Por Guillermo García Realpe*.-Mucho hemos escuchado los colombianos en los últimos días sobre la grave crisis que afronta hoy Bucaramanga, especialmente Floridablanca y otros 16 municipios de Santander, por cuenta del cierre de El Carrasco, el relleno sanitario que hasta el 13 de agosto pasado venía operando como sitio final de disposición de las basuras de estos municipios, pero que debido a una orden judicial fue cerrado.
Esto ha causado una enorme crisis sanitaria que al día de hoy está afectando al 65% de los municipios más poblados de Santander, salvo Barrancabermeja. Incluso se habla ya de un problema que se puede convertir en amenaza a la salud pública de la región.
El caso más crítico es lo que sucede con Floridablanca que hace parte del área metropolitana. Según lo denunció su alcalde, hoy en las calles de ese municipio hay más de mil toneladas de basuras esperando para ser evacuadas a departamentos cercanos.
Toda esta situación ha generado una dura controversia, pues trasladar toneladas de basuras de 16 municipios de Santander a una región diferente como Aguachica en el Cesar o incluso hasta Medellín, ha derivado el rechazo, especialmente de las gentes del sur del Cesar, pues a nadie le gustaría que le lleven las basuras del vecino a su propia casa.
Además del malestar ciudadano, esto también implica enormes dificultades, no solo por los múltiples gastos que esto representa para un ente territorial, sino también que se podría ocasionar un aumento en las tarifas, perjudicando al usuario final que nada tiene que ver en este problema.
Disponer las basuras de Floridablanca en El Carrasco, por ejemplo, cuesta $107.000 por tonelada, en Aguachica costaría $258.000 por tonelada y llevarlas a Medellín valdría $568.000 por tonelada. Según el alcalde de Floridablanca, Miguel Moreno, subsidiando el excedente de los $107.000 se gastaría 2 mil 700 millones de pesos en un mes, una cifra sin duda exorbitante. Y algo similar con el resto de municipios.
Este tema de El Carrasco, al igual que Santurbán, no sólo se ha convertido en un problema local o regional, sino que esto tiene una trascendencia nacional. En buena hora la ANLA ha asumido el control, pero hace falta llegar al punto final para superar esta difícil situación que afecta a miles y miles de santandereanos.
No nos digamos mentiras, aquí fallo el Estado colombiano en temas de planificación, regulación, los documentos CONPES que no han funcionado ni en Bucaramanga, ni en ninguna parte de Colombia por la bendita gana de las privatizaciones, donde los privados quieren máximo lucro al menor costo; importándole poco el servicio público y el servicio de los usuarios en Colombia y un ejemplo claro de eso son la crisis de los acueductos. Es decir, no hay una política pública que garantice subsanar en el tiempo este tipo de fallas de forma definitiva.
El Estado ha fallado en regulaciones, además de las propias responsabilidades regionales. Entonces, aquí tienen que emplearse muy a fondo las entidades del gobierno nacional, hay un fallo judicial de por medio y sobre ello no hay discusión, porque las decisiones judiciales se respetan.
Pero creemos, que al más alto nivel del Estado colombiano, promovido por el gobierno, con el poder judicial, se deben buscar unas modulaciones de estas circunstancias muy graves por cierto que vive Santander y el país, porque no es solo Bucaramanga, es Medellín, es Aguachica, incluso se habla también de Cúcuta y Norte de Santander. Son temas estructurales y debemos ayudar a solucionarlos.
Aquí lo que se debe hacer es aplicarse la Ley 2056 del nuevo Sistema General de Regalías, donde se estructuran los programas regionales de inversión de regalías en Colombia y ninguna región lo ha utilizado, pues tomémoslo aquí, hoy el 60 o 70% de Santander de las áreas más pobladas está inmerso en una grave crisis sanitaria y hay que resolver de forma casi que inmediata, antes de que el problema crezca.
Pero esto tiene que ser un trabajo articulado de todos, desde el gobernador con el OCAD del Centro Oriente tiene que proponerle a Planeación Nacional, al Ministerio de Ambiente, que pongamos como ejemplo de aplicación de esas regalías, de los proyectos de inversión en este tema. Hoy no se han utilizado esos recursos.
El Carrasco lleva 40 años de crisis, diez años de fallos judiciales, y hoy vemos muchos alcaldes en camino a la cárcel por defender la salud pública de la gente, entonces empecemos a buscar prontamente la solución al problema, más allá de El Carrasco y ahí están los recursos del Sistema General de Regalías, donde tiene tres soportes, el DNP, Ministerio de Ambiente, gobernadores y alcaldes.
Propongan esto en una mesa técnica, ahí están los recursos, apliquémoslos, ¡PERO YA!, sin más demoras, ni trabas legales, porque aquí lo que está en riesgo es la salud pública de la gente de toda una región. La crisis sanitaria no da espera.
Bogotá, D. C, 30 de agosto de 2021
*Senador del Partido Liberal.
@GGarciarealpe
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- La semana pasada comenté algunas de las sorpresas e interrogantes que nos ha dejado este año la rápida recuperación del PIB después de la enorme caída que tuvo en 2020. Quedó pendiente de comentar la más incomprensible, a saber, que este ha sido un crecimiento sin empleo, que en la jerga económica se denomina jobless growth.
Entre junio del año pasado y este año se volvieron a emplear 2.2 millones de personas, pero todavía la población ocupada está 2 millones por debajo del nivel pre-pandemia, mientras que el PIB semestral de este año si alcanzó un valor similar al de 2019.
Es un crecimiento sin empleo porque hoy 20.6 millones de trabajadores producen la misma cantidad de bienes y servicios que hace dos años se producía con 22.6 millones. Cuando se miran algunos sectores la situación es peor, pues han aumentado su producción con menos trabajadores. Es un crecimiento con pérdida de empleo (joblost growth).
La agricultura aumentó su producción en 6.9% a la vez que disminuyó el número de trabajadores en 7.5%. La producción industrial aumentó un poco menos (3.1%), pero lo hizo con 16% menos trabajadores. El sector de la administración pública y los servicios sociales de educación y salud crecieron 6.1%, pero disminuyeron 11.5% el número de empleados.
El caso más extremo e inexplicable es el de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, que con la apertura de la economía tuvieron el mayor crecimiento (19%), pero también la mayor caída en el número de trabajadores (-20%).
¿Qué significan estos hechos y, sobre todo, cuáles son las implicaciones para las políticas de generación de empleo? Un economista ortodoxo aplaudiría porque implican un aumento de la productividad del factor trabajo: menos mano de obra para producir lo mismo. Claro que el mismo economista rechazaría la consecuencia de la mayor productividad, que debería ser el aumento de los salarios, aunque en sus modelos el salario debe ser igual a la productividad del trabajo.
Lo cierto es que las empresas aprendieron a producir con menos trabajadores, bien sea porque tuvieron que hacer un esfuerzo para reducir costos ante la disminución de las ventas, o bien porque las restricciones de movilidad las obligaron a introducir nuevas tecnologías que permiten un uso más eficiente del tiempo y otros recursos. En la medida en que se recuperen las ventas, ningún gerente va a renunciar a estas mejoras, sino que las usará aumentar las utilidades.
El problema desde el punto de vista social y económico, es que estos aprendizajes llegaron para quedarse, de manera que las empresas no van contratar más trabajadores para producir y vender lo mismo, e inclusive para aumentar un poco la producción. De poco o nada servirán incentivos como los incluidos en la reforma tributaria, de regalar un 25% de un salario mínimo de un nuevo empleado. Se requiere una revisión profunda de las políticas para generar empleo.
Cali, 30 de agosto de 2021
Filósofo y Economista. Consultor.
Por Juan Manuel Galán*Las presuntas irregularidades del contrato adjudicado por el MinTIC a la empresa Centros Poblados para llevar centros digitales a las zonas rurales del país y que busca garantizar conectividad a miles de niños, son una muestra más de que en Colombia es necesaria una transformación del manejo de los recursos públicos. La corrupción nos carcome como un cáncer que victimiza en particular a los más débiles y vulnerables en nuestra sociedad. Sentar unas bases sólidas para una cultura de transparencia y legalidad, debe ser un propósito de nación, en el que todos asumamos nuestra responsabilidad individual y colectiva.
En el caso particular de este contrato, es ineludible la responsabilidad política de la ministra Karen Abudinen, quien debe responder ante los colombianos por las fallas del proceso de contratación. Aún más, cuando desde las primeras etapas de la licitación, se habrían presentado señales de falta de capacidad técnica y experiencia de Centros Poblados; y otras que mostraban que la ejecución del contrato pudo presentar signos de negligencia. Seis meses después de la firma del contrato, esta empresa no había instalado un solo punto digital, mientras que el anticipo de 70.000 millones de pesos ya había sido entregado.
La responsabilidad de quien es la cabeza del Ministerio de las TIC en la ejecución de este contrato va más allá de una mera cuestión administrativa. Se trata también de una cuestión moral pues es inaudito que no se hicieran los esfuerzos necesarios para garantizar que miles de niños de las zonas rurales de Colombia tuvieran la conectividad que les permitiría estudiar, sobre todo en tiempos en los que la pandemia ha creado dificultades para acceder a la educación.
La renuncia de la ministra Abudinen es un acto de responsabilidad frente a una gestión que no fue buena, que omitió las señales de posibles irregularidades y que fue incapaz de garantizar la ejecución de un proyecto que representa una gran inversión de recursos públicos que le pertenecen a todos los colombianos. Sin embargo, lo más importante: un proyecto que le garantizaría a miles de niños una herramienta para forjar un futuro con más oportunidades.
Esto no puede pasar más en Colombia, los recursos públicos nos pertenecen a todos, como ciudadanos, deben ser asumidos como sagrados por toda la sociedad y, sobre todo, por quienes los administran. En nuestro país no podemos seguir bloqueados por la negligencia, la mediocridad y la corrupción; es hora de un cambio y de restaurar la moral en la política. Las cadenas del clientelismo tienen esclavizado a nuestro país. Es hora de romperlas para liberar a Colombia de uno de los principales lastres que nos impide avanzar hacia la modernidad.
Bogotá, D. C, 30 de septiembre de 2021
*Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.
Por Juan Camilo Restrepo*.- Como buen y dócil aliado de los Estados Unidos, Colombia contestó inmediatamente la solicitud de recibir 4.000 mil refugiados afganos en nuestro territorio. Si bien los costos de esta operación correrán por cuenta de los americanos, como se ha informado, no deja de ser una carga grande que se echa al hombro un país pobre como Colombia, sumido en mil problemas.
Queda flotando en el ambiente cuál será la reciprocidad que en materia de refugiados solicitará Colombia, luego de la pronta respuesta que dimos a la solicitud de los Estados Unidos.
La recepción de refugiados afganos así sea transitoria, es un gesto importante que hace nuestro país para colaborar ante la desordenada y caótica retirada que ordenó primero Trump y luego Biden de las tropas estacionadas en Afganistán desde hace veinte años.
Pues resulta que además de los 1.800.000 venezolanos que hemos recibido generosamente durante los últimos años, ahora enfrentamos la llegada y trasiego por nuestro territorio de un inmenso número de refugiados cubanos y haitianos principalmente. Que están llegando a Colombia en cantidades que se calculan entre 1.000 y 1.500 por día, y cuyas cifras seguramente se van a incrementar con el reciente terremoto que tuvo lugar hace poco en Haití. Estos refugiados están apeñuscados en condiciones infrahumanas en los terminales terrestres de Ipiales, Pasto, Cali y Medellín hasta llegar a Necoclí; donde el número de refugiados crece permanentemente antes de iniciar el doloroso paso hacia Panamá (ya sea por vía marítima o atravesando la ruta de la muerte del tapón del Darién) en busca de la meta dorada de llegar algún día a los Estados Unidos a solicitar refugio humanitario.
Ahora bien: ¿Colombia va a plantear una reciprocidad a los Estados Unidos en virtud de la cual se le reciben los 4.000 afganos, pero a cambio de que los norteamericanos ayuden a tramitar las solicitudes de refugio de los haitianos y cubanos que en cantidades alarmantes siguen llegándonos, desbordando nuestras precarias condiciones para albergar ese rio humano que por el momento desemboca y se represa en Necoclí?
Deberíamos hacerlo. Las responsabilidades de ser un buen aliado no son unilaterales. Esa condición también implica deberes para Estados Unidos que, en este caso, significa ayudarnos a resolver el grave problema de los refugiados que están atravesando nuestro territorio.
No puede ser que la condición de “aliado” se invoque solo en provecho de los Estados Unidos para ayudarle a solucionar -así sea parcialmente- el monumental problema que ellos mismos crearon con su retirada atolondrada de Afganistán. Y que esa misma condición de “aliado” no sirva para invocar reciprocidades en política migratoria en favor de Colombia. Toda vez que nosotros estamos viviendo también un abrumador problema de refugiados, que a diferencia del de Afganistán no se ha creado por improvisación colombiana.
El manejo de los problemas internacionales de refugiados requiere reciprocidades entre los países concernidos. Ahora que va a terminar su exitoso mandato como canciller de Alemania, bien vale la pena recordar el manejo que le dio la señora Merkel al tema de los refugiados sirios y de otras regiones del medio oriente que como una ola gigantesca tocó a las puertas de la Unión Europea. La señora Merkel abrió generosamente las puertas de Alemania, pero exigió que otros países de la Unión y Turquía hicieran un esfuerzo correlativo para absorber aquella oleada de refugiados. La reciprocidad fue la regla. En la política contemporánea el concepto de “aliado” no es unilateral ni responde a la ley del embudo: tiene que acarrear bilateralidad.
La reciprocidad con dignidad es entonces lo que deberíamos solicitarle en esta ocasión a los Estados Unidos. La pronta ayuda que hemos ofrecido en la crisis de refugiados afganos que están saliendo despavoridos de su país, debería estar correspondida por compromisos norteamericanos para facilitar la entrada a Estados Unidos a los refugiados haitianos y cubanos que nos están llegando. La reciprocidad tiene que ser la regla.
Bogotá, D. C, 30 de agosto de 2021
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Amylkar D. Acosta M*.- ELECTRICARIBE le jugó sucio a sus 2.7 millones de sufridos usuarios y al Estado colombiano. Esta empresa, controlada por la española Gas Natural Fenosa (GNF), hoy Naturgy, durante 22 largos años fue el operador de red y prestador del servicio de energía eléctrica a 7 de los departamentos del Caribe colombiano durante. Como es bien sabido, durante este tiempo se dedicó a explotar inmisericordemente este mercado y se abstuvo de hacer las inversiones a las que estaba obligada, lo que derivó en un progresivo deterioro de la calidad del servicio que prestaba.
Nunca cumplió con la Ley eléctrica 143 de 1994, que cataloga la energía como servicio público esencial en su artículo 5º y establece los principios de eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad en su artículo 6º. Pero, lo que precipitó la intervención de ELECTRICARIBE por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en noviembre de 2016 fue la insolvencia de la empresa, al punto que, además de la abultada deuda en mora con sus proveedores, ya no tenía ni con qué comprar la energía, lo cual ponía en riesgo no sólo la prestación del servicio a sus usuarios, los cuales se verían abocados a un virtual apagón, sino que su efecto dominó podía desencadenar una crisis sistémica.
Con la intervención se destapó la caja de pandora que guardaba celosamente ELECTRICARIBE y su controlante GNF. Al levantarse el velo que la cubría, la Contraloría General de la República dispuso adelantar una auditoría especial la facturación a través de la cual se pudo establecer que entre julio de 2011 hasta octubre de 2016, la empresa se había apropiado ilegalmente de $211.755 millones que se le habían girado por parte del Fondo de Energía Social (FOES) que administra el Ministerio de Minas y Energía para aplicarlos como subsidio al consumo básico o de subsistencia a los estratos 1 y 2 en las zonas caracterizadas como “especiales”. Echó manos de ellos y se los embolsilló para cuadrar caja, utilizando como truco su asignación al “consumo distribuido comunitario” en lugar de hacerlo al “consumo individual del usuario que contaba con medidor individualizado”, que debía ser el destinatario de dichos recursos y de esta forma aminorar sus pérdidas.
El hallazgo de esta tropelía por parte de la Contraloría le valió a ELECTRICARIBE, ahora en liquidación y a la multinacional Price Waterhouse que, como revisora fiscal fue permisiva y negligente, la apertura de un juicio de responsabilidad que concluyó compeliéndolos al reintegro de esta suma, la cual se le debe reconocer y resarcir a los usuarios que se vieron birlados y afectados al escamoteársele este alivio que debían haber recibido en sus facturas por ministerio de la Ley. Por fortuna, la agente liquidadora Ángela Patricia Rojas tuvo la previsión de constituir una garantía bancaria con BBVA a favor de la Contraloría General por valor de $187.227 millones, lo cual asegura el pronto reembolso del monto de la defraudación, defendiendo así el patrimonio público. Esta es la buena noticia.
La mala noticia es que ELECTRICARIBE ya no está bajo el control de GNF, está en proceso de liquidación y según quedó claramente establecido en la Ley 1955 de 2019 que “para viabilizar la sostenibilidad de las nuevas empresas prestadoras de servicio público”, que asumieron la operación a partir del 1º de octubre del año pasado (Air-e y Afinia), “la Nación será el único deudor frente a los acreedores de las deudas asumidas”.
De modo que este reintegro deberá hacerse con cargo a la Nación, la cual deberá asumir esta deuda, así como ha asumido los demás pasivos, entre ellos el pasivo pensional, por valor de $1.6 billones y los recursos transferidos a través del Fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios para su inversión y para garantizar la prestación del servicio, que superan los $4 billones, los cuales se van a fondo perdido. La verdad monda y lironda es que los platos rotos de ELECTRICARIBE lo terminaremos pagando todos los contribuyentes colombianos. La pesadilla de ELECTRICARIBE no termina.
Un comentario final: a propósito de los subsidios al consumo de susbsistencia de energía a los estratos 1, 2 y 3, es de advertir que, de manera recurrente, el monto asignado en el Presupuesto General de la Nación es insuficiente para cubrirlos, lo cual lleva a retrasos y moras en su cancelación a las empresas generadoras, poniéndolas en calzas prietas para operar. A agosto de este año el FOES acusaba un déficit para cubrir los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 de $739.000 millones para el servicio de electricidad y de $262.000 millones para el servicio de gas natural domiciliario.
Y en el proyecto de presupuesto para la vigencia de 2022 sólo se propone apropiar $2.6 billones, incluyendo la suma correspondiente a las zonas no interconectadas, quedando desfinanciados los subsidios el año entrante, según los gremios de las empresas prestadoras de estos servicios, en $2 billones, aproximadamente. Esta, a mi juicio, es una manera de presionar el desmonte de los subsidios, como ya se intentó cuando se tramitó el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, pero que ante el rechazo ciudadano el propio Presidente Duque se vio precisado a dar instrucciones al Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla para que retirara del texto del proyecto tan absurda como inconveniente propuesta.
Miami, agosto 28 de 2021
*Economista. Expresidente del Congreso.
www.amylkaracosta.net
Por José Félix Lafaurie Rivera*.-La “corrección política” en temas de paz riñe con la sensatez, porque responde a la narrativa de amigos y enemigos de la paz, sembrada por la izquierda y el “centrosantismo”, un contexto en que lo políticamente correcto se asimila al discurso de “los amigos” de esa paz todavía esquiva.
Por eso el expresidente Uribe calificó de políticamente incorrecta su propuesta de amnistía. Cómo podría ser “correcta”, proviniendo del líder del triunfante NO al Acuerdo, dizque “de paz”; pero incorrecta o no, es tremendamente sensata.
Si los culpables de delitos atroces: asesinos, violadores de menores reclutados, extorsionistas, secuestradores y narcotraficantes, pagarán “sembrando remolachas”, y ni eso, porque en cuatro años no hay una sola sentencia, pues entonces…, para qué la JEP.
Si la JEP exige “la verdad” para que la justicia brille y sean condenados a “sembrar remolachas”, entonces, para qué la Comisión de la Verdad. Para escuchar la de todos los actores del conflicto, responderán en coro De Roux, la izquierda y el santismo, pero mientras la de Santos fue recibida con alborozo, la de Uribe lo fue con recelo y franco rechazo de los de marras, como anticipo de “la historia” que se pretende contar.
Si la JEP, para condenarlos a “sembrar remolachas” les exige también la reparación a las víctimas, “simbólica”, me imagino, pues se declararon pobres de solemnidad y coronaron el mayor lavado de activos de la historia delincuencial del país; es decir, si no van a reparar, entonces…, para qué la JEP.
Y si tan justa condena –sembrar remolachas– exige “garantía de no repetición”, que sabe Dios cómo podrán garantizar si, de hecho, sus “disidencias” se quedaron “repitiendo” con violencia mafiosa, entonces…, para qué la JEP. No será mejor que digan la verdad que quieran, como están haciendo, para amnistiarlos… y listo.
La rasgada de vestiduras no se hizo esperar. Los alfiles del Nobel, siempre oculto tras bambalinas, alegan indignados que sería consagrar la impunidad y que la CIDH, la CPI y nuestras cortes ordenan investigar y sancionar los delitos de lesa humanidad, como si de algo sirvieran tan exhaustivas investigaciones, para que, al final, la sanción sea… “sembrar remolachas”, una vergonzosa parodia de castigo.
Advirtieron también que la amnistía afectaría a los militares, siguiendo su lógica perversa de que, de producirse, sería solo para sus amigos de las Farc. ¡Qué más quisieran! No creo en la amnistía general, a pesar de la injusticia con el castigado por “robarse una bicicleta”, pero, si de remediar la farsa de la JEP se trata, pues que se convierta en Tribunal Transicional de Amnistías para los mal llamados actores del mal llamado conflicto.
Para Lozada, es una estrategia de Uribe porque “siente los pasos de la justicia que comienzan a alcanzarlo”. Lo dice un criminal culpable de delitos atroces, “honorable senador” sin pagar un día de cárcel ni sembrar una remolacha, protegido por una justicia que se inventaron “coja” para que nunca lo alcanzara.
Timochenko recordó que “Desde La Habana nos opusimos a un intercambio de impunidades”, reconociendo que sienten la impunidad como prebenda exclusiva de las Farc. ¡Ah! Me faltaba…, a Samper le pareció “inmoral” ¡Qué tal!
¿En qué estamos? En el costoso juego –medio billón al año– de juzgar sin castigar a los mayores criminales de nuestra historia, y de contar a su amaño esa historia; mientras en Arauca asesinan a 16 personas, el delito se toma las ciudades, los vándalos hoy destruyen y mañana los sueltan, el Paro convoca sus pacíficas marchas… de la muerte, y los narcotraficantes bolivarianos y su candidato, simplemente… sonríen.
Bogotá, D. C, 29 de agosto de 2021
*Presidente de Fedegan
@jflafaurie
Por Paloma Valencia*.- No comprenden el problema de legitimidad en la aplicación de la ley que nos dejó el acuerdo. La justicia tiene que ver con que casos iguales sean tratados iguales y que entre los diferentes haya proporcionalidad. ¿Por qué delitos de lesa humanidad pueden quedar impunes y en cambio debemos sancionar delitos menores? ¿Por qué el primer criminal puede conservar derechos políticos y el segundo no?
Sugieren el discurso del delito político: Farc puede tener un tratamiento diferenciado en razón al “conflicto armado”. Tesis con varias falacias. La idea de que las FARC representaba a alguien desapareció estruendosamente aquella vez que solo sacaron 50 mil votos. No representan a nadie. Su poder se asentaba en recursos del narcotráfico, la minería criminal, el secuestro y la extorsión.
El delito político es una forma de justificar y legalizar los crímenes de la izquierda.
Si había conflicto armado, ¿por qué los hombres de la fuerza pública no tuvieron también representación política, y porque no incluyeron a los paramilitares y a las otras guerrillas en una sola ley? ¿El conflicto era sólo con las FARC?
Sinuosamente sugieren que el Presidente Uribe asuma responsabilidades. Deberían iniciar ellos mismos aplicando su consejo.
No reflexionan sobre la responsabilidad de los acuerdos ante la proliferación de coca en Colombia. ¿Acaso no saben del crecimiento desbordado de otros grupos ilegales financiados por esa coca? ¿No saben que la mayoría de violencia la financia ese negocio?
No reconocen el error de haber dejado a Colombia sin herramientas para combatir el narcotráfico.
Callan sobre el rearme de Márquez. ¿Acaso no nos prometieron la paz con las Farc, completa? ¿Qué mecanismos acordaron para frenar los incumplimientos de las FARC?
Nada dicen sobre la fuga de Santrich, que aun después del acuerdo seguía traficando. Ninguna reflexión sobre no haber previsto medidas para ese escenario. Ninguna vergüenza en haber proscrito la extradición.
No proponen soluciones sobre que Farc no reconozca sus crímenes de manera individual ante la JEP. No les preocupa que esperen ser imputados para limitar sus versiones.
No muestran reparos sobre la politización de la JEP, la comisión de la verdad. Sigue pareciéndoles bien concederle a las FARC la posibilidad de reescribir la historia.
Siguen sin entender la gravedad de haber desconocido el plebiscito. Continúan con su postura impositiva. Jamás quisieron crear instituciones que nos representaran a todos.
Son sectarios. Se sienten satisfechos de haber otorgado impunidad a terroristas, pero insisten en estigmatizar a quienes tenemos reparos sobre el acuerdo.
Siguen sin escuchar a las víctimas. ¿No saben las dificultades que enfrentan a la hora de que les asignen abogados cercanos a las farc, de no contar con recursos para los informes, de no ser escuchadas, de ser asesinadas por las disidencias para callarlas?
Nada dicen de la exclusión de facto de las víctimas de las Farc en las tales curules de paz.
No se pronuncian sobre el injusto juzgamiento de los hombres de las Fuerzas Armadas. ¿Qué dicen frente a la asimetría de que los hombres de las farc hayan sido amnistiados y los de las Fuerzas Armadas sigan presos?
Hablan de que es inédito negociar para que criminales se sometan a la justicia. Tal vez no conocieron la ley de justicia y paz que llevó a paramilitares y guerrilleros ante la justicia. Se desmovilizaron más de 53 mil hombres en armas. Más de 2 mil pagaron cárcel, se confesaron más de 70 mil crímenes y se entregaron 3 billones para las víctimas. Todos los máximos responsables y algunos más pagaron cárcel. Esa negociación antecedía la de ustedes, ¿en que la mejoraron?
Los creadores de la polarización siguen dividiendo. Atacan a Uribe y a Petro con una clara consigna política: fingirse en el centro para presentarse como viables mientras estigmatizan al resto. Hablan de la necesidad de acabar con la polarización lanzando piedras.
Colombia requiere superar diferencias y concertar acuerdos nacionales. Para eso es necesario que no insistan en imponernos lo que algunos consideran aceptable. Pueden negociar con terroristas, pero como les cuesta escuchar y aceptar ciudadanos discrepantes.
Bogotá, D. C, 27 de agosto de 2021
*Senadora del Partido Centro Democrático.
Por Gabriel Ortiz*.- Cuando el ojo visor duerme, se producen todas las fallas que terminan aprovechando los corruptos, “vándalos y delincuentes”. Eso ocurrió con el caso del Mintic, y los negociados que pueden alcanzar a los 4 billones de pesos.
Sobre la Mintic, Karen Abudinen han caído los más fuertes aguaceros que tienen abismada la opinión pública, más, cuando se ha visto que apresuradamente el Jefe del Estado, no vaciló en absolverla, porque estaba seguro, que los entes de control la respaldarían cuando firmó jugosos contratos para que los niños de la Colombia profunda, tuvieran acceso digital.
Cosas como estas, suelen suceder cuando los gobernantes designan a sus vigilantes. Se discute el viaje del Fiscal a Estados Unidos, las reuniones de la Procuradora con la ministra y una Contraloría, que no vio lo que venía.
Es increíble que contratos de la magnitud de esos, 1.2 billones de pesos, con los que se premió a los amigos del gobierno, a través del Consorcio Centros Poblados, no fueran espulgados, escudriñados y fisgados. Si podían cumplir con lo ofrecido y si los documentos que los amparaban eran legales.
Lo más grave es que la ministra, demostró que no controla a sus funcionarios, que no analiza las cosas antes de proceder a estampar su firma. Increíble que nadie se percatara de que las garantías eran falsas, como lo afirmó el Banco Itaú. ¿Cómo es posible que se acuda a la “buena fe de los mala fe”, para admitir una documentación licitatoria? Lo más grave es que al Consorcio Centros Poblados le han adjudicado innumerables licitaciones, que quedarán en el aire, si se cumple con lo que dice la Ministra: declarar la caducidad de los mismos. Pero para reír: el enjambre de abogados y amigos de los licitantes, consideran que esa figura no puede aplicarse, que solo es válida una cesión del contrato, lo que va en contra de toda la normatividad. La ley es clara: si se le aplica una caducidad, esta se aplica a todos los contratos que tenga con el Estado.
Esta figura se incluyó en la ley, para evitar la irresponsabilidad, el vandalismo, la felonía y el pillaje. La ministra Abudinen, está entre la espada y la pared. El presidente que recorre Corea, nuevamente la defendió y quiere evitar una moción de censura por parte del Congreso. Conociendo este legislativo, saldrá avante, porque la mermelada y demás ofrecimientos deben haber colmado las alforjas de parlamentarios, como ha venido ocurriendo.
El gobierno debe hacer un alto en el camino, bajarse del flamante avión y enfrentar lo que está sucediendo. Permitir a los entes de control actuar, liberar al congreso y decirle al país que le ha puesto un freno a la corrupción. Un banco de La Florida tiene ese dinero guardado en la cuenta de uno de los miembros del consorcio Centros Poblados.
BLANCO: La tercera dosis parece ser coreana.
NEGRO: A Rueda se le fueron las luces, dejando a James por fuera de la selección.
Bogotá, D. C, 27 de agosto de 2021
Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional,Telematinal y Notisuper.
Por Eduardo Verano*.- La educación tiene claros desafíos hacia el futuro y debe superar debilidades evidenciadas en la pandemia. Profesores, padres, y alumnos hicieron esfuerzos heroicos para manejar su impacto en la educación.
Hay que revisar las inquietudes, pero, ni es un análisis fácil, ni se puede limitar a que hubo pandemia. El asunto es de fondo y requiere definir tareas, y una estrategia inteligente para construir la educación del futuro impactada por nuevas herramientas digitales.
Quienes concibieron el proceso de educación definieron que se debía dedicar la primera etapa de la vida. La educación básica era igual para todos, pero después evolucionó hacia procesos especializados para cada estudiante.
Muchos padres no pueden pagar el valor de educar. La mayoría depende de la educación pública y requieren préstamos, que solo se deberían pagar al tener capacidad económica, 10 años después del grado. Biden, decidió apoyar a los estudiantes para cancelar sus préstamos.
El sueño dorado de los educadores es garantizar colegio y universidad para todos. No es tan simple. La educación es un derecho y no un privilegio que debe ser garantizado a todos los habitantes, aun sin recursos. Debe ocupar la mayor asignación presupuestal. En California hubo crisis porque había mayores gastos para prisiones que para educación.
La sociedad digital requiere capacitación y garantizar conectividad. Existen desafíos por la desinformación con las herramientas digitales que podrían convertir la educación en un proceso tóxico.
En el pasado los padres compraban cuadernos, lápices y libros. Ahora se adquieren tabletas, teléfonos, computadores a pesar del problema de adicción y su círculo vicioso de dependencia.
Lo más importante es que nada reemplaza el beneficio de la lectura directa de libros, desarrollan la imaginación, inducen a la reflexión, generan pensamiento crítico y forman vocabulario. No se consigue con la utilización de televisores o videojuegos, son actividades pasivas que no estimulan el cerebro, no los enseña a pensar, y no distinguen la realidad de la fantasía.
La educación presencial de calidad se ha fortalecido. Durante la pandemia se llegó a pensar que había aparecido una nueva manera virtual de estudiar. Pero, se generaron dificultades en el proceso de comprensión y aprendizaje, por la concentración y control familiar adecuado. También el aburrimiento con la virtualidad, que no sustituye la alegría y la socialización del salón de clase. Los beneficios de la educación virtual no se pueden desconocer, pero se ratifica la importancia del aula. Hay que desarrollar habilidades digitales, inteligencia emocional y entender que el caos y las dificultades son parte de la educación.
El sistema educativo fue diseñado para enseñar a los trabajadores agrarios e industriales antiguos. Se deben hacer audaces cambios imaginativos, con innovación, nuevos currículos, nuevas metodologías, que transformarán cada vez más a la sociedad. Un objetivo superior.
Bogotá, D. C, 26 de agosto de 2021
*Exconstituyente, exministro de Estado, exgobernador del Atlántico.
Por José G Hernández*.- UNA de las principales garantías de imparcialidad, objetividad y transparencia en el ejercicio de la función pública -tanto la legislativa como la administrativa, la judicial y la de los órganos y funcionarios de control- está constituida por el régimen de impedimentos, recusaciones y conflictos de intereses. Por razones éticas, pero también jurídicas, quien tiene interés, así sea lejano, en un asunto objeto de su competencia, debe separarse por completo de su conocimiento.
Así debería ocurrir siempre, por respeto a las funciones, a la comunidad, a las partes, y también por dignidad. A lo cual se añade que la Corte Constitucional, acertadamente, ha sostenido, sobre la imparcialidad, que también “se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley (Art. 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial” (Sentencia C-496/16).
Se declina la competencia en el caso concreto, para que el mismo pueda ser objeto de examen con la tranquilidad de todos acerca del criterio imparcial y puramente jurídico con el cual se habrá de decidir. Eso habla bien del funcionario, quien se aparta con prudencia de una cuestión que podría afectarlo individual, directa o indirectamente, o en su familia, por intereses o por antecedentes suyos en relación con el caso del que se trata.
Infortunadamente -como también pasa con la renuncia al cargo por responsabilidad política, y también por dignidad-, la frase “me declaro impedido en este asunto” es una frase que nunca -o casi nunca- se pronuncia en Colombia, con enorme daño al servicio público y con excelente servicio a la corrupción y a los manejos turbios de las decisiones.
El impedimento lo debe proponer ante la autoridad competente -que debería ser muy estricta- el servidor público en quien podría recaer, y la recusación es el mecanismo del que pueden valerse los afectados o la ciudadanía en caso de no haber sido manifestado el impedimento. Una elemental forma de reivindicar el interés de la justicia, la prevalencia del interés público y la vigencia de la ley sobre intereses específicos.
Aunque se piensa normalmente, dada la trascendencia de todo fallo, que el sistema de impedimentos debe ser más exigente respecto a los jueces y magistrados, no perdamos de vista a la Fiscalía, ni a los órganos de control y vigilancia.
Las normas sancionatorias -aunque las hay, no han sido efectivas- por la falta de no haberse declarado impedido a pesar de estar en una causal expresamente prevista, tanto de impedimento como de conflicto de intereses, deberían ser muy fuertes, e inclusive llegar a la destitución, además de la responsabilidad penal, en su caso. Algo hay en la normatividad relativa a la pérdida de investidura de congresistas, aunque no ha sido suficiente.
Se debe pensar en normas estrictas y claras, para evitar frenar las formas de corrupción.
Bogotá, D. C, 26 de agosto de 2021
*Expresidente de la Corte Constitucional
