Opinión
Por José G. Hernández*.- La impunidad es terriblemente dañina en toda sociedad. El Derecho Penal, la legislación que prevé los hechos punibles y sus consecuencias, la administración de justicia pronta y efectiva, así como la sanción al delincuente, son elementos indispensables para la defensa social y para la preservación de un orden mínimo, sin el cual es imposible la convivencia.
Pero no se pierda de vista que se trata de medios para lograr fines superiores. Las aludidas funciones -confiadas al Estado- deben buscar sus propósitos y ser ejercidas con un sentido humanitario, esencialmente justo y con prevalencia del derecho sustancial. Las penas innecesarias, desproporcionadas, irrazonables, discriminatorias o puramente vengativas no son las más indicadas para cumplir el propósito del Derecho Penal, que no es otro que la racional y respetuosa convivencia en el seno de la sociedad, la protección de la vida, la integridad, los derechos y los bienes de las personas, así como la observancia de los principios que profesa la colectividad.
Sobre la finalidad de la pena, ha sostenido la Corte Constitucional que “tiene en nuestro sistema jurídico un fin preventivo, que se cumple básicamente en el momento del establecimiento legislativo de la sanción (…); un fin retributivo, que se manifiesta en el momento de la imposición judicial de la pena, y un fin resocializador que orienta la ejecución de la misma, de conformidad con los principios humanistas y las normas de Derecho Internacional adoptadas”. Para la Corte, “sólo son compatibles con los derechos humanos penas que tiendan a la resocialización del condenado, esto es a su incorporación a la sociedad como un sujeto que la engrandece, con lo cual además se contribuye a la prevención general y la seguridad de la coexistencia, todo lo cual excluye la posibilidad de imponer la pena capital”. (Sentencia C-806 de 2002).
Respecto al principio superior de igualdad ante la ley -aplicable en materia penal-, la Corte ha sostenido que él exige “… el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio de las cuales actúan, ya que por las circunstancias particulares que los afectan, pues unas u otras hacen imperativo que, con base criterios proporcionados a aquellas, el Estado procure el equilibrio, cuyo sentido en Derecho no es otra cosa que la justicia concreta”. (Sentencia C-094/93).
Son principios jurídicos esenciales: "Ubi eadem est ratio, eadem est o debet esse juris dispositio". Donde hay la misma razón debe haber la misma disposición. "Omnis enim lex aequalis". La igualdad de todos ante la ley.
La pena debe ser proporcional para no ser injusta. Su duración e intensidad deben guardar relación con la gravedad y circunstancias del delito.
Bien estatuye el legislador colombiano (artículo 3 Código Penal): "La imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. El principio de necesidad se entenderá en el marco de la prevención y conforme a las instituciones que la desarrollan".
Bogotá, D. C, 19 de agosto de 2021
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Cecilia López Montaño-*.- Entre los miles de problemas que tiene actualmente el presidente Duque entre sus temas pendientes, uno crucial que con razón lo incomoda mucho, es la recuperación del anticipo de los 70 mil millones de pesos que MinTic le entregó a la unión temporal Centros Poblados. No basta con salir a respaldar a la ministra que es de su más cercano entorno político, porque eso no hace aparecer unos inmensos recursos que el país no tolerará que simplemente se desaparezcan en manos de contratistas que deben responder ante la ley. Pero tan poco son suficientes los elogios del presidente sobre las cualidades personales de la ministra Karen Abudinen porque sencillamente no van a ocultar algo innegable. Aun dándole el beneficio de la duda a la ministra, lo que es innegable es que por lo menos se dejó engañar, lo cual para un funcionario público no tiene ninguna justificación alguna porque tenía en sus manos la posibilidad de ejercer todos los controles para que esto no le pasara.
Debe aclararse que el hecho de haber hecho la denuncia, aunque esto no es evidente porque quien prendió la alarma desde hace meses fue una periodista, tampoco la libera de la inmensa responsabilidad de haber otorgado a este contratista, semejante cantidad de recursos con evidentes fallas en el proceso de su selección. La actitud defensiva del gobierno en vez de ayudar a aclarar una situación para que el proceso de responsabilidades sea transparente, lo que está incentivando es que la investigación en vez de hacerla los entes de control la están haciendo periodistas independientes. Con nombres de personas con prontuarios como responsables de esta unión temporal, el debate está llegando a niveles que le complican mucho la situación al gobierno y obviamente a la ministra.
Por el bien del país, porque de esta dimensión es este escándalo, no basta con la caducidad del contrato. Se requiere que se aclare cómo y por qué se realizó semejante adefesio de contratación. También es impostergable que la ministra asuma la responsabilidad que tiene para que no pase lo de siempre: el costo de tamaño error cae sobre funcionarios de bajo perfil y se cree que con meterlos a la cárcel ya se resolvió la situación. La dimensión de este escándalo no permitirá la solución de siempre en la que salvan a las cabezas y sacrifican a quienes no tienen poder. Pero lo que sí es ineludible es que se recuperen los 70 mil millones de pesos, lo que sinceramente no se ve nada fácil.
Si ninguna de estas tres cosas sucede, no hay forma de que el gobierno, el presidente Duque y la ministra Abudinen, se salven del costo de haber generado las condiciones para que en semejante situación del país y de su gente, se pierdan recursos públicos, es decir de todos los colombianos. En eso no se puede equivocar el gobierno y menos aún el señor presidente Duque.
Bogotá, D. C, 17 de agosto de 2021
*Exministra de Estado y Exsenadora de la República.
Por Gustavo Galvis Hernández*.- Una terrible coincidencia. Me refiero a la reciente publicación del sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) de la ONU y los devastadores incendios debido a las fuertes olas de calor sin precedentes que han reducido a cenizas vastos territorios de Canadá, Estados Unidos, países de Europa y el norte de Rusia. Otros lugares de China, India y Alemania, azotados por lluvias torrenciales arrasando tierras y poblados. Desolación, ruina y muertes en muchas partes del planeta por el calentamiento global.
El IPCC, creado en 1988, viene publicando cada cuatro años sus estudios y análisis sobre la evolución del cambio climático causado por los gases de efecto invernadero, producidos pricipalmente por el uso de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, para la indispensable generación de energía eléctrica. Súmense además los devastadores efectos de deforestación en todas partes.
Son 51.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero las que se emiten anualmente a la atmósfera. El gran reto es reducirlas significativamente en el menor tiempo posible mediante la producción de energía por otros métodos como la solar, eólica, hidroelectricidad, nuclear, ect. Evitar que para el año 2030 la temperatura de la Tierra se incremente en más de 1.5 grados centígrados, es el gran desafío mundial. Urgente también la reforestación masiva. El otro gran reto es la disminución del crecimiento poblacional que se incrementa anualmente en aproximadamente 80 millones de personas especialmente en los países más pobres; implica más demanda de recursos naturales cada día más escasos, acabando con la diversidad biológica. Súmese la sexta extinción de las especies en curso, pero esta vez por culpa de la humana.
Frenar el calentamiento global es el gran reto para todos los líderes del mundo, los políticos, empresarios, científicos, la académia, religiones, medios de comunicación y de todas las personas que informadas y motivadas eviten con su poder de elegir, que los Trump o Bolsonaros, representantes del negacionismo y de los mercaderes de la duda, lleguen al poder en un mundo que como lo dicen los expertos, avanza hacia el colapso climático y demográfico si no se actúa con prontitud y efectividad para evitarlo.
Bogotá, D. C, 17 de agosto de 2021
*Ingeniero Industrial de la UIS. Expresidente de la Financiera Energética (FEN). Exsenador, Expresidente de ANDESCO.
Por Guillermo García Realpe*.-Con bombos y platillos el gobierno anunció la adquisición por parte de Ecopetrol del 51.4% de la participación accionaria de ISA por un valor que superó los 14 billones de pesos, unos 3600 millones de dólares. Sin lugar a dudas, no es una noticia del todo mala para el país porque se mantendría el dominio y la propiedad del Estado colombiano, teniendo en cuenta que también hay particulares en Ecopetrol.
En defensa de lo público, tengo que decir que poco celebró esta decisión, primero, porque la estatal petrolera, es de componente accionario privado, aunque resalto que, ahora le apuntará también a la generación y transporte de energía. Y aunque con esta millonaria transacción, el país asegura transición energética, seguridad energética y por supuesto que se diversificará el portafolio de servicios de Ecopetrol, queda un sabor agridulce.
La principal compañía de la nación, ahora será la cabeza de un gran conglomerado líder en transición energética en el hemisferio occidental, integrando la cadena de valor de los hidrocarburos con la transmisión de energía, las energías renovables y las soluciones basadas en la naturaleza, aspecto que celebramos. Esperamos que todo eso se lleve a feliz término.
Ojalá que todo esto se traduzca también en fuente de generación de energías solar y eólica y que se lleve estas líneas de transmisión a los rincones de la patria donde se requiera este vital servicio. La buena noticia aquí, es que ISA seguirá siendo de todos los colombianos.
Pero mientras esto sucede, por debajo de la mesa el gobierno nacional también tiene lista la venta de varias electrificadoras del país, proceso que ya está andando porque ya contrataron a una firma consultora para hacer avalúos y otra serie de procedimientos.
Ecopetrol, ISA, CENIT y las electrificadoras regionales, son el último patrimonio público de los colombianos, su venta es contra el país, no tiene ninguna justificación. Por eso, anuncio mi oposición contundente a este proceso que busca salir de los principales activos que hoy tiene la nación.
La intención del gobierno, aunque lo nieguen, es privatizar siete electrificadoras regionales, como quedó al descubierto en un reciente debate realizado en la Comisión Quinta del Senado. Ese control político, sirvió para desnudar las verdaderas intenciones del gobierno. Dentro de la baraja que tiene el gobierno, estaría vender a privados las acciones que hoy tiene la nación en la Electrificadora del Meta, que opera en 23 municipios de ese departamento, genera empleo regional y llega con su servicio de energía eléctrica a más de 355 mil usuarios, hoy con reporte de utilidades del 13%.
Pero el gobierno no solo tiene en la mira a la Electrificadora del Meta, también en el radar, están vender la Electrificadora del Huila, Centrales Eléctricas de Nariño, Electrificadora del Caquetá, Centrales Eléctricas del Cauca, Distribuidora del Pacífico y Urrá S.A E.S.P. ¡Siete en total!
En las regiones, nosotros valoramos mucho nuestro patrimonio en las electrificadoras, por su tema accionario. No debemos olvidar las inversiones en fortalecimiento y modernización, así como en desarrollo de infraestructura, que también obedecen a inversiones de nuestros municipios y departamentos. Por supuesto, hay muchas deudas, pero no vendamos las gallinitas de los huevos de oro de las regiones, que es de lo poco que nos queda.
Es cierto que el gobierno nacional está buscando “cuadrar caja” debido a la grave situación económica que generó la pandemia, ¿pero lo hará a través de sacrificar sus pocos activos que aún preserva y que son patrimonio de todos los colombianos? ¿venderán su participación minoritaria que hoy se tienen en las electrificadoras a la empresa privada? Esas y muchas preguntas más, son las que nos deberá responder de forma contundente los ministros de Hacienda y Minas y Energía, quienes están a la cabeza de este importante sector.
Por ahora, se debe hacer una gran cruzada nacional, para salvar de las manos privatizadoras a estas importantes empresas, que son fuentes dinamizadoras de las economías regionales, que generan empleo y lo más importante que son de los colombianos.
Bogotá, D. C, 17 de agosto de 2021
*Senador del Partido Liberal
@GGarciaRealpe
Por Adriana Matiz*.-No conozco si ha nacido en mí un interés espontáneo por Daneidy Barrera Rojas, sin embargo, supe de ella hace ya algunos años, porque repitió la fórmula que a muchos les han funcionado para lograr la fama en este país, empezar por el ridículo y terminar por la irreverencia.
Para nadie es un secreto que deba auscultarse de forma juiciosa, que Daneiby procede de una de las millones familias de nuestro país, donde las limitaciones y necesidades son más frecuentes que las oportunidades y posibilidades de salir adelante. Es a esa parte de nuestra sociedad a la que solo se le dan las cosas, por milagro o golpe de suerte.
A ella le sucedió lo segundo, por cosas de la vida y el naciente auge de los “influencer” y con solo 18 años, invitaba a apoyar a nuestra selección en la Copa América de Estados Unidos con un canto que ella misma había inventado. En una sociedad que vive decidida a poner límites entre sus clases la respuesta no se hizo esperar, su comportamiento y actitud generó el foco necesario para que llovieran comentarios negativos y fuera objeto de ridiculización, lo cual poco le importó, pues ya era conocida.
Estaba en los 15 minutos de fama, con esos que sueñan muchos, pero que por lo efímeros son más flor de un día que un estilo de vida.
Por ello insistió en más estupideces y el público aplaudió y cada momento su afán de ganar más seguidores la llevó a vincularse a unas marchas que se realizaban en ese momento y donde lo de moda era la destrucción de lo público como tantas veces ha ocurrido. Martillo en mano se fue contra Transmilenio, y con camarógrafo a bordo lo registró, lo publicó en sus redes y automáticamente se perfiló como delincuente.
Esta semana Daneidy fue condenada por el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, a 63 meses de cárcel, la justicia entonces se muestra triunfadora como pocas veces la vemos actuar.
La condena, más que un resarcimiento a la sociedad por el daño realizado por Barrera Rojas, es un mensaje directo a un sector que ha insistido en que lo público se puede destruir, que la autoridad se hizo para ser burlada y que las leyes no deben ser acatadas cuando consideremos que no son justas, como si ese raciocinio pudiera ser maleable según los intereses de cada uno.
La condena es ajustada a la ley, sin embargo, la pena no parece en este momento necesaria, proporcional, ni razonable con lo hecho. Ella misma se delató, ella misma ha pedido perdón, ella misma ofreció resarcir los daños y lo hizo, ella misma hoy muestra que se arrepintió de lo que hizo. Entonces en este caso el hecho no quedó impune, la estupidez tiene que costarle a Daneidy, pero en esa proporción asusta.
El mensaje llegó a todos definitivamente, quedó claro que lo público en todas las proporciones es sagrado, pero igualmente quedó claro que la justicia sigue siendo como la serpiente, muerde más duro al que va descalzo.
Ibagué, 16 de agosto de 2021
*Representante a la Cámara del Tolima por el Partido Conservador.
Por Mauricio Cabrera Galvis*.- ¡Repuntaron las exportaciones! Fue el optimista anuncio oficial al conocerse que en el primer semestre del año los ingresos por ventas al exterior fueron USD 18.000 millones con un crecimiento de 19% frente al año anterior. Más optimista aún porque fue mayor el crecimiento de los productos no tradicionales (22.5%), que llegaron a USD 7.000 millones.
No hay duda que es una buena noticia frente al gran desequilibrio que generó la apertura hacia adentro en nuestro comercio exterior, y porque ayuda al crecimiento del PIB . Sin embargo hay que tomarlo con beneficio de inventario y desmenuzar las cifras porque hay varios hechos preocupantes.
El primero es que el aumento de los ingresos no se debe a un aumento de la producción, que por el contrario disminuyó, sino al aumento de los precios de las materias primas en los mercados internacionales. En efecto, el volumen de exportaciones, medido en toneladas métricas, disminuyó 29.5%, principalmente por el petróleo pues se exportaron 20% menos de barriles de crudo, mientras que el valor recibido aumentó 36%.
El caso de las exportaciones no tradicionales es menos grave porque el volumen exportado si registró un pequeño aumento de 4%, aunque hay casos como el del aceite de palma que cayó en volumen 29%, pero subió en valor 14%.
El segundo, es que la recuperación de las exportaciones todavía no es completa, en la medida en que el volumen exportado total este año todavía es inferior en un 24% al efectuado en 2019 antes de la pandemia. De nuevo la diferencia es menor en las exportaciones no tradicionales, pero de todas maneras están 6% por debajo de las de 2019.
El tercero es que las importaciones están creciendo todavía más, de manera que se ha aumentado el déficit de la balanza comercial. En el semestre las compras al exterior llegaron a USD 25.000 millones, con un crecimiento del 28.4%, de manera que el balance comercial es negativo en USD 7.000 millones, nivel que no se registraba desde el 2015 cuando el derrumbe de los precios del petróleo. Cuando acabe el ciclo alcista de los precios de las materias primas la crisis externa puede ser profunda.
A pesar de que la producción no ha crecido si hay un impacto positivo sobre el PIB, pero es por el lado de la demanda, no de la oferta. El boom de los precios internacionales beneficia a los productores nacionales que tienen más plata en los bolsillos para comprar más bienes y servicios, lo que aumenta las ventas de las empresas y su producción.
El caso más representativo es el del café. Con precio internacional por encima de 2 dólares la libra, que no se veía desde hace años, las exportaciones han llegado a USD 1.233 millones, con un aumento del 14%, a pesar de que se han vendido al exterior 2.1% menos sacos de café.
El impacto sobre el mercado interno es enorme. El precio interno de la carga de 125 kilos está cerca de los $2 millones, el doble que el año pasado, lo que significa que 500.000 familias que viven del grano han duplicado sus ingresos y su capacidad de consumo. Más que la reapertura de la economía después del confinamiento, el mayor gasto de los cafeteros y otros exportadores es una de las razones no divulgadas de la aceleración del crecimiento.
Cali, 15 de agosto de 2021
*Filósofo y Economista. Consultor.
Por Juan Camilo Restrepo*.- Al momento de escribir este artículo están sobre la mesa de las comisiones económicas del Congreso 160 propuestas de enmienda al articulado de reforma tributaria presentada por el ministro Restrepo el pasado 20 de julio. Cerca del 40% de ellas versan sobre el otorgamiento de nuevas gabelas o subsidios que, de aprobarse, significarían más gasto público no presupuestado.
Este proyecto de reforma se había dicho que estaba concertado. Este alud de enmiendas hace pensar lo contrario. Quizás se dieron unas explicaciones y hubo algunas giras previas por el país del ministro Restrepo. Pero las abigarradas propuestas de adiciones presentadas en los últimos días hacen pensar que estamos muy lejos de poder hablar de un proyecto de reforma previamente concertado. Y que tampoco tendremos una esbelta ley fiscal de 35 artículos como jubilosamente se había anunciado.
Es cierto que esta es la manera como se desenvuelve usualmente la discusión de cualquier reforma tributaria. Tanto más cuando se discute en la última legislatura de un gobierno que ya tiene el sol a la espalda, lo que hace brillar su gran debilidad. El gran reto del ministro de Hacienda en los días que vienen consiste en evitar que su reforma tributaria la vayan a convertir en un costoso queso gruyere las jaurías parlamentarias, decretando inconsultos gastos fiscales.
Como si no fueran pocas las gabelas que ya carga el pesado árbol de los privilegios tributarios; problema que puso al descubierto la comisión que el propio gobierno Duque llamó. Y a cuyas recomendaciones pocas bolas le ha puesto por cierto el propio gobierno convocante.
Al proyecto gubernamental le han aparecido también enemigos que desestiman el esfuerzo que se está haciendo para reinstalar, a partir del 2023, el funcionamiento de una regla fiscal. Definida sobre nuevos parámetros técnicos, el principal de ellos consistente en que las barreras fiscales se definan no solo en función de un déficit público infranqueable sino de un ancla resultante de niveles de deuda pública que no se pueden sobrepasar en ningún momento salvo grave emergencia debidamente sustentada. Sería un grave error hacerles caso a estos técnicos de última hora.
Durante el 2021 y 2022 será necesario continuar con una política de gasto público expansiva pues la emergencia fiscal que planteó la pandemia está lejos de haber desaparecido. Pero a partir del año 2023, que es cuando debe reintroducirse la regla fiscal, es indispensable que el mensaje a los mercados sea contundente: Colombia retorna a la frugalidad fiscal, a los déficits moderados y al endeudamiento decreciente en sus cuentas públicas.
Los enemigos de reintroducir la regla fiscal han alegado que el gobierno que se posesionará el 7 de agosto del año entrante encontrará en ella una camisa de fuerza. Y es cierto. Pero precisamente de eso trata toda regla fiscal: que haya muros cortafuegos objetivos para controlar la prodigalidad en el gasto público deficitario.
Así la reforma tributaria que se discute por estos días no sea de carácter estructural, que ciertamente no lo es, no es menos cierto que la fisonomía con que salga aprobada será crucial para asegurar la futura sostenibilidad fiscal del país. Es claro que al nuevo gobierno le corresponderá completar el ajuste que esta reforma no alcanza a concluir. Así lo reconoce el actual gobierno cuando admite que un 1/3 del ajuste requerido queda como herencia para el gobierno que se posesionará en un año.
Pero es claro que si la reforma que actualmente se discute la dejan llenar de nuevas gabelas en provecho de sectores con capacidad de lobby, o si sirve para decretar más gastos de lo prudente, o si por timidez se deja de insistir en una nueva regla fiscal que entre en aplicación a partir del 2023, las cosas en vez de facilitarse se harían inmensamente más complicadas.
Bogotá, D. C, 15 de agosto de 2021
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Juan Manuel Galán*.- Las 16 curules reservadas para las víctimas del conflicto armado en Colombia son un paso importante hacia su reconocimiento efectivo como actores políticos. Esto reafirma que el compromiso democrático con los más de 8 millones de colombianos y colombianas victimizados en el conflicto, no se puede seguir dilatando; su voz merece ser escuchada y su participación política debe ser garantizada.
Frente a este histórico reto, hace pocos días, el Congreso de la República volvió a darle vida jurídica al acto administrativo que otorga 16 curules a las víctimas, en cumplimiento de los fallos del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Esta norma, que se haría efectiva para los periodos 2022-2026 y 2026-2030, representa un compromiso con la implementación del punto 2 del Acuerdo de Paz, el cual se centra en la participación política.
Este fue un proceso dilatado y difícil, ya que en el Congreso las bancadas que sistemáticamente se oponen al Acuerdo de Paz y su implementación, facilitaron el hundimiento del acto legislativo en 2017. Han sostenido que estas curules terminarán en manos de excombatientes de las FARC y grupos armados presentes en los territorios.
Lo que olvidan los detractores de las curules de las víctimas es que ni los partidos tradicionales, ni el partido Comunes podrán ocupar estos escaños. Además, que el Gobierno y las instituciones están en la obligación de garantizar que sean realmente las víctimas quienes ocupen la curules y encuentren espacios de organización política que les permitan generar procesos de liderazgo y participación política efectiva.
El Gobierno y los partidos políticos deben demostrar el compromiso con las víctimas, con los colombianos que vieron la peor cara del conflicto armado y han sido abandonados por el Estado. Las 16 curules son una esperanza para ser escuchados y defender sus derechos y legítimos intereses.
Desde el Nuevo Liberalismo celebramos esta decisión que le recuerda a las víctimas que Colombia siente su dolor, que merecen verdad, justicia y reparación; así como voz y voto en las decisiones que nos definen como sociedad.
Bogotá, D. C, 15 de agosto de 2021
*Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.
Por Amylkar D. Acosta M*.- Continuando con nuestro análisis del proyecto de reforma tributaria 2.0, quiero destacar mientras en el malogrado proyecto de reforma tributaria de Carrasquilla se propuso la progresividad en la tarifa de impuesto de renta para las empresas, iniciando con el 24% para las pequeñas empresas y 30% para las medianas y grandes, ahora se propone que todas sin excepción paguen el 35%. Ello resulta muy gravoso para las PYMES, que fueron las más golpeadas por la crisis pandémica
Además, llama poderosamente la atención la afirmación contenida en la exposición de motivos del proyecto, para llevarle tranquilidad a los empresarios, en el sentido que “la implementación de esta medida no representaría un detrimento para estos contribuyentes”, al contrario, se indica que “la estructura tributaria para empresas sería más competitiva que en 2018”. Ello, en cuanto que, como lo sugiere el economista Gregorio Gandini, “se observaría una reducción en la tarifa efectiva de 2.6 puntos porcentuales entre 2018 y 2022”.
El Ministro Restrepo catalogó su propuesta de reforma tributaria 2.0 como “el proyecto fiscal más ambicioso que se ha presentado en materia de recaudo durante los últimos años”. En ello le asiste la razón al Ministro, sólo que, pese a ello, es de corto vuelo a la luz de la magnitud del déficit fiscal in crescendo que exhiben las finanzas públicas. A este tétrico panorama fiscal se viene a añadir el creciente nivel de endeudamiento, el cual pasó de una deuda bruta equivalente al 50.3% del PIB en 2019 al 64.7% en 2020 y se estima que puede estar rozando el 70% al cierre de 2021, poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal.
Como lo planteó el Ministro Restrepo, con esta iniciativa se estaría promoviendo “la sostenibilidad social, la sostenibilidad fiscal y también al crecimiento y a la reactivación económica”. El propósito fundamental de este proyecto de reforma tributaria 2.0, entonces, es arbitrar los recursos requeridos para solventar y poder mantener temporalmente los programas de ayuda social, para proteger los ingresos y las condiciones de vida de la población más vulnerables, destacándose entre ellos por su mayor valor el del Ingreso solidario, con un costo previsto para el 2022 de $7.2 billones. A ello se viene a sumar el fondeo necesario del programa de apoyo al empleo formal (PAEF), así como el de matrícula cero, que demandará desembolsos del orden de los $700.000 millones. Por lo pronto, para lo que resta de este año se requerirán no menos de $3.3 billones adicionales.
En materia de recaudo, básicamente la mayor contribución ($6.7 billones de $15.2 billones, 44%) de “la mayor reforma en términos de recaudo en los últimos treinta años”, según afirma el Presidente Duque, provendrá del aumento de la tasa impositiva a las personas jurídicas, revirtiendo el alivio tributario decretado en la anterior reforma tributaria, pasando del 30% al 35%, 2 puntos porcentuales más de la propuesta de la ANDI. Adicionalmente, este recaudo se complementaría manteniendo para el 2022 el descuento del impuesto de industria y comercio (ICA) en el 50%, que entró en vigencia este año, merced a la anterior reforma, en lugar de hacer efectivo el descuento del 100% el año entrante, como está previsto.
Esto le significará a la DIAN un mayor recaudo de $3.9 billones, pero se queda corto frente al ofrecimiento que hizo la ANDI de aplazar “el descuento del ICA y continuar como deducción”. De allí que mientras la propuesta de la ANDI implicaba un mayor recaudo de $12.4 billones, la propuesta de este proyecto de reforma es de $10.6 billones, $1.8 billones menos (¡!). Según el propio ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, “por solicitud de Cambio Radical se preserva el descuento del 50% de ICA, aplazando la entrada en vigor del 100%”.
Sigo sin entender por qué razón, no sólo no se acogió el ofrecimiento que hicieron FENALCO-ACOPI de renunciar a dos de los tres días sin IVA, que habrían significado $1 billón más de recaudo, sino que se insiste con terquedad aragonesa en mantener los tres días sin IVA, sobre todo que no está demostrada su utilidad para los propósitos planteados. Según el Director de FEDESARROLLO, Luis Fernando Mejía, “es dudoso el impacto que tendrá esta decisión, teniendo en cuenta que hay análisis sobre lo poco que han servido determinaciones como estas en Estados Unidos, pues muestran que lo que hacen las personas es sustituir las compras en el tiempo”.
Huelga decir que los beneficios para las empresas que se derivaron de la reforma anterior fueron mucho más generosos, la rebaja del impuesto de renta y el descuento del ICA fueron sólo dos de ellos. A estos se suman el descuento del IVA causado por la importación de equipos y maquinarias, que tienen un costo fiscal de $6.5 billones, la deducción del 50% del gravamen de movimientos financieros (GMF), más conocido como el 4 X 1.000, amén de la tronera que se abrió con el tratamiento recibido por las zonas francas “especiales”, que en rigor no lo son, que sólo contribuyen, según la Comisión de expertos en beneficios tributarios contratada por el Gobierno, con “el 0.4% de las exportaciones colombianas y en general no han tenido mucho éxito en cuanto estímulo a las exportaciones”. Y por ello recomendó su supresión. Ello le representa a la Nación ingresos dejados de percibir, entre impuesto de renta y pago de IVA, por valor de $2.4 billones. De modo que, de aprobarse la propuesta tal y como ha sido presentada al Congreso de la República, este tácitamente estaría convalidando y consolidando tan gravosos beneficios tributarios. ¡Los beneficiarios de los mismos podrán decir con el profe Maturana que perder es ganar un poco!
Miami, agosto 14 de 2021
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
Por José Félix Lafaurie Rivera*.- 11 de agosto. Barrio Ciudad Berna. El policía Humberto Sabogal, de 42 años, muere asesinado y el país entero lo llora, mientras los medios lo convierten en “rating”, los políticos dan declaraciones y la alcaldesa dice que, ahora sí, será implacable con los delincuentes.
Pero de sus hijos, Juan, de 10 años y David de ocho, nadie se acuerda. Muy pronto, Humberto también será olvidado, porque es amnésica la memoria colectiva. Ya olvidó a Edwin, de 24, asesinado en marzo de 2021, y a todos los policías que han caído o han sido heridos en todo el país por vándalos y delincuentes de todas las calañas.
Los 23 cadetes asesinados en enero de 2019 ya son un recuerdo lejano, después del rating, las declaraciones de siempre y las promesas de la jefa de policía. Solo queda el dolor de sus familias.
3 de agosto. Estadio El Campín. Edison, de 26 años, es brutalmente golpeado. Días después, uno de los agresores ¡se entrega y confiesa!, pero es dejado libre, porque ¡no había orden de captura! Días más tarde es recapturado, pero porque, en noviembre de 2020, había hecho lo mismo y, como no aceptó cargos, muy pronto estará libre.
7 de agosto. Barrio Santafé. Una humilde vendedora de empanadas es asesinada y su hija se encuentra en UCI. Días antes un delincuente venezolano, puñal en mano, les robó el celular; la policía lo captura y ellas tienen el civismo –¿ingenuidad?– de presentar la denuncia. El sujeto dura unos días en la cárcel y sale derecho a cobrar venganza.
10 de agosto. Localidad de Suba. Vándalos de la primera línea atacan el CAI Jaboque; tres son capturados en flagrancia y, dizque arrepentidos, confiesan que alguien -no saben quién- pagaba entre 30 y 70 mil pesos por ese “trabajo”. Fin de la historia: una Juez los deja libres porque “era su primera vez”. Con esa señal, no dudo que habrá una segunda.
Ese día, tres policías fueron lesionados, dos buses vandalizados y una motocicleta incinerada. Horas antes del caos anunciado, la Personería reportaba que "En Portal Suba manifestantes continúan la protesta pacífica. Actualmente, se encuentra bloqueada la Avenida Ciudad de Cali…". Por eso estamos como estamos. Todavía piensan que bloquear es “pacífico”, que deben proteger los derechos de los bloqueadores contra el ESMAD, cuya obligación es desbloquear para garantizar los derechos de las mayorías…, todavía piensan que los de la Primera Línea son buenos muchachos.
Estamos como estamos, porque la alcaldesa dijo que ella sí iba a ser la jefe de la Policía, pero lo que ha hecho es justificar a los “pelaos de su corazón” y hasta prestarles predios para entrenarse en vandalismo, con la dotación del senador Bolívar.
Estamos como estamos, porque se necesita justicia de verdad y un revolcón en el sistema carcelario. La Policía ha logrado 17.000 capturas, más de 2.400 de extranjeros, pero el 80% está libre. Solo 500 pisaron la cárcel y no todos se quedaron.
Estamos como estamos, porque la alcaldesa dice necesitar 10.000 policías más y le tocó conformarse con 1.500. La Policía hace su tarea, pero lo urgente es más inteligencia, para saber quién paga los 70.000 pesos, para acorralar a las bandas del microtráfico que alquilan su violencia y, además de Bolívar, financian, organizan y entrenan a la Primera Línea.
Estamos como estamos, porque lo que se necesita, por encima de todo, para garantizar la seguridad y salvar a Bogotá, es recuperar el imperio de la Ley y el principio de autoridad…y eso, se le refundió a Claudia López hace rato.
Bogotá, D. C, 14 de agosto de 2021
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
