Opinión
Por Gabriel Ortiz*.- .Razón tenían la Vice-Canciller y Duque al prohibir la visita de la CIDH a Colombia, para analizar la situación que se presentaba con ocasión de las marchas pacíficas, contra la estrafalaria reforma tributaria Duque-Carrasquilla.
Fue tal la crueldad con la que actuaron las fuerzas del Estado para impedir la protesta, que el mundo entero puso sus ojos sobre Colombia. Se quiso ocultar la realidad, ante las críticas de los organismos defensores de los Derechos Humanos.
Ante tales pronunciamientos, la Vice-Canciller, tuvo que cambiar de posición y por orden gubernamental concedió el permiso a la CIDH, para ingresar y observar lo que estaba sucediendo.
Llegó la Comisión y se enteró de todo. Vio un pueblo inerme, empobrecido, desempleado, ultrajado, torturado, con hambre y sin esperanza.
Violencia por todas partes. Matoneo contra los manifestantes, arbitrarias detenciones, bloqueos, muertes y desapariciones. Se entregaban cifras de organismos oficiales, pero diferentes, que no daban credibilidad.
Encontraron los comisionados 40 hechos graves, que merecieron recomendaciones concretas y exactas, que de inmediato fueron refutadas por el Presidente Duque, quien arrogante, altivo y despectivo, las rechazó, advirtiendo que nadie podía sugerirle a su gobierno cómo actuar para controlar la violencia. Es decir, para él, lo que ha ocurrido, ha sido criminalidad, furia y arrebato.
De tajo, envió al cuarto del olvido, una posible desvinculación de la policía y el esmad del ministerio de defensa, para evitar que actuaran militarmente.
Los bloqueos que tanto atormentan, son denominados por la CIHD, como “cortes de ruta”, que no pueden ser prohibidos, como “no lo puede ser ninguna modalidad de protesta”, según la Comisión.
Expertos en derechos humanos, son claros en advertir que los Estados tienen que respetar las advertencias, normas y recomendaciones de organismos como la CIDH, porque han firmado y ratificado su creación y su existencia.
La realidad es una: Colombia desconoció las normas de los derechos humanos durante las marchas pacíficas y la Comisión Interamericana de DDHH, lo corroboró, como también confirmó el vandalismo practicado grupos armados que las han infiltrado.
A propósito, dijo que la Comisión establecerá, con sus propias atribuciones la vigilancia, aunque advirtió que no se trata de un mecanismo de control. Sobre esto la Vice-Canciller dijo no aceptar este mecanismo, mientras los partidos políticos, excepto el DC, respaldaron el informe de la Comisión.
Increíble: el aliado del CD el republicano Marco Rubio y otros 13 senadores norteamericanos, le pidieron al Presidente Biden, respaldar a Colombia y al informe de la CIDH, para salvar este país.
Por lo pronto, parece haber quedado sepultada la ley, con la que buscaba Duque, reglamentar las marchas y la protesta ciudadana. El 7 del 7, gran día para Colombia.
BLANCO: La propuesta de Juan Manuel Galán de legalizar las drogas.
NEGRO: Me escribe un sufrido contribuyente de Bogotá: “¿Cómo pretende Claudia que le incluya un “aporte voluntario” a mí predial, si cada que salgo en mi carro tengo que comprar nuevas llantas, porque las calles de la ciudad son un solo hueco?”
Bogotá, D, C, 9 de julio de 2021
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Eduardo Verano*.- Los procesos de Educación se basan en la libre expresión y en poder comunicar nuestro pensamiento sin miedos. La herramienta más poderosa para lograr esa interacción es el diálogo. Vivimos con las consecuencias de las decisiones y las acciones que tomamos. Necesitamos hablar, conversar, dialogar, aunque nos agote, aunque muchas veces los diálogos para buscar un acuerdo pareciera que no conducen a nada. Más ahora que hay tanta gente expresándose en las calles.
Tenemos más en común con quienes piensan distinto a nosotros, pero quieren dialogar, que con quienes piensan lo mismo que nosotros pero no están dispuestos al diálogo. Se convierten en personas intolerantes aunque no haya diferencias. La sensación de distancia y de dificultad permanece. La actitud frente al diálogo es más importante que la misma temática. Lograr los acercamientos es el más importante trabajo individual.
Hay pluralismo y la confrontación puede ser visible, pero, el solo hecho de discutir los pormenores del disenso logra el consenso. El diálogo se tiene que hacer sin penalizar, ni castigar, ni regañar a las personas por pensar diferente. El respeto en cada parte de la mesa es esencial para escuchar las voces de quienes no compartimos sus ideas, aunque no nos gusten.
Defender la libertad de expresión es propio de las sociedades civilizadas que buscan los mejores pactos para convivir aún en desacuerdo. Entender es la clave para la búsqueda de la convivencia al interior de una sociedad.
Hay tantas ideas como personas. Cada persona tiene sus propios conceptos con respecto a muchos temas. Lo que no puede ser obstáculo para generar espacios de reflexión conjunta y nunca rechazar a las personas por sus ideas.
Las ideas deben evolucionar, es natural su enriquecimiento día a día con las experiencias, nuevos conocimientos y la innovación, es cierto que hay principios filosóficos que permanecen como básicos y fundamentales. Por eso, hay que estar dispuestos a cambiar las ideas. Sentarse al fuego y conversar tiene similitudes, porque el fuego se extingue o se propaga como las ideas en las conversaciones. Muchas veces se extinguen los diálogos por no saber manejar la falta de consenso. Pero, se pueden propagar sí de la conversación surgen nuevas ideas y proyectos que se fortalecen con el cambio mental colectivo. Una actitud correcta evita que se extinga una buena conversación. No dejar que se extinga el fuego, también evitar que nos arrastre.
Son famosas las “Conversaciones con Dios” de Neale Donald Walsch, quien escribió lo que indicaba su corazón como si estuviese hablando Dios. Explicó que era Dios el que a través de su mano explicaban sus puntos de vista con respecto a la vida, la muerte, el amor, la economía, el trabajo. Estas conversaciones lo llevaron a definir que lo más importante es concentrarnos en lo que pensamos de nosotros mismos a través del amor o del temor.
Lo opuesto al diálogo es la soledad. Stephen Batchelor en “Elogio de la soledad” explica cómo Montaigne se retiraba en su castillo para practicar la soledad cómo manera de vivir, apreciaba el arte, meditaba y buscaba su perfeccionamiento. Buscaba un ser oculto dentro de su propia celda cerebral. Estar solo es mucho más que soledad, es el arte de cultivar la mente a través de un entrenamiento que se practica en solitario y se consagra al cuidado del alma.
La concentración mental avanzada trata de inmovilizar el pensamiento, lo que es casi imposible lograr porque nuestra mente es impotente para parar el manantial inagotable del pensamiento que fluye en esos momentos de reflexión. La mente es un prodigio.
Barranquilla, 9 de julio de 2021
*Exconstituyente, exministro de Estado y exgobernador del Atlántico.
Por Gustavo Galvis Hernández*.- Recordemos que la expresión “hablar a calzón quitado” se refiere a hablar con franqueza, sin rodeos, sin tapujos, sin ocultar nada; sinónimo de la también muy conocida expresión “sin pelos en la lengua”.
En este contexto, es oportuno destacar por su importancia y pertinencia la noticia sobre la campaña que con el nombre “A calzón quitao” ha comenzado en Barranquilla para prevenir los embarazos indeseados en mujeres adolescentes. La iniciativa es liderada por la primera dama, la Gerencia de Desarrollo Social, las secretarias de Salud y Educación con el apoyo de Profamila y la Fundación Santo Domingo.
Moisés Wasserman en su libro La educación en Colombia informa que el 11.5% de las adolescentes no van al colegio o desertan por embarazos tempranos con todos los efectos sicologicos, económicos y sociales que ello implica.
No sobra recordar el ejemplo de Luis Miguel Bermúdez, profesor de ciencias sociales de un colegio público en uno de los barrios más pobres de Bogotá; hace tres años fue candidato al Premio Mundial de la Educación por haber logrado con diálogo franco y sincero y las asesorías correspondientes, bajar a cero los númerosos embarazos de sus jóvenes alumnas.
De necesarios a imprescindibles
Ojalá que estos ejemplos sirvan para ser aplicados en el sector educativo urbano y rural por las secretarias de Educación y Salud de los departamentos y municipios y así ayudar a evitar el embarazo adolescente, las enfermedades venéreas y los contagios por el SIDA que siguen creciendo. Además, una meta del Objetivo 3- Salud y Bienestar- de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, es: Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar.
Y se habla mucho del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es diferente al libre desarrollo de la irresponsabilidad. Sorprende ver a niñas con una criatura que no es su hermano sino su hijo, o a la jovencita migrante con tres niños y embarazada pidiendo limosna. Mucho dolor, poco futuro y el desempleo creciendo para las personas sin conocimientos y educación de calidad.
Bucaramanga, 8 de julio de 2021
*Ingeniero Industrial de la UIS. Expresidente de la Financiera Energética (FEN). Exsenador, Expresidente de ANDESCO.
Por Cecilia López Montaño*.- Para muchos economistas la imagen de la gente, de esos individuos que sufren el impacto de todas las decisiones económicas, se ha borrado de la agenda de esta profesión desde hace varias décadas. Su sustitución ha sido evidente: los equilibrios macroeconómicos prioridad absoluta, porque sin ellos, y ahí sí entra la gente, quienes pagarán las consecuencias serán precisamente esos individuos, sus familias, su sociedad, su país.
Es indiscutible que la hiperinflación es el peor impuesto para los pobres; los desequilibrios fiscales obligan al endeudamiento que terminará pagándolo la población, la actual y las generaciones futuras. También es cierto que si la economía no crece es imposible que la situación de la población mejore. Sin embargo, y ahí nace un punto diluido, muchos de estos argumentos tienen un pero porque para eso existe la política pública, las decisiones del Estado para minimizar o mejor evitar que costos y beneficios caigan de manera injusta sobre sectores de personas.
La verdad es que hoy los economistas nos enfrentamos a algo que nunca soñamos: la salud nos desbarató el panorama, nos cuestiona lo que han sido nuestras premisas, y peor aún, los objetivos de nuestro ejercicio profesional. Por lo menos a estas generaciones no nos había tocado una crisis cuyas causas iniciales estuvieran fuera de nuestro dominio. Aún más, las soluciones obvias ahora si para reducir sus costos económicos y sociales, también se enfrentan a algo que no solo no manejamos, sino que y esto es lo más grave, no queremos reconocer.
Cuando una economía se cae 6.9% en un solo año, 2020, la actitud obvia de quienes conocen el tema es explorar todas las vías para reactivarla. Pero en esta realidad tan nueva, compleja y dolorosa este proceso puede acelerar aún más las muertes de esos individuos que supuestamente tenemos que salvar obviamente de la pobreza. Es decir ¿estamos entre la pobreza y la muerte?
Para no tener que afrontar semejante posibilidad reaccionamos con indiferencia y se busca el apoyo en estrategias que no son de nuestra responsabilidad: la vacuna y ese cuidado que debe asumir cada individuo. De esta manera nos podemos concentrar en lo que nos corresponde: que la economía vuelva a retomar su dinámica y que los demás resuelvan lo que de manera indignante se podrían catalogar como los daños colaterales, las muertes y los contagios.
Esto parecería ser lo que está sucediendo en Colombia donde hasta los políticos se olvidan de lo que está sucediendo en el sector salud absolutamente desbordado y, sobre todo, sin el real apoyo ni del gobierno ni de la ciudadanía.
Asombra la indiferencia de los economistas ante la pandemia y su incapacidad de comunicarse con los médicos cuyo clamor no los conmueve como si la economía y la salud no tuvieran sus destinos unidos en estos momentos difíciles.
Si esta realidad se aceptara se estarían buscando alternativas para que haya espacio para no frenar ese creciente económico que es meta prioritaria de muchos, pero reconociendo que los niveles de la pandemia nos desbordaron.
Bogotá, D. E, 8 de julio de 2021
Economista, investigadora, conferencista y política colombiana. Se ha desempeñado como Directora del Seguro Social, directora de PREALC, OIT, embajadora de Colombia en los Países Bajos, Ministra de Agricultura, Ministra de Medio Ambiente, Directora del Departamento Nacional de Planeación y Senadora de la República.
Por Simón Gaviria*.- Muchas explicaciones se tendrán para el reciente ciclo de paros, pero si algo queda claro es que hay información incompleta. La toma de Cali es inaceptable bajo cualquier punto de vista. Cómo se deja paralizar sorpresivamente la tercera ciudad más grande del país; más grave aún, cómo es que todavía no sabemos qué paso.
Después de años de victorias, dos errores inexplicables en Norte de Santander. Estas sorpresas pueden ser el mayor fracaso en la historia reciente de los servicios de inteligencia de Colombia. Por lo menos debería ser un llamado a reflexionar, la inteligencia está lenta.
Con un presupuesto de $106 mil millones en la Dirección Nacional de Inteligencia, más presupuestos oficiales y reservados en otras entidades, Colombia procesa más inteligencia que Francia. No en vano Chávez decía que era el Israel de Suramérica. La guerra contra el narcotráfico obligó a construir redes de inteligencia sustanciales.
La embajada de Estados Unidos en Bogotá es la tercera más grande del mundo, la colaboración transfirió mejores prácticas y equipos de avanzada. Los oficiales de inteligencia van a las mejores universidades y academias del mundo. Están en constante intercambio con la OTAN, la Interpol, el FBI y los más destacados profesionales. En papel todo bien, pero algo empezó a fallar.
La Ley de Inteligencia de 2013 después de 60 años otorgó base jurídica. Desarrollada en el marco de los escándalos del DAS, tiene un énfasis en el control político del congreso. Teniendo en cuenta escándalos posteriores quedan dudas sobre la eficacia de la veeduría. La decisión de poblar la nueva entidad con militares retirados eliminó la alternativa civil que facilita la cooperación. La información sigue fragmentada en diferentes entidades. Los presupuestos de inteligencia en fuerzas militares vienen en descenso, la red de informantes se debilitó. Mayor énfasis en lo tecnológico en vez de inteligencia humana.
No es solo la falta de anticiparse, ni si quiere se logra entender hechos.
Preocupante es que después de dos meses no haya claridad sobre los vínculos de grupos al margen de la ley o extranjeros con estos eventos. Las insinuaciones sotto voce de analistas y funcionarios de vínculos turbios del paro resultan especialmente dañinos para la democracia si no son comprobados. Y eso requiere mucho más que un viaje con comentarios inoportunos de unos argentinos.
Si “Marcos Pacífico” del ELN movió recursos para la toma de Cali, sería bueno saber cuántos fueron y cómo se distribuyeron en la ciudad. Si fue por canales humanos tuvo que llegar días antes. ¿Dónde estaba el director de la Policía mientras esto ocurría? Si Venezuela está promoviendo el paro, sería bueno que nos dijeran cómo. Son acusaciones que no pueden quedar al aire. Es un deber esclarecerle al país, según el Centro Nacional de Consultoría, 54 % del país cree que las motivaciones del comité del paro son sociales. Que justos no paguen por pecadores.
Si después de décadas de conflicto armado, las amenazas se vuelven urbanas, internacionales o digitales, hay que repensar cómo se reasignan capacidades de inteligencia. También existe la posibilidad de que la información no haya subido la cadena de mando. De todas maneras, al final del paro hay que replantear las cosas, esto no salió bien.
Bogotá. D. E, 8 de julio de 2021
*Simón Gaviria, actual fellow del instituto Marron en NYU. Ex-director nacional de planeación y expresidente de la Cámara de Representantes.
Por José G. Hernández*.- Al decir de algunos políticos, “no hay ningún derecho fundamental a la protesta”, pues “la Constitución no lo establece”.
Los derechos fundamentales -que lo son en cuanto inherentes a la esencia de la persona humana- no se tienen a partir de su consagración en norma positiva. Si así fuera, bastaría derogar la disposición que consagra derechos básicos como la igualdad, la libertad, el debido proceso o la libre expresión para que no pudieran ser reclamados, protegidos o reivindicados. Que algunos sistemas jurídicos -afortunadamente, cada vez menos- contemplen todavía la pena de muerte, no significa que el derecho a la vida deje de ser el primero y básico de los derechos fundamentales.
Es lo mismo que dice la Enmienda IX de la Constitución de los Estados Unidos: “No por el hecho de que la Constitución enumera ciertos derechos ha de entenderse que niega o menosprecia otros que retiene el pueblo”, o el artículo 94 de la colombiana: “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”.
De la naturaleza racional del ser humano se deriva la capacidad de discernir, distinguir, valorar, disentir, aceptar o no aceptar, discrepar, estar o no de acuerdo con algo. Y, claro está, de esa misma naturaleza y de la esencial tendencia humana a la libertad se deriva el derecho de expresar, individual o colectivamente, en privado y en público, lo que se piensa, se quiere, se busca o se reclama. Por eso, protestar, manifestarse en contra o a favor, oponerse, criticar, reclamar, discutir, proponer, denunciar, es algo connatural a la condición humana, y se da -por supuesto- en toda agrupación, asociación o conglomerado, con mayor razón en una democracia -en la cual el pueblo es soberano- y respecto a los intereses, derechos y necesidades colectivas.
La Carta Magna, las declaraciones de derechos -Petition of Rights, Bill of Rights, Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, las traicionadas Capitulaciones de los Comuneros- tuvieron origen en el ejercicio del derecho a la protesta, en la formulación de reclamos y reivindicaciones. Sin contar con el previo beneplácito de los gobernantes, y -más aún- contra sus abusos y excesos.
Ahora bien, la Constitución colombiana garantiza los derechos a la libre expresión del pensamiento y opiniones, la libertad de reunión y manifestación pública y pacífica, así como los derechos de la oposición política, entre los cuales está el ejercicio libre de la función crítica frente al Gobierno y la opción de plantear y desarrollar alternativas políticas, derechos todos ellos que no podrían ser ejercidos si para tal efecto tuvieran que contar con la anuencia, la autorización o el permiso del gobierno o de la administración.
El derecho a la protesta sí está garantizado, en la Constitución y en los Tratados Internacionales. Debe ser protegido -no perseguido, ni sancionado- por las autoridades. Otra cosa distinta es la violencia y la barbarie, que no son derechos. Es un exabrupto que, para evitar tales abusos, se quiera hacer inane o inexistente el derecho a la protesta.
Bogotá, D. C, 8 de julio de 2021
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Cristina Plazas Michelsen*.- Lo que pasó esta semana en Medellín demuestra nuevamente que somos una sociedad despreciable a la que no le importan los niños. Todavía no puedo creer que un hecho tan aberrante y aterrador como el del abuso sexual a 16 menores de edad, en el Centro Infantil Pequeños Exploradores B, no haya causado conmoción nacional. Lo más doloroso es que el número de víctimas puede seguir subiendo, teniendo en cuenta que el violador trabajó en la entidad durante 3 largos años.
El caso es espeluznante. He escuchado en los medios a las mamás de los niños y estoy aterrada de lo que denuncian. Una de ellas manifiesta que cuando fue a contarle a la directora y a las maestras la situación por la que estaba pasando su hija, ignoraron el caso. ¿Por qué no creyeron en el testimonio de la niña? ¿Por qué no activaron la ruta de inmediato?
Todo huele muy mal. Son muchas las explicaciones que debe entregar la Cooperativa Coomulsap que maneja este centro infantil. ¿Cómo así que el encargado de la siesta de los niños y de llevarlos al baño era una persona contratada para las labores de cocina? ¿Dónde estaban los agentes educativos mientras esto sucedía? ¿Cómo se explica que las maestras no hayan notado ninguna señal de alerta? Me cuesta creer que durante los 3 años que llevaba trabajando el violador en el jardín nadie haya notado al menos un indicio de lo que estaba sucediendo.
Indigna además la actuación de los encargados del programa Buen Comienzo de la alcaldía de Medellín que conocieron la primera denuncia el 20 de junio omitiendo adelantar las acciones que les corresponden: la activación de la ruta fucsia, la materialización de la denuncia y la debida notificación al ICBF. Solo hasta el 30 de junio se toman acciones por parte de la Fiscalía, gracias a la denuncia de uno de los afectados, habiéndose perdido un tiempo valiosísimo para lograr restablecer los derechos de esa primera víctima y prevenir la comisión de otros delitos por parte del victimario.
Insólito también que el alcalde Quintero haya citado a una rueda de prensa con el fin de evadir su responsabilidad y quedar bien con la opinión, sin antes articularse con el ICBF y la fiscalía, advirtiendo de la investigación al violador. Desilusiona ver cómo se está manejando este programa, que durante años fue reconocido como uno de los mejores.
No podemos seguir permitiendo que violen a nuestros niños. Para esto es mandatorio aplicar un test a todo el que vaya a trabajar con niños o cerca de ellos que detecte a los pedófilos; son varias las experiencias internacionales. También es fundamental que todos estén entrenados en abuso sexual. Son muchas las acciones que se pueden adelantar; pero solo serán exitosas en la medida que se conviertan en una política pública y que los niños dejen de ser invisibles para la sociedad.
Bogotá, D. C, 6 de julio de 2021
*Abogada de la Universidad Javeriana con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Por Guillermo García Realpe*.- En momentos en que Colombia vive desde hace más de dos meses un estallido social de grandes proporciones, sorprende el gobierno Duque con una propuesta que pretende cercenar el derecho a la protesta, consagrada en el artículo 37 de nuestra Constitución Nacional, al anunciar un proyecto de ley para fijarles límites y diferenciarlas del vandalismo.
Inicialmente lo que se le viene a uno al pensamiento es que, ese proyecto, busca limitar derechos fundamentales como el de movilización, de protesta, de expresión ciudadana, de libertad de pensamiento, de libertad de expresión y de prensa y también, algo más grave, que sería el de criminalización de la protesta ciudadana.
Eso, se pondría en riesgo y el gobierno nacional en muy mal momento lo propone, si el mundo entero, el presidente Joe Biden, el Congreso de los Estados Unidos, la ONU, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch con su director José Miguel Vivanco a la cabeza, y otros organismos internacionales, cientos de ONG le han reclamado al gobierno nacional su mal manejo de la protesta pública en Colombia.
Además de haber un estallido social por fundamentos y motivos ha habido un manejo absolutamente represivo, con un comportamiento, por supuesto, indebido, de algunos infiltrados en los manifestantes que hay que reconocer y censurar, pero también de la fuerza pública cuando tuvo en sus operativos de control a civiles armados disparando armas letales y las exageraciones que las ha reconocido el mismo gobierno y la fuerza pública del ESMAD.
Ahora, la prensa internacional como The Guardian de Londres, The Washington Post de Estados Unidos y otros medios de comunicación de gran escala mundial, han reiterado la crítica al gobierno de Colombia, pero el gobierno no escarmienta, de que no esta en buen momento de reconocimiento, en primer lugar, de un buen gobierno, y de un gobierno que garantiza los principios de democracia fundamentalmente.
Por qué antes de promover una Ley Antidisturbios, no se promueve una ley anti desempleo, anti falta de oportunidades, ante negativa y desconocimiento de las oportunidades de los jóvenes, de los campesinos, de los estudiantes y los universitarios. Es porque no tienen educación que están marchando, porque no tienen trabajo, porque no ven futuro en ellos, ni en su familia. O por qué no más bien como el país y el mundo le exigen, no se hace una reforma policial estructural que garantice los derechos humanos.
El hecho de que ha habido disturbios y manifestaciones de violencia graves, no puede de ninguna manera desconocerse, que ellos están reclamando contra un gobierno, contra un Estado y una sociedad que los ha excluido durante muchos años y encontró motivo con éste paro para expresar su inconformidad, su insatisfacción y solamente han recibido del Estado y del gobierno, bolillo, garrote, represión y no una estrategia fundamental de buen gobierno, política pública, de empezar a revisar la gravísima situación que ellos promueven.
Entonces, es mejor promover, leyes, política pública, programas, planes de desarrollo e inversión para cambiar la situación que viven nuestros muchachos, nuestros jóvenes, porque la deuda es con ellos y está a cargo del Estado, de la sociedad colombiana y de todos nosotros, no podemos salirles con que además de no darles respuestas y de no administrar a favor de ellos, tampoco puedan salir a protestar, como efectivamente lo han hecho y que les ha caído más la fuerza que las respuestas.
Por eso, debemos hacer un análisis muy profundo en el Congreso de la República, reiteramos desde ya nuestra oposición a esta iniciativa que vulnera derechos ciudadanos y reconfirma que estamos ante un gobierno indolente, que poco le importa las reclamaciones sociales de sus ciudadanos, pero que sí privilegia a los mega ricos, al gran empresariado, a los industriales de éste país y que da enormes gabelas a las multinacionales.
Ojalá estas protestas sociales sirvan para que el país reaccione y se pronuncie en las urnas para cambiar el rumbo de Colombia y darle paso a gobiernos progresistas, de avanzada, que invierta en lo social, que defienda la paz y que combata el narcotráfico, la corrupción, la pobreza y el contrabando, que son los grandes males que hoy no dejan avanzar a nuestro país.
Bogotá, D. C, 6 de julio de 2021
*Senador del Partido Liberal
@GGarciaRealpe
Por Adriana Matiz*.- Tres décadas ya completa nuestra Constitución. Esa misma que busco cambiar radicalmente este país sobre la base de buenas intenciones y los buenos colombianos.
Desde entonces, sin lugar a dudas Colombia ha cambiado, pero cada vez que superamos un reto, siempre aparece uno nuevo y la respuesta al mismo es lenta o incluso inexistente, como si tuviéramos que irnos acostumbrando a convivir con el mal de moda como forma de vida.
Treinta años y aún no se encuentra el camino correcto para que nuestro país no solo sea viable, sostenible y eficaz, sino que por lo menos logre generar esperanza a los ciudadanos.
Como si el mundo se hubiera detenido, de unos meses hacia acá, nuestros problemas no cambian y las soluciones a los mismos siguen sin aparecer. Ninguno de los candidatos presidenciables ha deslumbrado con una propuesta clara de cómo dar el giro hacia unas verdaderas soluciones, pues poco podemos esperar ya de este gobierno, al que se le agotó el tiempo y la conexión con la ciudadanía, por lo que pareciera más interesado en heredar esa responsabilidad al próximo.
Con un nivel de pobreza del 42%, nuestro país está por encima de la media regional en más de 12 puntos. Esto hace que más colombianos demanden ayudas del Estado, lo cual es incierto y hasta imposible por el momento, pues como fue advertido hace meses, el recurso se está agitando.
La devaluación es otro de los temas económicos que debería pasar al tablero como fundamental en el 2022. Para el año 2012, nuestra tasa representativa del mercado se encontraba por debajo de los $1.800, casi 10 años después se encuentra en más de $3.600, y rondando los $3.800, lo que denota que nuestra moneda en diez años llega devaluada en más de un 100%. Contrario a esto, el salario mínimo mensual, paso de $566.700 a $908.526 pesos, disminuyendo comparativamente los ingresos de los colombianos y con ello su capacidad de compra.
Ni siquiera los problemas internos de costos del Estado están sobre el tintero, nada se ha dicho de la necesaria reducción del gasto burocrático. No aparecen propuestas de medidas urgentes como disminución de los gastos del Congreso, ya sea por vía de eliminación de curules o salarios; eliminación del gasto militar excesivo; o la liquidación de entidades públicas con funciones similares o ineficientes.
La nueva estructura tributaria que requiere el país tampoco se vislumbra. No solo es necesario que se busquen más fuentes de financiamiento, sino que se tenga claro quiénes y en qué condiciones deben asumir esa carga. No podemos darnos el lujo de desatar nuevamente el rechazo popular a la reforma ni mucho menos dejar de presentarla, más temprano que tarde, el gasto social quedaría sin fuentes serias de financiación y la crisis social aumentaría.
Esperemos a ver qué sucede este segundo semestre, si explotan las ideas; solo eso haría pensar que esto sería diferente, porque si le dejamos el futuro a la capacidad propositiva actual, es muy poco con lo que se puede uno ilusionar, sería más de lo mismo.
Ibagué, 6 de julio de 2021
*Representante a la Cámara del Partido Conservador por el departamento del Tolima.
Por Juan Camilo Restrepo*.- En un país cada vez más polarizado, y ahora con el reavivamiento de rescoldos criminales de vándalos destructores en varias ciudades del país, no le hemos dado la trascendencia que merece haber la noticia de Glencore sobre la adquisición a sus socios de la totalidad de las acciones en el complejo carbonífero del Cerrejón.
La decisión anunciada por Glencore consiste en un negocio cuyo valor asciende a los US$ 588 millones, en virtud del cual esta empresa suiza queda como única accionista del Cerrejón, después de comprarle a sus socios Anglo América y BHP las participaciones accionarias que estas dos empresas poseen por terceras partes en el complejo minero del Cerrejón, la segunda mina a cielo abierto más grande del mundo. Esta noticia se une a la que divulgó Drummond hace algunas semanas para aglutinar en una sola empresa varios títulos mineros que posee en la cuenca del Cesar.
Estas noticias tienen especial significado en un momento en que algunos comentaristas se estaban apresurando a extenderle al carbón certificado de defunción. Es evidente que este combustible fósil aparece como el patito feo en todos los cuestionamientos que últimamente, y cada vez con más fuerza, se escuchan contra las energías fósiles. Y ello es cierto. Pero no es menos evidente que Colombia tiene magnificas reservas de carbones térmicos de muy buena calidad en la cuenca minera del Cesar a la Guajira; que ha hecho allí inmensas inversiones en los últimos 40 años; que cuenta con un ferrocarril (Fenoco) que recoge a lo largo de su trayecto los carbones allí producidos para llevarlos a un moderno puerto de exportación que tenemos en la Guajira. Es igualmente cierto que los empleos que allí se producen son inmensos, como lo son también los impuestos y las regalías que perciben los municipios y los departamentos donde están ubicados los yacimientos carboníferos. Esta es una inversión que el país no puede dejar tirada en mitad del camino, así algunos malquerientes del carbón lo quisieran bajo el entusiasmo de consideraciones ambientales y del cambio climático.
En este sentido Colombia es un país especial: estamos haciendo y debemos continuar los esfuerzos para diversificar la matriz energética con fuentes fotovoltaicas y eólicas. Pero al mismo tiempo tenemos demasiada inversión social ya sembrada en esta cuenca del Cesar-Guajira como para que nos sea indiferente lo que acontezca en el mundo del carbón. Por eso la noticia originada en Glencore, y la magnitud de la inversión que ella entraña, son una voz de confianza en el carbón colombiano. Cuando otras mineras se están saliendo del negocio del carbón.
El mercado del carbón que siempre va de la mano de la suerte del petróleo ha tenido un notable repunte en los últimos días. El precio de la tonelada del carbón térmico colombiano que llegó a estar a niveles de US$ 30-40 dólares no hace mucho tiempo, ahora ha tenido un interesante repunte hacia niveles de US$ 80-100 dólares la tonelada. Seguramente esta evolución del precio del carbón jugó un papel importante en la decisión anunciada por Glencore. Al mismo tiempo, las cotizaciones Brent (término de referencia para el crudo colombiano) han tenido un alza rotunda en las últimas semanas hasta alcanzar cotizaciones de US$ 70-75 el barril. Todo esto debido a que el mercado internacional de la energía está percibiendo que la recuperación de la economía mundial está tomando fuerza, y empiezan a quedar atrás los estragos de la pandemia en buena parte de los países industrializados.
Si bien el consumo de energía está orientándose cada vez más hacia energías renovables y menos hacia combustibles contaminantes como el carbón, un jugador importante en la economía mundial como es la China, y en general los mercados asiáticos, siguen creyendo en el carbón; continúan construyendo generadoras a base de carbón; y por lo tanto siguen siendo demandantes confiables del nuestro carbón. Tanto más en un momento en que la China tiene rotas relaciones comerciales con Australia que era el otro gran proveedor de carbón al mercado chino.
De manera que los sueños de nuestro novelista Jorge Isaacs, cuando en el siglo XIX descubrió las vetas carboníferas del Cerrejón, parece que no van a convertirse por el momento en las terribles pesadillas que algunos presagiaban.
Bogotá, D. C, 5 de julio de 2021
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
