Opinión

Por Adriana Matiz*.- 18 detenidos, 3 abatidos y 5 prófugos, es el número de nacionales involucrados en uno de los episodios más vergonzosos internacionalmente para nuestro país, pero a la vez más confusos para una opinión pública que aún no sabe que creer.

Existe multiplicidad de versiones, oficiales y políticas haitianas, familiares de los colombianos, que los ubican muchas veces como villanos y otra como héroes. No hay aún explicación a la coincidencia de su presencia en ese país.

Lo cierto es que 12 disparos en la humanidad del presidente haitiano Jovenel Moïse terminaron de manera violenta con su vida y nos pusieron como país en las miradas de todos.

Entonces todo sigue siendo confuso, civiles haitianos entregando a colombianos, una oposición que desmiente esta versión y un silencio que con el correr de los días pareciera de forma cómplice sentenciar la suerte de estos hombres.

Lo único cierto es que hay evidencias que en los últimos veinte años quienes han dejado el ejército de nuestro país, han tenido como una opción de seguir teniendo ingresos por estas actividades y conocimientos militares, el alistamiento en grupos de mercenarios que se desplazan por todo el mundo y que son reclutados en nuestro territorio.

Empresas contratistas en el área de seguridad especialmente, de origen norteamericano o inglesas, han escogido nuestro país como fuente de recurso humano militar para ser exportado a participar en guerras como la de Afganistán, Yemen e incluso Irak.

Esas empresas realizan el trabajo sucio que por responsabilidad internacional estos Estados no pueden hacer.

De eso algo habíamos escuchado, pero siempre supuestamente dirigido a la protección de infraestructura o personas en otros países. Lo que no nos imaginábamos es que estas organizaciones también tuvieran intereses en derrocar mandatarios o cometer crímenes de Estado, y que acudieran a reclutar personal colombiano para esto, porque de ser así, no se explicaría uno como logran conseguir de forma tan fácil 26 personas que se presten para ello.

Preocupante, también, es que esta privatización o tercerización del actuar militar en el mundo, que se sabe se hace con el fin que no pierdan la vida ciudadanos de sus países, acudan a nosotros en este proceso de exportación de carne de cañón como ocurrió en este caso.

De acuerdo a un informe presentado en el año 2011 del Comité en el Senado americano, sobre Seguridad Nacional de ese país, entre los años de 2005 y 2009 ese gobierno había gastado más de US$3.100 millones en contratos privados para políticas de antinarcóticos en América Latina y la mayoría de empresas contratistas estaba en Colombia.

En conclusión, queda claro entonces que con el aparato militar oficial en este país convive uno alterno multinacional y que corresponde al gobierno decirnos en qué forma opera y la legalidad de éste, porque su sola existencia cómplice preocupa, pues si bien éramos conocedores de nuestra capacidad de violencia, no sabíamos que ya la exportábamos.

Bogotá, D. C, 12 de julio de 2021

*Representante a la Cámara por el Partido Conservador.

Por Guillermo García Realpe*.-Rayos y centellas han caído en Colombia por cuenta del reciente informe dado a conocer al mundo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas derivadas por el estallido social que empezó el pasado 28 de abril. 

Muchos sectores gobiernistas y de la extrema derecha, fundamentalmente, han tratado por todos los medios de descalificar el trabajo adelantado por el organismo internacional y de desviar la atención de la prensa y de la opinión pública sobre las 40 recomendaciones precisas que hace la CIDH al gobierno colombiano para manejar las protestas en nuestro país. 

Dialogo genuino con enfoque territorial que escuche a todos los sectores y permita desactivar las tensiones y hostilidades latentes en la sociedad, fue la primera recomendación de la Comisión, y en esto sí que Colombia y especialmente su gobierno necesita trabajar para minimizar tanta polarización que vivimos. 

Trabajar en la recuperación de la confianza ciudadana en el Estado, fortalecer y respetar la independencia de poderes y organismos de control, es otra de las referencias que hace la CIDH, ambas tan necesarias para la sana democracia. 

Pero la Comisión propende en su informe, además, por garantías para el goce de los derechos a la salud, educación, alimentación, trabajo, seguridad social de los colombianos y, sobre todo, que el Estado garantice la vida, integridad y seguridad de las personas. 

Respetar y garantizar el derecho a la protesta, es otra de las recomendaciones principales y que el gobierno descalifica de manera categórica, porque les interesa más la confrontación que priorizar el diálogo. 

Sobre los evidentes abusos de la fuerza pública en casi todas las regiones, el informe sugiere que todo accionar de esta, debe hacerse con total apego a los protocolos, bajo los principios de proporcionalidad, establecidos en los estándares internacionales. Se deberá entonces reformar el Decreto 575 de 2021. 

La defensa de la vida y la integridad de las personas, enfatiza la CIDH, debe ser una prioridad a la hora de intervenir por parte de las fuerzas de seguridad. En este aspecto se hace urgente y necesario una reforma a las instituciones de seguridad, para que sean más humanas, para que se respete los Derechos Humanos de las personas, para que sean unas fuerzas que garanticen el orden y no el agravamiento del caos. 

Separar a la Policía y su ESMAD del Ministerio de Defensa para evitar toda posibilidad de perspectivas militares fue una de las recomendaciones que tal vez causo mayor polémica, para nadie es un secreto que la apuesta del gobierno es mantener el esquema de guerra y confrontación, porque está de por medio el negocio de la guerra y necesitan justificar de algún modo esa continuidad de violencia. Sin embargo, es muy delicado que las fuerzas de seguridad del Estado empuñen sus armas contra la población civil, pues según un informe de Human Rights Watch, un total de 18 personas fueron víctimas mortales de ataques armados, es decir, fueron impactados con armas de fuego de policías. ¡Muy grave! 

Investigar las denuncias de violación de derechos humanos y reparar a las víctimas, como bien lo indica los Comisionados, debe ser una prioridad, sin embargo, el gobierno dijo que el uso de la fuerza fue excepcional porque resultó necesaria la intervención, cuando todos fuimos testigos de cientos de casos de brutalidad policial a jóvenes inocentes que simplemente transitaban por sitios aledaños a los desmanes. 

Garantizar el debido proceso a las personas que hayan sido detenidas en el marco de las protestas y crear una comisión especial para dar con el paradero de las personas que siguen reportadas como desaparecidas, es otro de los puntos que debería atender el gobierno colombiano. 

Adecuar el marco normativo para que la Procuraduría General de la Nación no pueda sancionar ni inhabilitar a mandatarios por sus actuaciones durante el paro nacional y garantizar el ejercicio al derecho de la libertad de expresión y la protección a periodistas, es otra de las recomendaciones finales. 

Desde la Comisión de Paz, agradecemos y resaltamos el trabajo impecable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su visita a Colombia, por verificar el estado de la crisis social que vivimos, por ser un garante en la defensa de los Derechos Humanos. 

Fue sin duda, un informe amplio, detallado, objetivo, donde se hizo un relato extenso de los abusos de la fuerza pública, pero también de los graves hechos de vandalismo. Nosotros, desde luego condenamos cualquier acto de violencia venga de donde venga, el gobierno debe judicializar a los responsables de cualquier tipo de violencia. 

Ojalá que el presidente Iván Duque, su vicepresidenta y en general el gobierno hagan una segunda lectura del informe, eso les permitirá recobrar la legitimidad en el escenario internacional y priorizar el respeto por los Derechos Humanos.

Bogotá, D. C, 12 de julio de 2021

*Senador del Partido Liberal

Por Juan Manuel Galán*.- El fin de semana pasado el ex vicepresidente Vargas escribió una columna donde ataca mi propuesta de regular todas las sustancias. Así, con argumentos anacrónicos y sofismas, pretende caricaturizar y deslegitimar una solución a una guerra que ya es cuestionada por varios países en la comunidad internacional y cuyas principales víctimas son los pobres, los jóvenes y los negros.

En primer lugar, regulación no es liberalización para que quien quiera produzca, venda, compre o consuma. Se trata de proponer una nueva política, enfocada a que el Estado capture el negocio criminal, establezca las reglas de juego y asuma la responsabilidad de agente regulador del mercado. Una política integral con un sólido componente de salud pública, que por ejemplo reglamente la ley 1566 de 2012, de nuestra autoría, que reconoció la adicción en Colombia como enfermedad y le dio una mirada descriminalizante a los consumidores en general y en particular a los problemáticos.

La educación es un pilar fundamental para una nueva política, y el desarrollo de una cultura social que desestimule el abuso de sustancias y garantice un consumo informado y responsable. La venta a menores de edad seguirá siendo delito, y el consumo de cualquier sustancia en esta población será tratado como problemático.

Regular tampoco es amnistiar criminales o excarcelarlos. Se trata de dejar de criminalizar campesinos y consumidores. De que el Estado persiga las estructuras criminales puras y duras relacionadas con el lavado de activos y la venta de precursores químicos indispensables para transformar la hoja de coca en clorhidrato de cocaína.

Bogotá, D. C, 12 de julio de 2021

*Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.

Por Martha Patricia Moreno Moreno*.- Todos los días son vísperas de milagros, lo dice el rostro y el alma del minero que haciendo honor a su apellido: “Montañez” salió ileso de la montaña, donde estuvo atrapado durante seis días, 6 horas y 30 minutos. Con una sonrisa de paréntesis dijo que la virgen de Morca lo sacó intacto, y que la inmaculada   también les emparejo el camino a los rescatistas de Seguridad y Salvamento Minero, de la Agencia Nacional de Minería (ANM).

El sábado 26 de junio, a las 6 de la mañana, cuando usted y yo abríamos los ojos, para contemplar el amanecer de un azul inverosímil, Montañez con el ánimo resuelto, descendía a la oscuridad del socavón, iba bien entrenado para coexistir con el olor azufre y el calor sofocante del subsuelo de Sativasur, un pueblo de la provincia norte de Boyacá.

Nunca se imaginó que quizá podría vivir sin preguntarse por ese extraño presentimiento, cuándo observó   el resplandor de la mina en la vereda la Caldera, entonces se le antojó que era parecida al abismo que pintan las estampas católicas; (El infierno dónde las almas se carbonizan), y a pesar de aquel frio miserable, frotó sus manos para espantarlo, y en segundos la montaña le respondió con un rugido de agonía.  El minero cayó de rodillas y su compañero muerto en el abismo.

Dueño de sus lágrimas, comenzó a llorar por dentro, no iba a deshidratarse, y pensó fundirse en un instante con sus propios fluidos y esperar el fin, pero como un suceso certero del azar, se tocó el corazón y encontró en su bolsillo una puntilla, y así tímidamente arañó la tierra, buscó el aire, y su ángel de la guarda   le dio la seña, y obediente lo espero, como se aguarda la pobreza perfectamente resignada.    

Para matar el tiempo, y antes que lo matara, echó a rodar su reloj por entre las piedras, decidió que el tiempo tampoco lo iba tener encarcelado dentro de las manecillas del suspenso; y que, para estar de día, o estar de noche, no necesitaba estar preso de aquella sombra pueril; con bastante oscuridad ya tenía de sobra, entonces resolvió que el tiempo se iría al despeñadero de las horas. _ El mundo tiene su tiempo y yo el mío… Entonces qué podemos hacer con el futuro más que esperarlo.

El silencio comenzó a tomar venganza de sus recuerdos, y era cuestión de abonar la paciencia, cómo cuando aprendió en su lejana niñez a emparejar el arreo, que las vacas van más despacio y los dueños van más ligero; su mamá siempre decía, que el pánico atraía las desgracias, y que fue su carácter aguerrido, la carta que le tiró Dios por existencia.

 Se aguantó el miedo, y de repente empezó a escuchar las voces que ya le resultaban conocidas, aunque no podía identificar si emanaban de su cabeza, o de una despedida imprecisa. Así ¡Llegaron los rescatistas repartiendo suerte a todos los mineros revividos en Colombia!

PUNTO Y APARTE: Están muy alborotados los alcaldes de: Pesca, Tópaga, Mongua, Firavitoba, Iza y Aquitania, por la explotación de recursos naturales, el verde de este pueblo está mudo, le va tocar cambiar de color. La miseria es vivir en un filo, porque cualquier caída es despeñarse.

Sogamoso, 12 de julio de 2021

^*Magister en educación-  comunicadora social- periodista. Cronista, líder de opinión regional. Zona Boyacá.

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Vuelven a aparecer las nubes negras de la inflación en la economía mundial, y con ellas los llamados de algunos alarmistas a los bancos centrales para que aprieten las clavijas de la política monetaria y “enfríen” las economías ¿Tienen razón, o es solo una herencia de teorías trasnochadas?

Es un hecho que se está dando un incremento de los precios. En Estados Unidos el IPC registró en mayo un aumento anual de 5%, mientras que en la zona euro subió de 0.9% a 1.9%. En los llamados mercados emergentes ha subido a 4.5% ¿Qué está jalonando esta subida de precios ¿es un choque temporal o una tendencia duradera?

El presidente del Federal Reserve (FED) ya insinuó que para contrarrestar la inflación están pensando elevar sus tasas de interés.... a partir del 2023. Es un claro mensaje de que siguen más preocupados por el desempleo, y que ven este aumento de precios como transitorio, que no es causado por presiones de demanda que deban ser controladas con restricciones monetarias.

Hasta halcones antiinflacionarios como la revista The Economist o el FMI, reconocen el hecho pero llaman a no caer en el pánico ni tomar medidas que pongan en peligro la frágil reactivación. Una razón es que en las cifras anuales de inflación hay una distorsión estadística, pues se está midiendo contra un período en que bajaron los precios. Por eso el FED proyecta que en el 2022 la tasa de inflación caerá a 2.1%.

El ejemplo más claro son los precios de los combustibles. El petróleo ha triplicado su precio desde Abril del año pasado, pero solo para volver al nivel de precios promedio del 2019. Por eso el IPC gringo sin combustibles ni alimentos crece 1.5% menos que el índice total.

Pero la razón principal para no tomar medidas contraccionistas es que buena parte del aumento reciente de los precios ha sido causado por problemas de oferta y no por exceso de demanda. Dice el FMI que la subida de precios de los alimentos empezó antes de la pandemia, por la peste porcina en China y Africa, la caída de producción mundial de aceites vegetales y la imposición de tarifas de importación por la guerra comercial entre China y EE.UU.

La pandemia, señala también el FMI, agudizó la tendencia al alza con las restricciones en la cadena de oferta de alimentos, lo que se empeoró con el aumento de los costos de transporte, pues lo fletes marítimos se han triplicado en el último año.

El pronóstico es que los precios de los alimentos van a continuar altos este año y el próximo, afectando más a los países emergentes que, además, tienen el impacto de la devaluación de sus monedas sobre los precios de los alimentos importados. Pero es evidente que inflación por aumento de costos no se maneja frenando la demanda. Afortunadamente así lo ha entendido el Banco de la República.

Cali, 11 de julio de 2021

Filósofo y Economista. Consultor.

Por Juan Camilo Restrepo*.-Me llamó la atención no tanto que Fitch bajara la calificación de inversión, sino las razones que esgrimió para ello en su comunicado de prensa. El principal argumento que adujo es que le parece muy poco drástico el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) al mantener por dos años más un programa de gasto público moderadamente expansivo, como el que se viene practicando.

Poca o ninguna consideración le valió la grave emergencia en que nos ha sumido la pandemia (a Colombia y al resto del mundo), y los exigentes desafíos fiscales que la difícil situación de salud pública ha planteado. Considera Fitch que los déficits proyectados (8,6% del PIB al terminar este año y 7% del PIB para el año entrante) son demasiado laxos; y hubiera querido que desde este año se iniciara un programa de restricción presupuestal más fuerte.

Es el típico razonamiento de estas agencias calificadoras que tan desacreditadas andan por sus erráticos análisis en pasado. Sobre todo, a partir de la crisis de las hipotecas tóxicas del 2008, cuando se equivocaron gravemente al no advertir sobre lo que venía. Lo único que se les ocurre ahora para remediar aquel error garrafal es recomendar, como autómatas y para curarse en salud, recortes al gasto público de los países, al costo que sea y sin mayor sindéresis.

Ni una palabra en su comunicado, por ejemplo, sobre la monumental crisis social que ha sobrevenido por razón del coronavirus con índices de pobreza que superan el 40% de la población; y donde según el Dane uno de cada tres hogares dice no tener ingresos suficientes para adquirir las tres comidas diarias.

Ni una palabra tampoco sobre el interesante razonamiento que trae el MFMP para reinstalar la regla fiscal a partir del 2023 con novedosas mejoras técnicas. Una agencia calificadora se supone que la esencia de lo que dictamina es sobre la capacidad del país para honrar sus compromisos futuros. Y qué mejor garantía para ello que el propósito de volver a la senda de la regla fiscal en dos años, una vez las aguas turbulentas de la emergencia retornen a sus niveles normales.

Mucho más preocupante resulta que el candidato que todas las encuestas colocan a la cabeza de las posibilidades de triunfo el año entrante esté diciendo que punto fundamental de su programa económico es poner al Banco de la República a imprimir dinero para hacerle inmensos créditos al gobierno con el objeto de financiar gasto público a cero intereses.

Afortunadamente esta propuesta de Petro no tiene la menor posibilidad de llevarse a la práctica en la hipótesis de que sea elegido, pues la Constitución del 91 que por estos días está cumpliendo treinta años estableció restricciones a este tipo de créditos que los hace prácticamente imposibles: exige entre otras cosas el voto favorable de todos los directores del banco.

La propuesta de Petro además de equivocada es inoficiosa. Colombia tiene abiertas importantes facilidades de crédito con los bancos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, El BID y la CAF que no exigen certificados de buena conducta fiscal de las agencias calificadoras.

Este es el tipo de propuestas que buscan más alegrar el oído populista en este año preelectoral que formular alternativas con capacidad de ser llevadas a la práctica. Buscan lanzar ofertas envueltas en vistosos festones para entusiasmar a la galería así no se vayan a concretar nunca. La junta del Banco de la República jamás las va a aceptar.

Recordemos cómo las grandes inflaciones del cono sur latinoamericano, comenzando por la Argentina, entraron por el pórtico de los créditos inmoderados que los bancos centrales hicieron a sus gobiernos populistas, frente a los cuales no tenían ninguna independencia.

La independencia de los bancos centrales es uno de los grandes avances del constitucionalismo contemporáneo. Y para la buena fortuna de todos los colombianos nuestra Constitución, desde el año 91, entró por esa onda.

Bogotá, D. C, 11 de julio de 2021

Abogado y Economista. Exministro de estado.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Con la elección por parte del Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina, antes Corporación Andina de Fomento (CAF), del ex ministro y actual Director ejecutivo por Colombia y Perú del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Sergio Díaz-Granados por un período de 5 años (2021 – 2026) se le abre a Colombia una ventana de oportunidad, justo en el momento en que más la necesita. La CAF es un banco de fomento y desarrollo y es reconocida como una de las principales fuentes de financiamiento multilateral para la región, con aprobaciones que superan los US $14.000 millones anualmente. Y no sólo eso, es reconocida también como un Centro de pensamiento de muy alto nivel y con proyección a nivel hemisférico.

La CAF nace con el Grupo Andino, hoy Comunidad Andina de Naciones (CAN) en 1968, que tuvo su origen en la Declaración de Bogotá y el Acuerdo de Cartagena, suscrito por Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, siendo Presidente de Colombia Carlos Lleras Restrepo, el gran impulsor de este esfuerzo integrador a nivel regional. El Convenio mediante el cual se creó, como banco multilateral y agencia promotora del desarrollo y la integración regional, se firmó en el Palacio de San Carlos, sede actual de la Cancillería colombiana. Inició formalmente sus operaciones en 1970, teniendo por sede a Caracas (Venezuela).

Huelga decir que Colombia, después de liderar este proceso de integración terminó propiciando su desintegración por el prurito de firmar el TLC con EEUU en solitario, sin contar con los demás socios de la CAN, rompiendo la regla de oro que se había consensuado en su seno, propuesta precisamente por Colombia, según la cual toda negociación comercial con terceros se haría en bloque.

Luego, a consecuencia de ello y una vez que Colombia rompió filas vino la desbandada, al punto que, prácticamente, el único organismo supérstite de este ensayo integracionista sigue siendo la CAF, la que tuvo que reinventarse y cobrar vida propia para no ser arrastrada por la crisis de la ahora irrelevante CAN. El gran artífice del crecimiento y la transformación de la CAF tiene nombre propio, el peruano Enrique García, quien durante 25 años, hasta el 2017, se desempeñó como su Presidente ejecutivo.

Ello explica que hoy la CAF está integrada ya no sólo por los países que siguen haciendo parte de la languideciente CAN sino que se amplió a 19 países accionistas de la misma (17 latinoamericanos, además de España y Portugal), apalancada además por 13 bancos privados. Tiene entre su objeto misional promover los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) con la activa participación tanto del sector público como privado. Impulsa, además, la Transición energética en el propósito de estimular el desarrollo sostenible  de los países latinoamericanos y del Caribe. En ello coincide con el BID y la CEPAL, otros dos organismos regionales de la mayor importancia.

Sergio Diaz-Granados es un profesional del Derecho, con una destacada carrera como servidor público y una muy amplia experiencia, especialmente en lo atinente al desarrollo y la integración regional, impulsada por él desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo primero y desde el BID, después. Tanto su desempeño en los cargos que ha ocupado, además de su paso por el Congreso de la República, le merecieron su elección por consenso, con la sola abstención de Venezuela, por razones obvias, al tiempo que el argentino Christian Asinelli, quien también aspiraba a la Presidencia, asumirá la Vicepresidencia del organismo.

Asume el próximo mes de septiembre Diaz-Granados la Presidencia de la CAF en un momento clave para Colombia, urgida como está de acceder a los recursos necesarios para financiar la recuperación y la reactivación de la economía nacional y enfrentada como está a dificultades mayores para lograrlo luego de perder la calificación inversionista de su deuda soberana. Es esta también la oportunidad, única y feliz, para que se le de un segundo aire a la CAN, que tanto lo necesita, sobre todo contando con la circunstancia excepcional de que el ex senador de la República Jorge Hernando Pedraza es ahora su Secretario general, quien le ha dado un renovado impulso. Enhorabuena!

Cota, Julio 10 de 2021

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- Los colombianos vimos la realidad de los bloqueos que la CIDH no quiso ver; la brutalidad de encapuchados que, a machete limpio, impedían la movilización de personas, mercancías, alimentos y ambulancias en carreteras y vías urbanas…

…Los colombianos sufrimos y seguiremos sufriendo las consecuencias, porque pagaremos el costo billonario de la quiebra de empresas, pérdida de empleos, desabastecimiento, paralización del comercio exterior y desestabilización económica.

Por eso insulta a la inteligencia que semejante desmadre de “terrorismo económico y social” –aunque el terrorismo no esté en su diccionario– sea calificado con el absurdo eufemismo de “cortes de ruta”, y que, además, se recomiende al Gobierno “abstenerse de prohibirlos de manera generalizada y a priori”. La CIDH no solo legitima los bloqueos y desprecia nuestras leyes, sino que, a su juicio, había que esperar a que murieran más bebés y a la parálisis del país que persiguen esos delincuentes –sí, “delincuentes”–, para prohibir y desmontar unos bloqueos que nunca debieron permitirse.

Los “cortes de ruta” de la CIDH son otro chiste macabro, como las “retenciones” de las Farc, inventadas por la JEP para subvalorar el crimen atroz del secuestro y aplicarle su figura de “mentirillas” de la “justicia restaurativa”, sinónimo de impunidad. Sin duda, dos instituciones que comulgan en el sesgo ideológico de la izquierda y, por lo tanto, ven por un solo ojo.

Para mí, la visita de la CIDH tuvo un tufillo de “trampa”. Solicitada por la izquierda, con la que se reunieron como “amigos y camaradas” en ambiente de conspiración, según relató a los medios la líder caucana Diana Perafán; esperaban que el Gobierno la rechazara, como sucedió inicialmente, para atacarlo ante el mundo. Si la aceptaba, su “evaluación tuerta” y sus recomendaciones imposibles generarían otro rechazo del Gobierno, como terminó sucediendo, para llegar a la misma estrategia de ataque y deslegitimación. De hecho, un Petro envalentonado graduó al presidente Duque de “dictador”.

La CIDH pudo ver excesos de fuerza por parte de las autoridades, pero no el vandalismo sistemático que asoló las ciudades; sacó de la manga una presunta violencia de género en el marco de la protesta; hizo acusaciones de violencia étnica, pero no vio la de los indígenas que bloquearon y destruyeron, prevalidos de su “autonomía”; cuestionó la asistencia militar y la jurisdicción penal militar, acuso con falsedad al Gobierno de estigmatizar la protesta y a los jóvenes –un pobrecito para la Primera Línea– y hasta resultó siendo ¡la Fuerza Pública! la que atacaba misiones médicas y obstaculizaba el paso de ambulancias. ¡No hay derecho!

Y claro, tuvo tiempo para una “manito” descontextualizada a su protegido Petro, reiterando su esperpento jurídico de amarrarle las manos a la Procuraduría y extenderles patente de corso, como “indisciplinables”, a los funcionarios de elección popular.

Ni que decir de las recomendaciones, que parecen las exigencias del Paro, con la “neutralización” del ESMAD y el traslado de la Policía al Ministerio de Interior, como arrogantes intromisiones en los asuntos internos del país.

Con la actitud “tuerta” de la CIDH, el mundo queda con la imagen de una dictadura a lo Maduro y Ortega, que interesa a quienes promovieron la destrucción para erigirse en salvadores con el populismo socialista, algo que, después de la pandemia y el paro, el país no resistiría.

Algo que la CIDH, por supuesto, tampoco quiso ver, fue el papel de los intereses transnacionales que quieren implantar el comunismo en esta parte del mundo… y tienen a Colombia en la mira.

¡Rescatemos hoy la imagen de Colombia y, en 2022, salvemos a la patria en las urnas!

Bogotá, D. C, 11 de julio de 2021

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Mons. José Libardo Garcés Monsalve  - A nivel mundial, particularmente en Colombia y en nuestras fami­lias, el ser humano está pasando por una crisis de convivencia, manifes­tado esto en corazones llenos de odio y resentimiento que generan cada día más violencia y confusión al interno del grupo familiar y de la sociedad. Se escucha desde distintos enfoques que es necesario un proceso de perdón y recon­ciliación para llegar a la paz. Sin embar­go, no se llega a la tan anhelada paz, tan querida por todos, porque en la huma­nidad prevalece el uso de la fuerza y la violencia para resolver sus conflictos, al tiempo que se desea vivir en paz.

Al hablar de perdón y reconciliación se está tocando un aspecto central de la fe cristiana. Muchas situaciones persona­les, familiares, sociales, etc., que se viven en conflicto, hacen necesario un proceso de perdón y reconciliación, pero no se concreta quitando a Dios del centro de la vida, de tal manera, que la virtud de la fe es definitiva cuando se quiere hablar de perdón y reconciliación y por eso es que a las comunidades cristianas en Colom­bia, hay que pedirles como primera obra en el trabajo de la reconciliación, que se encuentren para rezar. La oración es el clamor de quien no se resigna a vivir en el odio, el resentimiento, la violencia y la guerra.

El perdón y la reconciliación son virtu­des cristianas que brotan de un corazón que está en gracia de Dios, nos permi­te ver la dimensión del don de Dios en nuestras vidas. Nacen estas virtudes de la reconciliación con Dios, mediante el perdón de los pecados que recibimos, cuando arrepentidos nos acercamos al sacramento de la penitencia a implo­rar la misericordia que viene del Padre y que mediante el perdón nos deja re­conciliados con Él. Estar en gracia de Dios, perdonados y reconciliados son características fundamentales de la fe cristiana.

El perdón y la reconciliación son gra­cias de Dios y por eso no son fruto de un mero esfuerzo humano, sino que son dones gratuitos de Dios, a los que el cre­yente se abre, con la disposición de reci­birlos, haciéndose el cristiano testigo de la Misericordia del Padre y convirtién­dose en instrumento de la misma, frente a los hermanos. Un cora­zón en paz con Dios, que está en gracia de Dios, es capaz de transmitir este don a los demás, mediante el perdón y la reconciliación en la vi­vencia de las relaciones con los otros.

No hay reconciliación y paz sin perdón, y todo tiene su origen en Dios Padre que envió a su Hijo Jesu­cristo, para que nos reconciliara con Él y efectivamente así lo hizo desde la Cruz, cuando nos otorgó su perdón y nos dejó el mandato de perdonar a los hermanos. El origen del perdón es la experiencia que Jesús tiene de lo que es la Misericor­dia infinita del Padre y por eso desde la Cruz lanza esa petición de perdón para toda la humanidad pecadora y necesita­da de reconciliación: “Padre, perdóna­les porque no saben lo que hacen” (Lc 23, 34).

Es por esto que ninguna ley civil y nin­gún poder humano podrá obligar a nadie a conceder y pedir el perdón. Solo la ley moral lo hace porque tiene su funda­mento en Dios mismo que siembra en nosotros la semilla del perdón y la re­conciliación, en el perdón que Él mismo nos ofrece, del cual somos testigos y por gracia de Dios y desde la fe, somos instrumentos de la misericordia del Padre.

Para los creyentes la reconciliación con Dios es condición básica y necesaria para la reconciliación humana. Hemos de estar reconciliados con Dios si que­remos vivir reconciliados entre los seres humanos, así lo decimos en la oración del Padre Nuestro: “Perdónanos nues­tras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden” (Mt 6, 12). 

Como cristianos creemos que el agente principal del perdón y la reconciliación es Dios. Orar por el per­dón y la reconciliación es mostrar que estamos convencidos que esto no es una lucha humana, sino un don de Dios. Esto, no declina nuestra dedicación activa por vivir perdona­dos y reconciliados, sino que nos dispone abrien­do el corazón a esta gracia de Dios. La oración estimula nuestra actividad y creatividad en trabajar por un mundo y una Colombia perdonada y reconcilia­da. Siempre en el mundo los grandes ar­tífices y trabajadores de la paz han sido personas de oración ferviente al Señor, pidiendo constantemente el perdón y la reconciliación que nos lleva a la verda­dera paz.

Con Dios al centro de la vida y vivien­do en su gracia y en oración fervien­te, un instrumento fundamental en el proceso del perdón y la reconciliación es el diálogo, tan añorado en estos tiempos de violencia y dificultad en nuestra patria, válido para resolver conflictos familiares, vecinales, socia­les, políticos, etc. El diálogo ha evitado muchos enfrentamientos violentos a lo largo de la historia, en todos los sectores sociales. Dialogar implica escuchar de verdad las razones del adversario y estar dispuestos a modificar nuestra posición.

Con la gracia de Dios en el corazón, el diálogo que lleva al perdón y la recon­ciliación se busca como un beneficio para el otro, sin Dios al centro se bus­ca el perdón y la reconciliación como un beneficio egoísta para sí mismo. La paz que nos trae el Señor, no como la que da el mundo sino Dios, implica una búsqueda continua del bien del otro, que lleva finalmente a trabajar de manera incansable por el bien común. Esto es un aprendizaje que se hace desde la fe, dejándonos educar por Dios mismo, que quiere que seamos sus hijos y entre no­sotros verdaderos hermanos. Aparecida expresó esta verdad diciendo:

“Es necesario educar y favorecer en nuestros pueblos todos los gestos, obras y caminos de reconciliación y amistad social, de cooperación e integración. La comunión alcanzada en la sangre recon­ciliadora de Cristo nos da fuerza para ser constructores de puentes, anunciadores de verdad, bálsamo para las heridas. La reconciliación está en el corazón de la vida cristiana. Es iniciativa propia de Dios en busca de nuestra amistad, que comporta consigo la necesaria reconci­liación con el hermano. Se trata de una reconciliación que necesitamos en los diversos ámbitos, en todos y entre todos los países. Esta reconciliación fraterna presupone la reconciliación con Dios, fuente única de gracia y de perdón, que alcanza su expresión y realización en el sacramento de la penitencia que Dios nos regala a través de la Iglesia” (DA 535).

Que Nuestro Señor Jesucristo, por in­tercesión de la Santísima Virgen María y del glorioso Patriarca san José, nos concedan la gracia de vivir en Colombia perdonados, reconciliados y en paz.

En unión de oraciones, reciban mi bendición.

Bogotá, 9 de julio de 2021

Obispo de la Diócesis Málaga Soatá y Administrador Apostólico de la Diócesis de Cúcuta

Por Paloma Valencia*.- Se dice que el paro es una expresión de inconformidad y que quienes no lo apoyamos somos indiferentes a los problemas del país, o que no los vemos. Es una interpretación simplista.

Cualquier colombiano entiende la gravedad de lo que estamos viviendo. Los efectos de la política social para erradicar la pobreza que se intensificó desde el 2002, se borraron con la pandemia. Tenemos 21 millones de colombianos en la pobreza y 7,5 en pobreza extrema. No hemos recuperado el empleo y miles de negocios, especialmente pequeños, no han podido recuperarse. Son problemas nuevos a la larga lista de dificultades. Empezando por la corrupción que sigue corroyendo el sistema político y las obras publicas. La impunidad rampante y los delitos jamás se sancionan. La tramitomanía que es una barrera de acceso al mercado para cualquier negocio de cualquier tamaño. La ineficiencia del Estado para resolver cualquier problema pequeño o grande. La mala calidad de la educación pública. La violencia financiada por el narcotráfico que asesina y la incapacidad de garantizar la seguridad a todos los colombianos. En fin, la lista es muy larga y tal vez, en eso todos estamos de acuerdo.

Sin embargo, las soluciones que propone la izquierda son muy distintas a las que proponemos nosotros. Los cambios que requiere el país son precisamente los contrarios de los que promueve el paro. En el país hay hoy dos modelos de gobierno. Uno encarnado por la ciudadanía que está en el paro y que lidera el senador Petro junto con su aliado el senador Gustavo Bolívar, y otro que representamos quienes creemos en el sistema productivo.

Las diferencias son evidentes y se manifiestan con las expresiones del paro. Algunos observamos con preocupación que los niños del sector de la educación pública ocupan los últimos lugares en las pruebas Pisa y también que Colombia es uno de los países dónde más días los niños estuvieron sin presencialidad y que por lo tanto tienen más retraso en su educación. El paro está liderado por Fecode que sin reparos e irrespetando el mandato constitucional insiste en defender sus derechos por encima de los derechos de los niños estudiantes. Entraron a trabajar por las vacaciones y es de esperar que vuelvan a paro en cuanto se deba reiniciar la presencialidad.

Mientras algunos creemos que las soluciones al empleo y la pobreza pasan por la reactivación económica, y el cuidado del sector productivo. La izquierda emprende una campaña de estigmatización y destrucción de todo lo que produzca riqueza. Tiene la idea de que las soluciones de la pobreza nada o poco tienen que ver con las empresas y los empresarios. No solo no condenan los bloqueos abogan por su legalidad e incluso han financiado la primera línea, lo que en mi opinión es un delito.

Mientras se quejan del asesinato de líderes sociales propenden por la legalización de las drogas, en el contexto de la prohibición en los países que son nuestros socios comerciales. Evidentemente nos llevaría a la ruina. Al mismo tiempo impiden con artilugios cualquier alternativa que dé resultados contundentes contra el narcotráfico. La seguridad les parece un valor de segunda y cualquier uso de la fuerza del estado les preocupa. Desprestigian a los hombres de las fuerzas armadas.

Leyendo esto cualquiera comprende que el informe de la CIDH es más una postura política que una observación imparcial. Era previsible, y es al mismo tiempo, inaceptable. Las dos visiones de país se enfrentarán en las próximas elecciones y Colombia tomará la decisión sobre lo que quiere para su futuro en la democracia.  Lo que se opine desde los escritorios de burócratas internacionales no influirá.

Bogotá, D. C, 9 de julio de 2021

*Senadora del Partido Centro Democrático