Opinión

Por Guillermo García Realpe -. Colombia es hoy una República independiente y soberana gracias a muchas de las luchas que se libraron en la época de la Independencia, desde los primeros movimientos anticoloniales a principios del siglo XIX hasta el establecimiento del poder republicano y la expulsión definitiva del poder español del suelo sudamericano. 

En el caso nuestro, luchas que se dieron en el período de 1810 a 1824 bajo el liderazgo del Libertador Simón Bolívar, que finalmente dio la independencia a nuestro país, tras dirigir sendas batallas como la de Paya, Pantano de Vargas y Puente de Boyacá, lo cual conllevó a tomar el control de la entonces capital Santa Fe en agosto de 1819. 

Pero la tarea no fue nada fácil para Bolívar y sus ejércitos, aún, cuando tenía el control de una amplia mayoría del territorio nacional, quedaban por asegurar amplios bastiones importantes para consolidar plenamente la unificación de la naciente Colombia. Uno de esos territorios que continuaba bajo el dominio español, era sin duda Pasto y el sur del país. 

Después de la batalla de Carabobo, Simón Bolívar, emprendió la Campaña del Sur con el objetivo absoluto de dominar Pasto y posteriormente conquistar Quito, cuyos habitantes se habían declarados opositores a la independencia y amigos de los derechos del entonces rey español Fernando VII. Fue así, como se desplazó hasta el verde y profundo sur para librar en suelo nariñense una de las batallas más sangrientas de toda la independencia de nuestro país, la cual se adelantó sobre la falda occidental del volcán Galeras y que es conocida por la historia como la Batalla de Bomboná. 

A esa importante Batalla, dedicaré los próximos renglones del presente artículo. Sin duda, fue uno de los hechos más importantes de la independencia nuestra. La Batalla de Bombona, se desarrolló la tarde del 7 de abril de 1822, bajo la comandancia de Simón Bolívar, quien dirigía al ejército Republicano y que luego se enfrentó durante más de seis horas a las fuerzas realistas, comandadas por el coronel Basilio García, acantonadas sobre las inmediaciones del Galeras. 

La Batalla de Bomboná, necesito de un gran despliegue de hombres, se dice que por el ejército Patriota, participó un número de dos mil soldados de los batallones Rifles, El Vencedor, Lanceros, Cazadores de Neiva, Vargas y Bogotá, mientras que por las fuerzas realistas no superaban los 1400 combatientes, pertenecientes a guarniciones militares como los batallones Aragón, Cataluña, Cazadores de Cádiz, más el soporte de las aguerridas milicias  de Pasto, integradas por indígenas y paisanos mestizos, sin “disciplina regular”, mal armados, pero con la estrategia de “guerra de guerrillas” y gran coraje. 

Pasadas varias horas de combate, ambos ejércitos habían perdido a muchos de sus hombres, pero la pérdida más grande las tuvo las filas patriotas con 174 muertos y 357 heridos, mientras que los comandados por Basilio García, solo tuvo 20 bajas y 60 heridos. Aún así, los realistas se habían retirado a la media noche ante el rumor que fuerzas patriotas se habían encaminado hacia la toma de Pasto. Situación que conllevó al triunfo de los comandados por Simón Bolívar, pues el dictamen de la guerra, afirmaba que, el que queda en el campo de batalla obtiene la victoria y su adversario debe rendirse y someterse. 

De esta manera se logró una victoria de suma importancia y el dominio del pueblo pastuso lo que significó la apertura del camino hacia la negociación de paz en el territorio sur, a través del proceso de las Capitulaciones. Fue así, como se logró la integración de Pasto, las provincias de los Pastos, y Costa del Pacífico sur, a la República de Colombia, desde Tulcán hasta Popayán y costas de Barbacoas. La Batalla de Bomboná, tiene un valor estratégico, porque evitó que el Cr. Basilio García y sus tropas se desplazaran a Quito para auxiliar, lo que quizás hubiera cambiado el resultado de la decisiva Batalla de Pichincha que logró también la Independencia de nuestro vecino Ecuador. 

Es por eso que, para exaltar y conmemorar el bicentenario de la Batalla de Bomboná, radiqué un Proyecto de Ley que busca que la nación se asocie con importantes obras de carácter cultural, histórico y demás a la conmemoración de esta importante gesta libertaria que enaltece a nuestra región. 

Nuestra iniciativa, que fue construida gracias a los aportes de la Academia de Historia de Nariño y la alcaldía de Consacá, busca, entre otras, la consecución de proyectos de patrimonio material e inmaterial; de remodelación, recuperación y construcción de monumentos escultóricos alusivos al Bicentenario de la Batalla de Bomboná, así como también la celebración del primer Congreso Binacional de Historia, implementación de la cátedra Bomboná, restauración de la casa Hacienda Bomboná, así mismo, la producción y emisión de documentales a través del Sistema de Medios Públicos y que se incorpore dicho acontecimiento  en la enseñanza de la historia de Colombia.

Bogotá, D. C, 3 de agosto de 2021

Senador del Partido Liberal

@GGarciaRealpe

Por José G. Hernández*.- Sin duda, una de las instituciones fundamentales de la Carta Política de 1991 es la acción de tutela. El equivalente a la acción de amparo prevista en la Constitución mexicana, pero con características muy propias, cuyo desarrollo jurisprudencial -mediante sentencias de la Corte Constitucional- la han hecho singular y la han convertido en insustituible mecanismo para la protección judicial de los derechos básicos.

Es natural que, precisamente por su efectividad e inmediatez, se haya ganado el aprecio y la confianza de los colombianos, como también el desafecto de funcionarios, autoridades y entidades acostumbradas a atropellar los derechos de manera impune. Y también es comprensible que, por las mismas razones, muchos hayan pensado que sirve para todo. Una especie del legendario bálsamo de Fierabrás, del que hablara Don Quijote, aunque aplicado al Derecho.

Recordamos, por ejemplo, que, en los primeros meses de vigencia de la Constitución, algún ciudadano hizo uso de la acción de tutela con el propósito de obligar al presidente de la República a recuperar la soberanía colombiana sobre Panamá. Y, aun hoy, algunos pretenden que -contra lo establecido por la Corte Constitucional desde 1992- se trata de una instancia adicional a las previstas por la ley en los procesos judiciales ordinarios, o de un procedimiento que puede sustituirlos.

Pero los casos de inadecuado uso de la tutela -que debe enmendar la jurisprudencia- son infinitamente menores que los muchos en que, gracias al amparo judicial, se ha conseguido salvar la vida, resguardar la salud, realizar la igualdad, poner fin al abuso de autoridad, rescatar la justicia, hacer efectiva la libertad en sus distintas expresiones. Se han hecho prácticos y eficaces los mandatos y las garantías constitucionales en innumerables fallos de jueces y tribunales, y, mediante el sistema de la revisión eventual por la Corte Constitucional, se han sentado importantes precedentes judiciales. No son pocas las sentencias de reivindicación de derechos tradicionalmente vulnerados, desde las proferidas en 1992 para acabar con la ominosa práctica de los “chepitos” en el cobro de las deudas o para dejar en claro que los derechos a la educación y a la salud son fundamentales, pasando por las que han hecho valer el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, hasta recientes fallos, como el que protegió los derechos al sustento, la salud y la comunicación de una religiosa ante su Monasterio.

Aunque muchos son los derechos fundamentales que siguen siendo desconocidos o violados por acción u omisión de autoridades o por abusos de personas e instituciones privadas, lo cierto es que la tutela ha sido factor primordial para la cercanía entre el pueblo y su Constitución. De allí que no pocos intentos de reforma -para retroceder en la materia- hayan fracasado.

Y si bien es cierto que algunos jueces han dado en negar tutelas sin leer demandas o en imponer barreras formalistas a lo que, por su naturaleza es informal -lo que se debe corregir-, justo es reconocer que no solo la Corte Constitucional sino toda la rama judicial -al respecto, jurisdicción constitucional-, ha sabido cristalizar en estos treinta años la eficacia de los derechos fundamentales.

Bogotá, D. C, 30 de julio de 2021

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Gabriel Ortiz*.- Nunca antes Colombia había estado en semejante emboscada y nunca antes, la totalidad de su población veía con asombro un derrotero tan oscuro, tan incierto.

Quienes adoran al gobierno abrigan la esperanza de salir de la confusión actual, para conservar lo hasta ahora conseguido en comodidades, seguridad, riqueza y tranquilidad. El futuro que observan les parece efímero y tambaleante, porque les han inculcado la idea, de que cualquier cosa que venga por fuera de sus ideas, serán el “mamertismo” y  la funesta extrema izquierda que se apoderarán de todo. Otros, bien conocidos,  repasan mentalmente una película que exhibe las mieles de la corrupción y las prebendas de lo que han conseguido fácilmente.

Los restantes se sienten en una emboscada que día a día les atrapa la mínima tranquilidad que aún tienen, la seguridad y la manera de vivir sin los acosos de la incertidumbre, la pobreza y el desempleo.

Ambos esperan que la bruma se despeje y les permita ver el panorama de un país con una dirigencia que se ocupe de los 50 millones de confusos  que reclaman sensatez, felicidad, confraternidad y la anunciada equidad, de la que habla por estos días el Presidente Duque.          Una patria en paz, sin odio, con rectitud, igualdad y justicia.

El Jefe del Estado, se aprendió otro libreto que hoy recita con fluidez a los periodistas que lo entrevistan.

Ni él, ni sus correligionarios quieren la paz, porque la desconocen, ignoran, ilegitiman u olvidan. Son incapaces de ejecutar acuerdos de esta magnitud. Siguen dolidos por el Nobel de Paz que se le otorgó a Juan Manuel Santos, y no al dirigente de su grupo.

El libreto de Duque, solo le sirve para mostrar otra Colombia, bien diferente a la de hoy. La que exporta sicarios y elige amigos en los órganos de control; la que no impide asesinatos y masacres de líderes sociales; esa que no ha restituido las tierras que con el paramilitarismo fueron arrebatadas a los campesinos, la que no deja actuar la ley y permite cambiar de estatus o renunciar a curules a los culpables para evadirla, la que mira con “vista gorda” la violación de los Derechos Humanos, la que tardó en vacunarnos contra el covid, la que no hace nada para impedir los desplazamientos internos de nuestra gente, pero se complace con el auge de refugiados de países vecinos y de otros continentes, la que tolera la desforestación de nuestra selva por parte de ganaderos, mineros y narcos, la que “enmermela” congresistas para que, con jugaditas y trampas, aprueben lo que ordena El Ubérrimo. En fin: es un libreto sobre otro país, otro gobierno, otra sociedad. El 22 nos puede servir para cambiar de argumento, guión y trama. Hay buenos, rectos y capacitados directores haciendo “cola”. ¡Salgamos de la encrucijada!  

BLANCO: La defensa de los conquistadores que adelantan Kiko Becerra y Amylkar Acosta.

NEGRO: Lo que nos faltaba, una tercera dosis de las vacunas, para escapar al covid 19.         

Bogotá, D. C, 30 de julio de 2021

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Eduardo Verano*.- Lo primero será llegar a 35 millones de vacunas antes del fin de año para lograr la inmunidad de rebaño.

El segundo tema es la economía, con el trámite de la segunda Reforma Tributaria ya concertada con los grupos políticos. Este Reforma está ajustado a la realidad del país, y no afecta a la clase media, principal escollo de la primera reforma. Busca $15 Billones que equivalen al 1.3% del PIB, y  garantiza los programas que disminuyen la pobreza, como ingreso solidario, baja la pobreza extrema del 15.1% al 9.6% y la pobreza monetaria del 42% al 34%. Continua apoyos a las nóminas empresariales, beneficiando 400.000 empleos, dan subsidios a jóvenes para 500.000 empleos directos, y matrículas Cero para 695.000 estudiantes.

La ANDI  ha apoyado este proceso, incluso ofreció suspender las exenciones a empresas aprobadas en la Reforma Tributaria del 2.018. Sin embrago, siguen las alarmas prendidas por el déficit fiscal que puede dejar este gobierno.

El Marco Fiscal de mediano plazo, indica que además de los ingresos de la reforma tributaria se necesitan recursos adicionales del  0.6% de PIB para el año 2.023, y controlar la deuda  del gobierno que debe bajar del 60% del PIB. La meta debe ser mejorar la decisión de las calificadoras de riesgo.

El tercer tema es el alza del precio del petróleo, por el aumento de flujos de tráfico en Estados Unidos por la reactivación económica después de la pandemia. La mitad de las exportaciones de Colombia provienen del petróleo. Para aumentar nuestras reservas Internacionales y lograr mayor seguridad económica, debemos buscar otros productos para fortalecer nuestra canasta exportadora.

Los  cálculos  presupuestales  se  hicieron  con  un  precio  del  petróleo  en  US$ 45/barril o sea, que la situación mejora porque llego a US$76 el 13 de julio. Sin embargo, los principales países exportadores acordaron aumentar la producción 400 mil barriles por día la producción para evitar su caída.

 Hacia el futuro el petróleo tiende a desaparecer. Sin embargo, los especialistas indican que este siglo continuará existiendo.

El cuarto tema, debe fortalecerse la actividad exportadora dándole un apoyo a las 11 mil firmas qué exportaban en el año 2.019 y dejaron de hacerlo en el 2.020 por la pandemia. Ya se han empezado a recuperar. También enfocar los esfuerzos  en nuevos productos para aumentar  y diversificar las exportaciones diferentes al petróleo. Se prevé un crecimiento económico de 8% en la medida en que la demanda internacional aumente. El sector exportador además de recuperar terreno perdido, debe avanzar en nuevas exportaciones que generen más empleo.

El quinto tema, es la atención rigurosa de los requerimientos de las marchas y bloqueos, así hayan disminuido su intensidad. No hay claridad de las demandas de las personas que marchaban. No hay peticiones concretas en materia de empleo estable,  educación, de salud o subsidios para acceder a becas que son demandas lógicas de parte de jóvenes. También, apoyar los emprendimientos juveniles para mejorar su futuro económico. Debe haber voluntad para revisar el comportamiento del Esmad y la Policía que debe estar totalmente bajo el control y poner atención a la Comisión de Derechos Humanos.

Se deben atender los reclamos genuinos que tienen los jóvenes de la primera línea sobre su entorno y calidad de vida: ciudad por ciudad. Aunque, no haya un discurso claro y unas peticiones concretas y dificultad porque no existen voceros únicos, se deben atender sus requerimientos y evitar  violencia y destrucción.

Estos 5 temas serán protagonistas este último año de gobierno, y darán un rumbo al país.

Barranquilla, 30 de julio de 2021

*Exconstituyente, exministro de Estado y exgobernador del Atlántico.

Por Víctor G Ricardo*.- En estos días he recibido información respecto a por qué el gobierno de España ha resuelto incluir a Colombia dentro de los países a los cuáles sus ciudadanos se les restringe la entrada a España. Como muchos ya se habrán enterado, el gobierno de España está tomando medidas que limitan la entrada de Colombianos al territorio Español, como consecuencia del incremento en contagios en Colombia. Me extraña mucho que esas decisiones se tomen ahora. Cuando morían al día más de 700 personas en Colombia, como consecuencia del COVID, no se tomaron medidas similares y, ahora que han disminuido el número de muertes y de contagios las han adoptado. Parece ser que la razón detrás de esto no es realmente el incremento o disminución en los contagios sino, tristemente, que al  verificar los certificados negativos de COVID que se exigen a la entrada en España, el gobierno Español ha identificado un gran porcentaje de documentos falsos o adulterados.

No puede ser que los valores en nuestra nación hayan llegado tan bajo. La ética y la moral se derrumbó en nuestra amada Colombia. Y es que esos valores tienen que aprenderse desde la familia hasta en la educación. Deja mucho que decir en los países donde los principios de la ética y la moral son conceptos sagrados, observar una Nación donde la corrupción llegó  a todos los niveles y donde la justicia se evade a través de trampas en unos casos y en otros con estrategias de dilatación que lleven a que se venzan los términos judiciales para la culminación de las investigaciones y la toma de decisiones de penas por parte de los jueces de la República, además que en otros casos el aparato judicial no es lo suficientemente ágil, lo que también da lugar a que los corruptos evadan las sanciones o la congestión judicial es tan grande que tampoco se llega a culminar las investigaciones. 

Pero lo peor de todo está en la actitud de las personas que por conseguir sus objetivos no les interesa cumplir las normas de un Estado de derecho. 

Lo vivido con le tema de los soldados, suboficiales y oficiales que prestaron sus servicios en las fuerzas militares de Colombia y están comprometidos en el asesinato del que era Presidente de Haití el señor Jovenel Moise, que además cumplieron labores de inteligencia y control en el orden público en nuestra Nación, es realmente incomprensible y un verdadero escándalo, no solo por la gravedad del hecho cometido sino porque si esas son sus condiciones humanas, muchos se imaginarán lo que habrán podido hacer en su vida militar cumpliendo funciones estratégicas para el orden público y la seguridad de la República?

Es necesario pasar de las palabras a los hechos. Es indispensable que el gobierno lidere una estrategia que permita hacer las reformas que sean necesarias para recuperar los valores perdidos y que se pueda garantizar una pronta y adecuada justicia. 

Un país en el que tenemos un hermoso territorio, que sus empresarios y algunos inversionistas extranjeros han creído en él y han hecho patria en el caso de lo compatriotas, que sus recursos naturales son invaluables, que a través de los años de trabajo se ha logrado bajar los niveles de pobreza, aunque esta pandemia nos haya hecho devolver en el camino recorrido y que a su vez ha tenido una historia de conflicto, que el narcotráfico y la delincuencia se lo han venido tomando algunas regiones , que ahora ha aparecido sicarios internacionales que prestaron sus servicios a nuestras fuerzas militares , que algunos de sus viajeros hasta falsifican las pruebas del COVID, requiere de una cirugía de inmediato para que no sucumbamos.

Bogotá, D. C, 30 de julio de 2021

*Excomisionado de Paz

Por Guillermo García Realpe* Después del fracaso de la Reforma Tributaria radicada en el Congreso por el Gobierno Nacional y que tras el estallido social del pasado 28 de abril tuvo que ser retirada de manera forzosa, llega ahora una nueva iniciativa, la cual ha sido bautizada con el eufemismo de proyecto de ley inversión social. 

Este proyecto, que ya empezó su trámite en el Congreso de la República, no es más que una nueva reforma tributaria versión 4.0, eso sí, menos agresiva que la anterior, porque esa, sí que no dejaba a títere con cabeza. De todas formas, una conquista social de los promotores del paro, y de todos quienes hicimos oposición a esa iniciativa, es que se lograron tumbar varios puntos álgidos, que iban a afectar de manera drástica el bolsillo de los colombianos y sobre todo de las familias más vulnerables.

Por ejemplo, la actual reforma deja intacto el IVA, no se tocarán las pensiones y tampoco aumentará el número de personas que declaran renta, estás, eran entre otras; varias de las preocupaciones que tenían los colombianos. Por lo menos, en ese sentido, celebramos que, desde el Ministerio de Hacienda hayan comprendido el mensaje de los ciudadanos. Sin embargo, en aras de blindar a la clase media, el proyecto dice que no va a tocar el IVA, pero falla al no tener en cuenta que dicho impuesto ya es regresivo con los pobres, como bien lo aseguran varios expertos.

En últimas es que, a ningún país del mundo, excepto al nuestro, se le ocurriría subirle el precio a la comida en épocas tan difíciles en materia económica, como las que vivimos hoy por cuenta de la pandemia, aquí lo propusieron en la fallida reforma tributaria del primer semestre y gracias a la presión ciudadana se logró su desmonte.

Ahora bien, el recaudo será inferior a la reforma inicial, se plantea ahora recaudar 15,2 billones de pesos que saldrán básicamente de la austeridad en el gasto público, lucha contra la evasión de impuestos, otros impuestos como la tarifa de renta corporativa que queda en 35%, descuento del ICA queda en 50% y una sobretasa de 3 puntos en renta del sector financiero hasta 2025.

En temas sociales, la nueva propuesta, hay que reconocerlo, trae algunos ingredientes interesantes como el de mantener el Ingreso solidario, se propone ahora extenderlo hasta diciembre de 2022, beneficiando a 4,1 millones de hogares y 14,3 millones de personas, lo que representa un costo de  $2,1 billones para este año y $6.6 billones para 2022, sin embargo, hay quienes seguimos insistiendo que la solución más expedita es la de apostarle a la Renta Básica Mensual, que permitiría a más de 30 millones de colombianos, tener una ayuda económica del gobierno nacional equivalente a un salario mínimo, que se financiaría con un impuesto al patrimonio, a los ricos de Colombia que tengan un patrimonio líquido superior a 3500 millones de pesos. Sí a la Renta Básica Mensual, pero financiada con el impuesto al patrimonio, el impuesto a la riqueza en Colombia. Eso ayudaría a dinamizar la economía, al tiempo que les daría un soporte económico a millones de colombianos que en estos momentos la están pasando mal.

También es importante señalar que el gobierno, a través del Departamento Nacional de Planeación, debe emprender una revisión a fondo del actual SISBEN IV, que excluyó a miles y miles de colombianos y que con la pandemia su situación socioeconómica se agudizo y dejaron de percibir importantes subsidios en temas de gas y de otros servicios públicos, el permitir un nuevo censo y la revisión en las bases de datos, para incluirlos de nuevo, les daría también un respiro a miles de compatriotas.

Sin duda, los próximos gobiernos tendrán que hacer reformas estructurales más adelante. Una de las razones, según las últimas cifras oficiales es que casi medio país está sumido en la pobreza, flagelo que ya se ubica en 42% y cuya situación se agudiza y es más evidente en los hogares de Bogotá, ahora imaginen los hogares de la Colombia profunda, marginal y excluida.

De todas formas, el panorama no es nada alentador, en el componente fiscal es complejo lo que se avizora, el Bando de la República ha destacado que, se necesitaría un ajuste fiscal adecuado para mantener una política monetaria anticíclica. A eso se suma la pérdida de Colombia del grado de inversión, lo cual tardará años en recuperarse.

Ojalá que el gobierno cumpla con lo prometido en esta reforma, de ajustarse el cinturón, de ahorrar en gastos innecesarios, de fortalecer la inversión social y la reactivación de la economía y el aparato productivo, de apretar a los ricos y megáricos de este país, de combatir a fondo la evasión y a ser solidario con los colombianos más vulnerables, solo así podremos decir que es una Ley de Inversión Social, de lo contrario, nos quedaremos ante un nuevo fracaso.

Bogotá, D. C, 26 de julio de 2021

*Senador del Partido Liberal

@GGarciaRealpe

Por Martha Patricia Moreno Moreno*.- “No creo en el evangelio, ni en la iglesia que se puede hurtar”, dijo el ratero que despojó a la virgen de Chiquinquirá de sus alhajas que adornan el lienzo en la Basílica en la ciudad mariana. Un robo de alto vuelo, en virtud de que el ladrón, cuando saltó sobre la lumbre, se chamuscó y, en agravio, le mentó la madre al infinito.

Ni siquiera hubo sangre, apenas un escándalo de Vaticano y la Fiscalía para el impío, quien tendrá que descargar su conciencia con una buena dosis de avemarías.

Era viernes, al amanecer del nueve de julio, las estrellas se apretujaban en el cielo y el pueblo mariano, dominado por un aliento conservador y algo perezoso, se alistaba para la entronación de la Virgen de Chiquinquirá en el Vaticano. Fue un episodio casi doméstico: Dicen que advirtieron a un hombre, misterioso, como cualquier prójimo de ayuno obligatorio, con cara de agobio; barba de semanas; la angustia arrinconada y con toda la codicia encendida para infringir el séptimo mandamiento, que lo tenía metido en todo el cuerpo.

Por aquel hurto celestial, los encargados de organizar la apoteósica ceremonia vivieron un aturdimiento parroquial; los frailes dominicos muy a pesar de su casto pasado, no pudieron evitar el magno sacrilegio, tampoco los guardias pudieron hacer mayor cosa; no les funcionaron los bolillos, ni lo sensores, dicho de otro modo, en aquel caos bendito, todos perdieron los modales y la Virgen perdió su corona.

Hay gente con la que la vida se ensaña, que no tiene mala suerte, sino una continua sucesión de tormentas. Bien sabemos que muchos delitos que se cometen en este país jamás llegan a sancionarse, pero a este pecador le caerá la ira nacional sobre su menguada y miserable humanidad.  Se especula que los escrupulosos esperan que se pudra de arrepentimiento.

Punto y aparte: ¿Cuál será el karma que están pagando los médicos del Hospital regional de Sogamoso, con sus tres jefes odontólogas?, dicen que ellas entre forceps y elevadores, los tienen al filo del hilo dental: La gerente; la directora científica y la directora de calidad; dicho de otro modo, a este asunto hay que echarle muela.

Sogamoso, 26 de julio de 2021

*Magister en educación-  comunicadora social- periodista. Cronista, líder de opinión regional. Zona Boyacá.

Por Juan Manuel Galán*.- El magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moise que contó, al parecer, con la participación de exmiembros de nuestras Fuerzas Militares nos muestra, además de la trágica violencia que vive este país, una cruda realidad y es la de la vinculación de militares retirados colombianos a las redes globales de mercenarios. Estructuras que se enriquecen en conflictos a lo largo y ancho del mundo, y trabajan para redes criminales que no se detienen ante la posibilidad de ejecutar un crimen tan atroz como el que sufrió el presidente haitiano y su familia.

Ahora bien, aunque es aterrador lo que pasó en Haití, algo que debemos tener claro es que lo sucedido no es un caso aislado. Por ejemplo, la participación de militares colombianos retirados en grupos de mercenarios o ejércitos privados es común en regiones como el Medio Oriente. En esta región, es normal que empresas de países como los Emiratos Árabes Unidos los contraten en labores de protección de empresarios o como miembros de ejércitos privados, así como para formar parte de equipos de intervención militar extranjera y aplicar su conocimiento en la fabricación de armas a pedido de señores de la guerra. También se ha documentado la participación de exmilitares colombianos en los conflictos de Yemen, Libia, Iraq o Afganistán, desde grupos mercenarios.

Esta problemática no ha sido enfrentada por el Estado colombiano, ya es hora de que el gobierno tenga una posición clara y no se quede en comunicados vagos frente a un fenómeno que requiere legislación y una nueva política. No se trata de salir como lo hizo la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez, a decir que los militares retirados “fueron engañados” o, como hizo el presidente Duque, asegurar que ellos no sabían que su “misión” era matar. Definir esto es tarea de la justicia haitiana, no de funcionarios colombianos.

Al contrario de esto, necesitamos acciones concretas para enfrentar la creciente mercenarización de nuestros exmilitares. En este sentido, se requiere mejorar las condiciones de retiro para los rangos medios y bajos. También, que los servicios de inteligencia del Estado vigilen el accionar de las redes internacionales de mercenarios para disminuir su capacidad de acción en Colombia. Acá es clave la comunicación con agencias de seguridad extranjeras. Otro punto fundamental será revisar y actualizar la normatividad colombiana frente a estos procesos de mercenarismo, pues la legislación está desactualizada.

Bogotá, D. C, 26 de julio de 2021

*Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Después del retiro forzado por parte del Presidente de la República Iván Duque de la fallida reforma tributaria que llevaba la impronta del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien fue defenestrado del gabinete por cuenta de la misma, el Congreso de la República se apresta a debatir el nuevo proyecto de reforma tributaria 2.0, radicado en el mismo por el novel Ministro de Hacienda José Manuel Restrepo. Con este la administración Duque completa cuatro proyectos de reformas, una por año, record histórico, dos de ellas frustráneas, la Ley 1943 de 2018 de “financiamiento” y el proyecto de ley 594 de 2021 de “solidaridad sostenible”, la primera por fallo adverso de la Corte Constitucional y la segunda por el estallido social que provocó. Sólo se salvó la Ley 2010 de 2019 de “crecimiento”.

Esta vez el proyecto de reforma tributaria 027 Cámara de “inversión social” cuenta con mensaje de urgencia, con la finalidad de abreviar los tiempos de su trámite, dada la premura de su aprobación, máxime cuando esta es la última legislatura del actual Congreso, mediada por la campaña electoral de cara a las elecciones de marzo y mayo del año entrante, lo cual interfiere el normal curso de sus sesiones ordinarias, caracterizadas ahora por un mayor ausentismo de los congresistas en las mismas. Este es el contexto en el cual se abordará su texto, el cual viene precedido, según lo ha anunciado el Ministro Restrepo, de un amplio proceso de concertación en contraste con la que pretendió imponer a pupitrazos en el Congreso de la República el Ministro Carrasquilla.

Podríamos decir, para comenzar, que este texto contiene sólo 35 artículos, sin mayores pretensiones, pues su ambición no va más allá de un mayor recaudo de $15.2 billones, en comparación con la reforma que no fue, cuyo farragoso texto constaba de 163 artículos y aspiraba a recaudar $28 billones, de los cuales $4.6 se transferirían a las entidades territoriales a través del Sistema General de Participaciones (SGP). Esta es la reforma posible, al fin y al cabo, como sostuvo Aristóteles, la política es el arte de lo posible. Con razón acota el experto y Director de la Maestría en economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Jaime Tenjo que este es un proyecto de reforma tributaria con más alcance político que fiscal. Arguye él que esta “es una forma de mejorar la gobernabilidad, de consolidar las alianzas alrededor del Centro democrático y de preparar la campaña electoral que comienza”.

Este proyecto de reforma tributaria se caracteriza porque, a diferencia del anterior, no propone ampliar la base de la tributación del impuesto de renta para las personas naturales, con lo cual se libra sobre todo la clase media de que le metan la mano al bolsillo cuando 2´175.000 personas en dicha condición pasaron en 2020 a ser vulnerables y 659.000 de estos cayeron nuevamente en la pobreza que habían superado. Pero, de paso, se favorece también a los más pudientes, a los del quintil 5, quienes si bien vieron menguados sus ingresos en un 10.1%, en el otro extremo los del quintil 1 perdieron el 24.6%, el doble. Luego, los de más altos ingresos mantienen su capacidad contributiva prácticamente intacta, pero, como dicen en Norte de Santander, al lado del enfermo come el alentado. Tampoco toca el IVA, el más sensible de los impuestos, dado su carácter regresivo, cuyo incremento sucesivo de sus tasas es tal vez lo que más ha contribuido a la regresividad del Estatuto tributario en Colombia, a contrapelo de lo dispuesto en la Constitución Política.

También se dejaron de lado varias de las propuestas que traía el anterior proyecto de reforma, como fue elevar el impuesto al patrimonio del 10% al 15%, al tiempo que el programa de ingreso solidario, que se había planteado con carácter permanente ahora será temporal, sólo va hasta diciembre del año entrante. Ello llevó al reputado economista Eduardo Lora a afirmar que “si la protesta social era para rechazar una reforma por regresiva, pues ahora tenemos una que ayuda menos a los pobres”.

En medio del barullo y el alboroto causado por el fiasco de la execrable y execrada reforma tributaria propuesta por Carrasquilla, el gremio empresarial encabezado por el Presidente de la ANDI Bruce McMaster le propuso al gobierno y al Congreso revertir parte de los beneficios  de los cuales habían sido objeto en la Ley de “crecimiento”. Su mensaje no pudo ser más categórico: “en la reforma no toquen a nadie más, cóbrennos a nosotros”.

Mas, sin embargo, su ofrecimiento fue desdeñado y desestimado, sólo tardía y parcialmente fue acogida por el Ministro Restrepo, casi tres meses después, perdiendo un tiempo precioso, pues con esta propuesta sumada a la de FENALCO-ACOPI se pudo haber tramitado y aprobado en las sesiones del Congreso de la República que se clausuraron el pasado 20 de junio, así hubiera sido necesario incluirla en la agenda las sesiones extras que fueron convocadas para otros proyectos, dada su urgencia.

Así se le hubiera podido salir al paso al pronunciamiento de las calificadoras de riesgo con la consiguiente pérdida de la calificación inversionista de su deuda soberana, con todas sus nefastas consecuencias. Ello es tanto más extraño al constatar que la propuesta que finalmente se presentó no dista mucho de la de los gremios, motivados por la necesidad de incentivar la demanda, que es el mayor estímulo de la oferta, la producción y la generación de empleo, pues bien dijo el ex ministro de Estado Rodrigo Escobar Navia que un mercado de pobres es un pobre mercado. Lección aprendida del reputado economista John Maynard Keynes!

Miami, julio 24 de 2021

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por René Bolio*.- Grandes manifestaciones de protesta se están llevando a cabo por toda la geografía cubana. La respuesta de la dictadura ha sido cruel, violenta y desproporcionada. Todo esto lo sabemos por los testimonios de los cubanos que, vía telefónica o mediante creatividad electrónica, logran sacar al exterior estos sucesos, con mucha dificultad y muy escasa calidad.

Esto comenzó el 11 de julio, cuando vecinos de San Antonio de los Baños, un municipio de la capital cubana, salieron a protestar, y esta manifestación se difundió por algunas redes sociales. Su ejemplo cundió por toda la isla y las protestas se hicieron masivas. La dictadura cubana intentó frenar este movimiento nacional que reclama libertad y ordenó el bloqueo de las redes sociales y el internet en general.

Al día de hoy, el internet no funciona, las redes sociales permanecen bloqueadas, y las comunicaciones telefónicas están intervenidas y con graves fallas.

Pero esto no es nuevo. El control total del régimen cubano sobre las comunicaciones de los cubanos se remonta a los inicios de la dictadura: la correspondencia ha sido violada institucionalmente desde la llegada de los comunistas, la red telefónica ha sido intervenida todo el tiempo y las comunicaciones electrónicas llegaron a la isla controladas por los castristas demasiado tarde, costosas e ineficientes.

La empresa Etecsa, propiedad del régimen, es la encargada de las telecomunicaciones cubanas, altamente ineficiente, constituida a partir de fraudes a inversionistas extranjeros y con unos precios excesivos, superiores hasta diez veces frente a los que se tienen en países libres.

Se permitió apenas en 2015 la posesión y uso de telefonía celular, y poco después se conectó Cuba al internet, mediante un cable que se enlaza con otra dictadura asociada: Venezuela. Y hasta el 2018 se permitió a los ciudadanos utilizar los datos para comunicarse.

Para toda la infraestructura que se requiere en materia de telecomunicaciones, el régimen ha adquirido tecnología de China comunista. Todos los aparatos son de empresas como Huawei, ZTE y TP Link, propiedad del Partido Comunista chino. De igual manera, el software que se maneja en toda la isla tiene componentes de China, incluso la programación tiene lenguaje chino.

Toda esta tecnología es la que usa el Partido Comunista chino para controlar las comunicaciones en su país, y dada la complejidad y extensión de China resulta que la experiencia en materia de control y censura se les ha facilitado en Cuba. En China está controlado y supervisado todo el tráfico de internet, estando prohibido el uso de plataformas como Facebook, Twitter, YouTube y Amazon.

De esta manera, no solo el hardware y el software utilizados en Cuba son chinos, sino que los mecanismos de control y censura provienen directamente de los comunistas y son adaptados para reforzar la dictadura en Cuba.

Todas las redes sociales que se permiten en Cuba son supervisadas, y a eso le podemos agregar los sistemas de espionaje en computadoras y celulares utilizados por la población, para poder filtrar la información proveniente del exterior, así como la que se publica en las aplicaciones y medios sociales.

Este control es total y absoluto, por lo cual, al detonarse las manifestaciones que piden libertad en Cuba, y tras un breve momento en el cual se viralizaron estas protestas, el régimen cubano determinó el bloqueo del internet y de las comunicaciones electrónicas desde y hacia la isla.

Sin embargo, por más que se ha tratado de frenar la comunicación entre los cubanos, las noticias siguen llegando, con más lentitud e imprecisión, pero dejando ver la crueldad y la determinación de aplastar a los ciudadanos cubanos que se manifiestan en toda la geografía de la isla.

La asociación entre los regímenes comunistas chino y cubano es añeja. Desde los tiempos de Mao y del criminal Che Guevara, China ha financiado con miles de millones de dólares a la dictadura castrista, e incluso le ha condonado la deuda. La posición geoestratégica de Cuba le da al sistema chino-comunista la posibilidad de tener cerca a los Estados Unidos, y por ello mantiene su alianza a pesar del enorme costo que le representa.

El uso de la tecnología china y la aplicación experimentada de la censura, control y espionaje han sido perfeccionados y ahora se utiliza en su máxima expresión en Cuba. Se espera que haya mecanismos alternativos de comunicación para que el mundo se entere, con mayor precisión y oportunidad, de la terrible situación que viven los cubanos a manos de los comunistas, instruidos por los chinos de Xi Jinping.

Bogotá, D. C, 25 de julio de 2021

*Presidente de la Comisión Justicia Cuba y de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos