Opinión

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Mientras en muchos países, incluido Colombia, millones de personas buscan con desespero vacunarse contra el Covid pero no pueden hacerlo porque no hay dosis disponibles, en otros países no saben qué hacer con las vacunas almacenadas porque otros millones de personas no quieren la inyección. Es la gran paradoja de la vacunación que demuestra una vez más las grandes inequidades del mundo actual.

En Colombia la escasez de vacunas es preocupante porque aumenta el riesgo de que con las variantes delta y mu llegue el próximo pico de contagios con un gran porcentaje de la población desprotegida, y se ve muy lejana la meta oficial de tener 35 millones de personas vacunadas.

Aunque a la fecha se han aplicado casi 36 millones de dosis, la realidad es que solo 14.8 millones de personas han recibido el esquema completo (incluyendo 2.8 millones de monodosis), mientras que 9 millones esperan ansiosos la segunda dosis que no llega, y otros 11 millones no han recibido ninguna.

Esto significa que para alcanzar la meta oficial harían faltan 31 millones de dosis. Pero el faltante es todavía mayor, porque al autorizar la vacunación a adolescentes entre 12 y 18 años se aumentó en 4 millones el número de personas, y porque se va a autorizar una tercera dosis a mayores de 60. En consecuencia faltan por conseguir unas 40 millones de dosis, es decir más de las que con tanto esfuerzo se han aplicado.

¿Por qué llegamos a esta situación? En el caso colombiano es claro que hubo falta de planeación y preparación de parte del gobierno para adquirir las vacunas. Basta recordar que cuando se anunció el Plan Nacional de Vacunación, este no incluía el biológico chino (Sinovac), que se apareció como el salvador que ha aportado cerca de la tercera parte de las dosis. Otro ejemplo es la extensión a 90 días de los plazos de aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca y Moderna, con escaso soporte científico, porque no se cuenta con el suministro para aplicarla antes.

En defensa del gobierno hay que decir que el contexto global hay varios factores que incidieron. En primer lugar el poder oligopólico de las grandes farmacéuticas y el conflicto entre el derecho a las patentes y el derecho a la salud, que en este caso se resolvió a favor del primero y en contra de la vida cuando se rechazó el llamado mundial a la liberación de patentes para que se pudieran producir más vacunas y menos costosas. Para nuestra mala fortuna, el gobierno de Colombia se puso del lado de las farmacéuticas y no apoyó ese llamado.

Segundo, el poder del dinero de los países desarrollados que compraron, acapararon y almacenaron la mayor parte de la limitada producción de biológicos, en cantidades que excedían sus necesidades, dejando una oferta insuficiente para el resto del mundo. Colombia no fue tan perjudicada como otros países más pobres, pero de todas maneras sí sufrió retrasos en la entrega de las dosis.

Tercero, el fracaso de las instancias multilaterales que diagnosticaron bien el problema de la asimetría en las negociaciones entre países con recursos limitados y las farmacéuticas, pero no fueron capaces de implementar un mecanismo eficaz para resolverlo. El mecanismo Covax estaba bien orientado, pero sus resultados fueron exiguos. Los países desarrollados también sufren las consecuencias, porque solo estarán inmunizados cuando todo el mundo lo esté.

Bogotá, D. C, 6 de septiembre de 2021

*Filósofo y Economista. Consultor.  

Por Juan Camilo Restrepo*.- Acaba de salir en Francia el nuevo libro de Thomas Piketty titulado “Una breve historia de igualdad”. En realidad, no se trata de una breve historia: es un recuento detallado y magníficamente documentado de lo que ha sido en las democracias occidentales la búsqueda, los conflictos, las marchas y contramarchas por la igualdad y la equidad social desde la revolución francesa.

Piketty ilustra muy bien cómo ha habido épocas de avances y momentos de retrocesos en ese esquivo camino hacia una sociedad más justa. El siglo 18 fue de progresos, el 19 de retrocesos, el 20 nuevamente de saltos adelantes con la implantación del estado social de derecho y el impuesto progresivo a la renta, y en el último medio siglo de marchas atrás con el capitalismo descontrolado de la internacionalización financiera.

Resulta de mucho interés el análisis que hace sobre lo que fue el imperialismo inglés y francés durante el siglo 19. La gran concentración de capital europeo nace allí, pero también la ruina endémica de algunos países como Haití; al cual el capitalismo francés le impuso reparaciones en favor de los antiguos propietarios de esclavos liberados en la misma proporción (300% del producto nacional) con que se gravó a Alemania en el tratado de Versalles luego de la primera guerra mundial. Lo que fue, como se sabe el germen, de la segunda. Alemania terminó reponiéndose después del nazismo y de la segunda guerra; Haití nunca se repuso.

El mérito principal de este libro a mi modo de ver es que el autor ilustra cómo la batalla por mayores estándares de igualdad es algo permanente, en constante evolución, y claramente asociado a las evoluciones políticas.

Lo que está sucediendo en China en este momento- aunque no lo trata Piketty -es bien ilustrativo. Ha sido tal el auge de los multimillonarios en la China continental durante los últimos tiempos que el partido comunista y su secretario general, Xi Jinping, han iniciado una cruzada feroz contra los excesos del nuevo capitalismo chino que ahora tiene más multimillonarios que cualquier país occidental. Ha habido severas sanciones contra sus conglomerados (especialmente los tecnológicos), y se anuncian fuertes medidas para contrarrestar este fenómeno en el campo fiscal.

Aunque por supuesto no lo estudia tampoco Piketty, no he cedido a la tentación de cotejar sus tesis con lo que estamos viendo con la reforma tributaria del gobierno Duque, que ya recibió carpetazo en primer debate en las comisiones económicas y que todo indica que será aprobada durante el mes de septiembre.

Como se ha dicho varias veces, esta no era la mejor pero quizás la única reforma tributaria políticamente posible. Hay que abonarle al ministro Restrepo el esfuerzo que ha hecho por concertarla y explicarla de mejor manera que la anterior.  Se trata de una ley más de gasto público para contrarrestar los efectos devastadores de la pandemia que una verdadera reforma fiscal. Con un alto sentido de pragmatismo para no ir a repetir el episodio de la fracasada reforma Carrasquilla, el gobierno dejó de lado toda consideración redistributiva en el diseño del proyecto : no se gravan las altas rentas personales; no se gravan las pensiones exorbitantes; no se toca la tributación de capitales; se pasa en puntillas por el impuesto al patrimonio; no se dice una palabra sobre bebidas endulzadas ni sobre tributación verde; no se recorta prácticamente ninguna de las gabelas que con tanto juicio estudió el comité de expertos en privilegios tributarios que el mismo gobierno convocó para estudiar esta grave malformación. Los privilegios tributarios. Impuestos a los que el estado renuncia porque resuelve privilegiar a alguien o a un grupo de personas y que están teniendo un costo cercano a los 60 billones anuales. Es decir, casi cinco veces lo que pretende recaudar la nueva reforma.

La lectura de Piketty resultará útil por lo menos para que los historiadores criollos de la fiscalidad puedan constatar que la reforma tributaria que está en ciernes olvidó deliberadamente cualquier consideración sobre cómo avanzar hacia mayores índices de progresividad y de equidad tributaria. Tarea que le queda al próximo gobierno. Como tantas otras.

Bogotá, D. C, 7 de septiembre de 2021

*Abogado y Economista. Exministro de Estado

Por Amylkar D. Acosta M*.- Con el nombramiento del ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla en la Junta directiva del Banco de la República, después de su fallido intento de nombrarlo como su Gerente y de ser defenestrado del Gabinete por su fracaso en hacer pasar por el Congreso su nefasta reforma tributaria, sin querer queriendo, como diría el Chavo del ocho, hoy en día todos, absolutamente todos, los codirectores designados por la Presidencia de la República que hacen parte de la misma le deben su nombramiento, por distintas circunstancias, al Presidente Duque. Muy desafortunado este nuevo episodio de la tan criticada puerta giratoria, que tanto daño le ha hecho al país.

Con ello el B de la R pierde su autonomía, la que le dio la Constituyente de 1991, disponiendo un mecanismo de rotación de suerte que nunca, nunca, ningún Presidente llegara a nombrar más de 2 de los 5 codirectores de dedicación exclusiva, todos ellos con periodos de 4 años prorrogables dos periodos más. Con la llegada de Carrasquilla a la Junta del Banco Emisor, además de la pérdida de su autonomía y de quedar como apéndice del Ministerio de Hacienda, contrariando el sano principio democrático de los pesos y contrapesos, se concentra aún más el poder en el ejecutivo.

Pésimo mensaje este que se ha dado para el mercado, en momentos en los que Colombia acaba de perder la calificación inversionista de la deuda soberana de Colombia. Las calificadoras de riesgo tomarán atenta nota de este paso en falso. Uno puede no estar de acuerdo con el antipático poder que ellas se han arrogado, como cancerberos de los fondos de inversión privados, de calificar o descalificar la deuda pública de los países, pero el hecho cierto es que el  “mercado” le cree más a ellas que a las promesas del alto gobierno en su periplo reciente por Washington y Nueva York para comparecer ante los inversionistas y miembros del American Society/Council of the Americas para convencerlos de que Colombia es buena paga. Qué le vamos a hacer!

Y ya se sabe que la aprobación del proyecto de reforma tributaria que se tramita en el Congreso, al no contribuir a reducir el déficit estructural que acusan las finanzas del Gobierno nacional, limitándose sólo a cuadrar caja para asegurar el financiamiento de los programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, así como la protección del empleo, ampliados para enfrentar los estragos de la pandemia, no satisface las expectativas de las calificadoras de riesgo.

Como lo ha sostenido el Ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, “los esfuerzos adicionales serían responsabilidad del siguiente Gobierno”. Con la aprobación del proyecto de reforma tributaria 2.0, entonces, el Congreso de la República y el gobierno simple y llanamente están pateando la pelota para adelante. Como suele decir el campesino en aprietos después de ponerse a salvo, quien venga detrás que arree!

Una de las calificadoras, Fitch, cree que será necesario un aumento permanente de los ingresos fiscales para estabilizar y comenzar a reducir la carga de la deuda pública. Una reforma tributaria creíble también anclaría las expectativas fiscales a mediano plazo, respaldando la credibilidad de las políticas y reduciendo la vulnerabilidad a los shocks”. Y eso es justamente lo que no es dable esperar de la reforma que se tramita. La experiencia del año 1999, cuando se perdió la calificación inversionista y sólo se recobró doce años después, en 2011, no llama al optimismo de su pronta recuperación y menos con embarradas como esta que motiva esta nota.

En fin, volvimos a los tiempos que creíamos superados de la Junta Monetaria, que dependía del Ministerio de Hacienda, justo cuando estamos conmemorando los 30 años de vigencia de la Constitución de 1991, desandando sus pasos. Qué diría El cófrade, Alfonso Palacio Rudas, quien como se sabe no tragaba entero y como delegado de la Constituyente no disimuló su satisfacción de sólo pensar que la creación de “por fin en la Constitución se va a enterrar el leviatán, se va a enterrar ese monstruo que es la Junta monetaria”, ahora que por cuenta de la dinámica de la política se vuelve a las andadas.

Como es bien sabido, la Constituyente elevó a rango constitucional la existencia y el funcionamiento del B de la R, a diferencia de la Junta Monetaria de enantes que estaba amparada en la Ley, mediante el artículo 371 de la Carta se consagró su autonomía administrativa y le asignó como objetivo fundamental en su artículo 373 velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda, sin dejar de lado, como lo determinó la Corte Constitucional a través de su Sentencia C – 481 de 1999, el crecimiento de la economía y la generación de empleo. Todo este andamiaje y la institución misma del Banco central es lo que está en grave predicamento en este momento con el curso que han tomado los acontecimientos.

Miami, septiembre 4 de 2021

*Expresidente del Congreso de la República. Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por Juan Manuel Galán*.- La propuesta para una amnistía general del exsenador Álvaro Uribe, que se precisa en un proyecto de acto legislativo, busca “rehabilitar” en la política a criminales ya condenados, sin el marco de un conflicto armado, en contravía del derecho internacional, sin condiciones, referentes o fechas límite.

Es una descarada amnistía a la parapolítica, a través del concierto para delinquir y a su progenitor histórico, la narco política de los años 80 que exterminó a la Unión Patriótica y al Nuevo Liberalismo. Es una propuesta abiertamente inconstitucional, en contra de nuestras instituciones democráticas, de tratados internacionales como el Estatuto de Roma y constituye un ataque directo a la Jurisdicción Especial para la Paz. Como dejó claro Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, la propuesta tiene el objetivo de acabar con el Acuerdo de Paz.

No hay ningún antecedente en la historia de Colombia en donde el poder constituyente del Congreso, sin más motivación que la posibilidad de ejercerlo, se use para desconocer los efectos de las sentencias judiciales y que convictos sean habilitados para ser elegidos a corporaciones públicas y nombrados en cargos de la administración, pudiendo ser avalados por movimientos y partidos políticos con tal pretensión.

Lo dijo muy bien Humberto de la Calle, durante 10 años hemos escuchado y visto una y otra vez al exsenador Uribe y a su partido Centro Democrático, oponerse al acuerdo, sabotearlo por encima y por debajo, con el argumento de que lo que hacía era favorecer a la guerrilla con impunidad. Ahora pega un brinco y nos dice que lo que quiere es una amnistía general, para todos. Algo que prohíbe el Estatuto de Roma y puede abrir la puerta para la intervención de la Corte Penal Internacional que actúa bajo el principio de subsidiaridad, es decir cuando un Estado demuestra falta de voluntad o incapacidad para juzgar graves violaciones a los derechos humanos.

Para que esto fuera equiparable, se requiere que las situaciones que se pretende comparar correspondan al mismo fundamento. Hay que destacar que el sistema de justicia transicional a que se someten los desmovilizados de las FARC y demás actores contemplados en ella, son los acuerdos de la Habana para alcanzar la paz con este grupo.

En cambio, el fundamento de la propuesta con la que ahora se pretende emboscar al país, no es nada diferente a que quienes la podrían convertir en fórmula jurídica, siguiendo la orientación de su creador, forman parte de un órgano constituyente derivado. Es decir, una fracción del poder para decidir en ese sentido. No es posible apoyar una iniciativa que no obedece a ningún principio de simetría y busca imponer reglas fuera de lo negociado en el Acuerdo de Paz.

El Estado debe estar por encima de los intereses de un partido que pretende aprovechar el poco tiempo que le queda en el poder para auto amnistiarse.

Bogotá, D. C, 6 de septiembre de 2021

*Precandidato presidencial. Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.

Por Robinson Castillo*.- La democracia se basa en personas. La inclusión de la ciudadanía en los espacios de decisión, es siempre la apuesta correcta. Esto convierte a los parlamentos, en realmente participativos. Con la gente todo, sin la gente nada.

Luego de los resultados de la quinta edición del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, que midió a 13 cuerpos colegiados, el Congreso de la República de Colombia salió bien calificado frente a los mecanismos de participación ciudadana.

Este trabajo de seguimiento lo viene adelantando desde el año 2011, La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL), con el apoyo del Programa de cooperación de la Unión Europea con América Latina EUROsociAL+ y de acuerdo a lo manifestado en su informe oficial en esta oportunidad se evaluaron 13 Parlamentos de Latinoamérica sobre la existencia de políticas de apertura y transparencia bajo los estándares de parlamento abierto.

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, fueron los países objeto de este estudio, a través de la labor de cada uno de sus Congresos, Parlamentos y Asambleas.

Según la RLTL: “El índice ubica a los Congresos de los países evaluados de acuerdo a un puntaje de 0 (no transparente - cerrado) y 100 (transparente - abierto) a través de una medición basada cuatro dimensiones: normativa, labor del congreso, gestión administrativa y participación ciudadana”

Y recalcan lo siguiente: “Esto con el objetivo de democratizar la información legislativa, entregando una mirada regional de su funcionamiento y permitiendo comparar buenas prácticas que puedan ser replicadas. Este instrumento de incidencia y medición independiente, se realiza desde 2011”

Frente a la calificación de participación ciudadana, que fue del 68,9 % ; este organismo sobre el Congreso de Colombia en su informe oficial, destaca lo siguiente: “La dimensión ciudadana obtiene la más alta evaluación del Congreso y es la mejor evaluada a nivel regional. Destacan como buenas prácticas la implementación de plataformas educativas, la gestión de medios de comunicación, la puesta en marcha de planes de parlamento abierto y la existencia de instancias de resolución de conflictos sobre acceso a información pública de carácter independiente.

Las herramientas que más se destacan para ubicar al Congreso de Colombia en el primer lugar de Latinoamérica en el ámbito de participación ciudadana, son las siguientes: Plataformas educativas, Canal de televisión, planes de parlamento abierto, mecanismo para resolver conflictos, publicación de información en la página web de forma recurrente, oficina de información, redes sociales, publicación sobre los senadores, datos abiertos y el ingreso de los medios para el cubrimiento de comisiones y plenarias.

De otra parte, haciendo el promedio con los otros indicadores y con un índice de 47,8%, Colombia queda en el lugar número 3 del ranking y se ubica por encima de la media regional de 39,6%.

Las principales recomendaciones RLTL para que el Congreso de Colombia siga en su proceso de mejoría de buenas prácticas de un Parlamento Abierto, se encuentra: la reglamentación del cabildeo o lobby  e impulsar el que sea taxativo el uso de formatos únicos y abiertos que permitan ser procesados por cualquier persona, de forma gratuita, sin ninguna limitación en su reutilización.

Otra de esas sugerencias, es acercar el Congreso a las regiones. Este frente es uno de los propósitos irrenunciables del presidente del Senado Juan Diego Gómez, con 32 Foros Territoriales: “Tu Congreso tu región, venimos a escucharte”.

La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL) reúne a 32 organizaciones de la sociedad civil de 15 países latinoamericanos, que trabajan en la promoción activa de la transparencia, el acceso a la información y la responsabilidad en los parlamentos.

Bogotá, D. C, 4 de septiembre de 2021

*Comunicador Social-Periodista.

Por Paloma Valencia*.-Odebrecht es el escándalo sobre cómo se robaron las elecciones presidenciales con la plata de los colombianos.

Sin embargo, por razones políticas el senador Petro, por poner un ejemplo, sostiene que los Uribistas, en especial yo, queremos tapar el debate. Es falso; basta decir que fue a nosotros, al Centro Democrático, a quienes nos robaron las elecciones. Petro, en cambio, estuvo en la campaña Santos, hasta el reelecto Presidente le agradeció en su discurso de victoria. Reconoció, sobre la mesa, que Petro siendo alcalde había violado la prohibición de participar en política para ayudarle.

Y claro, como tiene interés en ahora desligarse de la campaña Santos, señalan a Oscar Iván Zuluaga. Mi impresión es que no hay mancha sobre su campaña. A veces pienso que algunos de los implicados en la campaña Santos, encargados de recibir y repartir plata, han decidido esconderse creando el escándalo de Zuluaga. Nada raro sería, cuando recordamos que desde la Dirección de Inteligencia y la Fiscalía hicieron el montaje del hacker e infiltraron la campaña de la oposición. De esto, la izquierda no dice nada. La hipocresía en la supuesta defensa de la democracia, la oposición, salta a la vista.

Odebrecht financió ilegalmente la campaña de Santos, y lo hizo con los dineros de los colombianos; en especial el otrosí de la vía Ocaña-Gamarra. Ahí aparecen implicadas dos ministras y un ministro de Santos, Andrade el director de la agencia de infraestructura, y Luis Miguel Pico.

Dice Petro que el vídeo de su bolsa de billetes era para desviar la atención. No es así, es usar un espacio de debate anticorrupción para mostrar evidencia. Al senador lo absolvió la Corte Suprema, aunque el Co-protagonista del video hoy tiene circular roja por ese mismo vídeo. Juan Carlos Montes tenía un carrusel de contratos en la alcaldía Petro, y este casualmente le entrega dineros en efectivo. ¿Coincidencias malucas?

Dirá entonces otro senador con un maletín lleno de efectivo que satanizamos el efectivo. Y así es. En Colombia desde que los narcos y los corruptos mueven las coimas y los producidos en efectivo, hay algo muy obsceno en el efectivo. A mí no me gustan los políticos con bolsas o maletas llenas de efectivo. Llámenlo estética, Llámenlo sospecha.

Lo cierto es que firmaron un otrosí con Odebrecht para la vía Ocaña Gamarra, y de ahí salieron miles de millones de pesos con destino la campaña de Santos.  Lo firmaron sin el lleno de los requisitos legales (no había Confis ni Compes). Decían los de la defensa que el Presidente no sabía (una defensa sobre dineros ilícitos que ya conocíamos) y con ella la Comisión de acusaciones le archivó el proceso al expresidente.

Sin embargo, hay evidencia de que Martorelli (representante de Odebrecht) estuvo no una sino varias veces en Palacio. Lo muestran los registros de ingreso. Pero hay material probatorio que el país debería conocer. Todo lo que apareció en los allanamientos a la ANI, las interceptaciones de Andrade, de Prieto.

Quise intervenir nuevamente en ese debate en el congreso, pero no hubo espacio para los partidos, pues tengo nueva evidencia de que la plata de Odebrecht llegó a la campaña con pleno conocimiento de Palacio.

¿Por qué no avanzan los procesos contra las Ministras con evidente conflicto de interés? ¿Por qué no se ha imputado a Pico? ¿Por qué sigue Prieto en el Cespo? ¿Por qué de los encargados de repartir todo ese dinero nadie habla?

Bogotá, D. C, 4 de septiembre de 2021

*Senadora del Partido Centro Democrático

Gabriel Ortiz*.- Este 1 de septiembre faltó un reportero que le dijera a Colombia que parte de sus mares estaba en serio peligro y que los expresidentes vivos no tuvieron el valor de abandonar viejas rencillas para recomendar al gobierno, la manera de defender una parte de esta patria. Uno que con su pluma, veracidad y destreza, dejara al descubierto la escasez de vacunas contra el covid, ese que le arrebató la alegría con que celebraba el amplio y prodigioso futuro que le depararon su manera de ser, de actuar y de comportarse en esta sociedad.

Siempre fue un gran periodista, un gran amigo y un extraordinario maestro de una profesión que tanto añora las enseñanzas de maestros de la talla de Javier Ayala.

Pregonó siempre el enjuiciamiento “crítico que permita a los pueblos conquistar y hacer respetar su libertad de información, en forma oportuna, veraz y leal, así como a expresarse sin presiones privadas o estatales en los medios de comunicación”.

Empezó su brillante carrera periodística en el diario EL SIGLO, en donde al lado de maestros como Arturo Abella, Gabriel Cabrera, Darío Montoya, Juan Darío Lara y tantos más manejaban el arte de informar con la más alta calidad.

Cartago, su tierra natal, lo recordará siempre, cada 9 de agosto, fecha en que ambos celebraban el cumpleaños.

Javier fue multifacético en el campo del periodismo: radio, prensa, televisión, cine, en agremiaciones como el CPB, del que fue presidente, Alacode, donde se desempeñó como director continental.

Siempre escuché palabras elogiosas y amistosas de quienes lo conocieron personalmente o a través de los medios. Su erudición, sabiduría e ilustración, lo llevaron al estrellato en el campo de la información económica en varios medios: El Tiempo, El Espectador, Caracol, Todelar, su agencia de noticias Alaprensa, Contrapunto y demás organizaciones periodísticas.

Con él fundamos y dirigimos el Noticiero Nacional, en el cual presentó, como primicia, el atentado contra Luis Carlos Galán. Fue el informativo con mayor sintonía que haya tenido Colombia.

Javier fue un gran lector y escritor, muy amigo de Gabriel García Márquez y muchos intelectuales, pensadores y artistas. Junto con los periodistas del Noticiero Nacional, tuvo que soportar la persecución del narcotráfico, con Pablo Escobar a la cabeza, quien no perdonó que se publicara su imagen tras las rejas.

Javier fue extraordinario miembro de familia. Educó a sus hijos, Adrianita, Javier, Ricardo y Juan Manuel, como unos profesionales servidores de la sociedad. Su esposa Carmen, fue su gran compañera.

El gran maestro e incomparable jefe del periodismo se nos fue, pero deja una huella imborrable de profesionalismo, que los colegas deben mantener en su mente, para que esta Colombia se beneficie de un periodismo claro, limpio y de beneficio social.

Adiós querido Javier: goza en la gloria del Creador.

BLANCO: Gaviria busca firmas, porque no dependerá de los partidos. 

NEGRO: Se completó la hegemonía: fiscal, procuradora, contralor, defensor del pueblo y ahora un Banco de la República, dependientes de Duque.  

Bogotá, D. C, 3 de septiembre de 2021

*Economista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Eduardo Verano*.- La ciberseguridad federal y la gestión de riesgos del manejo de datos cada vez adquieren mayor importancia. El sistema federal de seguridad cibernética reconoce qué Estados Unidos todavía mantiene un alto nivel de riesgo según un informe que entregó al Senado. En los últimos dos años los violadores de los espacios cibernéticos, los hackers, han perpetrado daños más severos al sistema de redes, computadoras y dispositivos móviles que todo lo ocurrido en la historia anterior.

En 2020 hubo más de 31.000 incidentes contra la seguridad informática que fueron atendidos por el Gobierno Federal. El nivel de atención requerida de las autoridades se ha redoblado y han debido reconocer que no estaban preparados para la magnitud del daño que han ocasionado estos alteradores, o hackers, que invaden ilegalmente las redes, y las desfalcan sin control. Un atentado a la soberanía.

El sistema de protección de las redes es muy débil, y muchos no utilizan adecuadamente las aplicaciones de seguridad sugeridas por los fabricantes y mucho menos las han actualizado. Estas han ido mejorando y perfeccionando, pero, no lo suficiente ni los dueños de computadores las actualizan, a pesar de las recomendaciones claras que hacen los vendedores.

Muchos ni siquiera han puesto los sistemas de control recomendados. Las agencias que estudian la invulnerabilidad de los equipos de computación del gobierno y de sus sistemas de transporte, agricultura, energía, o sea, todo el aparato del estado, reconocen que se han hecho muy pocos esfuerzos por implementar un mejoramiento de su integridad.

Por eso, las agencias de seguridad del estado han prendido alarmas y necesitan dar un vuelco y anuncian la unión de todas sus organizaciones para construir un gran sistema unificado de defensa, fruto de la colaboración de todos. Es lo que se está impulsando. Tienen que diseñar e implementar un sistema de defensa mucho más robusto, organizado, ordenado técnicamente y jurídicamente,  que facilite una acción coordinada.

La defensa del sistema de redes de computadores de la banca y de los organismos de investigación están perdiendo la guerra. También se han unido a estos esfuerzos la red de servicios de Amazon, AT & T, Cross Strive, Google, Microsoft, el Palo Alto Networks, el sistema de defensa de Estados Unidos y el Departamento de Justicia. Todos trabajan unidos para evitar mayor daño. Mientras el Senado recibe todas estas inquietudes de los sistemas de seguridad que deben perfeccionar las agencias de gobierno, los riesgos han aumentado ostensiblemente y han impactado tanto a las organizaciones como a individuos del sector público y privado.

Los ataques cibernéticos son cada vez más complejos con un profundo conocimiento de las debilidades de los sistemas de computación y de la inteligencia artificial. Los procesos de computación han sido definidos como muy débiles, vulnerables que requieren de un mejoramiento de los Software de seguridad que impidan que los procesos de actualización de los equipos se vuelvan críticos y es indispensable que puedan mitigar los riesgos.

Mientras más se desarrollan nuevos equipos más se nota la deficiencia de los servicios de seguridad, por su gran fragilidad y la falta de un sistema que verifique detalles y resultados en las operaciones financieras, por ejemplo, autenticación de firmas. Todavía no se ha llegado al nivel de tecnologías necesarias para la protección. En cambio, van con mayor rapidez  y exactitud los hackers que vulneran todos los sistemas de seguridad. El desafío es construir unas técnicas de defensa a la altura de una gestión de riesgo que brinde total tranquilidad.

Barranquilla 3 de septiembre de 2021

*Exconstituyente, exministro de Estado, exgobernador del Atlántico.

José G. Hernández*.-El Acuerdo Regional de Escazú (Costa Rica), sobre acceso a la Información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, busca garantizar la eficacia de tales derechos en nuestros países, y pretende la creación y el fortalecimiento de capacidades y cooperación, con miras a proteger el derecho de todas las personas, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano, con desarrollo sostenible.

Se propuso durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible y se funda en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente de 1992. Está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe. El período de firma tuvo lugar entre el 27 de septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2020 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Entró en vigor el 22 de abril de 2021.

Este importante Acuerdo internacional tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos vulnerables, en el entendido de que los derechos fundamentales a la igualdad y acceso a la justicia, y la efectiva protección estatal a la vida e integridad de los impulsores de derechos humanos en materia ambiental son elementos esenciales para asegurar que ecología y desarrollo sostenible no sean ilusiones frustradas.

Se trata de un instrumento de cooperación internacional para prevenir conflictos, hacer que las decisiones se adopten previa información, participación y consulta popular, y mejorar la rendición de cuentas, así como la transparencia y responsabilidad en las actividades que puedan afectar el ambiente. Se contrae, entonces, el compromiso internacional de garantizar, en los países firmantes, la eficacia de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, principios todos estos que, en nuestro caso, están plasmados en la Constitución Política de 1991.

Es muy oportuno -dado lo que viene ocurriendo en Colombia- subrayar que, según el Acuerdo, las Partes se comprometen a garantizar “un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”. Por eso, adoptarán “las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente”.  Y se obligan a “prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir” en el ejercicio de tales derechos”.

El Gobierno colombiano -que siempre proclama a nivel internacional su compromiso con el ambiente- suscribió el Acuerdo desde 2018. No se entiende la razón para que, a estas alturas -finales de 2021-, no haya sido aprobado por el Congreso, ni ratificado. Debe pasar también por el previo examen de constitucionalidad. 

Bogotá, D. E, septiembre 2 de 2021

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Cristina Plazas*.- Esta semana la Corte Suprema de Justicia determinó que los menores de edad, entre los 14 y 18 años, pueden acordar su unión libre con otra persona mayor de edad, sin contar con la autorización de sus padres.

¿Cómo es posible que esta decisión haya pasado desapercibida y que la sociedad en pleno no se haya manifestado?

¿Dónde está el ICBF, los defensores de los niños, la iglesia, UNICEF, los congresistas, los organismos de control, la consejería para la mujer, la sociedad civil? En fin ¿dónde estamos todos?

El matrimonio infantil y las uniones tempranas constituyen una de las peores formas de violencia de género en el mundo y una grave violación a los derechos de los niños y los adolescentes. Esto atenta contra su desarrollo, los expone a ser víctimas de explotación sexual, a embarazos a temprana edad que significan riesgos para la salud y la vida, a deserción escolar; además de reafirmar el ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza. Dichas evidencias hicieron que fuera declarado por Naciones Unidas y por la Convención sobre los Derechos del Niño, como una práctica nociva que afecta el ejercicio de sus derechos fundamentales. Esta sentencia por tanto viola los tratados internacionales firmados por Colombia en esta materia.

¿En qué estaba pensando el magistrado Luis Armando Tolosa? ¿Cuál es la base científica para determinar que un niño tiene la capacidad para decidir sobre su vida y conformar una familia?

La Corte desconoce por completo el desarrollo humano de las personas, pues ser adulto no es lo mismo que ser adolescente, situación que motivó la construcción de la Convención de los Derechos del Niño. La mayoría de edad responde no a un capricho legal, sino a estudios médicos, biológicos y antropológicos que demuestran que solo después de los 18 años el ser humano tiene la capacidad corporal y mental para asumir ciertos proyectos de vida, como la convivencia, pues hasta antes de esta edad, las personas somos más vulnerables por nuestra capacidad física y mental.

Adicionalmente el togado no tuvo en cuenta las preocupantes cifras del país. El 17,4 por ciento de las mujeres entre los 15 y los 19 años ya son madres o han estado embarazadas. También evidencia que el 13,3 por ciento de adolescentes entre las mismas edades ya están casadas o unidas conyugalmente. Esto significa que más o menos una de cada 10 jóvenes en zonas urbanas ya está casada; y que una de cada 5 niñas en el ámbito rural ya está en una unión conyugal.

El magistrado Tolosa y sus colegas parecieran enemigos de los niños, no solo por lo expuesto sino porque abren una puerta a los depredadores sexuales y a la explotación sexual comercial.

Esta no es la primera sentencia que falla en contra de los niños. Alarma que el poder judicial no esté de su lado.

Bogotá, D. C, 31 de agosto de 2021

*Abogada de la Universidad Javeriana con una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.