Opinión

Por José G. Hernández*.- Dice el artículo 9 de la Constitución Política que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del Derecho Internacional aceptados por Colombia.

El manejo de las relaciones exteriores de Colombia no es cosa de juego, como parece que lo están tomando en el actual Gobierno.

No solamente se ha intervenido más allá de lo debido en los debates políticos internos de Venezuela, dando trato oficial de jefe de Estado a quien no lo es, sino que se tomó partido a favor del golpe de Estado en Bolivia, y hubo intromisión de funcionarios colombianos en el proceso electoral de los Estados Unidos, apoyando abiertamente al candidato que resultó perdedor, lo que en su momento provocó la protesta pública del Embajador norteamericano.

Lo más reciente es la imprudencia -por decir lo menos- del ministro de Defensa Diego Molano, en declaraciones oficiales durante la visita del presidente Duque al jefe de Estado israelí, Isaac Herzog, en que incluyó a Irán y al movimiento Hezbolá como “enemigos de Colombia”. Según sus palabras, “aquí tenemos un enemigo común y es el caso de Irán y Hezbolá, que opera en contra de Israel, pero también apoya el régimen de Venezuela y por lo tanto es un esfuerzo importante en intercambio de información e inteligencia el que desarrollamos con las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa en Israel”.

Se refería a colaboración militar y de inteligencia contra esos que denominó “enemigos comunes”, pero se salió de su ámbito de competencia, entrando abiertamente en un campo que no le corresponde: la relación del Estado colombiano con y contra otros Estados. Un evidente ingreso del ministro, no únicamente en el campo diplomático, que toca a la canciller de la República, sino en los terrenos reservados por la Constitución, de manera exclusiva, al propio presidente de la República.

Vale la pena recordar que, en el Estado de Derecho, las facultades de los funcionarios están delimitadas; que, de conformidad con el artículo 121, “ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”; que, según el artículo 208 de la Constitución, los ministros y los directores de departamentos administrativos son los jefes de la administración, pero “en su respectiva dependencia” y les corresponde formular las políticas “atinentes a su despacho”, dirigir la actividad administrativa (no la diplomática) y ejecutar la ley.

El numeral 2 del artículo 189 de la Carta, corresponde al Presidente, en su condición de jefe del Estado, dirigir las relaciones internacionales de Colombia, y, al tenor del numeral 6, le compete proveer a la seguridad exterior de la República y hasta declarar la guerra, pero con permiso del Senado, o hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera; y convenir y ratificar los tratados de paz, dando cuenta inmediata al Congreso.

El jefe del Estado no debe permitir extralimitaciones funcionales como la anotada. Con semejantes imprudencias, no solo se invade la órbita presidencial, sino que, irresponsablemente, se pone a Colombia en grave peligro de conflicto internacional. 

Bogotá, D. C, 11 de noviembre de 2021

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Guillermo García Realpe*.- Nos sorprendió gratamente la sala plena del Consejo de Estado al elegir una terna de lujo de donde saldrá el magistrado que reemplazará al togado Alberto Rojas Ríos, en la Corte Constitucional, quien cumple su período en febrero próximo. 

Después de mucho análisis, el Consejo de Estado consensuo en tres brillantes hojas de vidas de ilustres colombianos que gozan de todas las capacidades, el reconocimiento y trayectoria jurídica para llegar a la máxima instancia de la rama. Es una terna liberal y progresista que estará a la altura de las grandes decisiones al interior de la Corte. 

Entre los ternados se encuentran Natalia Ángel, Luis Manuel Lasso y Héctor Riveros, y será el Senado de la República quien elija al nuevo magistrado que hará parte de la Corte Constitucional por los próximos ocho años a partir del 2022. 

Sin lugar a dudas, la decisión del Alto Tribunal, es una buena noticia, porque trasmite entusiasmo, es prenda de garantía y le envía un claro mensaje al gobierno nacional que a toda costa quería imponer un candidato de sus afectos para tener el control de la Corte. 

Los ternados son personas con el suficiente mérito académico y profesional para estar ahí, además producen tranquilidad, son garantía de seriedad, compromiso, entrega, profundo conocimiento, y sobre todo independencia. Los tres, son prenda de garantía para la defensa del Estado Social de derecho, el equilibrio de poderes y la sana democracia. Así que fue una decisión loable la del Consejo de Estado. 

Entendiendo que ha sido una acertada terna, también debemos tener claro que en cualquiera de las circunstancias en las cuales se configura el devenir político del país, pudiera generarse una intervención del ejecutivo dentro de las decisiones del Senado para elegir al nuevo magistrado o magistrada. Pudiera darse que, el gobierno en busca de su conformismo y en el afán de seguir controlando los altos mecanismos de participación y control democrático del Estado pueda generar en el Congreso una de las tantas “jugaditas” que le ha permitido mantener el control de todas las ramas del poder público. 

En ese mismo orden de ideas, a pesar de ser una buena noticia y una decisión que nos alegra a quienes participamos de la democracia, también debemos entender que en cualquier momento esa elección es frágil y pudiera perderse sí en el Senado para la elección de la misma no se establece el quorum necesario y tuvieran de nuevo que ternarse otros nombres para ocupar esa dignidad. 

También hay que tener en claro que, la Corte Constitucional en lo que resta de este año y para 2022 tendrá que definir claramente cuales son los lineamientos de la Jurisdicción Especial de Paz en cuanto a lo que tiene que ver con el reconocimiento de las víctimas dentro de estos procesos de reparación integral, pero  también es cierto el papel que tiene que jugar la Corte a la hora de reconocer la personería jurídica de partidos nuevos que están en el ambiente político, como es el Movimiento de Salvación Nacional que ha resurgido y reconocer también al Nuevo Liberalismo y fuera de eso tener que resolver de fondo los entuertos que día tras día se presentan en el camino de la candidatura de Gustavo Petro y la decisión que se pretende demostrar de sus adversarios entre la Colombia Humana y el Pacto Histórico. 

Son tres elementos que, atraviesan definitivamente el panorama político para el 2022 y que necesariamente redundan en el fortalecimiento o en el debilitamiento de las instituciones democráticas en el país, por lo tanto, la Corte Constitucional tiene grandes retos, que son definir los lineamientos sobre la base del reconocimiento de los partidos y de las víctimas en el país. 

De todas formas, insisto que, es una terna de lujo, todos brillantes profesionales, bien formados en la ciencia jurídica y con ética profesional que es lo que necesita la justicia en Colombia. 

Con esta terna ganamos todos, está a salvo el Estado Social de Derecho y los derechos fundamentales de los colombianos. Éxitos a los tres.

Bogotá, D.  C, 9 de noviembre de 2021

*Senador del Partido Liberal

 @GGarciaRealpe

Por Juan Manuel Galán*.- Las deportaciones de ciudadanos venezolanos se están volviendo comunes en toda la región y Colombia no es la excepción. Por lo general, los argumentos que más se usan están asociados a que son una amenaza a la seguridad. Es como si los venezolanos fueran la causa de todos los males. Algo que está extendiendo, preocupantemente, un sentimiento xenófobo en nuestros países.

Ahora bien, algo que no podemos perder de vista es que, para el caso colombiano, los problemas de seguridad ciudadana no son nuevos y no empezaron con la migración venezolana. Vienen de profundas fallas institucionales, la falta de oportunidades para trabajar dignamente, un desinterés histórico de los gobernantes en la seguridad de las personas y un enfoque policivo que no entiende que la seguridad es de carácter multidimensional y que no se trata sólo de tener más policías. Por eso, frente a las deportaciones, debemos tener unos puntos muy presentes.

Primero, cuando las deportaciones se dan por causas objetivas y que, de manera grave, van en contra de nuestra legislación migratoria y de la sociedad, pueden ser procedentes si hay las comprobaciones necesarias y se cumple el debido proceso. Es decir, si se trata de delitos como conformación de bandas delincuenciales que se dediquen a la extorsión, el tráfico de estupefacientes, el atraco o porte de armas de fuego, o si se trata de casos en los que los migrantes tienen antecedentes legales graves en Venezuela y no cumplen con los requisitos del Decreto 216 de 2021 que estableció el Estatuto Temporal de Protección Para Migrantes Venezolanos, la deportación es un mecanismo válido.

En segundo lugar, no se puede permitir es que una sola acusación se convierta en una causal que derive en una deportación automática. Los derechos de los migrantes deben respetarse y Colombia debe ser garante de un trato justo. Las autoridades, principalmente Migración Colombia, no pueden caer en el juego injusto de deportaciones “express” sin que se agoten los procesos y sin elementos de juicio verídicos que justifiquen tal medida. Si las deportaciones son sin sustento, Colombia estaría violando los derechos de los migrantes y poniendo en riesgo hasta sus vidas.

Por último, hay algo clave y es que los alcaldes no pueden seguir achacándole toda la responsabilidad de la falta de seguridad ciudadana a los venezolanos. Los discursos xenófobos no pueden hacer parte de la política de seguridad ciudadana. Hoy vemos como la inseguridad se ha venido entrecruzando con estos discursos y para ocultar las graves fallas en materia de políticas, parece ser que es una buena estrategia, para algunos, buscar un chivo expiatorio y esos, para muchos gobernantes, son los venezolanos.

Bogotá, D. C, 9 de noviembre de 2021

*Precandidato presidencial. Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Se viene incubando una crisis energética de grandes proporciones a nivel global, la cual tiene como trasfondo la emergencia climática. Esta se originó en el exacerbamiento y las mayores concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, siendo el principal de ellos el dióxido de carbono (CO2), aumentando la probabilidad de que se desaten fenómenos metereologicos extremos de inviernos más fríos y veranos más calurosos.

Como es bien sabido, la principal fuente emisora de GEI son las energías de origen fósil provenientes especialmente del carbón, el petróleo y el gas natural, las cuales participan con el 80% de la matriz energética global. Se destaca la generación de electricidad con el 21.3% de las emisiones como el mayor responsable de las mismas.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), las emisiones de GEI provenientes de las centrales de generación de energía eléctrica fogueadas con carbón representan el 41% de la totalidad de las emisiones del sector eléctrico. Por ello, plantea el investigador del reputado Instituto Climate Analytics de Alemania que dichas plantas generadoras “deben desaparecer de aquí a un par de décadas”. Según él, ello significaría cerrar dos centrales de generación a carbón cada tres semanas en la Unión Europea o una por semana en China.

Hoy por hoy, China con el 53% tiene la mayor participación en el mundo de generación eléctrica a partir del carbón y paradójicamente es, a la vez, el mayor fabricante del mundo de paneles solares, turbinas eólicas y vehículos eléctricos, así como el mayor mercado para los mismos. No es de extrañar, entonces, que China sea el principal consumidor de carbón térmico del mundo.

Y, aunque el 90% de su aprovisionamiento de este mineral es local, debido a una serie de medidas del gobierno que preside Xi Jinping su extracción ha mermado y los inventarios resultan insuficientes para satisfacer la demanda. En efecto, China está ante una gran encrucijada: una gran demanda de energía, al tiempo que las restricciones medioambientales impuestas, afectando la producción de carbón y al consumo del mismo, para cumplir con la meta de descarbonización, alineada con el Acuerdo de París, son señales contradictorias que entran en un conflicto no resuelto.

Según analistas de Morgan Stanley, “el bajo inventario de los productores independientes de energía ha impulsado rápidamente la demanda de almacenamiento de carbón, lo que ha provocado picos de precios del carbón en un período estacionalmente débil”. Cabe destacar que en seis de los más importantes grupos generadores de electricidad chinos sus inventarios han bajado un 31.5% respecto al 2020, que fue un año atípico por la pandemia y se encuentran en niveles que no se habían registrado desde 2017. Es tal el desespero que, según el Consejo de Electricidad de China, las empresas están dispuestas a comprar el carbón que requieren con urgencia a “cualquier precio, para garantizar la calefacción y la generación de energía en invierno”. En efecto, la presión de la demanda ha empujado los precios del carbón térmico a alzas que superan el 300%, cotizándose hasta los US $166 la tonelada.

Y ello ocurre en momentos en los que la economía china salía del letargo provocado por la pandemia y el ritmo de su crecimiento en el primer semestre de este año registró el 12.7%. La incapacidad de satisfacer la demanda de energía amenaza con dar al traste con la reactivación de su economía, expuestas como están a cortes de suministro y racionamiento del servicio de energía su aparato productivo.

Y no hay que olvidar que China, pese a los recientes avatares y desencuentros con la administración Trump y su nacionalismo ultramontano, sigue siendo la fábrica del mundo. De modo que el impacto de esta perlesía de la actividad fabril está repercutiendo en el resto del mundo, empezando por la Unión Europea, que es donde primero se ha sentido la disparada de los precios internacionales del acero, superior al 75% y el aluminio, así como la cerámica, el vidrio y el cemento.

Con la relocalización de muchas de sus empresas en China, la economía de la Unión Europea depende en gran medida de la economía del gigante asiático, al punto de convertirse en la locomotora que jalona su crecimiento. Muchas partes, componentes, circuitos integrados, microchips de los cuales se surten empresas europeas y estadounidenses son producidos en China, de modo que la parálisis a la que están expuestas sus factorías afectan la cadena de suministros, especialmente en tratándose de las empresas tecnológicas, repercutiendo además en sus costos y precios de mercado. Al fin y al cabo, China sigue siendo la gran fábrica del mundo.

Es patético el caso de la industria automotriz europea. Marcas tan emblemáticas para sus países como el Volvo sueco o el BMW alemán son fabricados exclusivamente en China. Sólo el 3% de los autos que circulan en Europa se fabrican en el viejo continente y actualmente importan desde China 50.000 vehículos al año. Huelga decir que China es el principal mercado para muchos fabricantes europeos. 

Cota, noviembre 8 de 2021

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por Gabriel Ortiz*.- Nadie sabe quién dice la verdad en Colombia. Todo se falsea. El engaño es normal. La falacia sostiene al gobierno, a los partidos, a los funcionarios, a la gente.

¡Qué desilusión, que fiasco!

Si aquí las cosas fueran claras, exactas y veraces los dirigentes serían unos líderes rodeados, por un pueblo que seguiría sus lineamientos. Nuestras escuelas educarían una juventud respetuosa y edificante, que asimilaría la ética y la verdad.

Pero nos hemos acostumbrado a engañar, para alcanzar falsos éxitos, prebendas y el enriquecimiento fácil.

El embuste emerge de todas partes y mina la corrección que demanda un país con principios y fuerza para alcanzar los anhelos y el progreso, que irriguen paz, sabiduría, tranquilidad y felicidad.

Estamos en manos de dirigentes que alcanzan posiciones utilizando las más bajas y corruptas armas, para estafar a un pueblo que cada vez más, pierde la credibilidad en sus caudillos y dirigentes.

Tenemos, por ejemplo, un Presidente al que adornan cada hora con declaraciones y pronunciamientos, sin ton ni son, a tal punto que lo convierten en un feriante al que nadie presta atención. Ningún mandatario nuestro, había dependido tanto de los titulares, extras y últimas horas en los medios. Pensaban más en gobernar, que en escuchar “áulicos consejos” de pregoneros sin criterio alguno.

Así aparecen y se fortalecen esos “ciberataques”, que se inventó el Mindefensa Molano con una costosa agencia -de la que se dice fue socio- para justificar sus deficiencias. La FLIP lo denunció y Molano, sin fortuna, creyó haber justificado la censura de prensa.

Por todo esto, se pone en duda el supuesto éxito de Duque en el Cop26, cuando lo pusieron a decir que estabamos en la onda que busca evitar el calentamiento del planeta. Recordemos, por ejemplo, cómo desde hace 14 meses se busca evitar la aprobación del acuerdo de Escazú, que ahora por estar en época del Cop26, será enviado nuevamente al Congreso, pero sin mensaje de urgencia. Y qué decir de la vista gorda a la deforestación del bosque amazónico, para beneficiar a los ganaderos con sus ”fábrica de metano”; y la tolerancia la minería ilegal.

Indudablemente habrá en los propósitos de Duque, gran parte de lo que ha anunciado en el Cop26, en donde -por fin- pudo darle la mano a Biden, que se mostró muy generoso con Colombia. Ya salimos de ese “taco”.

Son muchos retos que debemos afrontar para salvarnos, porque como lo advirtió Greta Thunberg la niña sueca que se enfrenta a los líderes mundiales: “no tenemos otro planeta”.

Esperemos que todo lo que requerimos en Colombia, se traduzca en realidad y deje de ocupar solo los medios de comunicación, porque de pronto, se nos convierte en un espejismo para captar votos, o tapar la corrupción.

BLANCO: La agradable velada que está presentando Daniel Samper Ospina en el teatro del Centro Comercial Santafé: “Con P de Polombia”. Hay que ver este divertido humor periodístico.

NEGRO: Con “boli-ranas” y mullidos tapetes, solucionará Bogotá, el caos en movilidad.   

Bogotá, D. C, 8 de noviembre de 2021

*Periodista, Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Robinson Castillo*.- El medio es el mensaje, fue la frase que acuñó en los años 60 el filósofo canadiense y teórico de la comunicación Marshal McLuhan, para significar que el medio a través del cual recibimos una información, afectaba más que la información misma.

Pero este concepto ha ido cambiando con los años. En el caso colombiano podemos ilustrar varios casos. A pesar de la importancia de muchos medios, algunos periodistas son más influyentes. Se convirtieron en marca, referentes. Generan más opinión y conversación en redes, que los mismos medios que representan. Se transformaron en el mensaje.

Lo que digan, incide de manera crucial en la aldea global (otra de las frases de McLuhan). La influencia de varios de estos periodistas es protagónica y causa efectos. Muchas veces, son la noticia.

Daniel Coronell, Julio Sánchez Cristo, Gustavo Gómez, Félix de Bedout, Vicky Dávila, Darcy Quinn, Luis Carlos Vélez y Camila Zuluaga, son apenas algunos de los casos más representativos del ámbito de los periodistas que son noticia. Modifican la teoría de McLuhan.

Y se convierten en tendencia con absoluta facilidad. Un tema propuesto de acuerdo a la coyuntura informativa del día, tiene suficiente empatía con la audiencia para dominar la conversación.

Lo cierto es que hay consenso sobre la diferencia. Ahora los medios y los periodistas son noticia y lo son justamente por la forma en que presentan la realidad. Gabo decía que lo único más peligroso que una mala información, es la falta absoluta de información.

Los medios y los periodistas, tenemos un compromiso irrenunciable con la verdad y la sociedad, ser guardianes de una información contrastada. Más aún en esta aldea global que describió Marshall McLuhan, en la que todo se sabe cuando sucede.

El protagonismo de los periodistas contribuye al fortalecimiento de los medios de comunicación, si no se tergiversan los hechos, no hay de que preocuparse. Además, se genera un vínculo directo con una mayor sintonía.

La forma en que se presenta una noticia, orientada por el estilo del periodista y no por el medio, en muchas oportunidades es más contundente que la propia información. No tengo duda que McLuhan refutaría esta teoría. El debate está abierto.

Bogotá, D. C, 28 de octubre de 2021

*Comunicador Social –Periodista.

Por Gabriel Ortiz*.- Lo que no habían logrado con el Acuerdo de Paz, lo implantaron el miércoles en la madrugada. Era un polémico “gorila”, disfrazado de “articulito” para salvar un mal gobierno e impedir la derrota del Centro Democrático, que aspira a mantenerse en el poder, a como dé lugar. Lo habían planteado cuando empezó la pandemia, cuando propusieron prolongar el mandato de Duque, cosa que no cuajó.

46 senadores enmermelados votaron en la madrugada del miércoles suspender la ley de garantías, para manipular las próximas elecciones y asegurar la reelección de los parlamentarios. A abrieron la puerta a la politiquería y a la compra de votos.

Esa maniobra duramente criticada por Duque, cuando era opositor, cambió diametralmente. Ahora, para él, es un “articulito”, para la recuperación económica, que según él ya está superada. Día a día nos sorprende con las incalculables sumas de dinero que traerán inversionistas extranjeros, con los que habla durante sus giras internacionales.   

Así que para las elecciones lo hay es plata, pero plata, plata, mucha más que la apareció con la ñeñepolitica y Cayita. Adicionalmente, alcaldes, gobernadores y demás funcionarios, le aplicaron freno al gasto público, esperando la proximidad de los comicios. Las arcas están listas para utilizar la eliminación de la Ley de Garantías.

Los 46 senadores y los representantes dormirán tranquilos, a no ser que la gente recuerde sus nombres cuando estén frente a las urnas. Claro que son expertos en tamales, aguardiente, cerveza, mercados, tejas, y desde luego los billetes que mueven a nuestra pobreza.     

Los otros 22, los que actúan con honestidad, deberán salir a las plazas públicas, con sus tesis, propuestas y programas para beneficiar a sus electores y en general a los compatriotas que se debate entre la miseria, las enfermedades, los desplazamientos y las penurias.

Parece que ya no hay nada que pueda cambiar las cosas. Que la Ley de Garantías nunca revivirá y que los gobiernos de turno, no admitirán justicia social, ni libertad, ni pulcritud electoral.

Quienes asaltan los dineros públicos, aprovechando la desaparición de la ley de garantías, tendrán los votos, el gobierno y el congreso.

Se esperaba que por lo menos, durante el debate del más grande presupuesto que haya tenido Colombia -de 350.4 billones- se introdujera un control al gasto, pero nada de eso ocurrió. El gobierno, el presidente Duque y su Centro Democrático, quedaron con manos libres, aviesas y lisas para actuar. Se ha violado la Constitución eliminando la ley de garantías, a lo que se suman Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, Registraduría y Congreso dóciles, sumisos y ahítos de prebendas y mermeladas.

La politiquería se impuso y la compra de elecciones recibieron patente de corso. Ya no hay nada que hacer. Triunfó la corrupción.

BLANCO: Felicitaciones a Caracol y a Juan Roberto Vargas por el Premio Ondas por su excelente trabajo en Haití.                          

NEGRO: La intempestiva salida del país de la exministra Abudinen. ¿Pasaje sin retorno?

Bogotá, D. E, 22 de octubre de 2021

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.  

Por Robinson Castillo*.-Es la institución en el mundo, que la gente ama odiar. La actividad parlamentaria es de lejos, la más vigilada por los medios, la ciudadanía y distintos observadores sociales.

De allí la importancia de enfatizar en algunas prácticas, que en muchos casos se viene realizando, pero ante la máxima exigencia ciudadana, es siempre necesario redoblar esfuerzos. Estas son algunas de ellas:

Con la sola agenda legislativa no basta. En este instrumento de consulta al público se consignan todas las actividades de comisiones, plenarias, audiencias o foros, no obstante, es clave que cada congresista informe cuál será su propia agenda dentro del trabajo legislativo, mucho lo hacen a través de sus redes, cuando son ponentes o autores de algún proyecto.

La rendición de cuentas debe ser constante. Los esfuerzos para realizarlas cada 6 meses son sin duda acertados, pero entregar de forma semanal un resumen de lo adelantando, es tal vez, el escenario más aconsejable.

Toda la información que surge en las distintas sesiones, debe entregarse al público en la mayor cantidad de formatos posibles. El clásico comunicado de prensa, aunque necesario, ya no debe ser la herramienta más inmediata. El esfuerzo por comunicar más y mejor, no da espera.

Descentralizar el Congreso es otro reto. Los Foros Territoriales que lidera el actual presidente del Senado Juan Diego Gómez, apuntan a esa dirección. Aunque se puede complementar con otras estrategias, para que las regiones sientan un Legislativo cercano.

Un Parlamento Abierto es la tendencia mundial. En el caso colombiano son diversas las herramientas que le permiten al ciudadano vincularse en los trámites de proyectos o debates. Aunque es necesario darle aún más protagonismo a la sociedad. Estamos en la dirección apropiada.

Las leyes para quién. Este es otro elemento crucial, toda vez que muchas personas desconocen los beneficios, efectos e impacto real su cotidianidad de lo que aprueba el Congreso.

Son muchos y variados los desafíos, que serán objeto de otra columna. Como reflexión final, a la democracia se debe fortalecer y los Congresos y Parlamentos, son su soporte institucional. Nadie sabe que es realmente una democracia, hasta que la pierde.

Bogotá, D. E, 22 de octubre de 2021

*Comunicador Social - Periodista

Por Juan Camilo Restrepo*.- El barón Louis fue un famoso ministro de hacienda de Francia en el siglo XIX. Una especie de Esteban Jaramillo de su época. Un buen día presentó el presupuesto anual ante la asamblea nacional, y un diputado le dijo: ministro es el presupuesto más abultado que nunca habíamos estudiado. A lo cual Louis le respondió: tiene razón, pero mire bien este presupuesto. Usted está muy joven y seguramente estará muchos años en estos bancos parlamentarios. Nunca volverá a ver un presupuesto tan pequeño como este.

La anécdota me viene a la memoria ahora que las comisiones económicas del congreso han aprobado el presupuesto para la vigencia del 2022 por un monto de $ 350 billones. El ministro de hacienda ha dicho que es el más grande “de la historia”. Y es cierto; pero nunca volveremos a ver uno tan pequeño en los años venideros. Los presupuestos siempre crecen en cifras absolutos de un año a otro.

Lo que es importante analizar en las leyes de presupuesto no es tanto sus valores absolutos sino: ¿cómo están financiados? ¿qué tanto con deuda y cuanto con ingresos tributarios? ¿Cuáles de las partidas aprobadas van a gastos de funcionamiento y cuales a inversión? ¿De qué magnitud es el déficit que entraña cada presupuesto? Esas son las preguntas fundamentales para juzgar la bondad de la ley anual de gastos y apropiaciones.

Ahora bien: el comité directivo de la “regla fiscal”- que tuvo su primera reunión ya reconstituido la semana pasada- informó que para completar el ajuste fiscal que se necesita para disminuir los índices de endeudamiento que se han disparado con la pandemia, el país necesita un ajuste adicional al que acaba de hacerse con la ley 2155 de 2021, por lo menos de $ 6 billones. Es decir, como el mismo gobierno ya lo había anticipado con la última reforma tributaria logramos apenas 2/3 del ajuste que se necesita, pero queda pendiente 1/3. Tarea que queda para el próximo gobierno que se tendrá que inaugurar con una nueva reforma tributaria.

¿Qué opinan los muchos candidatos que están en la palestra sobre el contenido de la reforma tributaria que ineludiblemente le corresponderá proponer e implementar al vencedor en próximas elecciones? Hasta el momento reina un silencio sepulcral: ¿Subirán las tarifas de las altas rentas y de las pensiones? ¿Proponen algo sobre el impuesto al patrimonio o sobre los dividendos? ¿Cuáles de las recomendaciones de la comisión de expertos en privilegios tributarios que este gobierno convocó, pero cuyas recomendaciones ignoró olímpicamente, van a acoger? ¿Cuál es la propuesta para los descaecidos fiscos de departamentos y municipios?

El parteaguas entre las propuestas populistas y los programas serios entre los cuales deberá escoger Colombia en menos de un año se va a marcar con las propuestas fiscales y tributarias. Los populistas propondrán más gasto, menos ajuste fiscal, probablemente menos impuestos y más endeudamiento; las propuestas de los candidatos responsables en recuperar la viabilidad fiscal del país ofrecerán más impuestos progresivos y más gasto público que privilegie lo social con equidad. 

La pandemia nos deja un desbarajuste social inmenso: más pobreza, alto desempleo, y una creciente marginalidad. Para recuperarnos Colombia requerirá del próximo gobierno una política fiscal que termine el ajuste aún incompleto dentro de un marco de gasto público con énfasis en lo social. Para que el voto ciudadano sea inteligente tendrá que analizar con lupa qué proponen los candidatos sobre el tema fiscal. Asunto que no por ser delicado puede ser eludido por los candidatos.

Bogotá, D. C, 34 de octubre de 2021

*Abogado y Economista. Exministro de Estado

Por Guillermo García Realpe*. – Tras extenuantes jornadas, el Senado aprobó en último debate el proyecto de ley que modifica el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, tras 35 años de vigencia. Pero no fue del todo positivo los cambios efectuados, porque las aseguradoras o compañías de seguros seguirán manipulando a su antojo las tarifas, en detrimento de los usuarios y a favor del sector privado para que se sigan llenando los bolsillos de millonarios recursos. 

Yo no vote, no controvierto a los autores del proyecto y sus ponentes, sino al sistema que ha operado en Colombia en los costos de los seguros , de las multas, de las foto multas, de las  arandelas que hoy tienen que cubrir usuarios particulares y sobre todo usuarios de vehículos públicos como taxistas y motociclistas, que hoy tienen que trabajar no para el sustento de sus familias, sino para pagar los costos de los seguros, los costos de las multas, los costos de las grúas, los parqueaderos en las secretarías de tránsito, y además el exagerado precio  que valen las licencias de conducción en Colombia. 

Es que no solamente la DIAN, la UGPP y otras estructuras tributarias del Estado han dictado estatutos, sino que alrededor de estos temas del tránsito y el transporte y lo que tienen que pagar los taxistas y motociclistas en Colombia, es exagerado. El proyecto tiene como objeto evitar la evasión, es decir, indirectamente proteger las compañías de seguros, ¿los bolsillos de ellos y quién es el dueño de las compañías de seguros en Colombia? por supuesto Luis Carlos Sarmiento Ángulo, quien está detrás de que ojalá le paguen cumplidamente los motociclistas y los taxistas de Colombia o los usuarios de los carros particulares. 

Yo creo y lo plantee durante el debate que es mejor luchar contra la evasión, no con estatutos o conculcaciones, sino con tarifas justas de esos seguros. Estoy de acuerdo que debe haber seguros, para amparar los riesgos, los accidentes, los daños, y por supuesto los gastos de salud y hospitalarios, pero las tarifas que hoy tienen los SOAT en Colombia en muchos casos son bastantes onerosas. 

Para la muestra un botón, en mis recorridos por el país acostumbro a dialogar con la gente y les pregunto acerca de todo lo que les afecta el bolsillo y un caso fue hace algunos meses en Bruselas, el corregimiento más grande de Colombia, ubicado en Pitalito, sur del Huila; le pregunté a un campesino de la región el costo de su SOAT y me respondió que paga $700 mil pesos al año, cuando su motocicleta escasamente supera el millón de pesos en su valor comercial, obviamente es su caballito motorizado que los transporta. Entonces estos colombianos están trabajando es para las aseguradoras. 

Es mejor que, reglamentemos el tema de costos de esas tarifas  del seguro del SOAT y otras y así la gente paga el seguro, yo creo que la evasión, el no pago de estos seguros está en el costo de las tarifas, si bajan las tarifas la gente paga, si las tarifas son altas, entregan las motocicletas y van a los parqueaderos de las secretarías de tránsito donde son verdaderos cementerios de miles y miles de motos y carros abandonados a su suerte, porque les sale más caro pagar las multas de esos seguros que el costo de sus vehículos. 

Pero aquí el Gobierno y las aseguradoras, nos dicen que en juego están más de dos billones de pesos que cada año aporta el SOAT a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), más lo que se destina para atender a los lesionados en siniestros de tránsito, unos 700.000 al año. Ese tema es muy complejo porque no van a querer ceder. 

Sino es la DIAN, es la UGPP, todo el mundo quiere sacarles los ojos a los usuarios de los diferentes servicios y la gente ya no aguanta más. Ahora bien, con lo aprobado por el Congreso, se da algún contentillo a millones de usuarios, eso más bien suena a un populismo legislativo para aclimatar el descontento ciudadano. 

Y es que de los más de once millones de colombianos que tienen habilitadas licencias de conducción, 4.7 millones no tendrán que renovar su “pase” a partir de enero, porque habrá una extensión de dos años para adelantar ese proceso, es decir que, se suspende el vencimiento de la licencia a partir del próximo 31 de diciembre por dos años más. En otras palabras, sí usted tenía que renovar o refrendar su licencia el próximo año, ese trámite lo tendrá que adelantar a partir de enero de 2024. 

También se aprobó que habrá descuento del 10% sobre el valor del SOAT, siempre y cuando los propietarios de motocicletas y vehículos, no hayan tenido accidentes durante los años 2020 y 2021 y que haya desde luego, renovado oportunamente la póliza. Si pagaban 700 mil pesos, por ejemplo, pagarían 630 mil pesos en ese trámite y en el caso de las motos entre 150 y 200 centímetros cúbicos que son las más usadas en Colombia que actualmente pagan 495 mil pesos pasarán a pagar 445.500 pesos con la nueva ley. Si nos damos cuenta, es una reducción insignificante, pero ya hay quienes empiezan a “sacar pecho”. 

Aquí lo desafortunado fue que se desaprovechó una buena oportunidad para reglamentar de manera seria las tarifas tan altas que hoy pagan los colombianos por concepto del SOAT, rebajar sustancialmente esas tarifas que hoy son un atraco al bolsillo de los usuarios, y también poner en cintura a los miles de intermediarios que venden el seguro bajo altos porcentajes de comisión. Se calcula que en el país hay más de 22.000 intermediarios que venden el SOAT y muchas de estas empresas captan hasta 25% del valor que pagan los usuarios para asegurar su vehículo, eso sí hubiera sido una verdadera Ley, lo demás es populismo legislativo.

Bogotá, D. C, 4 de octubre de 2021

*Senador del Partido Liberal

@GGarciaRealpe