Opinión

Por Alonso Ojeda Awad*.- Teri Mattson es una valiente mujer norteamericana comprometida con el reconocimiento y la defensa de los Derechos Humanos en todo el mundo. Es la coordinadora para América Latina de CodePink una organización social y colectivo estadounidense caracterizado por velar en el cumplimiento de los sagrados DD.HH. Ella viajo al país en la misión de acompañar el proceso electoral y evaluar la grave situación de los Derechos humanos en Colombia. Fue invitada por nuestra organización social el Comité de Defensa de los Derechos Humanos CPDH., seccional Valle del Cauca.

Esta valiente y luchadora mujer, al llegar, fue detenida en el aeropuerto internacional por inmigración colombiana. Aducen que la razón oficial dada para negarle la entrada al país fue que representa un riesgo para el Estado. En la “Resolución administrativa de no admisión o rechazo, se indicó: “Por razones de soberanía, cuando existen hechos o antecedentes fundados que indiquen que la persona representa un riesgo para la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana”.

CodePink es una organización de base dirigida por mujeres que trabajan para poner fin a las guerras y el militarismo de los EE.UU. y para apoyar iniciativas de Paz y Derechos Humanos. En los últimos años, Teri ha supervisado elecciones en cinco países latinoamericanos.

Esta es una demostración mas del gobierno dictatorial de Duque, que viola sin sonrojarse, los más vitales Derechos Humanos y las libertades democráticas. No permitir, negarle la entrada a una mujer valiente como Teri Mattson, quien ha caminado varios países latinoamericanos, observando los procesos electorales y donde su necesaria y valida visita no ha sido impedida, ni mucho menos ella detenida o peor, deportada, es una infamia, a todo lo largo y ancho de la palabra.

Este hecho violatorio de los mas mininos Derechos Humanos debe ponernos en “Alerta Máxima”, pues cosas muy graves están sucediendo en nuestra martirizada nación colombiana, y peor aún, de entronizarse gobiernos de narco paracos, las débiles protecciones de Paz, Derechos Humanos y libertades públicas tenderán a desaparecer. Esta es una mas de las razones por las cuales estamos convocando a las organizaciones sociales de diferentes banderas y condición a cerrar filas democráticas y defender nuestro don más preciados:  La libertad y el respeto a las opiniones de nuestros campesinos, obreros, indígenas, afros, mujeres cabeza de familias, jóvenes luchadores por la Paz y la dignidad.

Duque está cerrando pesimamente su mediocre gobierno. No contento con irse de paseo por las capitales europeas dejando a nuestra nación a la deriva, en medio de una profunda crisis social por la intensa ola invernal, con los alarmantes índices de desnutrición crónica de los niños , con la asfixiante inflación que aumenta de hambre y miseria los hogares colombianos, ahora la orden es no dejar entrar a los observadores de procesos electorales y defensores de los Derechos Humanos, como el vergonzoso  caso de Teri Mattson que deja a Colombia muy mal ante los gobiernos demócratas del mundo.

Desde estas páginas periodísticas y en mi condición de Presidente del Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos, expresamos nuestras mas sentidas disculpas a la señora Teri Mattson por este inaceptable y bochornoso atropello de las autoridades colombianas a la mujer líder en Derechos Humanos y ratificarle nuestra admiración y aprecio a su lucha, que es la nuestra,  con la absoluta seguridad que en el futuro inmediato, cuando cese esta horrible noche sobre Colombia, la tendremos entre nosotros para ratificarle toda nuestra fe y esperanza en un mundo mejor, donde reine la Paz, la alegría y los Derechos Humanos.

Bogotá, D. C, 23 de mayo de 2022

Presidente del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos. CPDH. Exembajador de Colombia.

Por Clara López Obregón.- El mundo cambió pero muchos dirigentes políticos y gremiales no han caído en cuenta. De ahí las críticas estridentes a la propuesta de Gustavo Petro de no realizar más exploraciones de petróleo. La noticia publicada esta semana por El Espectador los debió coger por sorpresa: “Países como Colombia deben dejar de producir petróleo y gas antes de 2050”, afirma un informe dirigido por el profesor Kevin Anderson del Centro Tyndall para la Investigación del Cambio Climático de la Universidad de Manchester.

Para cumplir con la meta del Acuerdo de París, el Centro Tyndall recomienda un estricto cronograma de desmonte de la producción petrolera y de gas que los países productores deben cumplir. No se trata solamente de dejar de explorar petróleo, sino de dejar de producirlo. “Una transición basada en los principios de equidad requiere que las naciones ricas y de altas emisiones eliminen toda la producción de petróleo y gas antes de 2034, mientras que las naciones más pobres tienen hasta 2050 para poner fin a la producción”, señala el informe. Los países más ricos deben reducir su producción a la mitad en seis años y eliminarla en doce. Para los más pobres, la reducción a la mitad debe alcanzarse en 2037 y la cesación total de la producción en 2050. Los intermedios, entre los cuales se encuentran Colombia, México y Brasil, deben reducir su producción en 28 % hacia 2030 y en más del 90% para 2043.

Este tipo de investigaciones muestran que la propuesta de Petro se enmarca dentro la exigencia global de acción inmediata por parte de países grandes y pequeños, ricos y pobres. Tal como sostiene Petro, los países ricos deben apoyar financieramente a los países pobres en el empeño de enfrentar el cambio climático. Esa es una promesa que los poderosos vienen incumpliendo. Las recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos en cambio climático (IPCC, por sus siglas en inglés) y del Centro Tyndall le parecen exageradas a algunos, pero ello se debe al desconocimiento del grado de consenso científico que acompaña a las primeras, de las cuales surgen las segundas.

El Grupo Intergubernamental IPCC está compuesto por 300 científicos de excelencia escogidos meritocráticamente.  Sus informes tienen un riguroso método de investigación en la que participan centenares de personas expertas. La aprobación de los textos se hace oración por oración y cada una debe contar con unanimidad, tanto de los 300 autores integrantes del Grupo como de la mayoría de los gobiernos que integran a las Naciones Unidas.

La urgencia de tomar acción ya se desprende de la alerta reiterada en el más reciente informe del IPCC que afirma que los “los impactos son ya de tal intensidad que la salud del planeta y el bienestar de quienes lo habitamos están comprometidos.” La trayectoria que lleva el mundo ya nos ubica por encima de las metas del Acuerdo de Paris. Hay una peligrosa demora en actuar. De ahí que la propuesta de Petro no solamente sea responsable, sino acorde con los compromisos internacionales de Colombia y con la vida en el planeta.

Bogotá, D. C, 17 de mayo de 2022

*Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo

Por Alonso Ojeda Awad*.- Esta categórica afirmación la expresó en redes sociales el Expresidente Ernesto Samper Pizano, cuando escribió en Twitter: “Duque y la Procuradora violaron los artículos 188 y 277 de la Constitución política, porque antes de que la Corte se pronunciara sobre la Ley de Garantías y la reforma a la Procuraduría, decidieron ponerlas en vigencia, para favorecer intereses políticos y suspender al alcalde de Medellín Quintero Calle”.

La actitud violatoria de Duque sobre la Carta Constitucional ha sido una situación constante y provocadora de este gobierno. Sus ministros constantemente andan, por toda la geografía nacional, tomando descaradamente partido por el candidato presidencial del gobierno, desconociendo que las normas constitucionales son expresamente claras, acerca de: Por ninguna razón los funcionarios públicos pueden tomar partido abiertamente por sus candidatos, so pena de recibir aleccionadora sanción. No se ha conocido ningún llamado de atención sobre tan graves procederes.

El otro episodio bochornoso sucedió cuando Duque estimuló a su comandante del ejército nacional, general Zapateiro a salir en los medios de comunicación a enfrentarse lisa y llanamente con el candidato de la oposición, violando en esta forma claras y antiguas disposiciones democráticas, consignadas en nuestra historia desde los albores del Frente Nacional. Fue precisamente el brillante expresidente Alberto Lleras Camargo quien, en una lúcida intervención en el teatro Patria de Bogotá, dejó muy claro porque los militares activos no pueden hacer política partidista, poniendo en franco riesgo la salud democrática de la sociedad colombiana.

Frente la bochornosa y anticonstitucional sanción al alcalde de Medellín Daniel Quintero, el rechazo y la protesta ha sido a nivel nacional y mundial, sobresaliendo la postura de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, quien exige restituir al alcalde de Medellín en el término de la distancia y advirtió que la suspensión de Daniel Quintero es antidemocrática y perjudica enormemente la imagen internacional de Colombia. En efecto, ella envió una carta al Embajador de Colombia Luis Guillermo Plata donde le manifiesta la profunda preocupación por la decisión de la Procuraduría de Colombia de suspender al alcalde de Medellín, democráticamente elegido.

Ya lo había advertido en mi pasada columna de opinión. Este gobierno de Duque y compañía se ha venido convirtiendo en una dictadura disfrazada de democracia. Presenta un balance trágico con el hecho de “volver trizas” la ansiada Paz de los colombianos y de incrementar en una forma impresionante las violaciones sistemáticas de los DD.HH. de los jóvenes, en el pasado Paro General, y en las comunidades campesinas del Putumayo, donde la subsistencia diaria es un verdadero desafío.

Desde el Comité Permanente de Defensa de los DD.HH. (CPDH), Institución adscrita a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hacemos un llamado fraterno y angustioso a todas las organizaciones sociales a defender hoy, mas que nunca, el legado histórico de quienes nos precedieron en el reconocimiento y la defensa de la Democracia, la Paz, los DD. HH y las libertades públicas.

Bogotá, D. C, 16 de mayo de 2022

*Presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) y Exembajador de Colombia.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Este 13 de mayo se cumplieron los primeros 8 años de la sanción de la Ley 1715 de 2014 “por medio de la cual regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema energético nacional”. Este proyecto fue concebido y radicado por el Senador José David Name Cardozo y como Ministro de Minas y Energía le brindamos todo el respaldo y el apoyo requerido en su trámite en el Congreso de la República. El objeto fundamental de esta Ley es desbrozarle el camino a las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), para su integración a la matriz energética del país.

Uno podría decir que la Transición energética desde las energías de origen fósil hacia las FNCER tuvo su más importante hito en el 2015, gracias al Acuerdo de París (COP21) y a la adopción de los 17 objetivos del desarrollo sostenible (ODS), de los cuales el 7º propende por la “energía asequible y no contaminante”. El Acuerdo de París fue ratificado por el Congreso y por lo tanto el compromiso de Colombia de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% hacia el 2030 es vinculante.

La CREG tardó casi 4 años para establecer el marco regulatorio para poner en marcha la Ley y ello retrazó su implementación. Fue menester que el Ministerio de Minas y Energía expidiera el Decreto 570 en marzo de 2018, dándole un plazo perentorio de 12 meses tanto a la CREG como la UPME para que tomaran las definiciones necesarias para integrar a la operación y medición del Sistema Interconectado Nacional los proyectos de generación de FNCER mediante contratos de largo plazo. Sólo así se pudo desatar el nudo gordiano, posibilitando las primeras dos subastas de renovables en febrero y octubre de 2019, en las cuales se asignaron 2.200 MW. Desafortunadamente la tercera subasta, que se llevó a cabo en octubre de 2021, en la que se asignaron 796.3 MW más, no tuvo la misma fortuna de las dos anteriores y su suerte está rodeada de incertidumbres que han imposibilitado su cierre.

Cabe advertir que la Transición energética no se reduce a la inserción de las FNCER. Va mucho más allá. Además de la electrificación de la economía, apoyándose en las FNCER, hace parte también de esta estrategia la eficiencia energética y la reducción de la huella de carbono en toda la cadena, desde la generación, pasando por la transmisión, hasta la distribución y uso de la energía. En última instancia, la Transición energética se da en procura de garantizar la seguridad energética, robusteciendo, diversificando aún más la matriz energética y de esta manera tornándola más resiliente frente al cambio climático.

La Transición energética cobró un renovado impulso con la expedición de la Ley 2099 del 10 de julio de 2021, también de la iniciativa del Senador Name, dado que, además de reforzar y darle un mayor alcance a la Ley 1715 de 2014, amplió el espectro de sus beneficios incorporando a la matriz energética  otras fuentes renovables tales como la energía geotérmica, el hidrógeno, amén de los incentivos y estímulos para la captura y almacenamiento de CO2, así como al almacenamiento a gran escala de la energía generada mediante el sistema de baterías. De esta manera Colombia se propone aprovechar y desarrollar el gran potencial del cual dispone de FNCER, calculado en 135 GW.

De hecho, hasta el momento ya están instalados y en operación los primeros 224.47 MW de potencia, tanto en autogeneración como en generación distribuida con base en energía solar – fotovoltaica y 24 MW de energía eólica. Esta es la meta volante, pero la meta final es mucho más ambiciosa. Además, ya se adjudicó el primer proyecto de gran almacenamiento de energía en el Departamento del Atlántico, con una capacidad de 50 MW. Adicionalmente se ha trazado la Hoja de ruta del Hidrógeno y se avanza en sendos pilotos para producirlo por parte de ECOPETROL y PROMIGAS, lo cual se constituye en el primer paso en la dirección de convertir a Colombia, particularmente al Caribe colombiano, en el gran HUB energético a nivel regional en Latinoamérica y el Caribe.

Complementariamente, a comienzos de este mes, el Presidente Iván Duque y su Ministro de Minas y Energía Diego Mesa lanzaron en Barranquilla la bitácora para el despliegue de la generación de energía eólica costa afuera, en donde se ha identificado un potencial de 50 GW. El Distrito de Barranquilla acaba de poner la pica en Flandes al concretar una alianza estratégica con la empresa danesa Copenhague infrastructure partners (CPI) para desarrollar un primer proyecto offshore de gran envergadura, con una capacidad de generación de potencia de 350 MW.

Finalmente, como lo recalca el Banco Mundial, ni los parques eólicos ni las granjas solares “existen en un vacío social. Como creaciones humanas, no pueden separarse de los entornos sociales y culturales en los que se diseñan, construyen y operan”. Por ello es que yo insisto tanto en la importancia de la Licencia social, que no es otra cosa distinta que el consentimiento informado por parte de las comunidades asentadas en el área de influencia de dichos proyectos y ello pasa por “el diálogo social para involucrar y protegerlas”, ya que deben ser las primeras beneficiarias de las mismas, pues resulta inaceptable que haya luz en la calle y obscuridad en la casa!

Cota, mayo 15 de 2022

*Expresidente de Colombia y exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por José G. Hernández*.- Los recientes acontecimientos nos llevan a recordar, una vez más, que uno de los valores fundamentales de nuestra organización estatal reside en la garantía de la vida, la integridad, las libertades, los bienes, la tranquilidad y los demás derechos de los gobernados.

Según el artículo 2 de la Carta Política, son fines esenciales del Estado -entre otros- servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. La misma disposición señala que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Por otra parte, la ciudadanía -especialmente en un sistema democrático, como se supone que es el colombiano- tiene derecho a que sus máximas autoridades le entreguen información completa, veraz e imparcial, con mayor razón si están de por medio sus derechos esenciales, su seguridad, la vida y la integridad personal. La transparencia y la sinceridad del gobierno y de la administración en cuanto al ejercicio de sus funciones, es un elemento imprescindible para que pueda existir empatía entre los gobernantes -que son servidores- y los gobernados. Al tenor del artículo 23 de la Carta Política, “los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”.

Estas reglas no se cumplen cuando, en vez de llamar las cosas por su nombre, el gobernante decide que sus comunicaciones con el pueblo se fundan en el eufemismo, la imagen, los anuncios sin realización y la presentación de logros inexistentes.

Vale la pena que el nuevo gobierno colombiano -cualquiera que sea- asuma una actitud distinta, y se conecte con la realidad y las necesidades de los colombianos, y cambie los discursos oficiales sobre frías e inútiles estadísticas, promesas incumplidas de sometimiento y derrota de la criminalidad y los engañosos informes sobre grandes realizaciones y planes de protección estatal, por mensajes de genuino compromiso con los cometidos constitucionales y su realización.

En estos días, por ejemplo, a raíz de la extradición de alias “Otoniel”, líder del autodenominado “Cartel del Golfo” -a la cual se procedió antes de dar paso a la realización de la verdad, la justicia y la reparación de sus víctimas en Colombia-, tuvo lugar un agresivo y criminal “paro armado” durante el cual los paramilitares de esa organización se tomaron literalmente doce departamentos, quemaron casi doscientos vehículos, amedrentaron a la población y cobraron varias vidas inocentes.

El Estado no cumplió su función protectora, como lo anunció, y lo cierto es que, a lo largo de los días de esa actividad delictiva, no hubo "actos aislados", exagerados por los medios de comunicación -como proclamó el presidente Duque-, sino toda una programación y ejecución coordinada de acciones que se extendieron hasta que así lo quiso la organización terrorista. Y las víctimas, indefensas.  

Bogotá, D. C, 14 de mayo de 2022

*Expresidente de la Corte Constitucional.

Por Juan Camilo Restrepo*.- La santa sede no tiene ejército, salvo unos cuantos guardias suizos que cuidan la entrada a la Basílica de San Pedro. No tiene tampoco aviones ni drones. Solo tiene la palabra del Papa como arma preeminente para influir en los asuntos internacionales.

Por eso resulto muy disiente escuchar los términos cómo se refirió recientemente el Papa Francisco al patriarca ortodoxo de Moscú, Kirill, cuando le recomendó que dejara de ser el “monaguillo de Putin”. Con lo cual el Papa quiso enviarle un reproche al patriarca de la comunidad cristiana ortodoxa de Rusia por la manera casi incondicional como ha aprobado la invasión a Ucrania. El patriarca ha llegado hasta bendecir la salida de tropas y de tanques rusos hacia la martirizada Ucrania.

La Santa Sede siempre se ha caracterizado por utilizar un lenguaje moderado y conciliador hacia las cabezas de las otras religiones o de los cristianos ortodoxos. Un cierto ecumenismo amable rodea usualmente al romano pontífice cuando se refiere, o cuando habla, con judíos, protestantes, musulmanes o, en fin, con los cristianos diferentes al credo católico como son los ortodoxos griegos.

En esta ocasión no fue así. Los términos irónicos con que el Papa se refirió a la cabeza de los griegos ortodoxos de Rusia marcan una ofuscada manera de expresar la angustia y el reproche que la Santa Sede siente frente a la invasión militar a Ucrania. Y ante las múltiples violaciones de derechos humanos allí cometidos, que el mundo todo ha presenciado atónito a través de los medios de comunicación.

Pasan y pasan los días y las cosas en vez de mejorar parecen empeorar en Ucrania. Y al interior de Rusia, salvo un puñado de disidentes, la inmensa mayoría de la opinión pública parece acompañar a Putin en su brusco imperialismo.

La comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, junto con la Unión Europea (que no se ha atrevido a lanzar hasta ahora el golpe definitivo que sería suspender la compra de gas y de petróleo a Rusia) han tomado sanciones económicas fuertes contra Putin y su régimen que, sin embargo, no parecen haber tenido hasta ahora la fuerza disuasiva que se esperaba.

Hace más de diez siglos (1054) se protocolizó el cisma con el que rompieron cobijas los cristianos de la iglesia de oriente y los de occidente. Con el inusual lenguaje utilizado por el Papa Francisco en estos días se han revivido los ecos de aquella vieja querella.

Bogotá, D. C, 14 de mayo de 2022

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Gabriel Ortiz*.-Se ha puesto a prueba la paz que inventó el presidente Duque y que ha llevado a Colombia a generar más muertos que la guerra de Ucrania.

El acuerdo de La Habana, se resquebraja y fractura, al tiempo que la esperanza, ilusión y optimismo que empezaban a usufructuar los 50 millones, se ha ido a pique.

Así se sintió durante los 5 días que once departamentos estuvieron en poder del clan del Golfo a raíz de la extradición de Otoniel. Paro armado, pueblos sin luz, gas ni alimentos; incineración de 187 vehículos, 257 violaciones de los DDHH y más de 300 acciones violentas, una cada 20 minutos, pusieron a los colombianos a preguntarse como en la famosa película: ¿dónde está el piloto?

Recorría Centroamérica en misiones oficiales, mientras el país estaba comandado por dos bisoños que no sabían que hacer, y un general -Zapateiro- que no logró desplazarse a Medellín, por seguridad.

Millones de compatriotas, estuvieron más encerrados que durante la pandemia. Ni Zapateiro, ni Molano, ni Palacios sabían para donde pegar. La confusión fue total.

Por fin el presidente Duque se apiadó de este país y regresó, no para decirle a Colombia que, conquistaría la verdadera paz, la de Juan Manuel Santos, para tranquilizar a los 50 millones de compatriotas. No fue así. Solo los anuncios de siempre: consejos de seguridad, drásticas campañas militares y de policía, capturas de “Chiquito Malo” y Siopas, para extraditarlos y las famosas pero dudosas recompensas.

No se le ocurrió hablar de dialogo, como lo imploran la Iglesia y demás entidades, partidos y personas, para acabar de una vez por todas con los grupos subversivos y narcos que se le han multiplicado en estos años. El expresidente Betancur siempre hablaba de dialogar, como única manera de alcanzar la paz y los acuerdos.

El presidente Duque, no dialoga, a duras penas conversa y menos ahora que trata de desconocer las amenazas de muerte que se lanzan contra los candidatos, a los cuales, como lo dice el columnista Ricardo Silva, “se niega en un arrebato de infantilismo” a pronunciar su apellido, como en el caso de Petro. “El que usted dice… el que usted nombra… al que usted se refiere…”.

Igualmente encontró, ¿o tenía planeadas? las suspensiones de funcionarios que osaran, o fueran simplemente acusados de intervenir en política, como él lo viene haciendo. La Procuradora sin sonrojo alguno, aprovechó la falta de independencia de poderes, en este gobierno, para aplicar las “ordoñadas”, del embajador en la OEA.

Así están las cosas en Colombia, con “el gobierno de los 20 años”, que aspira a conservar el poder cueste lo cueste, mientras este pueblo piensa, medita y trata de encontrar al hombre que reemplazará a Duque y su combo, comandados por quien sabemos.

BLANCO: El fallo de la corte sobre la Ley de Garantías. ¿Lo respetarán los culpables?

NEGRO: Se nos fue el colega Jorge Téllez, fundador de nuestro grupo de periodistas económicos. Solidaridad con sus hijos y su familia.

Bogotá, D. C, 13 de mayo de 2022

*Periodista, Exdirector de Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El intercambio de trinos entre Petro y el general Zapateiro, que ya motivó una investigación de la procuraduría contra el general por violar la prohibición de intervenir en política, tiene un trasfondo relevante que es la defensa del honor militar frente a lo que perciben algunos como ofensas de parte de Petro.

El honor es un valor esencial para los militares, y lo definen como la obligación de obrar siempre en forma recta e irreprochable. Por eso la mayoría de quienes han salido a respaldar las declaraciones del general dicen que es su derecho defenderlo, pero creo que al atacar al candidato se está cometiendo el error de culpar al mensajero y no a las malas noticias.

En la misma semana del debate, tuvo lugar la audiencia ante la JEP en la que diez oficiales del ejército reconocieron su participación en los llamados “falsos positivos”, es decir en los asesinatos de civiles inocentes que fueron presentados como guerrilleros caídos en combate. Además, todos ellos señalaron que estos crímenes fueron impulsados por las presiones del alto mando militar, y en particular mencionaron al general Mario Montoya como el instigador.

La audiencia de la JEP no reveló datos nuevos porque ya la misma JEP había confirmado 6.402 casos de civiles no combatientes asesinados a mansalva por militares activos. Esta cifra es tan impresionante, que basta recordar que es más del doble de los civiles muertos en la brutal invasión rusa a Ucrania.

Lo nuevo y conmovedor en la audiencia fueron los testimonios de los oficiales involucrados y su reconocimiento frente a los familiares de las víctimas:

“Yo ejecuté, yo asesiné a familiares de los que están acá llevándolos con mentiras, con engaños. Les disparamos cruelmente, cobardemente, y manchamos su nombre y el de su familia. Dejamos a unos hijos sin padre, a una madre sin hijos. Pido perdón a Dios. Hicimos un teatro para mostrar supuestos combates”.

“Yo no pensaba en el daño que estaba causando, no solo a la víctima, a ese ser humano inocente, sino a la familia. No medía las consecuencias, tenía mi corazón encerrado. O sí sabía, pero no quería darme cuenta del daño que estaba haciendo”.

“Hoy ese hijo tiene unos 14 años. Yo le quité la oportunidad a ese niño de tener un padre, de tener un futuro. Les arrebatamos sueños a hijos, a madres, a familias. Ese dolor que están sintiendo hoy ustedes las víctimas acá, solo lo sienten ustedes. Por una presión de un gobierno no es justo haberle causado tanto daño a campesinos, gente inocente”.

6.402 crímenes son la verdadera afrenta contra el honor militar. El que lo mancha no es el que lo cuenta sino quienes lo cometieron, que no pueden disculparse como manzanas podridas porque se ha confirmado de una política general de incentivarlos.

Hacen más por restablecer el honor militar quienes reconocen los abusos y piden perdón a las víctimas que quienes se empeñan en negarlos.

Cali, 1 de mayo de 2022

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Juan Camilo Restrepo*.- El comité autónomo de la regla fiscal has hecho sonar las alarmas sobre lo que está sucediendo con el fondo de estabilización de los combustibles. Las cifras son realmente escalofriantes:

El déficit del fondo está aumentando a una velocidad pasmosa: entre dos y tres billones de pesos por mes.

A la fecha, el déficit del fondo asciende a $ 14,1 billones, pero de seguir las cosas como van llegaría a $ 33, 7 billones a finales del 2022.

Para que se visualice el significado de esta cifra: ella es equivalente a 30 veces lo que fue la reforma tributaria del 2021. Es decir, se necesitarían 30 reformas tributarias como la última que tuvo el país para enjugar el déficit que se pronostica acumulará este fondo a finales de este año.

Por último: estos cálculos están hecho sobre la base de un precio internacional del barril de Brent de cerca de 100 dólares el barril. Pero si la Unión Europea decreta la prohibición para importar al área comunitaria crudo y gas natural de Rusia cosa que aún no ha hecho- naturalmente el precio internacional de los combustibles se iría por las nubes. E igualmente sucedería con el déficit del fondo de estabilización si se mantiene, como es predecible que suceda, el precio de la gasolina en las bombas de gasolina aislado de lo que acontezca en los mercados internacionales.

Por último: el comité autónomo de la regla fiscal recomienda que el déficit que acumule este fondo debe registrarse como un componente del déficit agregado total de las cuentas fiscales. Lo que por lo demás está muy bien para evitar opacidades en la contabilidad pública.

Este es, por lo tanto, el mayor problema de las finanzas públicas que recibirá el próximo gobierno si en los escasos tres meses que le quedan al actual no se toman medidas concretas y claras para ir enjugando tan gigantesco déficit como el que se está formando.

Colombia ha hecho bien, y, además, probablemente no había otra fórmula factible, que aislar como se ha hecho los precios domésticos de los internacionales. Haber hecho lo contrario habría prendido la mecha del malestar social como ya está sucediendo en países como el Perú, y en la mayoría de los europeos que acostumbran trasladar instantáneamente a los consumidores las variaciones que se presentan en las cotizaciones internacionales. Si hubiéramos hecho lo mismo en Colombia, el precio del galón de gasolina al consumidor estaría bordeando los $20,000.

Pero, naturalmente, esta política de contención de los precios internos que se está siguiendo tiene un costo, que no es otro que la acumulación de un déficit gigantesco en las cuentas del fondo de estabilización. Que, como se recordará, es un pasivo del gobierno nacional a favor de Ecopetrol, al que se le obliga a vender en el mercado doméstico los combustibles a un precio inferior al que podría hacerlo en los internacionales.

El gobierno ha bosquejado que hará algo antes de dejar funciones el próximo 7 de agosto. Ojalá que así sea. ¿Qué puede ser ese algo? Disponer, por ejemplo, en el presupuesto del año entrante, que gran parte de las utilidades que el gobierno recibirá de Ecopetrol irán prioritariamente a enjugar el déficit que se avizora; o anticipar recortes de otros gastos públicos que se destinarán al mismo propósito. Lo que no puede hacer el gobierno es dejar acumular un déficit en el fondo de estabilización de combustibles hasta los niveles explosivos que se están vislumbrando. Pues ello haría inviable las finanzas públicas venideras.

La suerte de este fondo será, pues, una de las piezas mayores que ocupará la redefinición de la política fiscal del nuevo gobierno.

Bogotá, D. C, 1 de mayo de 2022

Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Me propongo llamar la atención de los candidatos sobre la importancia de tomar en consideración en sus programas de gobierno la Agenda de las regiones y sus asignaturas pendientes. Como es bien sabido, Colombia es un país de regiones, caracterizada por la centralización política y la concentración de los recursos por parte de la Nación.

Es tal la distancia entre el centro del país y la periferia, en donde está la Colombia profunda, que ésta, al decir del líder indígena Nasa Feliciano Valencia, está muy distante de Bogotá, que es donde está el centro del poder. Y a menudo sus funcionarios están más cerca de los escritorios que de los territorios. Es tal el centralismo en este país, que mientras no llueva en Bogotá se asume por parte de quienes nos gobiernan que no hay invierno en el país.

Me permito poner sobre el tapete varias iniciativas, las que a nuestro juicio deben estar en la agenda de los aspirantes a ser inquilinos de la Casa de Nariño, por considerarlas relevantes y de interés estratégico para las regiones:

Hacer extensiva a las regiones productoras de recursos naturales no renovables (RNNR) y/o generadoras de energías renovables (FNCER), la aplicación de la Ley 1819 de 2017 y la Ley 1147 de 2020, que les permite a las empresas financiar y ejecutar obras en donde operan con cargo al impuesto de renta que deban pagar a la Nación, bajo la figura de Obras por impuestos. Hoy ello solo es posible en las Zonas más afectadas por el conflicto armado (ZOMAC) y en los municipios en donde se implementan los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET). Esta sería una manera de compensar mejor a dichas regiones, que vieron afectados sus ingresos con el recorte de las regalías directas que venían percibiendo.

Este y los anteriores gobiernos han incumplido su compromiso de fortalecer el Sistema General de Participaciones (SGP), con el objetivo de aumentar las transferencias de recursos de la Nación hacia las entidades territoriales (ET), las cuales se vieron menguadas por los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007. El Congreso facultó al Gobierno mediante la Ley 1962 de 2018, de fortalecimiento de las RAP, para crear una Misión de descentralización (integrada mediante el Decreto 1665 de 2021) para que la misma le recomendara una propuesta de proyecto de acto legislativo para reformar el SGP. Dicha Misión está en mora de presentar sus conclusiones y recomendaciones, para que el Congreso de la República a su vez las tramite. Hay que ir mas allá de las promesas.

Es urgente impulsar una reforma tributaria territorial, con el fin de fortalecer las fuentes de recursos propios de los departamentos y municipios del país. Entre los años 1990 y 2019 se han tramitado y aprobado por parte del Congreso de la República 17 reformas tributarias, en promedio una cada año y medio, todas, absolutamente todas, para arbitrarle recursos a la Nación, ninguna en beneficio de las entidades territoriales. El Congreso de la República, a través de la Ley 1943 de 2018, autorizó al ejecutivo para que integrara una Comisión de expertos para que recomendara los términos de una propuesta de reforma tributaria territorial, la cual le fue presentada al Gobierno hace más de 8 meses, sin que se haya avanzado un ápice.

Es urgente establecer una fecha límite para que la Nación le reintegre a las regiones los $14.8 billones, provenientes del Sistema general de regalías (SGR), de los cuales dispuso el Gobierno Nacional arbitrariamente para financiar el Fondo de mitigación de emergencias (FOME) para enfrentar la pandemia del COVID 19, mediante el Decreto 444 de 2020.

Profundizar y acelerar la Transición energética, que debe ser justa y equitativa. La Transición energética debe ir de la mano de la Transformación productiva para diversificar la economía y reducir su dependencia de la actividad extractiva. Tanto la Transición energética como la Transformación productiva, así como los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) deben ser territorializados, aterrizándolos en las regiones. A estos se debe sumar el cierre de la brecha digital (objetivo 18), ampliando la cobertura de la conectividad de internet, pues, la misma ha ampliado y profundizado la desigualdad social, su cierre contribuye a reducirla. Ello es inaplazable.

Es menester el fortalecimiento y puesta en marcha de una política de fronteras, la cual brilla por su ausencia, se ha quedado escrita, como letra muerta. Definitivamente el papel puede con todo. Por ello la gestión de la política de fronteras amerita contar con una Consejería al más alto nivel que se ponga al frente de la implementación de la Ley de fronteras, le haga un seguimiento e involucre a las regiones en su implementación, concertando e involucrando a las regiones en ella.

De la misma manera, se deben revivir y fortalecer las comisiones regionales de competitividad (CRC) y los planes regionales de competitividad (PRC) que sustentan la Agenda Interna para la Competitividad (AIC), qué hay que rescatarla de los anaqueles oficiales y actualizarla. Este es nuestro principal reto como país, que acusa un enorme rezago en productividad y competitividad y ningún país puede llegar a ser competitivo si sus regiones no lo son.

Cota, abril 30 de 2022

Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

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