Opinión
Por Juan Camilo Restrepo*.-Ante la inminencia de un bajonazo en el crecimiento económico en 2023 se empieza a hablar por algunos de la necesidad de un plan contra cíclico. Pero mencionan un plan al estilo tradicional, es decir, de mayor gasto público para contrarrestar la caída de la economía. Lo que sería una profunda equivocación.
Lo que necesitamos con apremio es que el gobierno Petro deje de arrinconar al sector privado como viene haciéndolo, y que no pretenda sustituirlo con mayor presencia gubernamental. Tal es el verdadero plan anticíclico que debe implementarse para este año de menesteroso crecimiento económico. El gobierno Petro debe entender que el sector público no tiene dinero ni capacidad administrativa para ejecutar todo lo que está proponiendo. Y que el concurso del sector privado resulta por tanto indispensable.
Todos los datos provenientes del sector privado son alarmantes. El instituto colombiano del petróleo, por ejemplo, anuncia que los planes de inversión de este sector con relación al 2022 decaen 33% en 2023. La Andi a su turno informa que los planes de inversión de sus afiliados han caído 25,5% con relación al año anterior.
El Plan de Desarrollo que empieza a discutir el Congreso es un inventario prolífico de anuncios de más y más programas estatales, en donde brilla por su ausencia el sector privado. La desafortunada y peor pensada congelación de los peajes en este año ha traído como consecuencia un retraimiento preocupante del sector privado para participar en nuevos contratos de concesión, sin los cuales se verán gravemente comprometidos los emprendimientos de nuevas obras de infraestructura. Los pocos intentos que se hacen se ven obstaculizados con una maraña de consultas que atrasan o hacen imposibles los emprendimientos privados.
El manotón estatizador que se adivina sobre en el sector de los servicios públicos lanza un manto de duda sobre el futuro de los particulares para coadyuvar con el Estado -como lo autoriza la Constitución- en la prestación y manejo de los servicios domiciliarios.
La catarata de reformas tan anunciadas y poco explicadas que asoman en el horizonte son en el fondo una madeja de nuevos programas estatizantes, en los que el sector privado está casi siempre ausente. Según los últimos estimativos la reforma laboral encarecería entre un 30% y un 35% la generación de empleo. Empujando aún más al país hacia una informalidad sin retorno ni arreglo.
Todo esto lo está percibiendo el mercado internacional que está cobrándole a Colombia los índices más altos de la región para prestarle dinero.
No hay que olvidar que el actor principal en la recuperación económica que tuvo lugar en 2022 fue el sector privado. Los hogares utilizaron aceleradamente sus ahorros, y fue el consumo de los particulares la gran palanca del buen crecimiento económico. No fue el estado ni su gasto público el que lo hizo.
Pero el sector privado está apaleado. Ha debido recibir sobre sus espaldas dos gravosas reformas tributarias que ahora se han acumulado una tras otra (la del último semestre del gobierno Duque y la del primero del gobierno Petro), y encima de eso recibe todos los días epítetos descomedidos del actual gobierno. Debe recuperar sus tasas de ahorro y ante todo la confianza.
Ese es el verdadero plan contra cíclico: que el gobierno actual deje de considerar al sector privado como un convidado de piedra. Y empiece a entenderlo como un aliado indispensable en el desarrollo. Cosa que hasta ahora no ha hecho.
Bogotá, D. C, 5 de marzo de 2023
*Abogado y Economista. Exministro de Estado
Por José Félix Lafaurie*.- Las negociaciones con el ELN no pueden perder de vista su razón de ser, porque la paz no es un intangible, sino un bien público materializado en “la gente”, que en los campos espera liberarse del yugo de los violentos para garantizar el control territorial que sostiene sus rentas ilícitas, y en las ciudades está a merced del microtráfico.
Es “la gente” ese principalísimo objetivo, por el que debemos preguntarnos qué espera Colombia de las negociaciones y cuáles deben ser sus prioridades; todo ello a partir de una convicción: Esto tiene que salir bien, pues otra ruptura con el ELN no es una opción.
Del segundo ciclo quedará una agenda acotada y avanzado el punto de “participación de la sociedad en la construcción de paz”, valorado por el ELN como denominador común de la agenda. Sin embargo, siento que la prioridad debe centrarse en encontrar “elementos transformadores” para cumplirle a la Colombia rural que soporta el mayor peso de la violencia.
No es tarea sencilla, porque la participación y las transformaciones en el territorio deben ser, primero: acotadas con realismo, pues la aproximación a la paz total no es cuestión de un día ni responsabilidad exclusiva del Estado o del ELN, sino una construcción social compleja pero alcanzable.
Los ganaderos cumplimos
Segundo: deben traducirse en acciones tempranas que le devuelvan la confianza al país, pues cuando la esperanza se pierde, las sociedades, como las personas, caen en comportamientos extremos que las alejan aún más de la paz.
Tercero: deben responder a un diagnóstico realista, no ideologizado ni político, de la Colombia rural olvidada, que nos confirmará que “la paz de la patria pasa por la recuperación del campo”.
Cuarto: Así como la participación de la sociedad debe abrir puertas al entendimiento de la realidad rural, las acciones transformadoras deben impactar los territorios, pues la paz no es solo ausencia de violencia, pero el silencio de las armas es condición para su construcción colectiva, y es en el campo donde generar opciones dignificantes de vida alejará a sus habitantes del narcotráfico y la violencia.
El mejor argumento es el ejemplo y, por ello, convendría emprender un “piloto de paz” en una región golpeada por la pobreza y la ilegalidad, a partir de un modelo de participación que convoque a los actores sociales y oriente una gran Brigada de Acción Integral del Estado y la sociedad civil, para producir transformaciones “medibles” en empleo, escolaridad, salud, etc., y también en reducción de homicidios, extorsión, área sembrada, etc.
A partir de ese mensaje de SÍ SE PUEDE, replicar el piloto requerirá una “gobernanza rural”; una acción diferenciada del Estado para una realidad también diferente, que propicie el progreso y las oportunidades, asestando un golpe a la ilegalidad y la violencia.
Solo así dejaremos atrás el abandono y “la gente” sentirá que, de verdad, la paz está cerca.
Bogotá, D. C, 4 de marzo de 20223
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por José G. Hernández*.- No es bueno para el presidente de la República, para la estabilidad de la rama ejecutiva, ni tampoco para el país, ver a unos ministros descalificando públicamente el trabajo de una de sus colegas. Por mucha razón que tengan respecto a cualquier actividad, proyecto o programa gubernamental, el camino indicado no es la división del equipo de gobierno ante los medios de comunicación, sino el debate interno.
En nuestro criterio, el espectáculo que en los últimos días han ofrecido algunos altos funcionarios a propósito del proyecto de ley que reforma el sistema de salud no es edificante. Es inconveniente, y rompe la unidad del gobierno, generando su desprestigio, menoscabando su credibilidad y causando inseguridad en la ciudadanía.
Como lo hemos subrayado en otras ocasiones, a la luz de la Constitución Política es el presidente de la República, en su calidad de jefe del Gobierno, el llamado a dirigir, coordinar y conducir todo lo que atañe a la adopción de las grandes directrices, iniciativas y orientaciones de la administración, desde luego escuchando y dando lugar a la previa controversia interna, pero sobre la base de su liderazgo, en cuanto es él quien resultó elegido por el pueblo en las urnas. No los colaboradores que escogió. Precisamente, para ese efecto de coordinación y acuerdo interno han sido previstos los consejos de ministros, en cuyo seno habrán de ser presentadas diferentes propuestas sobre la acción gubernamental, para su deliberación, con la participación de todos.
Como en todo órgano estatal, no necesariamente hay posiciones unánimes, particularmente en asuntos de suyo controversiales. En ningún gobierno -ni en Colombia, ni en el mundo- se puede exigir la unanimidad. Habrá discrepancias, correcciones y necesidad de acuerdos, pero, concluidas las discusiones, quien tiene la última palabra es el jefe del gobierno. Una vez decide el presidente, ha sido señalado el rumbo por el cual debe seguir todo el conjunto. Si las discrepancias de alguno o algunos miembros del gobierno son de tal magnitud que se hace imposible conciliar, y no pueden apoyar al presidente, lo normal es que renuncien, como hace unos meses ocurrió en la Gran Bretaña, y como lo hemos visto en otros países.
Hacia el exterior, ante la ciudadanía, cuando ya se han adoptado las decisiones y han sido establecidos los puntos esenciales de las políticas, programas y proyectos oficiales, el Gobierno es uno solo, y las discrepancias, dudas e inquietudes han quedado resueltas. Como expresa la Constitución, tales funcionarios asumen responsabilidad y deben ser solidarios con el Gobierno o salir de él.
Ahora bien, no es leal con los colegas filtrar a la opinión pública las discrepancias que han tenido lugar en su interior y que ya han quedado resueltas. Los ministros y directores de departamento administrativo deben actuar de consuno, porque son un equipo. Está muy bien que obren en colaboración armónica, pero dentro del debido respeto a las competencias.
Según el artículo 208 de la Constitución, cada ministro y director de departamento administrativo es jefe de la administración “en su respectiva dependencia”. Bajo la dirección del presidente, formula las políticas “atinentes a su despacho”, dirige la actividad administrativa y ejecuta la ley.
Bogotá, D. C, 3 de marzo de 2023
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Amylkar D. Acosta M*.- Frente al alza desmesurada de las tarifas de energía, ya es tiempo de que pasemos de la protesta a las propuestas. Me atrevo a plantear algunas para su discusión y disernimiento:
Primero, titularizar los recursos esperados en los próximos 5 años, del FONDENERGIA, creado por la Ley 2099 de 2021, que pueden superar los $280.000 millones al año, aproximadamente, constituir un capital autónomo con esos recursos y con ellos financiar programas de formalización que contribuyan a la reducción del fraude y el no pago de la factura de energía.
Obviamente, su implementación se haría con el apoyo y acompañamiento de gobernadores y alcaldes. Otra fuente de financiación de este programa está en los recursos que por $14.8 billones, que tomó el Gobierno Nacional para financiar el Fondo de emergencia durante la pandemia del Sistema de regalías y que deberá reintegrar a las regiones. Huelga decir que las inversiones que se hagan con estos recursos no irían a la tarifa que paga el usuario final.
Segundo, a medida que mejore el recaudo y la calidad de la cartera, gracias a las acciones anteriores, ello se debe reflejar en una baja en las tarifas en lugar de ir a mejorar el P&G de las empresas prestadoras del servicio. Este sería un gana-gana, para las empresas y para los usuarios!
Tercero, debería emprenderse ya, sin tardanza, un Plan de choque, que comprometa al gobierno nacional, a los departamentales y municipales, para la instalación de paneles solares en los techos de las viviendas de los estratos 1, 2 y 3, con lo cual se podrá reducir el valor de sus facturas de energía en un 30%, aproximadamente.
Cuarto, el Congreso de la República debería revisar y reajustar los kilovatios correspondientes al consumo de subsistencia, que sirve de base para la asignación del subsidio al consumo, subvencionado via presupuesto nacional, dado que lo que se reconoce actualmente (173 KWH mes) no consulta la realidad de la región Caribe, cuyas condiciones climáticas obligan a los usuarios a un mayor consumo básico de energía, el cual supera los 200 KWH mes .
Finalmente, un aspecto primordial que debe contemplarse en estos ajustes que deberán hacerse es el que tiene que ver con el cargo por restricciones contemplado en la fórmula tarifaria, toda vez que, después del indexador y de las pérdidas reconocidas, en el caso de la región Caribe, es el otro factor que viene presionando el alza de las tarifas de energía. Como es bien sabido las restricciones son causadas por atrasos en la ejecución de los proyectos, ya sea de generación o de transmisión. Deberían asumirlas los responsables de las mismas y no los usuarios.
Como se recordará, la Resolución CREG 035 de 1995 dejó establecido que el costo total de las restricciones la asumieran por partes iguales los generadores y los comercializadores. Pero, posteriormente, mediante la Resolución 063 del 2000, modificatoria de la anterior, le cargó la totalidad de las restricciones a los comercializadores y por ende a los usuarios que desde entonces la vienen asumiendo íntegramente como uno de los componentes de la fórmula tarifaria. De manera que está en manos de la CREG su desmonte.
Pari pasu con estas medidas se debe avanzar tanto en materia regulatoria como en el diseño y operación del mercado mayorista, ambos deben ser repensados y ser objeto de una reingeniería para responder a los nuevos retos y aplicar las lecciones aprendidas después de casi 30 años de su concepción y puesta en marcha. De hecho la CREG es consciente de ello y ha venido proponiendo ajustes estructurales en procura de que se cuente con señales mucho más eficientes en la formación de precios en el mercado mayorista, lo cual deberá redundar en beneficio de los usuarios.
Ello tiene que ver tanto con la manera como se transa la energía en Bolsa como en lo que respecta al despacho diario, al mercado intradiario, concomitantemente con el mercado en tiempo real, así como la tarifa – horaria y de contera ganar en eficiencia en toda la cadena.
Ello le daría una mayor flexibilidad y dinamismo a cada día de operación. También hay que meterle la mano a los servicios complementarios que permitan el acoplamiento y la integración de las fuentes no convencionales de energía renovables (FNCER), de tal suerte que estas le sirvan de respaldo a las fuentes convencionales (hídricas y térmicas) y estas a aquellas.
Como lo afirma el experto Comisionado de la CREG José Fernando Prada, se trata de “una revisión total de las reglas de funcionamiento con más oportunidades de transacciones, con despachos vinculantes para que se hagan operaciones comerciales en firme en las que se tenga más certeza de los precios de la energía y que tengan más oportunidades para que se puedan ir ajustando las ofertas y que esto refleje las características de todas las plantas”. De esta manera se optimizará el despacho y la operación del Sistema en beneficio de los usuarios, que deberán estar en el centro de esta reforma que se ha venido “cocinando” a fuego lento.
Bogotá, marzo 4 de 2023
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
Por Rubén David Salas Arias*.- La visión del desarrollo económico por décadas se convirtió en un objetivo para muchos países. Varios entraron en el reto y, acompañado de un significativo crecimiento de sus economías, lo lograron con unas políticas económicas pertinentemente alineadas a dicha misión -de acuerdo con un análisis histórico de indicadores de crecimiento y desarrollo podemos pensar en los casos nórdicos (Noruega, Islandia, Finlandia, Dinamarca y Suecia) y asiáticos (Japón, Corea del Sur y Singapur)-. Ese camino siempre será un desafío, porque requiere de reformas estructurales sensatas, un análisis íntegro de la capacidad productiva de la economía y políticas redistributivas con sentido social. Lo bueno, es que la experiencia registrada por las ciencias económicas permite evaluar y repensar las estrategias para tener éxito en la tarea -claro está, si se quiere revisar esas experiencias y aprender de ellas-.
Ampliando el panorama para acrecentar el reto, aparece una nueva arista del desarrollo y es agregar la visión de sostenibilidad. El crecimiento económico debe ser equitativo y de largo plazo. En ese proceso, el papel del Estado está en formular políticas que orienten los resultados económicos con unas características de sustentabilidad, eficacia y equidad. Es decir, se anexa la visión de la protección del medio ambiente y que la intervención estatal debe ser lo más puntual y pertinentemente posible, corrigiendo las fallas de mercado que se presenten desde un amplio conocimiento de los propios mercados.
Las economías tienen que crecer para contar con recursos suficientes para solventar una visión de desarrollo. Esto se logra con la planeación de un país desde un ejercicio multidimensional que comprende un compromiso a largo plazo. Para ello, la participación de los actores sociales es crucial en la promoción y protección de acuerdos en los que subyace una alineación de incentivos en beneficio de toda la población.
En el proceso de la búsqueda del desarrollo, la semilla de la prosperidad está en la inversión tanto privada como pública. Esta funciona como el fuego de las posibilidades de producción, no sólo porque sirve para incentivar proyectos, sino para innovar -el núcleo para el crecimiento económico y la promoción de ingresos-. La inversión desde el desarrollo financiero funciona como un ejercicio de asignación de recursos de manera orgánica que viabiliza la transformación de medios para la producción. La innovación tecnológica es aquella estrategía que optimiza el uso de los recursos, reduce costos, amplía la capacidad productiva, abre nuevos mercados y favorece el bienestar de la población.
Para lograr una innovación tecnológica que fundamente el crecimiento y el desarrollo económico a largo plazo, hay un conjunto de ámbitos para invertir desde una visión de política social: la educación, el trabajo y la salud.
En el primero, el sector educativo es crucial para formar el futuro, porque es el lugar en el cual se prepara a la población para relacionarse con el mundo y las herramientas que les permiten transformarlo. Allí se diseminan los conocimientos de técnica así como de aprovechamiento de la tecnología para contar con un óptimo uso de los recursos y lograr ventajas en la oferta de bienes y servicios. Además de ello, en el marco de la sustentabilidad, pensar en estrategias para la producción consciente en la protección del medio ambiente. Si una sociedad no cuenta con un sistema educativo robusto, puntual, actualizado y en continuo cambio, el mundo la dejará atrás.
En el segundo, el mercado laboral es un reflejo de la capacidad para asignar el recurso del trabajo para ofertar bienes y servicios, a su vez, de la población para recibir ingresos como resultado de la producción. Una población en condición de desempleo implica el desaprovechamiento de mano de obra con potencial de empleo. También refleja un grupo que no recibe los ingresos para garantizar su bienestar. Esto está relacionado con la capacidad de la economía para crear empresas que demanden empleos, y también depende de la capacidad de la academia para formar trabajadores con los conocimientos necesarios para entrar en el mercado laboral. La salud del mercado laboral está atada a la del sector educativo, porque la academia es el insumo para el trabajo. Entonces, debemos conocer qué requiere el mercado laboral e invertir en esas demandas -capacitación-.
En este caso, démosle una mirada a los resultados de las evaluaciones internacionales en temas como: lectura, matemática y ciencias. La palabra funciona como un medio para comunicarnos y expresarnos, y la matemática junto con las ciencias como herramientas para comprender y transformar el mundo. El corazón de la innovación tecnológica está en la capacidad de desenvolvimiento en estas áreas del conocimiento, para repensar y reformar los medios de producción, así como saber comunicarlo al mundo e incluso estar a la vanguardia para no rezagarse en el ámbito productivo.
En ese sentido, también es necesario tener presente la capacidad de la población para conectarse con otros países a partir del dominio de idiomas, ampliando sus posibilidades de interacción, conocimiento y comercio. En ese aspecto se destaca el manejo del inglés como un idioma “universal” -e incluso para el caso colombiano del portugués, porque tenemos un vecino con una economía enorme y capacidades de levantamiento de capital interesantes, con el cual no sabemos hablar-.
En el tercero, el sector de salud garantiza que la población va a estar bien, ofrezca al máximo su potencial de vida y disfrute de la prosperidad resultante de la entrega. Si se protege la salud, esto implicaría una población sana y que no se necesiten altos recursos para recuperar lo pérdido. Además, la ausencia de una salud plena es uno de los determinantes de la pobreza y la desigualdad, debido a que no permite una nutrición adecuada, un desarrollo cognitivo óptimo y, por tanto, resulta en una menor capacidad de recibir ingresos -trampa de pobreza-.
La búsqueda del desarrollo es un deseo de prosperidad social, una obra a múltiples manos que requiere del compromiso de una comunidad en la perseverancia por un futuro mejor. La semilla está en la asignación de recursos desde la inversión tanto privada como pública, con el objetivo de proteger los sectores productivos y fomentar la innovación tecnológica. Este será el fuego del crecimiento y el desarrollo económico. El núcleo estará en la inversión social en educación, salud y empleo, acompañado de una visión de sustentabilidad ambiental, un juicio fiscal que garantice sostenibilidad, así como una tarea en la reducción de la pobreza y la desigualdad, y otros ámbitos más. Los resultados tomarán tiempo porque es una visión a largo plazo, pero el resultado será el bienestar de la población.
* Bogotá, D. C, 28 de febrero de 2023
*Economista y Estudiante de Maestría en Economía de la Javeriana
Twitter: @RDSalasA
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Por Juan Carlos Echeverry*.- Hemos puesto demasiada fe en la política y hemos construido una imagen del presidente como garante de esa fe, otorgándole un halo de omnipotencia, invencibilidad y lejanía de miras, que hace imposible que una persona de carne y hueso pueda ser tanto y poder tanto.
Los votantes esperamos que nos dé salud, pensiones, seguridad en calles y campos, educación a los niños y empleo a los jóvenes, prosperidad a las empresas y regiones y redención a los barrios deprimidos. En fin, ese ser sobrenatural debe poder todo lo divino y lo humano.
Por un hecho aún más incomprensible, aparecen promeseros de paraísos que dicen estar a la altura de la tarea. Que cambiarán todo para bien y crearán paraísos de leche y miel para todos. Solo hay que votar por ellos. Acto seguido, buscan apropiarse de las platas grandes de la economía: todo lo que va a la salud, casi todo lo que va las pensiones, lo que sobreviva del petróleo a pesar de su animadversión, y finalmente más y más impuestos.
Con inocencia fingida, votamos como si ignoráramos que los impuestos y la deuda no alcanza para tanto; más grave aún, que esa persona comandará un Estado inepto, amorfo, insensible, dedicado a servirse a sí mismo, a contratar a hijos, sobrinos, nietos, amantes y amigos de la Corte del presidente y de los senadores, representantes, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. Un estado dotado y dirigido así jamás podría ni lejanamente aspirar a satisfacer tan elevadas aspiraciones. Ese juego de mentiras, unas piadosas y otras atroces, es lo que constituye la esencia de la democracia actual.
Al encarnar el cambio de manera casi Evangélica, esa persona se acompaña de personas (imagino) bien intencionadas, pero inconscientes de la arquitectura del Estado, carentes de un entendimiento mínimo de su tubería, la que lleva el agua potable a las casas y desagua las aguas hervidas; una noción elemental del cableado eléctrico del edificio social, que hace que la luz llegue a los bombillos cuando se prende el interruptor, y de la plomería para que el gas encienda las honrillas; de cómo los pacientes son tratados de sus dolencias y les llegan medicamentos y tratamientos por sistemas de pagos que permiten cubrir a casi la totalidad de la población; del arrevesado sistema que extrae y convierte moléculas del subsuelo y las transforma en combustibles para llenar los tanques de carros, camiones en las gasolinera, los aviones en los aeropuertos y los buques en los puertos marítimos, además de producir un sinnúmero de materiales que van desde fertilizantes para la agricultura hasta plásticos para la vida cotidiana. Etcétera.
Cuando se desconoce la arquitectura económica, los cambios estructurales parecen ser fáciles y rápidos. En una de esas, con tanto cambio súbito y precipitado, demuelen una columna estructural y se les viene abajo la casa.
Al calor de tanto ímpetu transformador piden facultades extraordinarias. Si no se las otorgan, la culpa de no lograr tan meritorias metas y cambios sería del congreso o las cortes, y no del gobierno. Si el Congreso y las cortes no acceden, acudirán a la calle, y en ella al poder popular. El problema es que la calle no la maneja nadie. No es de nadie, y no aguanta de nadie su desencanto.
Por eso hoy países desarrollados (Gran Bretaña) y emergentes (Perú) sufren cada día ante el peso de las calles enardecidas. Esa sucesión de eventos lleva al caos de presidentes fusibles o al totalitarismo. Es la forma como la democracia se estrangula a sí misma.
Bogotá, D. C, 20 de febrero de 2023
*Economista. Ph.D. en Economía de New York University, estudios en Economía Internacional en el Instituto de Economía Mundial, en Alemania, y de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Exministro de Hacienda y Expresidente de Ecopetrol.
Por Paloma Valencia Laserna*.- La reforma a la salud del presidente Petro destruirá un sistema que para que funcione nos ha tomado unos 40 años. Las EPS son el corazón del sistema.
La ley 100 creó las Entidades Promotoras de Salud-EPS-. Las EPS son aseguradoras que pueden ser públicas, privadas o mixtas. El Estado solo le da a cada EPS un valor fijo al año de 1,2 millones de pesos por colombiano no importa cuánto valgan los medicamentos y procedimientos. Esto ha logrado que tengamos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Somos el segundo país de la OCDE con precios más bajos en el sistema de salud y ocupamos el segundo puesto de ciudadanos que menos usa gasto de bolsillo en salud. El sistema les da acceso gratuito a los colombianos al 93,6% de los medicamentos listados en el país y al 96,9% de los procedimientos. De igual manera, el sistema tiene un reaseguro llamado “reservas técnicas” que hoy equivale a 8 billones de pesos.
Las EPS tienen varias funciones fundamentales: gestión y auditoría, que con la reforma quedarían a la deriva. Las EPS garantizan el acceso y se encargan de organizar la red para conectar al afiliado con las IPS-Clínicas y hospitales-. Verifican la IPS -alta, mediana o baja complejidad-, hacen seguimientos de los tratamientos y tienen el historial clínico de los pacientes. La reforma a salud destruye esto para pasarnos a todos a un sistema estatal. Las EPS se acaban.
La idea simplista de la ministra Corcho es que los recursos de toda la salud, de todos los colombianos los maneje el Estado a través del ADRES. Una entidad que sería pagadora y tendría niveles en los municipios y departamentos.
Si pasa la reforma, los colombianos tendrían que ir a unos centros de atención primaria a “afiliarse” y esperar que desde ahí les den las citas, los medicamentos, los redirijan a centros más complejos.
Las EPS hacen las negociaciones de largo plazo para establecer los precios de todos los servicios (exámenes, consultas, medicamentos, etc). Los incentivos ayudan a que se busquen los procedimientos de mejor costo-calidad para los pacientes. A las EPS les ha costado 30 años aprender a negociar y establecer precios fluctuantes en el mercado. Experiencia que se pierde con la reforma. La solución de Corcho es mala. Remplazaría esta negociación con un manual tarifario. Es decir, le pagarían lo mismo a un buen hospital que a uno malo, lo que llevaría a que toda la calidad descienda.
Además, las EPS auditan las facturas de las IPS y hacen los pagos correspondientes. Esto impide la sobre-facturación, verifica que el servicio se haya prestado y sobretodo, evalúa que el procedimiento sea lo que el paciente requiere. Lo que evita que la plata se la roben, como se roban algunos de los dineros del SOAT.
Con la reforma el sistema se quedaría sin asegurador ni auditor independiente. Ahora será el Estado que de manera directa girará los recursos a Hospitales y Clínicas por medio de la entidad ADRES. Está se dividirá regionalmente y será administrada por un Consejo dónde estarán los alcaldes y gobernadores. Le van a entregar la plata de la salud a los políticos. Esto sumado a que el Gobierno entregará el 80% de los recursos sin verificar la autenticidad de las facturas. Hoy las secretarías de salud territoriales no han logrado verificar ni el 3% de las facturas en el 2018 y 2019.
Sin auditor, los médicos tendrán unas juntas autorreguladoras para que ellos mismos determinen si es mucho o poco lo que están recetando.
El gobierno también dará prioridad a los medicamentos que se produzcan en el país así sean de menor calidad y más costosos que en el exterior. El sistema de salud estatizado de Petro será un agujero negro de recursos.
No podemos controlar la corrupción en las ESEs y hospitales públicos, y ahora ampliaremos su campo de acción sobre los recursos de todo el sistema. No solo es arriesgado, sino que además deja por fuera el enorme problema de ineficiencia que tiene el Estado. Pero la fiesta burocrática promete apoyo en el Congreso: crearán 5.167 nuevas entidades gubernamentales con la reforma.
Los colombianos no tendrán libre elección sobre clínicas y hospitales; ni podrán escoger entre prestadores privados o públicos. Quedamos todos en lo público, con su corrupción, su ineficiencia y su alto costo. La sola construcción y organización de los Centros de Atención Primaria le valdrán al Estado 25 billones de pesos. ¿Cuánto costará las otras 5 mil entidades?
Bogotá, D. C, 19 de febrero de 2023
*Senadora del Centro Democrático.
Por Amylkar D. Acosta M*.- Si Colombia renuncia prematuramente y en solitario a los hidrocarburos como una “señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático”, como lo anunció la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez en Davos, con qué vamos a suplir las divisas que dejarían de percibirse y los ingresos que dejarían de recibir los departamentos y municipios. Ninguno de los países petroleros en el mundo se está planteando dejar de firmar nuevos contratos de exploración y producción (E&P). Por el contrario, Noruega, principal productor y exportador de petróleo y gas de la Unión Europea está ofertando 92 nuevos bloques para la exploración. Y ello, no obstante contar con un Fondo soberano, que no tiene Colombia, de US$1.4 trillones, alimentado por la explotación de los hidrocarburos. El Reino Unido, por su parte, hace apenas unas semanas abrió el proceso para adjudicar un centenar de nuevos contratos de E&P.
Cabe preguntarse también cómo asegurar los 350.000 barriles/día que demandan las dos refinerías para garantizar el abastecimiento de combustibles. Bien dijo Aldoux Huxley que “los hechos no dejan de existir porque se ignoren”. La única forma de mantener y/o incrementar la producción de crudo es acrecentando las reservas probadas, que son las únicas con las que se puede contar a ciencia cierta y ello no será posible si se frena la exploración. En ese sentido, como dice el adagio popular, vale más un pájaro en mano que cien volando!
Desde luego que el país no se puede resignar a seguir dependiendo, como depende, de la actividad extractiva del petróleo y el carbón, a sabiendas de que en el largo plazo la demanda se va a contraer y para entonces sobrevivirán para entonces los productores con menores costos, entre los cuales no está Colombia. Se impone, entonces, la necesidad de acompasar la Transición energética con una estrategia de Transformación productiva, con el propósito de diversificar la economía y la canasta exportadora. En ello coincido con la Ministra cuando afirma qué hay que “no sólo se trata de una transformación en la matriz energética, sino de generar otras economías a escala nacional y a escala local”.
Pero, ello toma su tiempo y demanda ingentes inversiones. Según estudio de FEDESARROLLO, liderado por el experto Juan Benavides, el costo anual de la Transición energética hacia el año 2035 sería del orden de los US $38.000 millones y la única fuente de financiamiento con la que cuenta actualmente el país es justamente la que se tiene en la actividad extractiva, por más que se le abomine. Como suele decirse entre los economistas, no hay almuerzo gratis!
A Chile, por ejemplo, le tomó 25 años para convertirse en uno de los mayores exportadores de frutas a nivel mundial, para no depender sólo de las exportaciones de cobre, que son del orden de los US $53.424 millones, que representan el 40.5% de sus exportaciones totales y sus ingresos por cuenta del mercado de las frutas ronda a lo sumo los US $4.800 millones, el 25% de lo que le ingresa a Colombia por concepto de sus exportaciones de petróleo (¡!).
Una actividad a promover, dentro de ese esfuerzo de diversificación, es el turismo, pero el reto es enorme, si tenemos en cuenta que hoy por hoy los ingresos que generan esta actividad le significa a la Nación ingresos del orden de los $4.94 billones, el 17.2% de los dividendos que le gira ECOPETROL a la Nación, que son del orden de los $28.56 billones, sin tomar en consideración lo que le reportan las exportaciones de carbón. El esfuerzo para que este sector logre posicionarse como el gran generador de empleo e ingresos es gigantesco y en ello tanto el gobierno central como las entidades territoriales deben emplearse a fondo para lograrlo. El tiempo apremia!
Lo que no se puede es dar un salto al vacío volteándole la espalda a los hidrocarburos cuando aún no tenemos al alcance de la mano otro sector, otra fuente de crecimiento, empleo e ingresos que lo sustituya. No podemos dejar lo cierto por lo dudoso. Colombia se tiene que cuidar de no incurrir en el mismo error de Alemania, que se apresuró a apagar las plantas térmicas de generación de electricidad y los reactores nucleares sin contar con la capacidad de generación suficiente a partir de FNCER, para después tener que volver a encenderlas. Y ese error lo está pagando caro. Nada nos ganamos con acelerar en neutro. Otra lección de la crisis energética que afronta Alemania y en general los países que integran la Unión Europea es que tanto o más importante que la seguridad energética es la soberanía energética, para no estar a expensas de otros países.
Finalmente, tenemos que decir que así como es de importante que la Transición energética sea justa, única manera de que sea sostenible, también debe ser responsable. Como lo aconsejó el Presidente Luis Ignacio Lula da Silva, “mientras no tengas energías alternativas seguirás usando la energía que tienes”. Esta es una verdad de perogrullo. Como lo advirtió, con mucha antelación a la actual crisis energética global, el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz, se requiere “una transición tranquila y eficiente”, a riesgo de enfrentar “una transición caótica” y, añadiría yo, traumática. Para evitarlo sólo basta tener una buena dosis de sensatez, realismo y pragmatismo.
Santa Marta, febrero 19 de 2023
Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Por José Félix Lafaurie Rivera*.- Un anónimo maestro rural, en Labranzagrande, Boyacá, vereda Guayabal-Cueta, confinado en una escuela desvencijada y sin servicios, viviendo y durmiendo solitario en lo que también es salón de clase, el día que colapsó su contacto con la modernidad, un panel solar, decidió pedir ayuda y decir “Aquí estoy, también soy colombiano”, pensando más en sus cinco alumnos que en su bienestar, para que, en sus palabras, “en un futuro sean personas que le sirvan al país”.
Germán Yanquén personifica la grandeza de su profesión y la resiliencia de quienes habitan la “Colombia profunda”, no porque estén en los confines del país, pues menos de 100 kilómetros separan a Labranzagrande de Sogamoso, importante ciudad industrial, sino porque esa “profundidad” tiene que ver más con el abandono que con la distancia.
Con lo que le quedaba de señal, Germán llamó al programa social de La W y, con su historia, produjo la solidaridad que surge cuando le ponemos rostros a la pobreza. Apareció una planta solar y muchas cosas más, entre ellas una empresa que decidió levantar una nueva escuela, sin importar las dificultades ni el número de alumnos.
Aunque parezca relato decimonónico, se necesitaron cuatro meses y ¡1.200 viajes! a lomo de mula, apoyados por los vecinos y el Ejército, para transportar materiales por trochas que eran, quién lo creyera, mejores en la Colonia, cuando los jesuitas fundaron estos pueblos y construyeron caminos para transportar ganado entre Casanare y la capital, los mismos que soportaron el paso del ejército libertador, los que, desmejorados y peligrosos, transitan los alumnos de Germán.
Hoy Cueta tiene una hermosa escuela, pero su situación anterior es la de miles de escuelas rurales en todo el país, y la educación una de las muchas carencias del campo, abandonado a su suerte por el que, con acierto, Julio Sánchez calificó como “un aparato estatal lento e ingrato”.
Esta historia no termina ahí, sin embargo. El DANE publicó las cifras de crecimiento de 2022, con incremento del PIB del 7,5%; buena cifra, aunque el globo se desinfla al desentrañar la realidad sectorial, cuando menos para el sector agropecuario, el único con crecimiento negativo (-1,95%), y se desinfla aún más para la ganadería, la actividad de los padres de los estudiantes de Cueta, con cifras negativas en los cuatro trimestres de 2022, comparados con los de 2021, lo cual confirma las cifras de FEDEGÁN, de una caída del 5,2% en la producción de leche y del 5,8% en el sacrificio de ganado.
Estas cifras “frías”, traen detrás unas causas, generan consecuencias e imponen retos. Detrás sigue estando el abandono del Estado y de la sociedad, con destellos que iluminan la esperanza, como el que ya vimos. La ilegalidad y la violencia que imperan en la Colombia profunda, y con ellas la pobreza y más abandono, siguen siendo la consecuencia del abandono mismo.
No pude evitar referirme a la historia de Germán en la plenaria de la Mesa con el ELN, en México, para significar que el reto de las negociaciones es buscar caminos para articular recursos y voluntades que permitan introducir elementos transformadores de la realidad rural.
De lograrlo, avanzaremos en un Gran Acuerdo Nacional que, con transformaciones visibles, desarme a los violentos y devuelva la esperanza a los colombianos de esa otra Colombia, que tienen derecho a una vida digna.
Entretanto, Germán Yanquén, ese colombiano del común que logró hacer oír su voz en medio de sus limitaciones, debe ser inspiración para todos: Gobierno, sectores económicos y sociales y, también, para el ELN. Con su actitud y su ejemplo, la esperanza no será esquiva y la paz será posible.
Bogotá, D. C, 18 de febrero de 2023
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- La tasa de cambio por debajo de $ 5.000 está pegada con alfileres. Si éstos se caen, podríamos llevarnos una desagradable sorpresa en los próximos meses. Son varios los factores que le están dando fragilidad a la almohadilla de los alfileres cambiarios.
El primero es la inestabilidad. El gobierno Petro no ha logrado darle un rumbo estable a la política ni a la economía. El presidente se la pasa cazando peleas inoficiosas por Twitter, mientras los grandes asuntos nacionales siguen sin definirse. La revista “The Economist” dedicó en su última entrega un largo editorial al estilo de trabajo de la administración Petro del que no sale nada bien librado.
Uno de los aspectos más criticados por la revista inglesa es el método errático que utiliza Petro para manejar algunas de sus políticas: un día se anuncia una cosa, al siguiente se matiza, y a la postre se termina pactando con los contradictores. El caso del metro para Bogotá es paradigmático. Pero igual sucede con los anuncios epilépticos sobre política energética, EPS y servicios públicos. Asuntos que quizás terminarán ajustándose, pero en el entretanto se habrán perdido preciosas semanas en desgastantes polémicas que parecen encantarle al presidente.
Si el Plan de Desarrollo se aprueba en el Congreso (o si se expide por decreto en el evento de que se venza el término legal para que sea aprobado mediante ley) al gobierno no le va a quedar tiempo sino para reglamentarlo y desarrollarlo. Se piden cerca de doce facultades extraordinarias que deben ser utilizadas a lo largo del 2023 para los asuntos más disimiles, y se crean decenas de programas -y aún entidades nuevas- cuya organización devorará al escaso tiempo que le queda a este desorganizado gobierno. Se acentúa la vía estatizante y se minimiza el papel del sector privado.
Al paso que a la coalición de gobierno se le observan profundas grietas se supone que deberá tramitar en esta legislatura nada menos que un presupuesto adicional, las hasta ahora ignotas reformas pensional, a la salud, y laboral, además de otra decena de proyectos de ley como el de la justicia. Menuda tarea de cuyo éxito depende una gran parte de los alfileres cambiarios. Tampoco hay claridad sobre los costos que tendrán estas reformas. Por ejemplo, la ministra Corcho dice que el de la reforma a la salud será cero o insignificante, al paso que otros cálculos hablan de cuarenta billones (dos reformas tributarias). El ministro de Hacienda debe hacer claridad sobre el costo fiscal de esta catarata de reformas que llegan al congreso. Es su responsabilidad.
Hablando del Plan de Desarrollo llama la atención que allí se señale la intención de gubernamental para empezar a aplicar un arancel llamado “inteligente”, cuando el manejo de todo lo concerniente con el arancel corresponde a la órbita presidencial. Esta es una de las pocas materias que por disposición constitucional no requiere de ley: como se hizo recientemente con el arancel del 40% para textiles y confecciones.
El anuncio del arancel inteligente que trae dicho Plan y que no parece tener un IQ muy alto, puede ser el inicio de una cerrazón inconveniente de la economía lo mismo que de estímulo adicional al contrabando. Tanto más si se sigue ignorando a alguien al que poco se consulta en estas materias: el consumidor.
Siguiendo con el Plan llama mucho la atención el artículo 55 que proponer el “registro universal de ingresos” que llevará Planeación nacional con el propósito plausible de refinar la focalización de subsidios y de la oferta de ayudas sociales. Lo dudoso sobre esta iniciativa es que ella se apoyará, entre otras fuentes, en una “autodeclaración universal de ingresos”, de conformidad con reglamentación que expedirá el departamento de planeación. Quedan varias incógnitas: ¿La autodeclaración será obligatoria? ¿Está el departamento de planeación en capacidad de manejar una autodeclaración universal de ingresos de todos los ciudadanos que habitan el país? ¿No se va a asustar la gente de que está información sirva para propósitos fiscales?
A todas estas la inflación sigue altísima -no ha empezado a declinar como se había previsto- e igualmente altos continúan el déficit en la cuenta corriente y las tasas de interés.
Otro alfiler que está bailando es el de la “paz total”. No ha resultado fácil intentar pescar la paz con atarraya, es decir simultáneamente con varios grupos criminales y con el Eln, en vez de hacerlo con anzuelo como se había hecho en ocasiones anteriores.
Los tumbos que se dieron con el hijo de ‘La gata’ la semana pasada a quién finalmente se le despojó de la condición erradamente otorgada de facilitador y la tremenda confusión que se ha armado con unos ceses al fuego mal diseñados y peor anunciados con los grupos de delincuencia organizada como el de las disidencias de las Farc (que se anunciaron desde el pasado 31 de diciembre del 2022 pero que solo hasta ahora se divulgan), muestra que en esto de “la paz total” estamos caminando por el estrecho desfiladero de la confusión total. Y, recordémoslo: éste es el principal alfiler del que está colgada la estabilidad cambiaria.
Bogotá, D. C, 18 de febrero de 2023
*Abogado y economista, abogado, político y economista colombiano, especializado en derecho económico y administrativo. Exministro de Estado.
