Opinión

Por Amylkar Acosta*.- A riesgo de asumir el papel de Casandra, me atrevo a plantear que si bien es cierto no hay razones objetivas para afirmar que estamos ad portas de un riesgo inminente de racionamiento del servicio de energía, como aconteció hace ya 30 años, si estamos en presencia de un riesgo sistémico inmanente de racionamiento. Me explico.

Es indubitable que en las últimas tres décadas se ha construido un sistema eléctrico sólido, que ha ganado en eficiencia, que cuenta con una matriz mucho más robusta y diversificada, la cual le ha permitido al sistema sortear con éxito recurrentes fenómenos de El Niño, que, como el de 2016 llevó al límite la capacidad de las hidroeléctricas del país, sin que este se apagara.

Colombia se ufana de tener una matriz limpia, dado que su capacidad instalada de generación es predominantemente hídrica, pero este que es un atributo que se pondera en su justa dimensión, constituye a su vez en el talón de Aquiles del sistema eléctrico, tornándola muy vulnerable frente a los embates del Cambio climático.

La exposición es mayor habida cuenta que entre los embalses que sirven a las hidroeléctricas en el país sólo uno de ellos, El Peñol, tiene capacidad de regulación anual, mientras el 80% de ellos no supera los tres meses. Venimos de un fenómeno de La Niña que ha durado tres años, por ello resulta aventurado vaticinar su intensidad y duración.

A esta circunstancia, ya de por sí preocupante se le viene a añadir el atraso de la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de expansión eléctrica. Como lo afirma Camilo Marulanda, “el mercado colombiano de energía esperaba en el período 2018 – 2021 el ingreso de más de 4.000 MW de capacidad, sólo han entrado en funcionamiento 600 MW”. A estos atrasos de la expansión de la capacidad de generación se suman los atrasos en varios proyectos clave de trasmisión.

La Ministra de Minas y Energía le da un parte de tranquilidad del país afirmando que “las reservas hídricas del país están por encima de los últimos 20 años” cuando al corte del 16 de mayo reportaron un nivel de sólo 58.25%. Bajo esa premisa arguye la Ministra que “no tenemos en este momento una alerta de racionamiento. Quien esté mandando ese mensaje está generando pánico”.

Alejandro Lucio, Gerente de Óptima Consultores, experto como el que más en el tema, conceptúa que “las cuentas están muy apretadas. Si hablamos de un Niño que se prolonga, las cuentas están muy justas y yo no descartaría un racionamiento”.

Este descalce entre la oferta limitada una demanda de energía creciente, que pasó de un crecimiento del 3.34% en 2022 al 5.24% actual, viene presionando al alza los precios de la energía en Bolsa y estos, a su vez, presionan al alza también las tarifas que paga el usuario final.

Así las cosas, yo le recomendaría al Gobierno reactivar la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación energética del país (Cacsse), integrado, además del Ministerio que lo preside, por ISA, la Creg, la Upme y el Consejo Nacional de Operaciones (CON), una especie de Puesto de mando unificado (PMU) del sector energético. La situación actual lo amerita.

Bogotá, D. C, 21 de mayo de 2023

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- Cuando escribo estas líneas, la crisis que causó la “pausa” en las negociaciones con el ELN se superó con un comunicado conjunto, del que resalto “la firme decisión de permanecer en la mesa”, así como “el compromiso de lograr en este ciclo los acuerdos de cese al fuego bilateral y nacional, participación de la sociedad en la construcción de paz y acciones y dinámicas humanitarias”.

Dios nos asista para que así sea, porque no es tarea fácil, sobre todo porque el cese al fuego no se puede separar del cese de hostigamientos a la población derivados de las actividades ilícitas del ELN; son “siameses”, como ambos lo son de la participación de la sociedad en la construcción de la paz.

No es un juego de palabras. Si por “cese al fuego” entendemos los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el ELN, este nunca será posible mientras no cesen las actividades ilícitas, porque la Fuerza Pública está obligada constitucionalmente a perseguirlas, como está obligada a defender a la población del fuego cruzado entre grupos ilegales por el control territorial, convertido en azote de las comunidades en los territorios.

Por las mismas razones, tampoco será posible que la sociedad participe “libremente” en la construcción de la paz, hostigada, constreñida como está por el sistema de sometimiento de hecho que genera ese entorno de violencia multiforme.

Ahora bien, el cese al fuego y de hostilidades son inseparables de la participación social, mas no iguales y, por tanto, tienen prioridades y tratamientos diferentes, aunque el remedio aplicado al uno siempre afecte al otro, como en los siameses. ¿Cuál es entonces la prioridad?

Cuando el ELN declara que el corazón del proceso es la participación de la sociedad, importante, por demás, no le ha preguntado a esa sociedad cuál es para ella el corazón del proceso. El Gobierno, por el contrario, tiene claro que el diálogo con el ELN es “coherente con la súplica constante de las comunidades para cesar la violencia (…) porque el pueblo nos juzga por lo que sucede en los territorios”. Esa es la vara con la que miden las negociaciones los directamente afectados y el país todo.

Es importante avanzar en la participación, pero me pregunto: ¿acaso no es más importante garantizar primero la vida, la seguridad y la libertad de quienes queremos que participen? ¿Cómo brindar protección a la población que se invita a participar?

La respuesta debe inspirar el acuerdo sobre cese al fuego, porque están de por medio miles de compatriotas que sufren y están pegados a la esperanza. Un proceso exitoso con el ELN, sin disidencias ni renegados; con realismo y, sobre todo, con “voluntad”, que debe haberla, le mandará al país un fuerte mensaje positivo, aunque solo sea un primer paso hacia la paz.

Entretanto, el Gobierno seguirá lidiando con las mafias y las nefastas externalidades del proceso con las Farc, como las disidencias de Iván Mordisco, que lo acusan con desfachatez de incumplimiento, porque la Fuerza Pública no se queda impasible mientras se dan bala con unos y otros y agreden a la población para mantener control territorial y proteger sus rentas ilícitas.

Esa violencia dispersa es uno de los riesgos de un cese nacional, pues cualquier incidente puede ser “fósforo en gasolinera”. Por ello coincido con la propuesta del presidente Petro de un cese regional y progresivo, que permita control efectivo, resultados tempranos, implementación de acciones humanitarias prioritarias y, además, la presencia articulada del Estado con “brigadas de bienes públicos”, como el arma más eficaz contra el narcotráfico y la violencia, porque… ese bienestar esquivo es el verdadero camino hacia la paz.

Bogotá, D. C, 20 de mayo de 2023

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Paloma Valencia Laserna*. - La promesa del candidato Petro fue que el petróleo de Colombia se reemplazaría con turismo. Esto equivaldría a pasar de los 2,1 millones de turistas a más de 13 millones. Sin embargo, hoy el gobierno avanza en acabar el sector petrolero y está ahogado al sector turístico, también.

En vez de fortalecer el sector turístico, el gobierno Petro derribó toda la política de estímulos tributarios que se habían creado y al que se debía su impulso y su posterior recuperación tras la pandemia. El gobierno Petro le puso IVA del 19% a los hoteles y aumentó el IVA del 5% al 19% a los tiquetes aéreos.

Lo que le pasaría al sector se advirtió durante los debates de la tributaria, y hoy los hechos son evidentes: las dos aerolíneas de bajo costo se quebraron.

Semana Santa fue terrible, según ANATO, las frecuencias de vuelos pasaron de 5.462 en abril de 2022 a 4.713 este año. Una caída del 14%. La salida del mercado de Ultra Air y Viva Air que manejaban 18 rutas aéreas en el país es una de las causas.

Y hay que señalar también que Viva se pudo salvar, aprobando la integración con Avianca. El gobierno dilató la decisión y luego impuso condiciones que lo hicieron inviable. Primero negaron, luego de la apelación tuvieron que pasar meses y que la aerolínea suspendiera operaciones para que la Aerocivil diera un visto bueno. Ultra Air también había pedido ayuda al gobierno nacional por su situación financiera y jamás recibieron una respuesta.

Algunos especulan que las demoras del gobierno para actuar y responder ante la crisis de las dos aerolíneas eran premeditadas, que buscaban su quiebra para que sus rutas quedaran libres y entonces hubiera la posibilidad de asignárselas a Satena y completar el proyecto del gobierno de una gran aerolínea estatal. Sin embargo, difiero de esa interpretación. Soy más negativa: Todo se debe a desorden, improvisación y falta de capacidad técnica.

La ocupación hotelera estuvo entre 43,2 % y 51,3 % en Semana Santa. Una disminución de hasta 15,5 puntos porcentuales comparado con el 2022. En la isla de San Andrés la ocupación llegó solo a un 30%. Cientos de personas salieron a marchar en las pasadas semanas en contra de las políticas contra el sector turismo del gobierno Petro. Según Cotelco en 13 departamentos del país se reportaron pérdidas económicas donde algunos superaron el 40 %. Ese sector genera más de 1,3 millones de empleos.

No contentos con el golpe tributario al turismo, ahora lo sepultarán con la reforma laboral. La coordinadora ponente del Pacto Histórico, reconoció que uno de los sectores más afectados será el sector hotelero. El aumento de los costos laborales destruirá lo que queda.

Según cifras del Banco de la República, en los últimos tres meses del 2022, la inversión extranjera directa del sector comercio, restaurantes y hoteles cayó un 61,5% respecto al 2019. Y no sorprende, pues entre más se complica la seguridad menos turistas llegan. El anuncio en EE.UU. de no visitar Colombia concuerda con el aumento de la violencia.  En el Meta, por ejemplo,“Iván Mordisco” prohibió el turismo cerca al Sumapaz. En Palomino, la Guajira, comerciantes denuncian que están siendo extorsionados. El secuestro ha aumentado en más del 103% y la extorsión en un 27% en el primer trimestre del año.

La promesa de cambiar petróleo por turismo se ha convertido en solo un anuncio. Siempre dijimos, para construir un sector turístico fuerte no había que destruir los hidrocarburos. Para construir algo, nunca hay que destruir lo que existe. Para mejorar la salud, no hay que destruir el sistema de salud, para ser más equitativos no tenemos que acabar con los ricos ni con los empresarios. Esa apuesta destructiva siempre es fácil, pero la de construir es difícil. El cambio es acabar con el sector hidrocarburos mientras se ahoga al sector turismo.

Bogotá, D. C, 19 de mayo de 2023

*Senadora de Centro Democrático

Por José G. Hernández*.- Manifesté hace poco en el excelente foro llevado a cabo en la Universidad del Rosario sobre la Constitución de Rionegro, que uno de los fundamentos del sistema democrático radica en la estabilidad del ordenamiento jurídico, comenzando por la Constitución. Lo decía a propósito del conocido carácter rígido de la Carta de 1863.

Las constituciones escritas, a diferencia de las consuetudinarias, tienden a ser rígidas, difíciles de reformar, por cuanto exigen el cumplimiento de requisitos formales que garantizan su permanencia.

La Constitución de 1991 es formalmente rígida. Su modificación, bien que tenga lugar mediante acto legislativo del Congreso, por decisión de una asamblea constituyente o por referendo -las tres modalidades de reforma actualmente previstas-, exige trámites y requisitos que se deben observar a plenitud, so pena de inconstitucionalidad. Además, como ha sostenido la Corte Constitucional en cuanto hace al fondo de las enmiendas, hay límites competenciales: las reformas no pueden sustituir la esencia misma de la Carta Política.

Desde luego, no somos enemigos de las reformas constitucionales. No hay obra humana perfecta, lo cual implica que siempre podrá ser revisada. Una constitución irreformable tiene el peligro de ser revaluada por los hechos, por la evolución de la sociedad, por los cambios de naturaleza política, económica, social, ecológica, que se producen, en el plano interno o en el internacional.

Pero todo extremo es vicioso. Una Constitución, por su misma naturaleza, tiene una vocación de permanencia. El pueblo tiene derecho a la vigencia de sus normas, a su integridad y a su coherencia. No puede ser modificada por el mero capricho de quienes tienen la facultad de hacerlo, o por el prurito de corregir lo que quizá no necesita ser corregido; ni por motivos de coyuntura o de conveniencia política transitoria.

La Constitución requiere estabilidad. Las permanentes reformas, introducidas para fines que no son claros para la colectividad, ajenos al consenso de la ciudadanía, configuran verdaderos abusos del poder de reforma. Debilitan la Constitución. La convierten en un estatuto frágil y siempre provisional.

La Carta Política de 1991 se acerca ya a las sesenta reformas de carácter permanente -unas contradichas por otras- y son varias las iniciativas de modificación que se siguen proponiendo, la mayoría de ellas innecesarias, cuando lo cierto es que buena parte de las normas vigentes se han quedado escritas; no se cumplen; se han convertido en pura teoría.

Repito que no se trata de cerrar la puerta a las enmiendas constitucionales, sino de pensarlas, proponerlas e introducirlas con sindéresis y responsabilidad, cuando sean verdaderamente necesarias o aconsejables, con miras a mejorar o a actualizar el ordenamiento, en beneficio de la sociedad, no para satisfacer intereses menores o sin trascendencia institucional.

Una reforma constitucional debe ser concebida, discutida y examinada de manera prudente y seria. Sus proponentes deben justificarla. Debe referirse a asuntos de verdadera importancia y se debe confrontar con lo ya establecido, para evitar repeticiones, contradicciones, incoherencias, reglas improvisadas o inaplicables.

Piénsese, por ejemplo, si tiene algún sentido que un acto legislativo en trámite modifique la Constitución solamente para satisfacer a los viciosos consumidores de marihuana, dándole carácter “recreativo”, y propiciando su libre y dañina comercialización.

Bogotá, D. C, 18 de mayo de 2023

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Fernando Cepeda Ulloa*.-El domingo pasado 7 de mayo los chilenos volvieron a las urnas para tomar una decisión fundamental: la creación de un Consejo Constitucional que tiene el encargo de redactar una nueva Carta Magna.

Recordemos que la manera como los políticos chilenos encontraron una salida a la explosión social de octubre de 2018 fue con el Acuerdo para la Paz que señalaba el camino para construir una nueva Constitución elaborada por una Convención Constitucional (155 miembros) elegida popularmente. El Centro-Izquierda obtuvo una mayoría. Digamos que fueron momentos gloriosos para la izquierda que además logró llevar a la Presidencia a Gabriel Boric, un conocido líder estudiantil, menor de 40 años.

No tuvieron igual fortuna en la elección del Congreso y, mucho menos, cuando sometieron la propuesta de Constitución elaborada por la Convención, al voto popular. Ésta fue rechazada (septiembre 2022).

Por lo menos se cometieron dos errores protuberantes: la izquierda se comportó en la Convención autocráticamente, imperialmente. Los convencionistas que no pertenecían a esa mayoría se quejaron una y otra vez de que sus iniciativas o propuestas no eran tomadas en consideración. Semejante actitud tan excluyente, tan lejana de un auténtico espíritu democrático, no fue bien recibida por la opinión pública. Y, entonces, entró en operación otro error protuberante: someter a referendo popular este nuevo texto constitucional.

Existe una opinión bastante predominante en el sentido de que no es conveniente someter textos complejos a la decisión popular porque éstos suelen recibir un voto desfavorable. Así se ha verificado en varias ocasiones, por ejemplo, el voto sobre la continuación o no de la Gran Bretaña en la Unión Europea o el Acuerdo de Paz en Colombia. Los expertos conocedores del tema dicen que los ciudadanos no están en capacidad de captar toda la complejidad de textos como estos y que circunstancias muy pasajeras resultan siendo determinantes de la decisión popular.

El procedimiento que se utilizó en Colombia, desde sus comienzos, durante los debates y al final en su aprobación definitiva en la Asamblea Constituyente mostró que había un amplio consenso nacional que inclusive había incorporado el asentimiento de varias guerrillas y la favorabilidad de una ciudadanía que había participado activamente. No fue necesario contemplar un referendo y la aceptación de la Constitución llega hasta nuestros días.

Así las cosas, el presidente Boric, y es un hecho político muy notable que hay que subrayar, al reconocer que la oposición había ganado el nuevo referendo, el Partido Republicano con el 35% de los votos y Chile Seguro con el 21%, en una votación obligatoria que contó con el 85% del potencial no sólo aceptó estos resultados como le correspondía, sino que ofreció un consejo que no se puede pasar por alto. Le pidió a la nueva mayoría que tiene a su cargo la elaboración de la nueva Constitución que no cometiera el mismo error de sus copartidarios de la izquierda que resolvieron ignorar las opiniones de las minorías en la anterior Convención Constitucional, hecho que buena parte de los analistas consideran como uno que fue un factor que determinó la desaprobación de la nueva Constitución (septiembre 2022).

Es que en Colombia estamos recorriendo el camino inverso. Comenzamos con un Acuerdo Nacional muy bien acogido por la opinión pública en el cual liberales, conservadores y la U aceptaron formar parte del gobierno para facilitar así la gobernabilidad democrática del gobierno de izquierda. Y ahora el propio presidente radicaliza el proceso al anunciar el entierro de la Coalición, al destituir siete ministros (ya antes había destituido tres) y al reorganizar su gabinete con funcionarios que lo ayudaron en su gestión como Alcalde Mayor y otros que forman parte de su círculo más cercano.

En Chile se está pasando de la radicalización a la búsqueda de un consenso nacional.

Tenemos a la vista dos procesos con itinerarios diferentes. Veremos cuál alcanza el objetivo deseado.

Bogotá, D. C, 14 de mayo de 2023

*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado.

Por Amylkar D. Acosta M*.- La conmemoración de los 160 años de la Constitución de 1863, más conocida como la Constitución de Rionegro, de corte federalista y que perduró hasta 1886, cuando Rafael Núñez, al alimón con Miguel Antonio Caro, la derogaron y prohijaron otra eminentemente centralista, es la ocasión propicia para repensar la arquitectura institucional actual, cuya armazón corresponde a lo establecido en la Constitución Política de 1991, que le puso término a la centenaria Constitución de 1886. En este contexto ha resurgido con fuerza y vigor una corriente ideológica y política, así como en la órbita académica que propende por el federalismo en Colombia. Esta es una cita que tenemos con el futuro para la cual las regiones deben darse una hoja de ruta.

Desde luego que las circunstancias de hoy no son las mismas de la era decimonónica, pero son muchas las lecciones que nos dejó la vigencia del federalismo, que se prolongó desde 1853 hasta 1886, durante 33 años.
La primera de ellas es que, contrariamente a la narrativa que ha propalado la especie de que el federalismo fue una etapa caótica de nuestra historia, marcada por el desorden, el relajo y la falta de sindéresis, autores muy serios como el ex ministro de Hacienda José Antonio Ocampo y el profesor Salomón Kalmanowitz coinciden en que en la misma primó la responsabilidad fiscal y la dinámica de la incipiente economía post colonial.

La fórmula dicotómica de la centralización política y la descentralización administrativa, paradigma de la Constitución de 1886, fue reemplazada en la Constitución de 1991 por la declaratoria de Colombia como República unitaria, en lo cual coincide con la de 1886, pero, además de descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, las que ahora, además de los departamentos, municipios y distritos, las regiones como tales también se pueden constituir como entidades territoriales, lo que era impensable enantes.
No es dable pensar con el deseo que Colombia está preparada para dar el salto hacia el federalismo, este es un punto de llegada a la tierra prometida y no un punto de partida, se deberá dar un proceso que nos conduzca hasta llegar a dicha meta.

Hay que empezar por demandar el cumplimiento del mandato de la Constitución de 1991, que avanzó al trascender el concepto de descentralización, limitado, como afirmó el ex presidente del Consejo de Estado Javier Henao Hidrón, a la “capacidad de gestión administrativa” por parte de las entidades territoriales, al de la autonomía, entendida como la “capacidad de decisión política”. Desafortunadamente durante los 32 años de vigencia no solo no se ha reivindicado la autonomía territorial sino que se ha dado una recentralización que la ha tornado nugatoria.

Cito dos ejemplos patéticos de la recentralización: a contrapelo de la descentralización y de la autonomía, al tiempo que se le han venido trasladando funciones y competencias por parte de la Nación a las entidades territoriales, pero sin recursos, violando el artículo 356 de la Constitución que advierte que ello no debe darse sin asegurarles los recursos necesarios y suficientes para asumirlos, los recursos se han venido concentrando, cada vez más, en manos de la Nación.

Es el caso del recorte de los recursos de la Bolsa del Sistema General de Participaciones (SGP) mediante los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007. De otra parte, entre los años 2000 - 2022 se han aprobado 14 reformas tributarias, todas ellas para arbitrarle recursos a la Nación, ninguna para el fortalecimiento de las finanzas territoriales.

De modo que para enrutarnos por la vía del federalismo tenemos que empezar por que la Misión de descentralización creada por el Gobierno anterior revise la fórmula del SGP, consultando y volviendo sobre la fórmula primigenia aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. Solo de esta manera se puede reparar y resarcir el zarpazo dado por el centralismo a la capacidad de gestión de los departamentos, municipios y distritos.

Adicionalmente debe tramitarse por parte del Congreso de la República la largamente aplazada reforma tributaria territorial, para lo cual ya se cuenta con la base de las recomendaciones contenidas y compendiadas en el Informe final entregado en julio de 2020 por parte de la Comisión de estudio del Sistema tributario territorial y engavetado por el gobierno. 

Y un aspecto clave, sin el cual no se podrá avanzar hacia un esquema de estados regionales, sin pretender calcar el de la Constitución de 1863, es la Ley Orgánica de ordenamiento territorial (LOOT), llamada por el reputado ex constituyente Orlando Fals Borda la Ley madre, que tiene que ver con el reparto de los recursos y competencias entre los varios niveles de la Administración, que sigue siendo una asignatura pendiente, porque la Ley 1454 de 2011 no pasa de ser un remedo de LOOT.

Bogotá, mayo 11 de 2023

*Econoimista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- No le conviene al país la confrontación entre el presidente y los medios de comunicación. Como en todas las discusiones hay un poco de razón en ambas partes, pero es necesario bajarle el tono al debate público porque ni el gobierno está imponiendo ningún tipo de censura, ni coartando la libertad de prensa, ni los medios son los responsables de las críticas al gobierno de varios sectores del país. La culpa no es del mensajero.

Dicho esto, y reiterando que considero que es indispensable el papel del periodismo, sobre todo el de investigación, para la lucha contra el autoritarismo y la corrupción, creo que siempre es oportuna un poco de crítica a la falta de objetividad con que algunos medios titulan ciertas noticias.

Me refiero a los titulares porque estos siguen teniendo una amplia influencia en la opinión pública; no solo porque mucha gente no pasa del titular al contenido de la noticia sino sobre todo porque los titulares son los que salen cuando se “googlea” un tema y porque se reproducen con mucha facilidad en las redes sociales.

Unos cuantos ejemplos de temas económicos que conozco. El más controversial es el de los nuevos contratos de exploración de petróleo. La ministra de minas ha declarado varias veces que no habrá nuevos contratos aunque en otras ocasiones, incluso en un comunicado conjunto con otros ministros, ha afirmado que el tema está en estudio y que se definirá cuando se tengan los datos más recientes de reservas de petróleo del país.

Precio de la Gasolina y Transición Energética

Más allá de la ambigüedad de la posición oficial, lo que definitivamente no es cierto es que el gobierno haya dicho que se va a acabar la exploración de petróleo; por el contrario piensa seguir con los cerca de 200 contratos ya firmados y está reactivando 35 que estaban parados. Sin embargo el 19 de enero RCN dio un titular falso: “Anuncian que no habrá más exploración de gas y petróleo”. Semana, un poco más cautelosa lo plantea como pregunta: “¿Se suspenderá la exploración de petróleo?”.

El error trasciende a los medios internacionales. El 28 de enero el titular del Wall Street Journal fue “Colombia dice no a la exploración de petróleo”. De manera similar el Financial Times del 10 de mayo tituló así su reseña de una entrevista al nuevo ministro de hacienda: “Colombia duplica su apuesta para dejar el petróleo y el gas”. Se le olvidó informar que el ministro dijo que este era un proceso de por lo menos 15 años.

Otro ejemplo es la forma como se reportaron el 10 de mayo los resultados de Ecopetrol del primer trimestre. “Ganancias de Ecopetrol cayeron 13.6% en el primer trimestre de 2023”, fue el titular de El Tiempo; “Roa recibe Ecopetrol con caída de la utilidad” dio La República y “Cayeron las utilidades de Ecopetrol, el Estado recibirá menos plata” fue el titular digital de Cambio.

Estos titulares no son falsos pero si engañosos. Es cierto que las utilidades cayeron frente al año pasado (4.9%), pero a pesar de la caída del precio del Brent la utilidad antes de impuestos subió 12%. La razón es que los impuestos aumentaron 44%. Por eso no es cierto decir que el Estado recibirá menos plata; por el contrario está recibiendo mucho más por la reforma tributaria.

No pretendo dar lecciones de periodismo, pero sí creo que titulares más objetivos contribuirían a un debate más desapasionado.

Cali, 14 de mayo de 2023

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por José Félix Lafaurie*.- Es una convicción personal, pero también una postura de FEDEGÁN frente al acuerdo con el Gobierno para la compra de tierras para Reforma Agraria, el cual seguiremos honrando.

El 11 de mayo, en San Marcos, Sucre, el Gobierno entregó las primeras tierras adquiridas en virtud del acuerdo; inmejorables, no solo por su condición agrológica y ubicación en las goteras del pueblo, sino por su dotación de riego, con pozo profundo y pivote central, y por el excelente manejo de quien fuera su propietaria, la empresa Agrolonja, con niveles ejemplares de productividad y certificación de manejo sostenible.

La empresa vendedora, además, desplegó una gran labor social en educación, transferencia tecnológica, construcción de vivienda y generación de empleo, del cual dependen 142 familias, lo cual muestra esa otra cara de la ganadería que desbarata estigmas injustos en su contra.

Por ello, esta primera entrega es un reto para la Agencia Nacional de Tierras, que recibe un núcleo productivo consolidado y con indicadores de excelencia. Desmembrarlo representaría una pérdida para la ganadería y la economía regional; preservarlo como piloto de proyecto asociativo de ganadería sostenible, sin menoscabo de las asignaciones individuales de tierras, representaría la redención económica y social para los asociados. Vale mencionar que la empresa es proveedora certificada de carne al grupo Éxito, por lo que conservar este y otros enlaces de cadena sería “arrancar con pie derecho”.

Las narrativas del odio

A FEDEGÁN, como parte del acuerdo, le interesa que este reto salga bien y, por ello, aporta su capacidad certificada de Entidad Prestadora del Servicio de Extensión Agropecuaria, EPSEA, para brindar Asistencia Técnica a este proyecto productivo ganadero y a todos los que vengan.

A eso nos comprometimos y eso cumpliremos, pues otro punto de encuentro con el Gobierno fue reconocer que la sola propiedad no redime de la pobreza, sin las condiciones que hacen la tierra productiva, como es el caso de las entregadas, en el cual, cualquiera que sea su organización, la asistencia técnica será definitiva..., y ahí estaremos.

Finalmente, dos mensajes. El primero para invitar a los ganaderos interesados en vender, a que hagan sus ofertas a través de FEDEGÁN o ante la ANT. Esta primera experiencia, con una persona jurídica inclusive, nos señala que el Gobierno está en disposición de cumplir con precios y condiciones aceptables.

El segundo para el Gobierno. Los ganaderos cumpliremos el acuerdo, porque creemos en su eficacia para consolidar una clase media rural que impulse la recuperación del campo; y lo haremos a pesar de la inclusión del artículo 61 del Plan de Desarrollo, que abre caminos a la expropiación y alcanzó a destruir algo de la confianza construida con la ANT en las regiones donde lo promovimos con éxito.

La confianza está detrás de los resultados..., los resultados están detrás de la paz.

Bogotá, D. C, 14 de mayo de 2023

*Presidente de FEDEGAN

Por Gabriel Ortíz*.- Mientras el presidente Petro y el Fiscal Barbosa, enfrentaban una efervescente y ególatra polémica en busca de sus jefes, para establecer quién manda a quién, millares de niños de apartadas y cercanas regiones, a quienes robaron su internet, deben abandonar las aulas escolares, para escapar a la opresión de una hirsuta guerrilla que los secuestra, asesina y les arrebata el candor y la inocencia. Sus juegos infantiles sus ilusiones y las primeras letras deben cambiarlas por entrenamientos para eludir las minas antipersona, las balas y las amenazas.

Sus coros y plegarias han cambiado por sangrientos estribillos: “las minas son para herir, matar y mutilar. “La noche no es para caminar”. “De la guerrilla, no nos dejemos llevar”.

Y mientras el país sigue buscando los jefes del Presidente y el Fiscal, el presente y futuro es cada vez más incierto para la niñez. Sus maestros, son atropellados y extorsionados por guerrilleros que los despojan de parte de sus salarios y los párvulos quedan en manos de grupos que los secuestran e incorporan a sus filas.

En Colombia los presidentes tienen como jefes al pueblo que lo eligió y los llevó a la Casa de Nariño, mientras el Fiscal, tiene muchos jefes, si nos atenemos las personas que aparecen, impartiendo órdenes, que Barbosa cumple, como lo afirman en sus últimas columnas, los colegas Daniel Coronell y Gonzalo Guillén.

A Duque y Barbosa se les fue la mano. El último fue tan provocador, que con altanería llamó al primero dictador, y lo culpó de cuanto pueda sucederle -¿atentados?-.

En una democracia, en un Estado de Derecho, no se pueden presentar irritaciones semejantes, entre funcionarios de tan alto calibre. Petro sabe que el Fiscal se consideró la segunda persona más importante, durante el gobierno de Duque y que ahora aspira a ser Jefe de Estado.

Esta nación y esta población están horrorizados, inmersos en el miedo y el pánico con lo que ocurre. Estamos en poder de multitud de grupos subversivos que lo manejan todo. Guerrilla, clanes del golfo, disidencias, ex y paramilitares, pandillas de venezolanos, delincuencia común y como quiera llamarse a todos los facinerosos que nos dominan. Petro lanzó un ultimátum al clan del golfo, que de inmediato rechazaron. Los otros siguen en su horripilante y aterradora acción para entrar en la llamada paz total, pero a cuentagotas, porque actúan sin descanso en campos y ciudades, asesinando, extorsionando y amedrentando a indígenas, afros, campesinos y a toda Colombia, sin piedad. Los acuerdos no van a ninguna parte. No admiten tregua alguna, ni sometimiento.

Los alzados en armas, el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal, la coca, la marihuana, la extorsión, el asalto, el crimen en campos y ciudades no dan tregua. En Colombia se atenta contra todo, mientras todos quieren ser patrones. ¿Quién manda a quién?

BLANCO: Habrá reingeniería de la policía. El nuevo comandante William Salamanca, restablece la unidad Cais-ciudadanía.

NEGRO: Nadie se explica, cómo una persona que se expulsa de un partido político, sigue siendo militante. Con Roy Barreras se le fue la mano al Consejo de Estado.

Bogotá, D. C, 11 de mayo de 2023

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por José G. Hernández*. - En próximos días el Congreso dará trámite al proyecto de ley denominado “Trabajo por el cambio”, que el Gobierno Nacional ha presentado en materia laboral, con el objeto de busca rescatar derechos y garantías que se han venido desconociendo, como las referentes a la jornada máxima, la remuneración de las horas extras, la estabilidad de los trabajadores, la igualdad y la equidad de género, entre otros.

Con independencia de la suerte que corra la iniciativa durante los debates en la rama legislativa, lo cierto es que sigue siendo incumplida la orden que impartiera el Constituyente de 1991, hace ya treinta y dos años: “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo” (Art. 53 de la Constitución). La norma contempla principios mínimos fundamentales -igualdad de oportunidades;  remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a beneficios mínimos; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades; garantía de seguridad social, capacitación, adiestramiento y descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad-, que han venido siendo desarrollados mejor por la jurisprudencia de la Corte Constitucional que por el legislador.

No se olvide que el trabajo es uno de los valores esenciales del sistema político y uno de los cuatro fundamentos señalados en el artículo 1 de la Carta, al lado del respeto a la dignidad humana, la solidaridad y la prevalencia del interés general. A la vez, su artículo 25 subraya que se trata de un derecho y de una obligación social que “goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado”. Al tenor del precepto, inherente al Estado Social de Derecho, “toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.

Al respecto, la Corte Constitucional ha sido terminante: “El mandato constitucional de proteger el trabajo como derecho-deber, afecta a todas las ramas y poderes públicos, para el cumplimiento de uno de los fines esenciales del Estado: garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes que genera esa labor humana. La especial protección estatal que se exige para el trabajo alude a conductas positivas de las autoridades, así como al diseño y desarrollo de políticas macroeconómicas que tengan por objeto fomentarlo y promoverlo, de modo que quienes lo desarrollan (los trabajadores) puedan contar con suficientes oportunidades para acceder a él y con elementos indispensables para derivar de su estable ejercicio el sustento propio y familiar.  Pero también implica, al lado del manejo económico, la creación de condiciones normativas adecuadas a los mismos fines, esto es, la previsión de un ordenamiento jurídico apto para la efectiva garantía de estabilidad y justicia en las relaciones entre patronos (oficiales o privados) y trabajadores”. (Sentencia C-479 de 1992).

En lugar de pactos entre gobierno y partidos para lograr el efecto político de la aprobación del proyecto gubernamental, lo que se debe buscar es la realización integral, objetiva y razonable de los aludidos propósitos constitucionales.

Bogotá, D. C, 10 de mayo de 2023

*Expresidente de la Corte Constitucional.