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Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Logo de la Campaña de OIM y Colombia.- Más de 34.000 millones de dólares al año., es el dinero que genera la trata de personas, el delito más lucrativo del mundo, sólo por detrás del tráfico de drogas y la venta de armas. Una tragedia que supone una grave violación de los derechos humanos y que afecta a unos 21 millones de personas en todo el mundo. Colombia se ha propuesto combatirla con la ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
"Ante la trata, no se haga…". No se haga indiferente, no se haga inmune; en definitiva, no mire para otro lado. Este es el lema de la campaña que han puesto en marcha el Gobierno de Colombia y la OIM, en el marco de una estrategia de prevención contra el tráfico de personas que arrancó en 2014.
Desde entonces, el país sudamericano ha atendido a más de 250 víctimas de trata en el exterior. Ocho de cada diez son mujeres, y en un 60% de los casos el objetivo de los traficantes era la explotación sexual, seguida de la laboral y, en menor medida, del llamado "matrimonio servil" o "forzado".
En declaraciones a la prensa con motivo del Día Mundial contra la Trata, celebrado el pasado 30 de julio, la Canciller colombiana, María Angela Holguin, explicaba que los estudiantes de los últimos años de secundaria son un público muy importante dentro de este proyecto.
"Les ofrecen contratos para ir a trabajar fuera por 6.000 dólares al mes. Lo más increíble es que esos contratos estaban en inglés y ellos los firmaban sin hablar inglés. Firmaban cualquier cosa y estaban dispuestos a irse porque les iban a pagar esos 6.000 dólares".
Esta quinta fase de la iniciativa está destinada a jóvenes de entre 15 y 35 años de cuatro municipios fronterizos, áreas que suelen convertirse en destino predilecto de las redes de trata, ya que les permite salir del país más fácilmente. En los últimos años, las víctimas colombianas fueron trasladadas principalmente a China, Argentina, México, Ecuador o Perú. Se trata de una de las claves del tráfico de personas: aislar a la víctima, lejos de su familia, para hacerla más vulnerable.
Los datos globales de la OIM corroboran esta práctica, asegura el Jefe de organización en Colombia, Alejandro Guidi. "En los últimos diez años, la OIM ha apoyado la asistencia de cerca de 40.000 víctimas de trata a nivel mundial. El 80% fueron explotadas en el exterior y un 20%, dentro del país. El 16% de las víctimas era menores de edad y el 84% eran adultos. La edad promedio de los adultos es de 29 años en mujeres y de 30 años en hombres. Respecto a los niños, niñas y adolescentes, la edad promedio es de 11 años".
Cada año se registran en el mundo 357.000 nuevas víctimas de trata. El Gobierno de Colombia y Naciones Unidas insisten en que todos podemos contribuir a combatir el tráfico de personas. Como mínimo, denunciando, alertando, concienciando.
Por Redacción Ecos. Foto: Reuters El Parlamento Francés prohibió definitivamente que los diputados contraten a familiares como asistentes, una medida que forma parte de la ley de "moralización de la vida pública".
La medida, que fue votada este jueves por última vez en la Asamblea Nacional, también afecta a los ministros, a los senadores y a los cargos públicos locales, e impide la contratación de la familia más cercana (cónyuge, padres e hijos, así como los de la pareja).
No obstante, el texto deja la puerta abierta a las personas que únicamente tengan un "vínculo familiar" a partir de segundo grado, a condición de que los diputados lo declaren por escrito.
El proyecto de ley fue aprobado masivamente, con 383 votos a favor, tres en contra y 48 abstenciones.
Esta prohibición fue anunciada durante la campaña presidencial por el actual jefe del Estado, Emmanuel Macron, después de que el antiguo candidato conservador, François Fillon, fuese imputado por haber otorgado un empleo ficticio a su esposa durante décadas como asistente parlamentaria.
El Parlamento todavía debe votar, el próximo 9 de agosto, el otro texto de la "Ley de Moralización", que incluye la supresión de la opaca "reserva parlamentaria", un fondo de 146 millones de euros que permite a los parlamentarios financiar proyectos locales, entre otras medidas.
El Nepotismo es una de las prácticas más frecuentes de la Corrupción Política en el contexto de la administración pública, responsable de la falta de idoneidad de los funcionarios y de posibles acciones con el peculado de uso y el tráfico de influencias.
Por Redacción Ecos. Foto: andes.infoec.- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), abrió las postulaciones para los Premios Interamericanos a la Innovación Financiera y Empresarial 2017, que son entregados anualmente en el FOROMIC, el evento líder para el apoyo y financiamiento de las microempresas de América Latina y el Caribe.
El FOMIN hace un reconocimiento anual a las instituciones e iniciativas innovadoras enfocadas en apoyar la inclusión financiera y el desarrollo de las MIPYME en América Latina y el Caribe. Este año, el tema de enfoque de los premios será la inclusión financiera y el uso de tecnología digital en dos categorías:
1.- Instituciones financieras que promueven la inclusión Esta categoría reconocerá a instituciones proveedoras de servicios financieros que hayan tenido éxito utilizando tecnologías digitales para llevar productos y servicios inclusivos a segmentos poblacionales o microempresariales desatendidos o excluidos, contribuyendo a generar valor económico y a mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe.
2.- Servicios financieros al pequeño agricultor. Esta categoría reconocerá innovaciones en el uso de tecnologías digitales para mejorar la calidad de productos y servicios a pequeños productores agrícolas, ganaderos, o acuícolas en la región de América Latina y el Caribe. El premio busca identificar iniciativas destacadas de una gama amplia de proveedores en el ecosistema agrícola con el fin de promover la inclusión financiera y fortalecen la productividad y resilencia de pequeños productores.
El cierre de las postulaciones es el 31 de agosto de 2017. La ceremonia de premiación se llevará a cabo en la XX edición del FOROMIC, a celebrarse del día 31 de octubre al 1 de noviembre en Buenos Aires, Argentina.
Para conocer requisitos y demás informaciones, puede consultar el siguiente enlace: http://www.fomin-events.com/foromic/2017/web/es/premios.php.
Por Luis Fernando García Forero.- Con los cambios de sus cercanos colaboradores, el Presidente Santos golpea a su partido de la U, pero fortalece su entorno personal con amigos de su entera confianza, lo cual podría precipitar en el Congreso la aprobación del transfuguismo con el apoyo de quienes se sienten maltratados por el Gobierno.
Pese a que el Jefe de Estado continúa alimentando la Unidad Nacional para asegurar las mayorías en el Congreso, que le permitan continuar con la aprobación de los proyectos que implementan los Acuerdos de Paz, viéndolo desde el punto de vista numérico de la participación política, el Partido de la U, no sale bien librado y mucho más, si se le suma que el ministro de agricultura Aurelio Iragorri está de salida, pues ya presentó su renuncia.
Cambio Radical, el Partido Liberal y el Partido Conservador, no pueden quejarse dentro de la participación en el Gobierno. La U tiene otra debilidad más: no tienen en el horizonte inmediato el nombre del candidato presidencial. El senador Roy Barreras declinó su aspiración, mientras que el jefe natural de la U y Presidente Juan Manuel Santos dejó por fuera del camino a su ex ministro y ex embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón.
Así las cosas, el partido de Gobierno es el más golpeado por el mismo Gobierno. El Partido Conservador perdió la Alta Consejería pero les retribuyeron la jefatura de Findeter. La Unidad de Víctimas cambió de nombre pero sigue la cuota del Partido Liberal con la designación de Yolanda Pinto. El Partido del silencioso dirigente Germán Vargas Lleras, máximo jefe de Cambio Radical, mantuvo su cuota con Jaime Pumarejo en Vivienda.
En los cambios efectuados por el Presidente Santos se mantiene la cuota del Ministerio de Transporte, salió Jorge Eduardo Rojas y volvió Germán Cardona Gutiérrez, amigo personal del Jefe de Estado.
En el Ministerio de Industria y Comercio, Santos siempre ha tenido a una persona de sus afectos, llega su amiga María Lorena Gutiérrez en remplazo de Clara Lacouture.
Lo que podría desinflar el globo de la bancada de la U podría ser el remplazo del Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri, quien ya se despachó con su renuncia. Mientras que el Partido Conservador lucha por recuperar esa cartera, los congresistas de la bancada del partido de Gobierno tienen la esperanza de continuar con esa cartera. El poder del conservatismo, quien tiene representación en la Presidencia del Senado con Efraín Cepeda y con Lina Barrera en la Vicepresidencia de la Cámara, podría influir para asegurar dicho Ministerio.
El caso de ICBF también dejó molestos a los de la U. La salida de Cristina Plazas le abrió un espacio al Partido Liberal, quien la remplaza el actual gerente de Colombia Mayor, Juan Carlos López.
El jefe de Estado ratificó la cuota de cambio Radical en la Superintendencia de Notariado y Registro. Nombró a Juana Yolanda Bazán, quien es una santandereana que representó al partido Liberal en la Cámara de Representantes y ahora milita en las huestes del senador Bernabé Celis.
“Mejorar la calidad de vida de los colombianos, construir la paz y ofrecer nuevas y mejores oportunidades para todos”, fue una de las justificaciones del Presidente Santos al anunciar los cambios de sus colaboradores, después de la renuncia protocolaria de sus ministros, asesores y directores de entidades gubernamentales.
El resultado para ver si acertó el jefe de Estado será corroborado en el desarrollo del trabajo legislativo donde las votaciones de los principales proyectos gubernamentales, principalmente los que implementan los acuerdos de paz, reflejará si esas mayorías se mantienen solidas en la llamada Unidad Nacional, o se debilitan.
Pero el detonante sobre el tema, será la Reforma Política. Allí se reflejará aún más el camino que abre el horizonte en el proceso electoral. El transfuguismo, para el reacomodo de muchos congresistas, e inclusive si se aprueba listas cerradas, medirá las fuerzas en torno a la campaña Presidencial en el 2018.
Amanecerá y veremos, pues el tiempo se le está agotando no sólo al Presidente en su recta final de mandato, sino también al Congreso, que también ha sido fundamental para sacar adelante la paz de Colombia.
Por Redacción Ecos. Foto: David Oliveros.- En la Secretaría General del Senado, el Ministro del Interior, Guillermo Rivera, acompañado de los Ministros de Justicia y Defensa, Enrique Gil y Luis Carlos Villegas, radicó el proyecto más importante de esta legislatura, la ley que reglamenta lo aprobado en el Acto Legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El Ministro del Interior explicó que los principios que orientan este proyecto de Ley Estatutaria de JEP son la competencia material territorial temporal, la definición de órganos y funciones, el derecho aplicable y el régimen sancionatorio y extradición.
Este proyecto tiene 154 artículos y es el desarrollo del acto legislativo que creó el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El Ministro Rivera afirmó que "antes de la radicación escuchamos observaciones de congresistas, del fiscal y a las comunidades indígenas".
"El acto legislativo dice que los terceros podrán acogerse a este sistema, pero en casos en que hayan participado en delitos de lesa humanidad, reclutamiento de menores y violencia sexual, entre otros", explicó Rivera, quien manifestó que espera que, antes de septiembre, este proyecto haya terminado su trámite y sea Ley de la República.
Sobre la responsabilidad de mando, el ministro señaló que "está incluida la responsabilidad de mando de agentes del Estado y se consagra la responsabilidad de mando de las FARC".
"Las conductas de narcotrafico podrán ser conexas con delito político siempre y cuando hayan sido relacionadas con ese delito", añadió el jefe de la cartera política.
En términos generales, la Ley Estatutaria de la JEP pondrá en marcha lo aprobado en el acto legislativo y se aplica para guerrilleros, agentes del Estado y miembros de la Fuerza Pública, respectivamente.
Los objetivos de la JEP son la protección de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Funcionará durante diez años, una vez las salas y secciones comiencen a funcionar, y se podrá prorrogar por cinco años más.
Las sanciones contempladas en esta jurisdicción son de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad para quienes acepten su responsabilidad, alternativas (de 5 a 8 años de prisión para quienes acepten responsabilidad antes de que se emita sentencia en su contra) y ordinarias (de 15 a 20 años de prisión en condiciones ordinarias para quienes no admitan responsabilidad y sean condenados por el Tribunal para la Paz).
El debate sobre la Ley Estatutaria de JEP iniciaría en 15 días, en comisiones primeras conjuntas.
Redacción Ecos. Foto: Juan David Tena.- El Presidente de la República Juan Manuel Santos designó como nuevo Alto Comisionado para la Paz a Rodrigo Rivera, en remplazo de Sergio Jaramillo quien le pidió al Jefe de Estado “un alto en el camino”, aunque seguirá trabajando por la paz desde el cargo de Embajador en Bruselas y ante la Unión Europea, cargo que ocupa el exministro y expresidente de la Cámara de Representantes Rivera Salazar.
En una declaración en la Casa de Nariño, el Presidente Santos sostuvo que aceptaba la petición de Jaramillo, después de años de gestión que condujeron al Acuerdo de Paz con las Farc con la firma en el Teatro Colón.
“Aquí delante de los colombianos le digo muchas gracias. Gracias por esa labor tan extraordinaria”, le manifestó el Presidente de la República a Sergio Jaramillo Caro. Sin embargo, el Jefe del Estado le solicitó a Jaramillo tomar vacaciones y luego “seguir luchando por la paz”.
El Jefe de Estado resaltó que “hoy precisamente en que las Naciones Unidas anunciaron que comienzan a extraer las armas de las zonas veredales, pues un día muy importante (…) porque eso quiere decir que el fin del proceso se está protocolizando, el fin de la dejación de las armas”.
Añadió que “ya esto protocoliza el fin del cese al fuego que se decretó ya hace algún tiempo, es decir, el fin de la guerra, de 53 años de guerra. Y yo no tengo sino palabras de agradecimiento con el doctor Sergio Jaramillo, quien ha decidido escoger esta fecha tan importante, tan llena de simbolismo, momento en que comienzan a extraerse las armas de las zonas veredales, para decirme que quiere hacer un alto en el camino y retirarse como Comisionado de Paz”, precisó el Mandatario.
Por su parte Rodrigo Rivera Salazar, natural de Pereira, es abogado, especializado en Desarrollo Económico y Derechos Humanos en American University Washington College of Law como becario Humphrey.
Fue Presidente de la Cámara de Representantes, senador, precandidato presidencial y Ministro de Defensa al comienzo del gobierno del Presidente Santos, en el 2010.
En noviembre de 2011 fue designado como Embajador de Colombia ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y Jefe de Misión ante la Unión Europea.
El Presidente de la República afirmó que Rodrigo Rivera “ha hecho también una labor extraordinaria como embajador” y “ha sido una persona comprometida como el que más con este proceso”.
El nuevo Comisionado –dijo– seguirá “adelante con todo este proceso, con todo el equipo que ha venido ayudando y ha venido trabajando con tanto espero y con el cual también, repito, tenemos una inmensa deuda de gratitud.
El Presidente Santos dijo que mientras asume el cargo de Comisionado de Paz Rodrigo Rivera Salazar, estará encargada de ese despacho Mónica Cifuentes, integrante del equipo del Comisionado Jaramillo.
“Mientras tanto, voy a encargada de la oficina del Alto Comisionado a otra persona que ha jugado un papel muy importante, que es la doctor Mónica Cifuentes, la mano derecha del doctor Sergio Jaramillo y que ha sido una colaboradora mía desde la época del Ministerio de Defensa y ahora en el gobierno, y con quien también tenemos una inmensa deuda de gratitud”, puntualizó.
Por AFP. Foto: Globovision.com.- ¿Radicalización? ¿Diálogo? ¿Estancamiento? La elección de la Asamblea Constituyente añadió más incertidumbre a una Venezuela en caos, donde el presidente Nicolás Maduro tiene ahora un arma para gobernar sin límites, pese a su baja popularidad. Aquí tres posibles escenarios de la crisis.
Radicalización
La Constituyente nació en medio de las mayores protestas opositoras para exigir la salida de Maduro, que dejan unos 125 muertos y miles de heridos y detenidos en cuatro meses.
El mandatario asegura que la oposición no le dejó más alternativa para resolver la crisis, pero sus adversarios -que denuncian una “salvaje represión”- afirman que el objetivo es instaurar una dictadura para aniquilar los pocos contrapesos al gobierno, como el Parlamento y la Fiscalía.
“Está cantada la radicalización política y económica posconstituyente”, sostiene el presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, indicando que al atrincheramiento será de ambas partes.
Los opositores, que no participaron en las votaciones del domingo por considerarlas fraudulentas, anunciaron que mantendrán su lucha de calle, empujada además por el colapso económico.
El politólogo Luis Salamanca advierte que “todos los actores van a estar en riesgo, unos porque pueden ser barridos del mapa como los opositores; otros, porque al seguir forzando la barra pueden provocar conflictos y rupturas” en el chavismo.
Maduro planteó este lunes a los constituyentes levantar la inmunidad a parlamentarios opositores -amplia mayoría- y “tomar el mando” de la Fiscalía, cuya jefa Luisa Ortega rompió con él y denuncia una “ambición dictatorial” del presidente.
“Viene la fase más dura y definitiva de la confrontación”, considera Salamanca, a lo que se añade la sanción este lunes de Estados Unidos contra Maduro por una “ruptura del orden constitucional”.
Washington, quien ahora considera al presidente como un “dictador”, también amenazó con castigos económicos a Venezuela, que tiene a ese país como uno de los principales destinos del petróleo, prácticamente su única fuente de ingresos.
Los analistas también vislumbran un aislamiento internacional. Estados Unidos, España y siete países latinoamericanos desconocen la Constituyente.
Diálogo
Maduro, cuya popularidad se sitúa en 21,8% según Datanálisis, llamó este lunes a un “diálogo nacional”, tras revelar que su gobierno mantuvo recientes acercamientos con la oposición que no prosperaron.
A instancias del Vaticano, las partes celebraron conversaciones a finales de 2016, que fracasaron entre acusaciones mutuas de incumplimiento de lo pactado.
“No se debería descartar la posibilidad, por cierto muy remota, de que el régimen buscaría aprovechar este proyecto autocrático tan extremo para negociar mejores términos para salir de la crisis”, opina Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, con sede en Washington.
La oposición afirma que cualquier negociación debe tener como punto de partida unas elecciones generales, pero el gobierno descarta esa posibilidad y dice que el cuello de botella son las divisiones en la cúpula opositora.
“La Constituyente es una carta de fuerza política. Tras su instalación (el miércoles) puede ser que el gobierno empiece a negociar”, comentó no obstante la psicóloga social Colette Capriles.
Con la Constituyente “veremos un país mucho más débil, primitivo y peligroso, que terminará haciendo después lo que antes hubiera evitado mucho dolor: negociar, pero en peores condiciones”, sostiene Luis Vicente León.
Una encuesta de julio de Datanálisis estableció que 50,1% de los venezolanos está muy en desacuerdo con retomar el diálogo, contra 44,2% que se muestra a favor.
Estancamiento
La politóloga Francine Jacóme vislumbra un tercer escenario en el que se mantendrían las actuales condiciones: protestas, “represión”, exigencia de elecciones adelantadas, un gobierno atrincherado intentando ganar tiempo y deterioro socioeconómico.
“Sería el mantenimiento de lo que hemos visto en los últimos cuatro meses”, aseveró Jácome, quien advierte que la violencia podría recrudecer con una presencia más activa de “grupos paramilitares” ligados al gobierno, que niega su existencia.
Esta analista anota que la configuración de la Constituyente será clave en cualquier escenario. Aun cuando en la práctica estará controlada por una fuerza política, se podrían “ver claramente los distintos grupos y las fisuras en el chavismo”, dijo.
De momento, el poder electoral ya confirmó la elección de la línea dura del oficialismo, que será la llamada a manejar los hilos de la asamblea.
Por Redacción Ecos. Foto: Zona0.com.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Colombia celebró el Proyecto de Ley presentado en Congreso de la República, que busca reglamentar el “ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad”.
“Invito a la sociedad a tomar mayor conciencia frente a las personas con discapacidad y a fomentar el respeto de sus derechos y dignidad, así como a reconocer sus capacidades y gran aporte en relación con el lugar de trabajo y en el mercado laboral”, señaló el Representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland, en un comunicado de su despacho.
El texto del proyecto de ley busca establecer medidas específicas para la garantía del derecho a la “capacidad legal plena” de las personas con discapacidad mayores de edad.
“Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones. En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona”, agrega el Proyecto de Ley.
La Oficina del Alto Comisionado advirtió además que la norma actual “está en contradicción con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, ratificada por Colombia en 2011.
“El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recomendó al Estado Colombiano, en 2016, derogar toda disposición del Código Civil y otras normas que restrinjan parcial o totalmente la capacidad jurídica de personas con discapacidad”, añadió la Oficina del Alto Comisionado en su comunicado.
“Este proyecto propone reemplazar las figuras de la interdicción y la inhabilitación, por sistemas de toma de decisiones con apoyo. Asimismo, se rectifica un problema real en la legislación colombiana y se reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad legal en igualdad de condiciones con las demás”, resumió Howland.
Por Felicia Saturno Hartt. Foto: ONU Press Ginebra.- La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH. solicitó este a las autoridades de Venezuela, que respeten el derecho de sus ciudadanos a la libertad de expresión, asamblea y manifestación pacífica.
"Estamos muy preocupados por la prohibición de los derechos básicos de expresión y manifestación, especialmente en el contexto del proceso electoral del domingo", afirmó en rueda de prensa la Portavoz de la oficina, Liz Throssell.
El Gobierno Venezolano ha prohibido "reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar que pueda perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral" desde el 28 de julio hasta el 1 de agosto para, permitir la votación de una nueva Asamblea Constituyente.
Throssell recordó que Venezuela debe respetar la Ley Internacional de DD.HH. y por eso reiteró su "preocupación" por el hecho de que todas las manifestaciones hayan sido prohibidas.
"Es por ello que hacemos un llamamiento a las autoridades para que respeten el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión, asociación y asamblea pacífica", afirmó la alta funcionaria
Agregó que la Oficina de la ONU está "profundamente preocupada por el riesgo de más violencia en Venezuela en el marco las elecciones del domingo" para la Constituyente.
Especificó que deben respetarse "los deseos" de los venezolanos a participar o no en los comicios y que, si bien nadie debe ser obligado a votar, aquellos que quieran participar en el proceso deben poder hacerlo. Es por ello que la portavoz hizo un llamamiento a aquellos que se oponen a la cita electoral para que lo hagan de "forma pacífica".
"Estamos hablando ahora porque, dada la extremadamente tensa situación que vive Venezuela, queremos repetir nuestro llamamiento para que todos mantengan la calma y expresen sus opiniones de forma pacífica", declaró.
Con respecto al proceso de nueva Constituyente, Throssell dijo que la oficina de las Naciones Unidas no se posicionaba y que se limitaba a denunciar el tumultuoso "contexto" en el que estas elecciones se llevan a cabo.
No obstante, la portavoz agregó que "una modificación constitucional sólo puede llevarse a cabo con un amplio consenso y la participación de todos los sectores de la sociedad".
Además, recordó las conclusiones de la Comisión de Venecia, el órgano consultivo europeo en temas constitucionales, que la semana pasada opinó que "el proceso y las normas electorales de la Asamblea Electoral Constituyente contradicen la Constitución de Venezuela de 1999".
Consultada sobre si el Alto Comisionado asumía las conclusiones de este órgano, Throssell respondió que "reconoce el conocimiento de la Comisión de Viena en temas constitucionales".
Agregó que, a juicio del Alto Comisionado, para poder llevar a cabo una modificación constitucional se deben respetar los derechos a la libertad de expresión, de asamblea y de manifestación pacífica.
Redacción Ecos.- Foto: zonacero.com.- Así lo anunció el Presidente Juan Manuel Santos quien sostuvo que ya está lista una nueva Asociación Público Privada para la recuperación de la navegabilidad de la arteria más importante de Colombia.
El jefe de Estado, desde el departamento del Atlántico, precisó que se trata de recuperar el río a lo largo de los 908 kilómetros de extensión como principal vía de transporte de carga, con un dragado de mantenimiento de Barrancabermeja hasta Barranquilla y obras de encauzamiento desde ese puerto petrolero hasta San Pablo y Puerto Salgar.
“La APP ya está lista para poner en marcha otra vez el proyecto, después del traspiés que tuvimos, que no fue producto nuestro. Esta APP quedó mejor de lo que teníamos antes”, expresó el Presidente Santos.
Agregó que el plazo estimado del contrato será de 10 años, con un año en etapa de pre construcción, 4 años de construcción y 5 años de administración.
“No hay mal que por bien no venga. Estos problemas nos dieron la oportunidad de mejorar las especificaciones para que se convierta en la mejor autopista de carga del país”, expresó el Jefe del Estado, en la entrega de un tramo del proyecto Cartagena-Barranquilla/Circunvalar de la Prosperidad.
Ante las autoridades del departamento, el Presidente del Congreso Efraín Cepeda y algunos de sus ministros, el Presidente de Colombia destacó que la APP es un aporte adicional al desarrollo de Barranquilla y de la Costa Caribe.
“Esperamos ponerlo en marcha lo más pronto posible”, enfatizó el jefe de Estado quien anotó que el proyecto está dividido en los siguientes tramos: Bocas de Ceniza-La Gloria; La Gloria-Barrancabermeja; Barrancabermeja-Puerto Berrío; y Puerto Berrío-Puerto Salgar.
Precisó que el nuevo concesionario deberá cumplir con la prestación de todos los servicios operativos y de asistencia a la navegación, la atención al usuario, la señalización de los puentes y la operación del Sistema de Navegación Satelital.
Con la nueva concesión se destacan nuevos alcances como el dragado del canal marítimo de aproximación; reconstrucción del tajamar oriental y la reparación del occidental; ampliación a 215 metros del ancho del canal navegable; el dragado permanente del canal de acceso; la medición de caudales y velocidades; la construcción de obras de encauzamiento en Barrancabermeja, mantenimiento y reparación de muelles, entre otros.
