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Por Luis Fernando García Forero.- El ministro del interior Juan Fernando Cristo presentó su renuncia. La razón: el titular de la cartera política no se va a inhabilitar porque aspira a la política electoral dentro del partido liberal a las elecciones presidenciales del 2018. Pero otra más, deja el cargo para no inhabilitar a su hermano Andrés quien sacó la segunda votación dentro de su colectividad al senado y aspira nuevamente a la Cámara Alta.

Juan Fernando Cristo se juega su capital político retirándose de la administración Santos con la cabeza en alto por los logros alcanzados en el Congreso, que aprobó iniciativas de reforma constitucional y de ley, principalmente en la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc.

Ecos logró establecer que ya el Presidente tiene el nombre del remplazo de Cristo. Se queda con un líder del partido liberal para continuar la obra de Cristo en el Congreso. No se descarta el nombre del ex senador Camilo Sánchez, quien cuenta con el respaldo de su partido y con la experiencia en el legislativo para seguir con los proyectos que le dan vida jurídica al proceso de paz. 

Fuentes fidedignas e inmediatas a Ecos establecen que el futuro por ahora de Cristo está en la vida diplomática ya sea en norte América o en el viejo continente.

Redacción Ecos. Foto SIG.-El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a su homólogo Juan Manuel Santos por la labor desarrollada en favor de la paz en Colombia y fue enfático en destacar que “no hay nada más difícil que la paz. Queremos lograrla en todo el mundo y ustedes son un gran ejemplo”.

En una rueda de prensa ofrecida por los dos mandatarios al término de su encuentro en la Oficina Oval, el Presidente Trump fue directo al manifestarle al jefe de Estado colombiano que “ha sido un largo proceso y usted ha hecho una gran labor, una que no es fácil después de tantos años de guerra. Estoy muy orgulloso de conocerle y lo felicito sinceramente”.

Respecto al problema de las drogas el mandatario estadounidense sostuvo que “me hace ilusión trabajar con el Presidente Santos para abordar el tráfico de drogas. Tanto Colombia como Estados Unidos tienen una relación fuerte de aplicación de la ley y la seguridad. La hemos tenido por mucho tiempo y se sigue fortaleciendo”.

Agregó que “Estados Unidos está dispuesto a apoyar a Colombia en su estrategia para identificar y eliminar las redes de drogas, el cultivo de coca y la producción de coca”, destacando el compromiso de los dos países de luchar contra las redes criminales responsables del tráfico de drogas. 

“Juntos lucharemos contra las redes criminales responsables por el tráfico de drogas, porque tenemos un gran compromiso de eliminarlo. Queremos un futuro mejor”.

Por Luis Fernando García Forero.- Ocho millones de niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país, se encuentran sin recibir clases por el paro de los maestros. El Sindicato de los profesores, Fecode, argumenta que el cese de actividades se debe a que el Gobierno no les ha cumplido con el nivel salarial y como si fuera poco, sin que se les establezca el servicio de salud, porque no se les ha definido qué EPS debe prestarles ese derecho fundamental.

Razones obvias tienen los maestros para protestar. Se les está incumpliendo fundamentalmente con dos acuerdos a los que llegaron con el Gobierno Nacional y cuya respuesta del Ministerio de Hacienda fue: “no hay Plata”. Esa sola afirmación permite establecer que a la administración Santos no le preocupa ni tiene como prioridades la educación en Colombia, es decir, el futuro de la nación.

La ministra de educación, Janeht Giha, invita al diálogo, a una nueva negociación, pero según los analistas y hasta los padres de familia, los primeros que deben definir el tema y su solución, es a través de un consenso o decisión al interior de la administración Santos, para brindarles bienestar a los maestros.

Fecode presentó su pliego de peticiones y el Gobierno accedió a la asignación de un punto porcentual adicional al incremento salarial de ley anual que se decreta para todos los empleados públicos, además, a asignar el equivalente a diez puntos porcentuales al salario distribuyéndolos en los próximos cuatro años así: dos puntos en el 2016; dos en el 2017; tres en el 2018; y tres en el 2019. Pero esto no se ha cumplido.

En ese acuerdo se dejó una constancia de que la nivelación salarial debía ser de 16 puntos porcentuales. El Gobierno se comprometió a revisar el proceso de nivelación en el segundo semestre del 2016, a través de una comisión de alto nivel, la cual debería examinar e indicar los espacios en el Sistema General de Participación para complementar el proceso de nivelación en los años 2020 y 2021. No se ha hecho nada.

“Ahí está incumpliendo el Gobierno. No nos garantiza el aumento salarial para los años que siguen”, sostuvo el Presidente de Fecode Carlos Rivas quien sostiene que la información que tiene es que el incremento salarial que se discute en la mesa de los trabajadores estatales sería determinado por la inflación: es decir, 0,75; eso significa un aumento de solo $2.000.

En el tema de la salud los profesores argumentan que hace más de un año les vienen definiendo el proceso de licitación de los prestadores que deben suministrarles ese servicio. A finales de este año, de las 28 empresas que participaron no quedó ninguna y se declaró desierta la licitación porque ninguna cumplía con las exigencias técnicas. Otro incumplimiento.

No debe escudarse el Gobierno en la presunta inestabilidad fiscal para hacerle conejo a los maestros; más ahora que se denuncia e investiga la existencia de 86 contratos irregulares por servicios de profesionales y dos de ellos que suman poco más de $14.000 millones por nóminas paralelas en la administración de la exministra Gina Parody, que está siendo investigada por los organismos de control.

El Gobierno Santos que se autoproclama como el Gobierno de la paz, con su incumplimiento con los maestros, está abriendo un nuevo frente de conflicto social cuyos perjudicados no sólo son los niños y jóvenes, sino toda la nación. 

Presidente Santos, aún está a tiempo de tocar la campana para que los alumnos regresen a las aulas, ellos son el futuro de Colombia.

Redacción Ecos. Foto: Colprensa.- La Corte Constitucional le cambió la velocidad y el ritmo al “Fast Track”, al determinar que los proyectos que se tramiten en el Congreso para la implementación del Acuerdo de Paz, deben aceptar proposiciones de los diferentes partidos que representan la rama legislativa del poder público.

El “Fast Track” una figura que se creó para agilizar la implementación jurídica del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, sufre así un traspiés que directamente afecta la agilización para sustentar jurídicamente el camino a la reconciliación nacional, después de 50 años de lucha armada entre el Estado colombiano y esa guerrilla.

El Máximo organismo constitucional tumbó el numeral ‘h’ del artículo primero del Acto Legislativo para la Paz, que decía, literalmente, que “los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del acuerdo final y que cuenten con el aval previo del Gobierno Nacional”.

Fue uno de los aspectos que llevó al Centro Democrático en cabeza del senador Iván Duque a demandar ese Acto Legislativo porque impedía que se le hicieran modificaciones a los proyectos del Gobierno y objetar lo allí contenido.

La Corte tumbó el numeral ‘j’ de dicho artículo, que dice: “en la comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno Nacional, en una sola votación”. Es decir, esta disposición señalaba que las votaciones tenían que hacerse en bloque. 

La sala plena consideró que estas normas violaban el principio de separación de poderes, en la medida en que las limitaciones a la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso contenidas en tales numerales resultaban incompatibles con dicho principio.

Por Luis Fernando García Forero. Foto Leonardo Vargas.- En forma contundente  y apoyando la marcha que se realiza en Barrancabermeja este miércoles, por la negativa del Gobierno de no modernizar la refinería del puerto petrolero, el Presidente de la Comisión Segunda del Senado, Jaime Enrique Durán Barrera, aseveró que “si nos estimamos una democracia, el Pueblo Barranqueño tiene el legítimo derecho de marchar en protesta civil por el único eje de desarrollo que tiene esa región del Magdalena Medio: su Refinería”.

El congresista liberal santandereano fue enfático en señalar que la mega estafa de Reficar no es ninguna excusa ni técnica, ni financiera, ni administrativa, para desechar la Modernización de la Refinería más importante del país, que está en Barrancabermeja, “ya que lo sucedido en Reficar es un ejemplo de la ausencia de controles administrativos y financieros de la inversión gubernamental”.

La presencia de los barranqueños en la calle, de mano del Alcalde Darío Echeverri Serrano “es una voz de alerta, no solo a los ejecutivos de ECOPETROL, sino al gobierno nacional, porque los posibles 12.000 empleos directos que se pueden generar con la modernización, no sólo abriría la economía local, sino que contribuiría al producto interno bruto de Colombia”, aseveró el senador liberal. 

“La temida chatarrización de la Refinería de Barrancabermeja es un hecho que evidencia el poco respeto al patrimonio petroquímico y financiero en Colombia”, aseguró el congresista santandereano quien declaró que “una refinería que orgullosamente tenemos y sentimos los santandereanos en el puerto petrolero, tiene que ser productiva a la región y al país. Por lo tanto, rechazamos la negativa del Gobierno de no habilitarla a la tecnología y modernización para bien de la producción petrolera de Colombia”.

Por Luis Fernando García Forero.- Fundamentalmente sobre el proceso de paz y la lucha contra el tráfico de drogas. Así lo dio a conocer el jefe de Estado colombiano minutos antes de su visita oficial a Estados Unidos a través de un twitter: "Con presidente @realDonaldTrump hablaré mañana sobre avances en #AcuerdoDePaz, lucha antinarcóticos, seguridad y oportunidades comerciales”.

El encuentro entre los dos mandatarios se realizará este jueves en la Casa Blanca a partir de las 2 PM, cita que se ha declarado como histórica por los temas que se tratarán y porque medirá el futuro de las relaciones entre los dos países, en momentos donde Colombia avanza en un posconflicto con reformas constitucionales y legales luego de la firma de paz entre el Gobierno y las Farc, guerrilla que puso en jaque la tranquilidad de los colombianos por más de 50 años.

El Presidente de Colombia Juan Manuel Santos viajó en compañía de la ministra de relaciones exteriores María Ángela Holguín, el ministro de la Defensa Luis Carlos Villegas y el ministro del posconflicto Rafael Pardo. La ministra de Comercio, María Claudia Lacoutiere, se une en Washington a la delegación. De la misma forma, la comitiva incluye un grupo de empresarios en cabeza del presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

El jefe de estado colombiano  estará este miércoles en la tarde en la reunión del centro de pensamiento Atlantic Council, en la que el Colombia Task Force entregará un documento de recomendaciones al Gobierno de EE.UU sobre las relaciones de los dos países en los próximos años. 

Un tema que no se dio a conocer pero que no estará ausente en el pensamiento y voz de los dos Presidentes, es la crisis de Venezuela, aún más, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, está ya tratando.

Por Felicia Saturno Hartt. Foto: themexicantimes.mx.- "Actualmente, 72 Estados continúan criminalizando la actividad sexual entre personas del mismo sexo y en 45 de estos países, la ley se aplica tanto a mujeres como a hombres", informó Aengus Carroll, coautor de un informe divulgado por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA), con ocasión del Día Internacional contra la Homofobia, que se celebra mundialmente el 17 de mayo.

Según el investigador, aunque hay ligeras mejoras en algunos lugares del mundo, la situación global es preocupante. "Pese a que el número de leyes que criminalizan las prácticas sexuales entre el mismo sexo se está reduciendo, la persecución y la fuerte estigmatización persisten en muchos países", comentó.

Como ejemplos de avances recientes mencionó los casos de Seychelles y Belice, donde se anularon ese tipo de leyes el año pasado, así como el creciente número de países que han adoptado leyes específicas para proteger a este colectivo de discriminación y violencia.

En esa línea, 43 países cuentan con disposiciones legales contra delitos de odio, 72 contra discriminación en el lugar de trabajo, 39 contra la incitación al odio y en 23 se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, precisa el informe de ILGA.

ILGA señala en su evaluación que la igualdad total para gays, lesbianas y bisexuales "por desgracia está muy lejos de alcanzarse porque siguen siendo mayoría los países donde no existe legislación protectora".

Irán, Arabia Saudí, Yemen y Sudán castigan de manera general con pena de muerte las relaciones entre personas del mismo sexo, mientras que en Somalia y Nigeria esto ocurre en algunas provincias.

El informe recuerda que la organización terrorista Estado Islámico castiga con la muerte a esas minorías sexuales en los territorios que controla en el norte de Siria y el noroeste de Irak. En otros cinco países (Pakistán, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Mauritania) la pena de muerte está técnicamente permitida por una interpretación de la ley islámica (Sharia), pero la ONG dijo que, a su entender, no se aplica.

Asimismo, ILGA dedica un capítulo de su informe a la situación de las ONG que trabajan en cuestiones relacionadas con la orientación sexual y revela que, en 25 países, enfrentan obstáculos para la formación, para su registro o establecimiento. En otros 22 países hay leyes de "moralidad" que impiden la promoción o expresión pública de realidades sobre relaciones entre personas del mismo sexo.

"El caso actual de Chechenia ofrece últimamente el ejemplo más terrible de tales abusos, ya que allí se teme que las cuentas en redes sociales de personas (detenidas) que se cree que pueden ser homosexuales sean pirateadas y utilizadas para identificar a otros que todavía no han sido arrestados", denunció el Director General de ILGA, Renato Sabbadini.

En el caso de América Latina, salir a la calle como homosexual significa estar expuesto a graves amenazas, palizas o incluso la muerte, precisa, a propósito de este Día Internacional contra la Homofobia, un informe de la agencia de noticias alemana DPA.

Eso ocurre por ejemplo en la Baixada Fluminense, uno de los barrios más violentos en la periferia de Río de Janeiro, la ciudad brasileña donde se celebra el Carnaval (la fiesta de la diversidad y la permisividad sexual por excelencia) más famoso del mundo. Muchos homosexuales son atacados arbitrariamente en las calles donde se prostituyen para ganarse la vida.

"Les disparan desde motos", explica Vagner de Almeida, un cineasta que trabaja ahí desde 1998 apoyando a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales e intersexuales (LGTBI). "No les roban, son sólo crímenes de odio", concluye De Almeida, que ha rodado documentales con personas amenazadas en la Baixada: "De algunas protagonistas de mi primera película sólo pude hacer obituarios en la segunda".

Por Redacción Ecos. Foto: Nueva Prensa de Oriente.- El segundo ciclo de diálogos entre el Gobierno Colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) arranca este lunes en Quito, Ecuador, tras tres aplazamientos y con el reto de reducir tensiones para lograr un alto el fuego bilateral.

Esta segunda jornada de conversaciones, que estuvo programada en principio para el pasado 3 de mayo, estará marcada por la insistencia del Gobierno Colombiano en la suspensión por parte de la guerrilla de los secuestros y los ataques contra la infraestructura petrolera, que no cesan.

Además, como pidió la semana pasada el Jefe de la Delegación Gubernamental, Juan Camilo Restrepo, el Ejecutivo buscará la presencia en la mesa de diálogos de representantes del sector más radical del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ha incrementado su ofensiva en el Departamento de Chocó.

El nuevo encuentro tendrá como preámbulo la reunión que esta semana tuvieron los Jefes del ELN y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en Cuba y la "neutralización" de al menos 40 guerrilleros en operaciones de las fuerzas armadas.

Otro de los puntos que seguramente se discutirá en este ciclo es el tocado el pasado jueves por el máximo Jefe del ELN, Nicolás Rodríguez, alias "Gabino", quien al término del encuentro con las FARC descartó la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo antes de las presidenciales de 2018.

"La verdad no creemos, no está dentro de nuestros cálculos, aunque así lo quisiéramos, que se pudiera avanzar tan rápido como todos queremos antes de las elecciones", señaló entonces "Gabino" durante una rueda de prensa en La Habana.

La primera ronda de negociaciones entre el Gobierno y el ELN se inició después de varias postergaciones el pasado 8 de febrero en Quito con el objetivo de dar fin a 52 años de confrontación armada y concluyó hace poco más de un mes.

Redacción Ecos. Foto: SIG.- El Gobierno Nacional inició el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) cuya meta es beneficiar  a 100 mil familias y sustituir 50 mil hectáreas de sembradíos ilegales durante el primer año, en más de 40 municipios del territorio nacional. Una iniciativa que lleva la aceptación voluntaria de la comunidad que vive de la siembra de la coca en 13 departamentos del país. 

El Presidente Juan Manuel Santos destacó que los campesinos cocaleros siempre han querido salirse de ese negocio, “pero si no les dábamos una alternativa eso no era posible”, por lo cual con las Farc se acordó, en el Punto 4 del Acuerdo Final de Paz, “trabajar mancomunadamente con las comunidades para hacer un verdadero plan efectivo, estructural, definitivo, de sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos”. 

El Jefe de Estado colombiano que estuvo acompañado del embajador de Estados Unidos  Kevin Whitaker y el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, entre otros, sostuvo que con el PNIS el Gobierno Nacional busca que sean las organizaciones campesinas y las familias las que tomen la iniciativa de dejar atrás la siembra de cultivos ilícitos, para reincorporarse a la vida productiva y al desarrollo de las regiones en el marco de la legalidad. 

Luego de arrancar una mata de coca y remplazarla por una de plátano en un predio de la zona rural de Uribe y tras la firma de acuerdos de sustitución con 500 familias de este municipio del Meta, el Jefe de Estado procedió a declarar el inicio formal del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), cuya meta es sustituir aproximadamente 50 mil hectáreas de sembradíos ilegales durante el primer año de su implementación, en más de 40 municipios de los departamentos más afectados. 

Las familias que formalicen su compromiso con la sustitución voluntaria, la no resiembra, el no cultivar ni estar involucradas en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito ni participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de éstos, se beneficiarán a través de distintos incentivos estipulados por el Gobierno Nacional. 

Incentivos para beneficiarios 

Se establece que en cumplimiento del Punto 4 del Acuerdo de Paz, las Farc tendrán la responsabilidad de acompañar y promover de manera directa la llegada del programa a los territorios más afectados, con el fin de socializar y afianzar su compromiso con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas. 

Por su parte, el compromiso de los campesinos es erradicar, sustituir y No resembrar cultivos ilícitos. Mientras que el Gobierno ofrecerá a los campesinos los siguientes incentivos: 

• Un millón de pesos mensuales, durante un año, para invertir en sus nuevos cultivos. 

• Un millón 800 mil pesos, por una vez, para proyectos de seguridad alimentaria o de auto-sostenimiento. 

• 9 millones, por una vez, para proyectos de ciclo corto, como piscicultura y avicultura. 

• Desde el segundo año, inversión hasta de 10 millones de pesos por familia para consolidar proyectos productivos. 

• Asistencia técnica durante todo el proceso. 

• Líneas especiales de crédito. 

Todos ganamos 

“Hoy que damos este paso tan importante para ustedes aquí en Uribe, para el departamento del Meta, para Colombia y para el mundo, ese paso inicial tenemos que volverlo una maratón, tenemos que volverlo exitoso, porque así todos ganamos”, afirmó el Presidente Santos durante el arranque formal del programa en el municipio de Uribe. 

El Mandatario consideró que los colombianos no hemos tenido éxito en la erradicación del narcotráfico, que es el combustible de buena parte de la violencia que ha padecido el país, a pesar de haber ensayado diferentes métodos, “porque necesitábamos la paz, necesitábamos que todas las comunidades estuvieran de acuerdo y que de forma mancomunada hiciéramos ese esfuerzo”.

Por Luis Fernando García Forero.-La iniciativa para que los colombianos decidieran a través de un referendo prohibir la adopción en   parejas del mismo sexo, solteros, divorciados y viudos, naufragó en el Congreso, pero sigue navegando el tema en el escenario político, porque se convierte en otro elemento que polariza al país y seguramente se reflejará en los próximos procesos electorales, donde los colombianos elegirán un nuevo Congreso en marzo del 2018 y al Presidente de la República en mayo de ese mismo año.

La sociedad ya está inmersa en ese tema. Aunque la senadora Viviane Morales quien fue la que presentó el proyecto y que fue derrotado por 20 votos a favor contra 12 en contra, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, busca apelar la decisión ante la plenaria de la corporación, los antecedentes demuestran que es muy poco viable que se reviva la iniciativa, además porque estamos en un sistema presidencialista donde la fuerza del ejecutivo influye con sus mayorías en la Cámara y Senado, y ya el alto Gobierno había hecho saber su rechazo rotundo al malogrado proyecto.

La senadora Viviane Morales, acompañada de su esposo, Carlos Alonso Lucio, líder también de esa propuesta, anunció al término de la sesión en esa célula legislativa que convocarán a un plantón como protesta a la negativa de dicho referendo, lo que demuestra que los contradictores para la adopción en los casos expuestos, no se resignarán en su lucha y continuarán con la discusión en la sociedad colombiana y en los foros políticos del territorio nacional.

Hubo varios argumentos que tuvieron en cuenta los representantes que votaron el archivo de la iniciativa y que fueron expresados por varios Ministros. El titular de la cartera política Juan Fernando Cristo dijo que el proyecto era inconstitucional porque violaba derechos fundamentales, mientras que el que maneja la billetera, el ministro de hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría fue contundente en señalar que ese mecanismo de participación ciudadana costaba $280 mil millones  y existen otras prioridades.

Varios congresistas consultados por Ecos fueron claros en manifestar que Colombia no se debe quedar atrás en darles “herramientas jurídicas, como ya lo hicimos, en defensa y desarrollo de las comunidades o minorías como las LGTB, entre otros, para que los niños que requieren ser adoptados encuentren en ellos un afecto y proyección del futuro de los colombianos”.

Destacaron que en 26 países del mundo se permite la adopción por parte de parejas del mismo sexo, por eso decidieron que no era conveniente abrir el campo para echar para atrás una iniciativa que ya encontró la viabilidad jurídica para desarrollarla en Colombia.

Actualmente en Colombia 4247 niños están pendientes de ser adoptados, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ante una inmensa mayoría de ciudadanos o ciudadanas que son separados, viudos o tienen relación con una pareja del mismo sexo, que quieren tener el privilegio y el compromiso de adoptar. 

Recordemos que el ya ahogado referendo llegó al Congreso gracias a 2,3 millones de firmas que reunió la pareja de cristianos Carlos Alonso Lucio y la senadora Viviane Morales, un respaldo que no es nada bajo para señalar que el debate continúa y que será tema para la política electoral. Por ahora sigue ganando la democracia.