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Por Luis Fernando García Forero. Foto Semana.- Los candidatos a la Corte Constitucional, Diana Fajardo, Alejandro Ramelli y Álvaro Motta, coincidieron en afirmar ante la plenaria del Senado, su independencia para ser elegidos como magistrados de ese alto tribunal de la justicia colombiana y se abstuvieron de responder en detalle preguntas sobre el proceso de paz, para no caer en conflicto de intereses y después declararse impedidos en el estudio de la constitucionalidad de esos temas que mueven el pasado, presente y futuro de Colombia.
La candidata Diana Fajardo recordó que estuvo muy de cerca de la expedición de la nueva Constitución Política y que por esa época acompañó al Ministerio de Gobierno en la incorporación a la vida civil del M-19 que se desmovilizó como guerrilla.
A los senadores les llamó la atención la posición clara de la candidata Diana Fajardo, quien en forma contundente ante la plenaria de la corporación y ante el país, que seguía la sesión en Canal Congreso, fue enfática en manifestar que “no tengo afinidad política o ideológica con grupos ilegales”.
Fajardo le salió al paso a la polémica de que era la candidata del proceso de paz y dijo que las declaraciones del senador Armando Benedetti en el sentido de que “si la plenaria de la corporación no la elegía magistrada, se acababa el proceso de paz, afirmó que “fue un comentario sin intención de hacer daño”.
En la exposición la candidata Diana Fajardo destacó su trayectoria en el ejercicio del derecho y su labor como magistrada auxiliar, su experiencia en la asesoría jurídica en varias entidades del Estado y de igual manera su trabajo en la Asamblea Nacional Constituyente. Resaltó que su postulación se dio por su vida profesional.
Por su parte el ternado Alejandro Ramelli dijo que es completamente independiente, incluso citó la experiencia laboral cuando estuvo en la Fiscalía General de la Nación y se negó a que le pagaran un millonario contrato a la asesora Natalia Springer, el cual posteriormente si fue pagado por orden del fiscal Eduardo Montealegre.
Tangencialmente se refirió al proceso de paz y dijo que se debe tener mucho cuidado en que la justicia transicional se pueda armonizar muy bien con la justicia ordinaria, aunque insistió en que no deben quedar por fuera temas como los crímenes de guerra, entre otros.
El otro candidato Álvaro Motta, resaltó su independencia y negó que sea el candidato del ex procurador Alejandro Ordóñez, aunque no citó su nombre, pero si lo entendieron los senadores presentes.
Motta se refirió a la labor de la corte Constitucional y dijo que su labor principal será siempre defender los derechos de los ciudadanos por encima de las pretensiones de cualquier gobierno.
Así las cosas, todo está dispuesto para que la Plenaria del Senado elija este jueves en las horas de la mañana la nueva o nuevo magistrado de la Corte Constitucional.
Redacción Ecos.- Una nueva ruta para seguir el camino de la reconciliación nacional estableció el Gobierno Nacional y las Farc con miras a avanzar en el cumplimiento de los acuerdos para lograr la paz: 20 días adicionales para la entrega de armas y 60 para la reincorporación a la vida civil de los integrantes de ese grupo subversivo.
Así lo anunció el Presidente Juan Manuel Santos quien sostuvo que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, la cual está conformada por integrantes del Gobierno Nacional y el grupo guerrillero, estableció un nuevo camino para el trabajo que se viene una vez se cumpla lo acordado con las zonas veredales transitorias de normalización. A parte de esto, tanto el Gobierno como las Farc pactaron una serie de compromisos relacionados con lo que sigue para la implementación de los acuerdos.
“Este cambio en la fecha no afecta de modo alguno la firme decisión y el claro compromiso del Gobierno y de las Farc, para cumplir con el acuerdo. El Mecanismo de Monitoreo y Verificación Internacional seguirá ejerciendo su papel hasta certificar que la última arma de las Farc haya sido entregada y retirada del territorio nacional”, sostuvo el jefe de Estado colombiano.
Agregó que “vamos a sacar adelante la paz para beneficio de nuestros hijos. Vamos a cumplir lo acordado. A multiplicar los frutos de la paz que ya sentimos y vamos a llevarlos a todos los rincones del país (…) Serán 20 días adicionales para el desarme y 60 para la reincorporación. No es nada para terminar bien 53 años de enfrentamiento y violencia fratricida.”.
El Presidente Santos dijo además que se decidió prolongar la vigencia de las Zonas Veredales de Transición y Normalización por dos meses más, hasta el 1 de agosto de este año: “este tiempo adicional nos permitirá poner en marcha debidamente el proceso de reincorporación a la vida civil y sin armas de los exmiembros de las Farc”, señaló.
Compromisos del Gobierno
El Estado deberá garantizar tanto la seguridad física como la jurídica de los integrantes de las Farc. Según la Csivi, el Gobierno está comprometido a “tomar todas las medidas necesarias” para asegurar la aplicación de la amnistía o libertad condicional, antes de finalizar la dejación de armas, de todos los integrantes de las Farc, como también de la suspensión de las órdenes de captura de esas personas luego de concluir su transito a la legalidad.
A parte de lo anterior, también hay compromisos para la expedición de proyectos de ley relacionados con los siguientes temas:
1) Se pondrá en marcha el Cuerpo Élite de Policía, en los términos del Acuerdo Final, a más tardar el 15 de junio de 2017, que actuará de forma prioritaria contra las organizaciones criminales que actúan en los territorios donde hacían presencia las Farc. Sobre este punto se conoció que se pondrán en funcionamiento, antes del 15 de junio, planes piloto para el desmantelamiento de bandas criminales en Buenaventura y Tumaco.
2) La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía para esclarecer el fenómeno del paramilitarismo en Colombia.
3) Inicio, a partir del 5 de junio, del entrenamiento por parte de la Unidad Nacional de Protección de los miembros de las Farc designados que hayan dejado las armas ante Naciones Unidas.
Terminado el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad, los guerrilleros de las Farc recibirán los apoyos para su reincorporación en los términos del Acuerdo Final (renta básica mensual equivalente a 90% del salario mínimo legal vigente durante 24 meses y asignación para proyectos productivos).
Compromisos de las Farc
El grupo insurgente deberá tener, antes del 20 de junio, a todos sus integrantes, incluyendo los milicianos, sin armas y reincorporados a la legalidad, “salvo aquellos que deban realizar tareas de identificación de caletas, extracción de armamento y seguridad de los campamentos existentes en las ZVTN”.
Según la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, para el primero de agosto, la ONU procederá a la extracción de todas las armas almacenadas en los contenedores y certificará el cumplimiento de dicho proceso.
“Se acordó un plan detallado para la extracción del armamento y destrucción del material inestable (explosivos) existente en las caletas de las Farc, plan que será ejecutado por parte de las Farc y las Naciones Unidas, que deberá cumplirse en los tres (3) meses siguientes al día 1 de junio de 2017. El plan incluye toda la información necesaria para la ubicación de las caletas por parte de las Naciones Unidas y el cronograma para la extracción. Las Naciones Unidas, en coordinación con las Farc, podrán solicitar el apoyo de seguridad o cualquier otro que requieran a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares”, explica la comisión.
Sobre este último punto, se aclaró que las caletas que no alcancen a ser desmanteladas quedarán a disposición del Gobierno, “que contará con la colaboración de ex integrantes de las Farc que trabajarán con el Estado para su ubicación y desmantelamiento”.
Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Ecos Media.- El 1% de la población no sólo posee la riqueza económica y financiera, las oportunidades y posibilidades de desarrollo, en todos los aspectos, (académicos, culturales, laborales, de ocio, etc) y el poder de influir, sino es además, dueña de uno de los derechos, que las constituciones legitimadas en los últimos 100 años, habían caracterizado como fundamentales, el Derecho a la Seguridad.
Esta realidad crea una nueva desigualdad social, ampliando las brechas entre los diferentes sectores sociales. La seguridad, en estos términos se ha convertido en una seguridad de élites, quienes pueden no sólo tener sofisticados sistemas de seguridad y de protección en vehículos, residencias, oficinas y demás espacios de cotidiano uso, sino trabajadores especializados, orientados a cuidar y proteger a las familias y grupos cercanos a estos privilegiados.
Paradógicamente, el negocio de la seguridad crece, especialmente, en los países en desarrollo y en las metrópolis de los países emergentes.
Como bien lo afirma Claire Provost, “al menos la mitad de la población mundial vive en países donde hay más empleados privados de seguridad que oficiales de policía, según un análisis publicado por The Guardian.
En este sentido, más de 40 países, entre los que se incluyen EE.UU., China, Canadá, Australia y Reino Unido, los trabajadores contratados para proteger personas, lugares y cosas superan a los oficiales de policía dedicados a proteger al público en general. Durante 2015, en Reino Unido hubo 232.000 guardias privados contratados frente a 151.000 policías de la fuerza pública.
Por ello, el mercado global de servicios de seguridad privada, que incluye la custodia, la vigilancia y el transporte armado, equivale a unos 161.000 millones de euros y se estima para el 2020, que representará unos 215.000 millones de euros.
Una cifra muy superior al Presupuesto total de Ayuda Internacional para terminar con la Pobreza en el mundo (25.000 millones de euros al año) y al PIB de más de 100 países, como Hungría o Marruecos.
Desde El Salvador hasta Vietnam, guardias de seguridad privados controlan el acceso a las zonas residenciales de las élites, aisladas de las ciudades que las rodean. En la capital comercial de Myanmar, guardias y detectores de metales regulan la entrada en los hoteles de lujo, levantados sobre la pobreza extrema de su alrededor.
Los perros guardianes ladran tras los altos muros y alambres de púas, que se han extendido por los barrios ricos de Sudáfrica. En 2015 había casi 500.000 guardias de seguridad en todo el país, dos veces más que todas sus fuerzas armadas y policiales.
Según Rita Abrahamsen, de la Universidad de Ottawa, la seguridad privada "cotidiana" se ha vuelto "tan extendida que apenas se detecta, se da por descontada. Uno deja de darse cuenta de que hay guardias por todas partes".
En la opinión de Abrahamsen, la expansión de guardias privados, vallas y puertas es una "muestra muy física de la desigualdad". Aunque también reconoce que la industria da empleo a una gran cantidad de personas. En varios países, es uno de los pocos sectores en crecimiento.
Desde una perspectiva social, Deborah Avant, de la Universidad de Denver, expresa que la industria de la seguridad privada explotó con los contratos de las Guerras de Irak y Afganistán lideradas por EE.UU., cuando "un ejército de trabajadores privados inundó esos países para hacer todo tipo de labores".
La Declaración Universal de los Derechos Humanos determinó que "todos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona" y "nadie puede ser arbitrariamente privado de su propiedad".
Pero, hoy en día, una de sus agencias, El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, lanzó una advertencia ante la expansión de la seguridad privada en América Latina: "Este fenómeno aumenta aún más la desigualdad, teniendo en cuenta que los diferentes grupos sociales tienen capacidades diferentes para enfrentar el crimen".
Esta nueva desigualdad social debería ser otras de las cuestiones pendientes de la Agenda Política, sobre todo el año próximo, que muchos estados estarán eligiendo nuevos gobiernos.
Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Pressenza.- La Comisión de Desarme de las Naciones Unidas presentó el primer anteproyecto de un tratado global para prohibir las armas nucleares; lo que, según sus defensores, representa un paso importante que podría acelerar la redacción del texto definitivo para principios de julio.
Las potencias nucleares como Estados Unidos, han boicoteado las negociaciones del tratado, por considerar que sus objetivos son ingenuos e inalcanzables, sobre todo en un momento en que Corea del Norte ha amenazado con lanzar misiles nucleares a sus enemigos.
Para disuadir al resto del mundo, las potencias nucleares usan el viejo argumento de que la mejor manera de evitar que se usen armas nucleares consiste en tener la capacidad de contraatacar de la misma manera; sin embargo, eso no ha logrado detener el impulso de las negociaciones. La primera ronda se realizó en marzo y más de 120 países respaldaron ese esfuerzo.
Los partidarios de la propuesta sostienen que si suficientes países ratifican un tratado internacional que proscriba las armas nucleares, eso generaría una gran presión política y moral, que podría persuadir a quienes se oponen a reconsiderar su postura.
En otras negociaciones, se han seguido estrategias similares que produjeron acuerdos internacionales que prohíben las armas de uso indiscriminado, entre las que se incluyen las armas químicas, las bombas de racimo y las minas terrestres. A medida que más países se adhieren a estas convenciones, aumenta la vergüenza en aquellos que los rechazaban.
Según el anteproyecto de este tratado, los países que lo suscriben se comprometerían a “nunca usar armas nucleares” y a jamás “desarrollar, producir, fabricar, adquirir, poseer o almacenar armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares”.
Las naciones firmantes también se comprometerían a nunca “llevar a cabo ensayos de explosiones de armas nucleares o ningún otro tipo de detonación nuclear”.
Lo que resulta menos claro en este anteproyecto es, precisamente, de qué manera los países con armas nucleares que renuncien a ellas podrían adherirse al tratado y bajo qué condiciones.
Por lo demás, se especifica que este documento busca fortalecer —mas no remplazar— los tratados vigentes para detener la proliferación de armas nucleares, así como las pruebas realizadas con ese tipo de armamento.
En el preámbulo del anteproyecto se especifica que el Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares, acuerdo emblemático que entró en vigor en 1970, seguirá siendo “una base fundamental en la búsqueda del desarme nuclear”.
La nueva propuesta será analizada durante tres semanas en una ronda de negociaciones en las Naciones Unidas, programada para mediados de junio.
Por Luis Fernando García Forero.- Tal como lo habíamos anunciado en Ecos, el Presidente Juan Manuel Santos, le aceptó por fin, la renuncia al ministro del interior Juan Fernando Cristo y en su remplazo designó al viceministro de esa misma cartera y ex congresista, Guillermo Rivera Florez, quien como representante de la provincia colombiana tendrá ni más ni menos la responsabilidad inmediata de seguir implementando los acuerdos de paz en el Congreso de la República.
El jefe de Estado al anunciar el nombre del titular de la nueva cartera política dijo que Guillermo Rivera Flórez es un conocedor del diálogo social y de sus soluciones, al igual que ha estado cercano al proceso de paz y de los avances que ha tenido ese objetivo para avanzar en la reconciliación nacional, a través de leyes y reformas constitucionales en el Congreso.
El Presidente Santos resaltó de su nuevo ministro que ha sido congresista por doce años, lo cual le permite continuar con amplio conocimiento la labor de su antecesor Cristo, más en este momento en que se tramitan y reglamentan las normas referentes a la implementación de los acuerdos con las Farc.
Rivera Flórez nació el 13 de febrero de 1970 en Mocoa, Putumayo; sobrino del recordado representante a la cámara liberal Gilberto Flórez, QEPD, un dirigente que luchó por el desarrollo de su región y de insertar a los departamentos de los antiguos territorios nacionales, dentro del ámbito de las prioridades del gobierno central en el proceso de descentralización y que fielmente ha seguido el nuevo ministro Rivera, quien coincide que la paz comienza en las regiones del país.
El nuevo ministro Guillermo Rivera es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con una especialización en derecho administrativo del mismo centro universitario. También es Magister en Análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia.
En la actividad política siempre ha estado militando en el Partido Liberal, fue representante a la Cámara entre los años 2002 y 2014, siempre por el Departamento del Putumayo. En el 2014 aspiró al Senado pero no logró alcanzar la curul.
En septiembre de 2014 asumió el cargo de consejero presidencial para los Derechos Humanos y en abril de 2016 fue Consejero Presidencial de Derechos Humanos.
El presidente Juan Manuel Santos lo nombró en el 2015 gobernador encargado de Cundinamarca, en reemplazo de Álvaro Cruz, quien estuvo involucrado en un tema judicial por corrupción.
En abril de 2016 fue nombrado como Viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, donde se convirtió en la mano derecha de Cristo en el trabajo político de la agenda gubernamental y desarrollo de la aprobación de proyectos en el Congreso.
Prensa Senado.- A sanción presidencial pasó el Proyecto de Ley que reglamenta una reducción en los aportes a salud de los pensionados con mesadas hasta de cuatro salarios mínimos. En consecuencia, el 70% de los jubilados del país pasarían a pagar el 4% y no el 12% al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
El Proyecto de Ley, liderado por el senador Alexander López, había sido discutido y aprobado en la Comisión Séptima del Senado, en diciembre de 2016, donde se expuso que los pensionados de Colombia no reciben pagos adicionales relacionados a las primas, ni cesantías, ni vacaciones y que el incremento de sus sueldos, aún se ajusta de acuerdo al índice de precios al consumidor, IPC, es decir, por debajo del aumento ordinario del salario mínimo, que suele decretar el gobierno nacional.
“Al pensionado le descuentan el 12 por ciento de su mesada, mientras que a cualquier otro empleado le descuentan el 4%, porque el restante lo paga la empresa”, explicó el senador Jorge Iván Ospina, coautor de la iniciativa legislativa.
El representante de la Confederación Democrática de Pensionados (CDP) y presiente de la Asociación de Pensionados del Banco de Bogotá, Humberto Pinzón Castro, justificó la intención del proyecto en el entendido que el presidente Juan Manuel Santos se había comprometió con el gremio, en ese sentido, en el año 2013.
Redacción y foto: Ecos.- Mediante un proyecto de ley estatutario, el Congreso de la República inició el trámite para la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz, iniciativa que será discutida y votada por el mecanismo del FasT Track.
El ministro del interior Juan Fernando Cristo radicó en la secretaria general del Senado el proyecto que pondrá en marcha todo lo aprobado en el acto legislativo que le dio vía libre a la creación de ese nuevo tribunal, donde acudirán integrantes de las Farc, agentes del Estado y civiles, que hayan desarrollado acciones delictivas en el conflicto armado.
“Son los procedimiento y las normas frente a las cuales debe funcionar al JEP. Cómo funcionan las salas y la práctica de pruebas”, dijo Cristo, quien aseguró que dicha ley es fundamental para aplicar en el país el modelo de justicia transicional.
Cristo se mostró confiado en que las bancadas que han apoyado el proceso de paz darán un trámite rápido a esa iniciativa que hace parte de la implementación de los acuerdos.
Redacción Ecos. Foto: caracol.com.- El constitucionalista y quien asesoró al Gobierno en materia de Justicia Transicional, Juan Carlos Henao, aseveró que el fallo de la Corte Constitucional respecto al Fast Track, no pone en jaque el proceso de paz y fue enfático en decirle a los críticos que ese Alto Tribunal les abrió un espacio democrático, “pero que no deben abusar de ese escenario porque no pueden hacer trizas lo que ya se firmó, por mucho que quisieren".
Henao dijo que respetaba el comunicado del fallo y que se debe dar a conocer lo más pronto ante la opinión pública, pero fue certero en señalar que “al país le quedó grande esta Corte Constitucional porque hicieron una aplicación exagerada, fuera de contexto, con la ponderación respecto a la paz… y lo que hizo fue enredar inoficiosamente algo que estamos buscando todos los colombianos y que ya no se puede echar para atrás: la paz”.
En entrevista con Caracol Radio, Juan Carlos Henao señaló que están haciendo un escándalo en un vaso de agua y que no se debe alarmar a la ciudadanía porque lo que viene "son problemas de trámite, que van a ser incómodos, al ministro del interior le va a quedar más difícil dominar la minoría en las Cámaras”, pero aseguró que las mayorías se imponen, como lo han hecho. "Reitero:la paz no está en peligro a partir del fallo de la corte constitucional”.
Agregó que es el momento para que se engrandezca el Congreso de la República. “Los Actos Legislativos y proyectos de ley tramitados mediante el procedimiento especial para la paz, es decir, los que están tramitando acá, será de iniciativa del Gobierno Nacional, eso sigue, y lo más importante, el de los proyectos de ley y de Acto Legislativo que falten para implementar la paz. Su contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del acuerdo final”, destacó Henao.
Resaltó el rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao, que no había sustitución de la constitución. “Hay una afectación del procedimiento legislativo, pero eso no significa sustitución de la constitución”.
Negó que el proceso esté congelado como lo afirmó Enrique Santiago, uno de los abogados de las Farc. “Congelado no está, indudablemente entiende uno el nerviosismo. La pinión pública tiene que ponerse en el pellejo de las Farc, con el susto previo que le generan de que todo se va a acabar cuando no será así”.
Finalmente sostuvo que “el Congreso va a tener más garantías, pero de forma inocua, porque no se pueden cambiar ni eliminar los acuerdos de paz, entonces se equivoca la Corte y se equivocan quienes creen que esto es una catástrofe”.
Por Felicia Saturno Hartt. Foto: FBI.- El hackeo masivo de WannaCry ha acaparado la atención mundial, pero un nuevo estudio, realizado por Arndt Sinn, de la Universidad de Osnabrück, indica que la Globalización ha generado una increíble gama de actividades criminales, más allá del hackeo.
Si los estados no asumen este nuevo delito, no se presagia nada bueno para las fuerzas de seguridad, políticos y ciudadanos.
El crimen organizado a nivel mundial está en auge y genera entre 800 mil millones a dos billones de euros por año. Es difícil precisar cifras, pero hasta las estimaciones más conservadoras que presenta el profesor Sinn son impactantes. Por ejemplo, desde 1998 el número de mercancía ilegal confiscada en la Unión Europea (UE) se ha incrementado en casi 1.000%.
La piratería también se incrementa, desde huevos de gallina hasta copias de maquinaria pesada, cuya autenticidad varía, se venden ilegalmente a nivel internacional. Un 50% de todos los productos farmacéuticos vendidos por internet son falsos. "Los farmacéuticos son más lucrativos que la cocaína” afirma Arndt Sinn.
El estudio muestra como la globalización ha cambiado la naturaleza del crimen. Se cree que unos 5.000 grupos del crimen organizado operan actualmente en Alemania. Un 70% de ellos son grupos internacionales, con unas 180 nacionalidades.
Aún más preocupante es la línea borrosa entre el crimen organizado y el terrorismo. Se sabe que los grupos terroristas como el Estado Islámico y Al-Qaeda utilizan el tráfico de drogas para su financiamiento y que Siria, devastada por la guerra, es el lugar donde se produce el mayor número de Captagon falsos, un calmante a base de anfetaminas que utilizan tropas del gobierno e insurgentes para combatir la fatiga, el miedo, y el dolor.
Otro nuevo fenómeno que opera en una zona gris entre el crimen individual y organizado es el cibercrimen de chantaje, como resultó ser WannaCry y otras estafas cibernéticas.
"En Darknet se puede descargar gratis una herramienta para esto, que de funcionar, genera un 30% de comisión”, cuenta Sinn. "Es una caja donde se introduce el mensaje de chantaje y las direcciones de correo de los destinatarios”.
Los criminales de ciberchantaje y otros que se desenvuelven por internet pueden trabajar de manera individual y su flexibilidad les hace más difícil de encontrar.
Las autoridades enfrentan desafíos hasta con formas más tradicionales del crimen organizado. Muchos de los bienes pirateados provienen de China y Hong Kong, pero hay poca voluntad política para crear conflictos con socios económicos tan grandes como ellos.
Al final, los expertos dicen que el crimen organizado continuará creciendo hasta que grupos e individuos en nuestra sociedad se rehúsen a beneficiarse de esta industria ilícita. Esto incluye desde turistas que compran marcas de lujo pirateadas hasta proveedores de servicios que monitorean a sus clientes.
Por SIG.-El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, declaró desde Estados Unidos que la sentencia de la Corte Constitucional sobre el procedimiento conocido como ‘fast track’, no afecta la seguridad jurídica de los acuerdos de paz.
Fue claro en manifestarle a los colombianos y al mundo que hay que seguir trabajando para cumplir los acuerdos e indicó que conversó de ello con el jefe de las Farc, Timoleón Jiménez, conocido como ‘Timochenko’.
“No, no afecta la seguridad jurídica. Lo que afecta son los procedimientos dentro del Congreso. Pero simplemente lo que hay que hacer es que, con el Congreso, trabajar más de cerca para sacar adelante lo que de todas forma íbamos a sacar adelante, el Fast Track”, expresó el Jefe del Estado.
Explicó que “lo único que se cayó fue que los congresistas ahora tienen la posibilidad de tomar iniciativas dentro de la discusión, que es normal dentro de cualquier procedimiento en el Parlamento. O sea, no es grave. Lo que hace es más dispendioso el procedimiento pero si hay voluntad política, esto no debe tener ningún efecto”, dijo.
El Mandatario hizo énfasis que el Gobierno respeta “como siempre los fallos de la Corte, pero lo importante es que en ese fallo también se aceptó que no se puede aprobar ninguna ley que vaya en contra de los acuerdos”.
“Lo que le dije a ‘Timochenko’ es que siguiéramos trabajando para cumplir por parte de ellos y por parte nuestra los acuerdos. Quedamos en que haríamos eso y eso es algo muy importante porque los acuerdos están es para cumplirse”, subrayó.
Comentó que “los jefes de los partidos políticos se manifestaron diciendo que ellos seguirán trabajando y lo que tenemos que hacer es trabajar con el Congreso para sacar adelante lo más pronto posible lo que queda todavía en el cumplimiento de los acuerdos”.
