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Redacción Ecos. Foto: Corte Constitucional. Luego de intensas y necesarias deliberaciones, de más de 8 horas, la Corte Constitucional de Colombia dio un paso histórico para la superación del más largo conflicto armado del continente y uno de los más complejos y polémicos del mundo, que va a permitir el logro de una paz estable y duradera.
Siete de los nueve Magistrados de la Corte Constitucionala aprobaron la realización del plebiscito, tras discutir y votar la ponencia que proyectó el Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, en el cual los ciudadanos aptos para sufragar decidirán si aceptan o no el Acuerdo de Paz entre las FARC- EP y el Gobierno de Colombia, como salida política y negociada a un conflicto de más de 50 años de data y de consecuencias inmensurables.
Este mecanismo de participación política es un importante paso para la consolidación del Acuerdo de Paz y de las facultades propias de la Ciudadanía Colombiana en Democracia. Pues el pueblo, cuando el jefe de Estado colombiano convoque a las urnas, decidirá si está de acuerdo con lo negociado en La Habana.
Lo fundamental de esta decisión de la Corte Constitucional son las condiciones del proceso de refrendación: el alto tribunal aprueba el 13% del umbral aprobatorio exigido (cuatro millones y medio de votos), que se había propuesto en el proyecto de ley aprobado por el Congreso el año pasado.
Asimismo, la Corte expresó que el Presidente Juan Manuel Santos tendrá que actuar de acuerdo a los resultados de la votación para refrendar lo firmado entre las partes, lo que implica, en términos jurídicos, de un plebiscito vinculante.
Por ello, los magistrados señalaron que, antes de convocar a la votación de los ciudadanos, el país deberá conocer todos los detalles del acuerdo consensuado, debe ser traducido, tanto para personas en condición de discapacidad, como a idiomas diferentes al castellano.
Una vez notificado, el Presidente de la República tendrá que informarle al Congreso su intención de convocar a este plebiscito. Durante un máximo de un mes, los legisladores deberán estudiar si aprueban dicha convocatoria. Una vez cuente con este visto bueno, el jefe del estado debe convocar a los votantes a las urnas en un plazo máximo de cuatro meses.
El Gobierno contará con un plazo de un mes para convocar a la jornada electoral del plebiscito, tal cual lo prometió el Presidente Juan Manuel Santos desde que se supo de los diálogos que se habían abierto con la guerrilla de cara a la paz.
Es interesante señalar que la Corte Constitucional intentó despolitizar la campaña plebiscitaria, a través de la exclusión de la participación directa de aspirantes polítcos y los partidos con fines electorales.
Redacción Ecos. Foto Machman News.- En una sala extraordinaria, la Corte Constitucional de Colombia emprendió este lunes la discusión de uno de los temas trascendentales para la concreción del Proceso de Paz: el destino del plebiscito, que aportaría respaldo ciudadano al proceso de negociación del gobierno con las FARC-EP.
El Alto Tribunal tiene plazo legalmente hasta el 22 de septiembre, para pronunciarse sobre el tema, pero fuentes cercanas a la Corte señalaron que existe el consenso para que la decisión se dé a conocer antes del miércoles 20 de julio, cuando se instalan las sesiones ordinarias del Congreso.
Los nueve magistrados de la Corte están reunidos, desde las 10 de la mañana, para discutir la ponencia del Magistrado Luis Ernesto Vargas que plantea la exequibilidad de la iniciativa aprobada en el Congreso, incluidos puntos que han generado polémica como el umbral del 13% y la posibilidad de que los servidores públicos puedan participar en la campaña.
Esta ponencia reconoce el uso del plebiscito como la figura que asegure la legitimidad de lo acordado en La Habana. Asimismo, instaura que el Presidente de la República pueda convocar a un plebiscito y que esta figura tiene carácter vinculante (si triunfa el sí, se deben hacer los cambios legales y constitucionales necesarios para cumplir el acuerdo de paz).
La decisión es trascendental no solo porque lo que diga la Corte permitirá establecer el mecanismo para definir si las negociaciones cuentan o no con el apoyo de los colombianos, sino que además ese fallo, según anunciaron el Gobierno y las Farc, será plenamente acatado por las partes.
Colombia espera que la Guardiana de la Constitución y de los Derechos de los Colombianos tome la decisión más acertada, luego de una discusión objetiva de los alcances de este proceso.
SIG.- Al fin de una gira de tres días por la ciudad de Washington, el Alto Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo, se reunió con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en compañía del Embajador, Andrés González, Jefe de la Misión de Colombia ante la OEA.
“Pudimos expresar al Secretario General de la Organización de Estados Americanos el interés del Gobierno colombiano en dos temas fundamentales de participación de la OEA. Uno, la definición de una ampliación de la cobertura geográfica que fortalezca las funciones de la misión de apoyo al proceso de paz que es la MAPP-OEA, mediante el monitoreo, con un enfoque de reconciliación”, aseguró el Alto Consejero.
En segundo lugar, Pardo se refirió a la importancia del proyecto de desminado que vienen liderando el Gobierno y las Farc, con el apoyo financiero de Estados Unidos y la OEA, y que en el caso del piloto que se realiza en el municipio de Orejón, Antioquia, ya ha liberado de minas 15 mil metros cuadrados.
“El proyecto de desminado de la OEA, queremos que se expanda y que la OEA continúe con el proyecto de monitoreo y verificación de procedimientos de desminado humanitario, y que adicionalmente haga la certificación final de que el área es libre de sospecha de minas una vez desminada”, indicó Pardo.
Por su parte, el Secretario Almagro aseguró que el organismo que dirige ha venido acompañado distintos proyectos encaminados a la reconciliación de los colombianos. “Estamos comprometidos con la búsqueda de la paz en Colombia. Su Presidente Juan Manuel Santos ha liderado grandes luchas que hoy ya surten sus primeros frutos. Todo lo que esté a nuestro alcance por la paz de Colombia lo vamos a hacer”, sostuvo.
Por Luis Fernando García Forero. Foto Ecos.-El presidente del partido conservador David Barguil, fue claro en señalar en estos días que la colectividad tendrá candidato único a las elecciones presidenciales del 2018 y que además no hará alianzas con otras colectividades, al menos en la primera vuelta.
La afirmación la destacó al referirse a la Convención que tendrán los conservadores el 28 de agosto en Bogotá, con miras a elegir nuevo directorio nacional y establecer las reglas de juego del inmediato futuro electoral.
“Esa convención tiene que significar, y lo lideraré, el mandato de los convencionistas para que el partido tenga candidatura a la Presidencia de Colombia. Le cerramos la puerta a alianzas, le cerramos la puerta a que nosotros nos sumemos a las candidaturas de otros partidos políticos o sectores”, sostuvo Barguil, quien además sostuvo que se tiene previsto realizar un foro ideológico, donde se plantearán los temas de las reformas en el escenario del posconflicto.
Lo que corre de voz en voz en la militancia conservadora en el territorio nacional, es cuál podría ser ese candidato que represente la unidad del partido. Figuras como el actual ministro de hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría, el procurador general de la nación Alejandro Ordoñez, la excandidata presidencial Martha Lucia Ramírez, son por ahora, los nombres de la baraja azul, pese a que los dos últimos con sus posiciones en la coyuntura política nacional, siempre han estado cercanos o identificado con el uribismo.
Cárdenas Santamaría, leal al presidente Santos y quien se ha destacado por ser uno de los mejores ministros del actual gobierno, tiene a su favor el apoyo de la bancada parlamentaria y podría ser ese líder que logre unir al partido, que desde las pasadas elecciones presidenciales ha mostrado un fraccionamiento interno que ha venido liderando la exministra del partido de la U, Martha Lucia Ramírez, como lo señalaron a instancias de Ecos varios dirigentes de esta colectividad.
El procurador Ordoñez por sus posiciones en el Ministerio Público, principalmente las críticas al proceso de paz en La Habana, se aleja de muchos sectores del partido y parte de las bases que se suman al apoyo del plebiscito para la paz.
Con ese panorama son escasas las posibilidades que tiene el conservatismo colombiano para lograr una candidatura sólida que le permita obtener un resultado que lo lleve a la segunda vuelta. A no ser que la fuerza de opinión del actual presidente de la colectividad, David Barguil, por su juventud, inteligencia y defensa a los usuarios del sistema financiero, que son millones en Colombia, sorprenda con una aspiración presidencial.
La convención tiene la palabra.
Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Reuters.- El intento de golpe de Estado en Turquía, acaecido en la noche del viernes ha fracasado y se ha saldado con 265 muertos, 1.440 heridos y 2.839 militares detenidos, según ha notificado el Jefe de las Fuerzas Armadas de Turquía en funciones, Umit Dundar.
Solo en Ankara se han entregado alrededor de 700 uniformados, según la Agencia Anatolia. Un total de 150 golpistas han sido detenidos en el cuartel general del Ejército turco en Ankara, sede principal de las Fuerzas Armadas. Entre los arrestados en esa ciudad figura el excomandante del Estado Mayor de la Fuerza Aérea turca Akin Ozturk, uno de los presuntos jefes de la asonada militar.
El Primer Ministro Turco, Binali Yildirim, ha prometido que el Gobierno revisará el actual marco legal para dar la "mejor respuesta" a la rebelión. Yildirim ha descrito la asonada como una "mancha negra" en la historia de Turquía, si bien ha destacado que su derrota demuestra el compromiso del país con la democracia. En este sentido, ha dado por derrotado el golpe y ha confirmado que las autoridades legítimas, tanto militares como políticas, tienen pleno control de la situación.
En la misma línea se ha pronunciado Dundar, que ha asumido temporalmente el mando de las Fuerzas Armadas, tras el secuestro del Jefe del Estado Mayor, Hulusi Akar, aunque ha admitido que siguen activas operaciones de seguridad.
El Jefe del Ejecutivo ha apuntado, en su comparecencia, que la pena de muerte no existe actualmente en el Código Penal Turco, pero ha advertido de que las autoridades estudiarán cambios en la legislación para que sucesos como el del pasado jueves no vuelvan a tener lugar.
La Presidencia de Turquía, por su parte, ha llamado en Twitter a la ciudadanía a seguir en las calles ante el riesgo de que se produzca un "nuevo" movimiento contra el Gobierno. Mientras tanto, el parlamento, que resultó dañado en una serie de bombardeos durante la noche, se ha reunido en sesión extraordinaria en Ankara.
Una Historia Insurreccional
La Turquía moderna nace de una insurrección contra las potencias ocupantes, que intentaban repartirse en 1918 las costas de Anatolia y los estratégicos estrechos turcos. El general victorioso, Mustafá Kemal, Atatürk, se hizo con el poder y a su muerte lo legó a su lugarteniente, Ismet Inonu.
Los mandos militares se retiraron tras el telón, pero han seguido manejando los hilos del poder durante décadas. En 1960 derribaron y enviaron a la horca al primer ministro Adnan Menderes; en 1970, bastó un simple manifiesto para que dimitiera el gobierno y en 1980 cientos de miles de políticos, sindicalistas e intelectuales acabaron en la cárcel.
En 1997, el religioso Necmettin Erbakan puso fin a toque de corneta a la primera experiencia de poder islamista. Y en mayo de 2007 el Estado Mayor intentó vetar la designación de Abdulá Gül como presidente.
El entonces primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, plantó cara a la bota castrense y convocó elecciones anticipadas. El AKP barrió en las urnas y Gül fue nombrado jefe de Estado. Los generales no han dejado de ceder privilegios desde entonces. La pasada madrugada tal vez hayan comprendido que su lugar está en los cuarteles.
Inestabilidad en un país clave
La intentona de golpe en Turquía añade un factor más, y muy grave, de tensión y desestabilización en un país clave para la Unión Europea y el mundo. En un momento en el que la UE se encuentra sometida a presiones múltiples, desde el desgraciado resultado del referéndum británico a la crisis migratoria, pasando por la amenaza del terrorismo yihadista, lo último que se podría imaginar tener que enfrentar es una desestabilización tan profunda de un país esencial por su posición estratégica, entre Oriente y Occidente.
Pese a la firmeza y las maneras autoritarias de Erdogan, y aun teniendo en cuenta la solidez de la posición geopolítica del ejército turco como bastión oriental de la OTAN, Turquía está demostrando ser un país enormemente frágil, atravesado por importantes tensiones políticas, económicas y sociales. Erdogan, que cuando comenzó la primavera árabe en 2011 se vio a sí mismo como el renacido líder del mundo musulmán, incluso acariciando la idea de un renacimiento neo-otomano, se ha visto progresivamente aislado, tanto en casa como internacionalmente.
En su país, Erdogan ha acosado a la oposición política, hostigado a los medios y perseguido a periodistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil y poner en duda a las instituciones independientes. Ha sido terriblemente atroz con los kurdos y con su proceso de paz y reconciliación como pueblo.
En el exterior ha tenido una posición beligerante y una dinámica de confrontación con vecinos y con países clave como Rusia, Irán e Israel, que solo recientemente ha intentado reconducir.
Con Europa, el primer mandatario turco ha logrado quedar como un líder autoritario, arrogante y poco cooperativo, que ha impulsado una relación realista sobre todo con la crisis humanitaria de los refugiados.
Lo sucedido, que no se puede aceptar y menos justificar, tuvo en las torpezas de Erdogan un importante detonante. Pero también un muro contendor en los aciertos del mandatario turco de hacer de su país una nación moderna.
Ya ha anunciado Erdogan que aplicará el "máximo castigo" contra los responsables de la asonada militar que buscaba derrocarle. El dirigente islamista se enfrentó a su prueba más dura y sale reforzado tras unos momentos de gran incertidumbre.
Paradójicamente, las redes sociales del más perseguido enemigo político del Presidente Erdogan, el Internet, hicieron posible la globalización de la crisis turca en segundos y lograr la cohesión popular que lo hizo retornar a Turquia a someter al décimo ejército más grande del mundo, por su impropia acción contra el estado.
Redacción Ecos. Fotos Revista Semana y Ecos Media. Una vez más el Gobierno de Colombia salió en defensa de los derechos de la mujer como garantía para la construcción de una paz estable duradera y con justicia social.
Así lo enfatizó la directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, María Paulina Riveros Dueñas, quien fue contundente en destacar que sin la voz del género no se logra el verdadero camino de la reconciliación nacional.
En su intervención en la X Reunión Ordinaria del Mecanismo de Diálogo en Derechos Humanos entre Colombia y la Unión Europea, que se realiza en Bruselas (Países Bajos), la funcionaria destacó la participación que han tenido las mujeres en el proceso de paz con las Farc-EP, la cual se materializó con la puesta en marcha de la Subcomisión de Género.
“Nunca en un proceso de paz en el mundo, se había dedicado un espacio de diálogo y participación de las mujeres para garantizar que en los acuerdos estén incluidos asuntos relativos a sus derechos”, sostuvo.
Riveros Dueñas resaltó que desde la subcomisión de Género se han abordado asuntos relativos a las garantías de acuerdos con un lenguaje incluyente, combinando enfoques de sus derechos de las mujeres, de género, de diversidad sexual y étnica.
Agregó que se ha buscado la promoción de una seguridad integral para el ejercicio pleno del derecho a la participación política de las mujeres y de las personas LGBTI; así como el ejercicio de sus liderazgos en condiciones de seguridad.
La directora de DD.HH. reconoció que “las mujeres han sido víctimas de violencias sexuales y otros hechos crueles y degradantes. Estas realidades deben ser transformadas desde la lógica del posconflicto para que podamos construir unas nuevas realidades culturales, institucionales, sociales y políticas que nos permitan entender el verdadero rol de la mujer en la esfera sociopolítica y económica del país”.
Sostuvo que el conflicto armado colombiano multiplicó “las violencias ejercidas contra las mujeres, reproduciendo sistemáticamente formas de violencia cotidianidad y en los contextos relacionales, ligados a estructuras patriarcales de asignación y comprensión de roles desde el sexo y la identidad de género”.
“En Colombia el conflicto ha determinado la forma cómo se ha construido la sociedad, prevaleciendo la militarización y el establecimiento del rol de la mujer en la sociedad desde relaciones jerárquicas de poder sobre ellas, de opresión y como arma de guerra” aseveró la Directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Colombia.
Finalmente fue enfática en señalar que “los derechos a la verdad, justicia, reparación transformadora, garantías de no repetición y a la memoria histórica a la participación y los derechos sobre la tierra y el territorio deben ser entendidos y reconocidos en el postconflicto desde lógicas inclusivas para las mujeres”.
Por Felicia Saturno Hartt. Valery Hache/Agence France-Presse.- Si algo persiguen los Cultores del Terror Político es el valor del impacto. Y ese objetivo volvió a concretarse este jueves 14 de julio, otra vez, en Francia.
El día de la Toma de la Bastilla, es una fecha de conmemoración nacional, porque es el Día de Francia, de la nación que apostó a proclamar la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad, en un Estado Laico, en un país plural. Es una fecha perfecta para que el fundamentalismo expresará, de nuevo y otra vez, su odio por todo lo que signifique asumir las diferencias como derecho y como garantías.
“El terror, el terror ha vuelto a golpear a Francia”, dijo el Presidente François Hollande, en un mensaje televisado la madrugada del viernes (hora local). También apuntó que el “carácter terrorista” del ataque era innegable y calificó como “una monstruosidad” el uso de un camión grande para matar deliberadamente.
Exactamente fue un hecho deliberado. Totalmente planeado y contra inocentes, ciudadanos de a pié, que salieron a ver los juegos artificiales, pasear en familia y compartir, en un sitio emblemático de una ciudad litoral en vacaciones, el día nacional. Y no esperaban que un camión de carga los atropellase y les disparara.
Las autoridades han confirmado, hasta el momento, la muerte de 84 personas, incluyendo 10 niños y adolescentes, 202 heridos —de los cuales 52 están graves— y que el camión estaba “lleno de armas y granadas”. Los policías dispararon al conductor para detenerlo. Aún no se sabe qué lo pudo haber motivado para arrollar a las personas.
Es el tercer ataque en Francia en poco más de año y medio. Sucede ocho meses después de los atentados de Paris, en varios restaurantes y una sala de conciertos, en noviembre 2015, que provocaron 130 muertos y del ataque contra el semanario satírico Charlie Hebdo, en enero 2015, que terminó con la vida de gran parte de su redacción.
Aún el ataque de Niza no tiene dueño. Seguro si fue el Estado Islámico, tardará en asumir la autoría, esperando la estadística de las personas perjudicadas. Por lo general, lo hacen a través de su canal Amaq, en la aplicación encriptada Telegram.
Sin embargo, como sucedió tras los ataques de París, Bruselas y Orlando, hubo una evidencia, casi noticia criminis, las celebraciones transmitidas en los canales operados por grupos afines al Estado Islámico y también en un canal afiliado al grupo, luego de los atentados.
El tunecino utilizado para ser el autor material del atentado se hallaba en trámites de divorcio y tenía problemas con su familia en Túnez, supuestamente originaria de Susa, donde hace un año murieron 38 turistas en un atentado en las playas de dos hoteles. Sería el típico sujeto que usa el terrorismo para hacer sus atentados y proceder en las sombras.
Este atentado sucedió a sólo días de final de la Eurocopa 2016 que tuvo lugar en Francia y pocas horas después que el Presidente Hollande anunciara que el estado de emergencia se levantaría el 26 de julio.
Redacción Ecos. Foto SIG.- Al anunciar que, como Jefe de Estado, su deber es proteger siempre el interés general y los derechos de los colombianos sobre los intereses económicos de unos pocos, el presidente Juan Manuel Santos, fue contundente en advertir que “he dado la orden de duplicar el número de efectivos de nuestra fuerza pública en las carreteras. Serán ahora 50 mil hombres que garantizarán la seguridad de las vías y acompañarán las caravanas de las empresas que quieran trabajar”.
En un paro de camioneros que lleva ya 38 días y donde se ha acudido a las vías de hecho, el presidente Santos anunció la inmovilización e incautación de los vehículos que se usen para bloquear las vías, la cancelación de las licencias a los conductores que participen en bloqueos, así como la cancelación de la licencia de operación a propietarios y empresas.
“Frente a la necesidad de garantizar el abastecimiento, el transporte de mercancías, he tomado, entre otras, las siguientes decisiones: “cancelar la licencia de operación a los propietarios y a las empresas e imponer multas hasta por 480 millones de pesos; cancelar las matrículas de los vehículos que se presten para vías de hecho”.
El Jefe de Estado en una declaración desde la Casa de Nariño resaltó la labor adelantada por la fuerza pública en la actual situación y dijo que “se ha hecho presente en las carreteras y ha protegido más de 1.700 caravanas contra las agresiones ilegales de los violentos”.
Ordenó la habilitación temporal de vehículos particulares para el transporte de carga y “establecer un centro logístico para facilitar el movimiento de carga en coordinación con los empresarios y los transportadores que quieran trabajar”.
Rechazo vías de hecho
El Presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a la búsqueda de soluciones realistas al paro transportador y rechazó la corrupción denunciada por el Fiscal General (e) Jorge Perdomo. “Desde que se inició la protesta de unos gremios de transportadores, hace 38 días, ordené al Ministro de Transporte y a su equipo que abriera una mesa de diálogo y de trabajo para escuchar los reclamos de los transportadores y buscar soluciones realistas”, recordó.
Fue enfático en señalar que esas soluciones no pueden ir en contra del interés de los ciudadanos ni afectar la economía de las familias colombianas.
“¿Qué significa que sean realistas las soluciones? Significa que no pueden ir en contra de la gran mayoría de los colombianos. No pueden ir en contra de la canasta familiar, del bolsillo de las familias. No pueden ir en contra del normal abastecimiento de alimentos. No pueden ir en contra del empleo, del trabajo decente, de la actividad de los campesinos, de la actividad de los industriales”, declaró.
Aseguró que “el Gobierno no puede permitir, y no voy a permitir, que los precios de los alimentos para los colombianos, como el huevo, la carne, el arroz, suban de forma permanente por cuenta de este paro”.
Se refirió a las denuncias del Fiscal General de la Nación y dijo que es inaceptable que los líderes del paro transportador exijan que se mantenga el actual sistema de chatarrización, que “se ha convertido en un foco de corrupción”.
“Esta corrupción la tiene identificada el señor Fiscal General de la Nación, que va a proceder con toda la contundencia en contra de los responsables de esta corrupción. Estos individuos han convertido el programa de chatarrización en un negocio particular en el que las principales víctimas son precisamente los pequeños transportadores”, sostuvo.
Sin embargo el Presidente de la República reiteró la disposición del Gobierno Nacional para encontrar una salida al paro del sector transportador: “quiero reiterar una vez más la disposición del Gobierno para encontrar soluciones concertadas, pero que sean realistas, que sean convenientes para el país, y sean también convenientes para los transportadores, pero sobre todo que sean convenientes para los más pequeños, no para unos pocos”, subrayó.
Finalmente, exigió el cese de las vías de hecho para facilitar acuerdos que permitan el levantamiento del paro.
Por Luis Fernando García Forero. Foto: Ecos Media.- Eduardo Verano de la Rosa es un interesante y veterano político liberal del Atlántico Colombiano, quien ha hecho política con las banderas de la descentralización y la autonomía territorial. Nacido en Barranquilla en 1950, tiene una excelente formación: administrador de empresas de la Universidad del Norte, con un MBA de la Universidad de Columbia.
Aun cuando se inició en la empresa privada, desde muy joven asumió la militancia en el Partido Liberal, para pasar al sector público con cargos vinculados al área de servicios. Posteriormente tuvo el desafío de ser uno de los Constituyentes de 1991 y volvió a ejercer puestos públicos, hasta aspirar a la Alcaldía de su natal Barranquilla en 1994, sin éxito.
En ese momento el Presidente Ernesto Samper lo nombró Consejero Presidencial para la Costa y luego, en 1997, Ministro de Ambiente, cartera desde donde lideró la adhesión colombiana al acuerdo marco de la Convención de Cambio Climático en Kyoto.
En 1998, Verano se convirtió en el Secretario General del Partido Liberal y asumió la misión de modernizar la colectividad. Lideró, junto a su copartidario Horacio Serpa, entre otros, el ingreso del Liberalismo a la Internacional Socialista y participó, como representante de la sociedad civil, en los Diálogos del Caguán que inicio sin éxito Pastrana con las Farc.
Se postuló varias veces a la Gobernación del Atlántico y la gana en el 2003 y el 2015. Con la bandera de la descentralización, fundó el movimiento "Colombia, País de Regiones", para impulsar su propuesta con una clara tendencia independiente.
Pese a que acaba de recibir la suspensión de la Procuraduría por 4 meses, como Gobernador del Atlántico, Verano de la Rosa no le teme a esas adversidades, porque es consciente de su conducta y su proyecto político: una Colombia organizada en regiones.
ECOS: ¿Su iniciativa de Colombia País Región, viene a suplir lo que el Legislador no hizo cuando el Constituyente le ordenó establecer un nuevo ordenamiento territorial en Colombia?
EV: Es una deuda y uno de los asuntos pendientes por desarrollar en la nueva constitución y donde tenemos mucha expectativa, especialmente en la Región Caribe, para poder conformar esta región como debe ser.
ECOS: ¿Cómo debe estar en la ley inconclusa de ordenamiento territorial?
EV: Tiene razón, porque está mutilada: sin recursos, sin posibilidades de un desarrollo importante, si autoridades propias, entre otros aspectos. Tal como esta, es casi que una burla a lo que los constituyentes querían.
ECOS: ¿Usted que ha liderado el tema, ya eso se debe establecer en una nueva constituyente?
EV: Sea a través del mecanismo que sea, hay que reformar la Ley de Ordenamiento Territorial, porque tal como está, la ley orgánica impide la aparición de las regiones en todo su esplendor y como está prevista en la constitución.
ECOS: ¿Estarían dispuestos los departamentos a afrontar o aceptar el tema en un escenario del Posconflicto?
EV: Puede ser que a través de las facultades especiales que tiene el Presidente de la República con todo lo del posconflicto pudiese desarrollarse toda la base de la creación de las regiones como nosotros pretendemos. La región es el desafío del Postconflicto.
ECOS: ¿En esa instancia, cree que no sería tema para una constituyente?
EV: He escrito artículos a favor de la constituyente, pero si hay algún mecanismo que nos permita hacer las reformas, cualquiera que sea es necesario, hay que hacer unos ajustes, en el caso específico del ordenamiento territorial, tal como está en la constitución y como está en la ley orgánica, es para que no se pueda desarrollar nada.
ECOS: ¿Estaría dispuesto a ser de nuevo constituyente y viabilizar el propósito de región por el que lucha?
EV: Utilizaremos los mecanismos necesarios para que esta idea tenga desarrollo y éxito para el bien de Colombia.
ECOS: ¿Qué le quita y qué le pone a la Constitución de 1991?
EV: ¿Qué le quiten? nada, al contrario, hoy que hemos tenido la oportunidad, 25 años después de revisar lo que hemos hecho por la constituyente, son muchos más los avances y lo positivo que lo que lo que tendríamos que enmendar. La dejaría así, obviamente hay que revisar algunos temas como la participación ciudadana, los mecanismos de control, pero lo demás, muy bien, hay muchas cosas positivas. ¿Y qué le pongo? El ordenamiento territorial.
ECOS: ¿Cree en el futuro de los departamentos?
EV: Claro que sí, trabajamos intensamente para que cada vez se fortalezcan más las entidades territoriales en el todo el país.
ECOS: ¿Y el tema de región?
EV: Con ello se desarrolla aún más el fortalecimiento de la nación.
Redacción Ecos. Foto: Rodrigo Sepúlveda.- Con 17 votos a favor, de los 22 existentes, Néstor Humberto Martínez fue elegido, por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, como nuevo Fiscal General de la Nación.
Martínez Neira, logró la mayoría de los votos necesarios en la tercera sesión en el alto tribunal, para así convertirse en el nuevo jefe del ente investigador durante los próximos cuatro años en reemplazo de Eduardo Montealegre.
En la audiencia del pasado 9 de junio, en la que el alto tribunal escuchó a los ternados (Martínez, Reyes y Cifuentes), Martínez planteó tres grandes propuestas para su administración en el ente acusador.
Las iniciativas de Martínez giraron en torno a tres temas: la modernización de la Fiscalía, la reducción de la impunidad y la aplicación de una justicia que le sirva a los ciudadanos.
El Superministro del Presidente Juan Manuel Santos
Néstor Humberto Martínez se desempeñó en las carteras de Justicia, en el gobierno de Ernesto Samper, y del Interior en la administración de Andrés Pastrana; embajador en Francia, Superintendente Financiero y recientemente en el Ministerio de la Presidencia, cargo creado en el segundo mandato de Santos y en el cual mostró su apoyo al proceso de paz.
Este abogado tiene un magíster en Sociedades, y una Especialización en ciencias Socio–Económicas y Derecho Comercial de la Universidad Javeriana.
Martínez se destaca también por su participación como vicepresidente Jurídico de la Cámara de Comercio de Bogotá (1981-1986), Superintendente Bancario delegado para las Instituciones Financieras (1986-1988), Superintendente Bancario de Colombia (1988-1991), miembro de la Junta Directiva del Banco de la República (1991-1992), embajador de Colombia ante Francia (1996-1997), Ministro del Interior (1998-2000), conjuez del Consejo de Estado (2013), y finalmente Ministro de la Presidencia desde 2014 a 2015.
Además, fue el fundador del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Paralelamente, ha fungido como profesor universitario. También, el jurista se dedicó en los últimos meses a continuar como litigante, encabezando la defensa de varios de los ingenios azucareros, tras la millonaria multa de la Superintendencia de Industria.
Martínez anuncio que “la suya será “la Fiscalía del Posconflicto”, pero garantizó que no dejará en segundo plano la obligación de combatir la delincuencia.
Martínez anunció la presentación de tres proyectos legislativos, que, aseguró, garantizarán mayor transparencia en la Fiscalía. El más llamativo es el que evitaría que las elecciones de fiscal, como ha ocurrido en los últimos seis años, se dilaten indefinidamente en desmedro de la administración de justicia.
En materia de Paz y Posconflicto, anunció que la Fiscalía jugará “un papel determinante” para que la Justicia Especial para la Paz acordada en La Habana logre su propósito.
“Este es un momento muy importante en la historia de Colombia (...) Necesitamos avanzar en la consolidación de la seguridad ciudadana. Vamos a aclimatar los tiempos de paz, que es el propósito que hoy tiene la Nación entera, con la realidad de una justicia que permita que las colombianas y los colombianos podamos caminar por nuestras calles y por nuestras aldeas sin ángel de la guarda”.
Frente a la delincuencia organizada y las bandas criminales, expresó: “Vamos a hacer una tarea para lograr el comiso y el decomiso de los patrimonios ilícitos, que son los que siguen financiando el crimen organizado en Colombia. Tengo el conocimiento y la experticia, y espero que este sea uno de mis grandes legados para la Fiscalía”.
Martínez afirmó que la corrupción, especialmente en las regiones, es un cáncer que está carcomiendo la democracia, y anunció una “lucha frontal y una cruzada” contra los que se roban la plata pública. “Que tiemblen los corruptos”, dijo.
Martínez Neira reconoció las cualidades de sus dos competidores y aseguró que, con sus actuaciones y hoja de vida, “le dieron altura al debate” para elegir al nuevo Fiscal General.
Los retos del nuevo Fiscal General de Colombia
Con la polémica de su postulación y luego de su elección mayoritaria, muchas expectativas y retos se le han señalado para su gestión y la consolidación de su Agenda como Fiscal General.
Especialistas y demás profesionales y miembros de grupos de interés estiman que uno de los desafíos es superar los impedimentos judiciales para la administración de justicia, con el concurso de la Corte Suprema en la denominación de su fiscal ad hoc, cuando el Fiscal General se declare impedido en un proceso.
Otro desafío es superar la interinidad y la Corte resuelva las faltas absolutas del jefe del ente acusador, nombre un encargado y no al vicefiscal, de tal manera “que no se creen estímulos para que las interinidades se prolonguen, como ha ocurrido en el inmediato pasado”. En el actual proceso, hubo reservas por la cercanía del vicefiscal con magistrados.
Asimismo, buscar la transparencia del ente acusador es todo una empresa, ya que se requiere también que el control interno sea supervisado por la Corte Suprema. El reporte de la actuación generaría confianza.
Gerenciar la Fiscalía es otro de los retos. La Fiscalía tiene más de 25 mil funcionarios y un presupuesto que el año pasado superó los 2,5 billones de pesos. Los analistas exponen que el Fiscal debe tener la capacidad de gerenciar una de las instituciones con mayor poder en el país, alejándose de prácticas como las que le valieron a Montealegre críticas por la entrega de millonarios contratos.
Estructurar para optimizar el sistema de investigaciones y así desmantelar esas redes criminales que afectan la tranquilidad y ponen en riesgo los bienes de los ciudadanos.
Lograr que los ciudadanos encuentren una respuesta rápida y efectiva de la justicia, en el día a día, sobre todo en delitos que afectan la seguridad ciudadana, es uno de los principales retos de la Fiscalía. Con cerca de 1,6 millones de procesos represados en investigación y solo 50 mil condenas logradas al año, habrá que liderar estrategias y reformas para hacer más ágil la justicia en Colombia.
