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Redacción Ecos. Foto: SIG.- El Jefe de la Delegación del Gobierno Nacional en el Proceso de Paz, Humberto De La Calle Lombana, resaltó este viernes, el anuncio sobre el mecanismo de selección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz y resaltó que pese a las dificultades, se alcanzara un acuerdo en esa materia.
El Jefe del Equipo Negociador hizo la declaración en el contexto de la Clausura de la LXXII Asamblea de la Andi, cumplida en Cartagena, acto que contó con la asistencia del Presidente de la República, Juan Manuel Santos.
“Lo que parecía imposible, nosotros mismos había momentos en que decíamos: bueno, ¿vamos a ser capaces de superar esto? Pues lo hemos logrado hoy. Yo creo que es uno de los acuerdos más importantes”, subrayó De La Calle Lombana.
Explicó la trascendencia de lo anunciado hoy desde La Habana al considerar que ello “garantiza lo que todos los colombianos queremos: que haya justicia judicial seria, perdónenme la redundancia, frente a todos los victimarios”.
“Lo que transmite ese comité para la selección de los magistrados es una gran certeza para los colombianos de que va a haber justicia y que va a haber en particular justicia para las víctimas”, insistió.
En ese sentido, el Jefe Negociador del Gobierno Nacional reveló el perfil de quienes fueron designados para elegir a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz.
“El panel que escogerá estos magistrados y todos los funcionarios altos de la Jurisdicción Especial para la Paz será escogido por Su Santidad el Papa; por el Secretario General de Naciones Unidas; por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; por una ONG de inmensa reputación mundial, que es el ICTJ, y por un conjunto de universidades oficiales o universidades estatales, que configuran el sistema estatal de universidades”, recalcó. Y calificó al citado panel como “del más alto nivel”.
“Un comité de escogimiento de los magistrados de más alto nivel, de más alta autoridad moral, es imposible de conseguir”, señaló al elogiar los designados para esa tarea.
Sostuvo que tras el acuerdo anunciado hoy nadie puede pensar hoy en Colombia que ese asunto está sesgado en favor de alguna de las partes.
“Tengo la certeza: no hay un alma en Colombia hoy que piense que esto está sesgado”, consideró.
Humberto De La Calle, adicionalmente, se refirió al acuerdo pactado en La Habana sobre el Desarrollo Agrario Integral y aseguró que éste respeta el estado de derecho.
“En un acuerdo que se ha hecho dentro del estado de derecho. Que es innovador, que es progresista, que busca introducir cambios importantes, pero que está inmerso en la configuración de cualquier estado de derecho occidental”, aseguró.
Finalmente, al hacer referencia a lo pactado en la capital cubana en materia de participación política, De la Calle Lombana aseveró que el contenido de ese acuerdo obedece en su totalidad a la Constitución Nacional.
“Que nos digan si hay una palabra, un párrafo o una coma, que se desvíe de la carta democrática, de los elementos esenciales de la democracia. Y yo reto a cualquiera a que nos muestre si hemos cometido un error en eso”, puntualizó el Jefe del equipo negociador.
Redacción Ecos. Foto: SIG.- Los Presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Nicolás Maduro acordaron, este jueves, la reapertura ordenada, controlada y gradual de la frontera común de los dos países, cerrada desde el 19 de agosto de 2015.
Al término de la reunión, que sostuvieron en Puerto Ordaz, Venezuela, los Mandatarios de ambas naciones ofrecieron declaraciones a los medios de comunicación, en las que entregaron detalles del proceso de reapertura de la frontera colombo–venezolana.
“Vamos a abrir la frontera de forma ordenada, de forma controlada y en forma gradual. Eso fue lo que hoy determinamos”, afirmó el Presidente Santos y precisó que en el encuentro se trataron temas de transporte, comercio, salud y lucha contra el contrabando.
El Jefe del Estado colombiano atribuyó especial importancia a la garantía de seguridad en la frontera y anunció la creación de un Centro Binacional para la Lucha contra el Crimen Transnacional.
“La seguridad es sin duda alguna el tema más importante que va a contribuir a que el resto de los temas para normalizar la frontera se puedan dar”, consideró el Mandatario colombiano.
Y agregó: “Se creó un Centro Binacional para la Lucha contra el Crimen Internacional, o el Crimen Transnacional. Es decir que van a operar conjuntamente las autoridades en perseguir y en imponer la autoridad y perseguir los crímenes transnacionales”.
Asimismo, el Presidente Santos anunció que serán habilitados cinco puntos transitorios para facilitar el paso controlado de ciudadanos en ambos sentidos de la frontera colombo–venezolana.
"Va a haber un control migratorio pero al mismo tiempo unas facilidades. Se va a expedir un documento que se ha denominado de facilitación fronteriza, es un documento que se va a expedir para que los habitantes de la frontera de lado y lado tengan las facilidades, pero también se pueda controlar quién entra y quién sale”, expuso.
En esa medida, el Presidente Juan Manuel Santos reveló los horarios en los que será habilitado el paso para el paso en la frontera: “Se establecieron unas horas determinadas: 5:00 de la mañana a 8:00 de la noche en Colombia; 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche en Venezuela, e inicialmente se identificaron cinco puntos que van a ser habilitados entre ambos países”, explicó.
Los cinco puntos fronterizos habilitados para tal fin son los puentes Simón Bolívar y La Unión, en Norte de Santander; el puente José Antonio Páez, en Arauca; el Paraguachón, en el Departamento de La Guajira y Puerto Carreño, en el Vichada.
Al respecto, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, explicó que dicho proceso se llevará a cabo desde el 13 de agosto.
“La primera fase de apertura peatonal de la frontera será en cinco puntos. Hemos definido cinco en la primera fase: de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, hora de Venezuela; de 5:00 de la mañana a 8:00 de la noche, hora de Colombia. Esto sería a partir del próximo sábado 13 de agosto de manera continua”, indicó el Mandatario venezolano.
A su turno, el Jefe del Estado colombiano reveló que su homólogo venezolano aceptó la petición de reabrir la carretera entre los Departamentos de Arauca y Norte de Santander, medida que beneficia a camioneros colombianos al permitirles pasar por territorio venezolano.
“El Presidente Maduro ha aceptado la solicitud de abrir la carretera entre Arauca y Norte de Santander. Es una petición que desde hace mucho tiempo se estaba haciendo y eso es de altísima conveniencia para Arauca y también para Norte de Santander, y para Colombia en general”, celebró el Mandatario colombiano.
Por su parte el Presidente Santos explicó que en materia de lucha contra el contrabando, se va a establecer un intercambio permanente de información aduanera.
El Jefe del Estado resaltó además la necesidad de establecer controles para evitar el contrabando de medicamentos, pues ello pone en riesgo la salud tanto de colombianos como de venezolanos.
“También en materia de salud se va a reactivar un Comité Técnico Binacional de Salud y Saneamiento para trabajar conjuntamente en aspectos como la prevención y el control de algunos problemas de salud en las poblaciones fronterizas, el chikunguña, el zika, donde hay un desafío binacional”, informó el Presidente Santos.
En materia comercial, Santos anunció la reactivación de la Mesa Binacional “para buscar los mecanismos de pago que puedan facilitar ese comercio”.
Para concluir, el Jefe del Estado colombiano confió en que cada paso que se dé de cara a la reapertura de la frontera “sea un paso certero, un paso positivo”.
“Si vemos algún problema, pues tendremos la precaución de corregirlo inmediatamente y en la medida en que vayamos viendo que esa apertura de la frontera está, efectivamente, beneficiando a las poblaciones de los dos países, iremos profundizando en esa apertura”, puntualizó el Presidente Santos.
En esta cita presidencial estuvieron las cancilleres María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez, los ministros de Defensa, Luis Carlos Villegas, y Vladimir Padrino; Minas, Germán Arce y Eulogio del Pino; Comercio, María Claudia Lacouture y Carlos Farías; Salud, Alejandro Gaviria y Luisana Melo; y Transporte, Jorge Eduardo Rojas y Ricardo Molina.
Asistieron, además por Colombia, el Director de la DIAN, Santiago Rojas; y los gobernadores de los departamentos Norte de Santander, William Villamizar y Arauca, Ricardo Alvarado.
Redacción Ecos. Foto: ONU.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó que estudia la propuesta del Gobierno de Colombia y las FARC- EP para que la designación de los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz la realicen, entre otros, el Secretario General Ban Ki-moon.
"Estamos estudiando la propuesta ahora mismo. El Secretario General, Ban Ki-moon, está comprometido a hacer todo lo posible para apoyar el proceso de paz", afirmó el portavoz de la ONU Farhan Haq en la rueda de prensa diaria, en la sede de Naciones Unidas.
El portavoz reiteró la voluntad de apoyo al proceso de la ONU y recordó que cuando se firme el acuerdo de paz se desplegará una misión de la organización.
El Gobierno y las FARC anunciaron un mecanismo independiente y transparente para designar a los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de un comité de selección.
Para garantizar la autonomía de esos jueces, los equipos negociadores pedirán a personalidades e instituciones como el Papa Francisco, la ONU o la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que designen a una persona para conformar el comité de selección que, a su vez, elegirá a los magistrados.
También proponen para este proceso a la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional y la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado que, al igual que los anteriores, tendrán que aceptar esa solicitud.
Según el comunicado conjunto divulgado este viernes en La Habana, sede permanente de los Diálogos de Paz desde noviembre de 2012, los integrantes del comité que resulten seleccionarán a los magistrados "por una mayoría de 4/5, con un sistema de votación que promueva el consenso".
Según lo pactado en septiembre, los tribunales especiales para la paz juzgarán a los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad, ya que los delitos políticos y conexos serán amnistiados.
Además, la Jurisdicción Especial para la Paz contempla rebaja de penas y una restricción efectiva de la libertad sin cárcel, para aquellos que reconozcan su responsabilidad en esos delitos, aporten verdad y contribuyan a la reparación de las víctimas.
Tras el acuerdo del pasado 23 de junio sobre la fórmula del alto el fuego bilateral y definitivo en Colombia, los negociadores del Gobierno y la guerrilla trabajan en La Habana para resolver temas pendientes antes de la firma del acuerdo definitivo de paz, cuya fecha aún no se ha anunciado.
Redacción Ecos. Foto: OEA.- Quince países de la Organización de Estados Americanos pidieron este jueves que no haya demora en el proceso del referendo revocatorio, que promueve la oposición venezolana contra el presidente del Gobierno, Nicolás Maduro.
"Llamamos a las autoridades de Venezuela a que garanticen el ejercicio de los derechos constitucionales del pueblo y que los pasos que restan para la realización del referendo revocatorio continúen de manera clara, concreta y sin demora", reza la declaración, anunciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos este jueves en un comunicado. Los países que firman el texto son: Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay.
La Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, Tibisay Lucena, anunció el pasado martes que la recolección del 20 por ciento de los apoyos necesarios para la convocatoria del referendo se realizará a finales de octubre, lo que la oposición denuncia como un intento de bloquear la iniciativa. Lo que teme la oposición es que el Gobierno esté retrasando el proceso para que el referendo no se celebre antes del 10 de enero de 2017, cuando se inicia el cuarto año del mandato de Maduro, y, por tanto, no se convoquen nuevas elecciones sino que lo reemplace su vicepresidente en caso de que pierda la consulta.
"Tomamos nota del anuncio de Consejo Nacional Electoral de Venezuela sobre la verificación de las firmas necesarias para que el referendo revocatorio pase a la fase de petición", indica la declaración conjunta de la OEA en el párrafo previo a su reclamación de que no haya demora en el proceso. Los 15 países firmantes urgen, además, al Gobierno de Venezuela y a la oposición a que mantengan "lo antes posible un diálogo franco y efectivo, directamente o con el apoyo de mediadores" y a "mantener formas de expresión e influencia pacíficas y no violentas".
"Subrayamos nuestro apoyo para un diálogo oportuno, nacional, incluyente y efectivo que aborde las urgentes necesidades del pueblo de Venezuela, preserve la paz y la seguridad y asegure el respeto absoluto a los derechos humanos, el debido proceso, la separación de poderes y la consolidación de la democracia representativa", apunta también la declaración.
Este texto es el primer paso que dan los países de la OEA desde la reunión del Consejo Permanente del 23 de junio en la que el Secretario General, Luis Almagro, presentó su crítico informe sobre la situación política y social en Venezuela y con el que, según los responsables jurídicos de la organización, se abrió el proceso gradual de aplicación de la Carta Democrática.
La declaración llega en la víspera de la primera reunión de la oposición venezolana con Almagro desde el día 23 de junio, que tendrá el doble objetivo de denunciar el bloqueo del referendo revocatorio y de pedir un impulso al proceso de la Carta Democrática.
El presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, Luis Florido, anunció en su cuenta de la red social Twitter su llegada a Washington para reunirse mañana con Almagro, un encuentro del que por el momento se desconocen más datos.
El anuncio de la declaración se produjo en paralelo al desarrollo de un Consejo Permanente ordinario semanal de la OEA, por lo que Almagro y las delegaciones de los países miembros podrían pronunciarse sobre este asunto al término del mismo, en la última parte dedicada a "otros asuntos".
Redacción Ecos. Foto Ecos Media.-La falta de pedagogía y el desconocimiento de los acuerdos en el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc que se adelanta en La Habana, dejó esta semana un escepticismo en el Congreso, por el desconocimiento y la falta de pedagogía del contenido de las negociaciones, en un momento donde ya se está acercando la campaña para el plebiscito para la paz.
El presidente de la Comisión Primera del Senado, Carlos Fernando Galán, fue contundente en señalar que “veo falta de coherencia del Gobierno al promocionar los acuerdos por todo el territorio nacional” y se mostró preocupado porque altos funcionarios del ejecutivo no asisten a los debates sobre el proceso de paz en el legislativo, principalmente en la Comisión Primera, que será en primera instancia escenario para el trámite de leyes para el posconflicto.
Agregó que hay desconocimiento de los colombianos sobre los alcances de esas negociaciones por la falta de debate y socialización de los temas tanto en senado como en cámara, pues esta semana ningún delegado del gobierno respondió los cuestionarios ni asistió al debate citado en esta célula legislativa.
“Hay una gran conclusión y es que los colombianos no conocen lo que está ocurriendo y esa incertidumbre genera que muchos se vayan a apoyar el NO al plebiscito, así que estos escenarios deben ser aprovechados por el Gobierno, deben aprovecharse por quienes apoyamos el plebiscito y lamentamos que no tenga esa importancia o esa articulación con el Gobierno Nacional”, concluyó.
Redacción Ecos. Foto radionacional.com.pe.- El senado de Brasil aprobó por 59 votos a favor y 21 en contra un informe que pide continuar el juicio político contra la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, quien de esa manera queda a solamente un paso de su destitución.
Acusa a la Presidenta de graves irregularidades fiscales a los que calificó de "atentado contra la Constitución", decisión que llevará a una nueva y última sesión del pleno del Senado, que deberá celebrarse a fines de este mismo mes.
Como está el proceso, en esa sesión, que será convocada por la Corte Suprema, Rousseff será despojada de su mandato si así lo decide una mayoría calificada de 54 votos entre 81 posibles, lo que supone las dos terceras partes del pleno del Senado.
Si prospera en definitiva dicha destitución, cuyo mandato le confirió el pueblo hasta el 1 de enero de 2019, la remplazará Michel Temer, quien como vicepresidente sustituye a Rousseff desde el pasado 12 de mayo, cuando fue suspendida de sus funciones para responder al proceso.
Hubo muchas disertaciones antes del debate en el senado. Uno de los más encendidos discursos lo pronunció el senador Lindbergh Farias, del Partido de los Trabajadores (PT), quien denunció el proceso como "un golpe, una farsa, y un fraude" a la Constitución, que atribuyó a la "elite económica" del país.
"Si quieren lucha de clases, estamos preparados para combatir en el Parlamento y en las calles de este país", aseveró Farias quien apeló ante el presidente de la Corte Suprema a fin de que "suspenda" el trámite, al menos hasta que se aclare una sospecha de corrupción que la revista Veja vertió el pasado fin de semana contra Temer.
Según Veja, el empresario Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años de prisión en primera instancia por las corruptelas en la petrolera estatal Petrobras, pactó un acuerdo de cooperación judicial con miras a una reducción de pena y acusó a Temer de haber recibido dinero "en negro".
Se ha señalado que Odebrecht confesó que en 2014 se reunió con Temer y pactó una "donación" para campañas electorales de diez millones de reales (3,1 millones de dólares), destacó la revista Veja al resaltar que ese dinero tenía origen en la red de corrupción que operó en Petrobras y Temer supuestamente estuvo al tanto de eso, lo que no le impidió aceptar la "donación".
La petición de apelación fue negada con el argumento que las sospechas contra Temer "son ajenas" a lo que el Senado discute y no pueden "confundirse" con el juicio al que responde la mandataria.
SIG.-El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, aseguró este martes que los habitantes de las llamadas Zonas Veredales Transitorias (ZVT) no serán afectados por las mismas y explicó que las Fuerzas Armadas garantizarán la seguridad en esos territorios de la geografía nacional.
En diálogo con el programa ‘En Línea con el Presidente’ que enlazó a cerca de 300 emisoras –incluidas 100 comunitarias, 110 de la Policía Nacional y del Ejército y la red de la Radio Nacional de Colombia–, el Jefe del Estado resaltó la trascendencia de que las Farc hayan aceptado que sea la Fuerza Pública quien esté a cargo de la seguridad en las citadas zonas.
“Las comunidades de ninguna forma van a ser afectadas, no hay ningún motivo de preocupación”, aseveró el Mandatario.
“En ninguna forma se va a afectar a la población civil, todo lo contrario, aquí hay todo tipo de salvaguardas, aquí no va a haber ningún tipo de problema para la población”, insistió.
Subrayó que en las Zonas Veredales es donde se ha concentrado el conflicto a lo largo de los años y explicó que éstas serán transitorias puesto que tendrán una duración de seis meses.
“Ningún poblador de esas zonas tiene por qué tener ningún tipo de preocupación”, reiteró.
Recordó que el último viernes se hicieron públicos los protocolos que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y los negociadores de paz han trabajado durante los últimos años para que ningún detalle quede al azar “y que todo el mundo tenga absoluta tranquilidad y absoluta claridad sobre lo que allí va a suceder”.
“Son seis meses de transición y después de seis meses estas zonas dejan de existir”, recalcó en diálogo con emisoras comunitarias de los departamentos de Tolima, Cauca, Antioquia, Córdoba, La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Guainía, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Nariño y Chocó.
Fuerzas Armadas brindarán seguridad en ZVT
El Presidente Juan Manuel Santos puso de relieve la importancia de que sean las Fuerzas Armadas quienes garanticen la seguridad en las Zonas Veredales Transitorias.
“Las Fuerzas Armadas de Colombia serán las responsables de la seguridad en esta transición. Eso es un paso importantísimo que las propias Farc hayan reconocido que nuestras fuerzas serán las encargadas de darles seguridad, inclusive a ellos”, destacó.
Al ser consultado al respecto, el Presidente de la República reveló que las Fuerzas Armadas han diseñado un plan para evitar que las zonas que tradicionalmente tenían presencia de las Farc sean ahora ocupadas por otros grupos armados ilegales.
“El Gobierno Nacional, sus Fuerzas Militares, su Policía, también vienen diseñando todo un sistema y una política para no permitir (…) que al dejar vacías ciertas zonas donde han hecho presencia las Farc lleguen otros grupos armados”, sostuvo.
Explicó que por ello, desde el principio del proceso de paz el Gobierno Nacional se negó a discutir con la contraparte el futuro de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
“Por eso desde un principio nosotros pusimos como una línea roja que no vamos a discutir el futuro de nuestras Fuerzas Armadas, que no vamos a disminuir ni a debilitar, sino todo lo contrario, a fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas, para que puedan cumplir con ese deber de estar en todo el territorio nacional”, subrayó.
Finalmente resaltó que no solo la Fuerza Pública llegará a esas zonas remotas del país, sino que todo el Estado hará presencia allí para mejorar las condiciones de sus habitantes.
“Allá llegará el Banco Agrario, llegarán las diferentes instituciones que están encargadas del desarrollo rural, llegará el Estado, que ha estado ausente durante tantos, tantos años por causa del conflicto”, puntualizó el Jefe del Estado.
Por redacción Ecos. Foto Mininterior.-Así lo afirmó el ministro del interior Juan Fernando cristo desde Mapiripán señalando que es una iniciativa “que estamos sembrando en los municipios de Colombia para que florezca en el tránsito hacia el posconflicto".
Desde esa región del país y con la presencia del Presidente Juan Manuel Santos el ministro de la cartera Política Juan Fernando Cristo fue enfático en resaltar que “estamos recorriendo los territorios porque es aquí en las regiones donde se construye la paz".
Desde Mapiripán(Meta), municipio que será zona veredal para el desarme de las Farc, el programa "Paz en Acción", es una estrategia de intervención estatal que tiene por objeto una presencia institucional efectiva en las regiones afectadas por el conflicto armado, a través de programas de convivencia, seguridad, derechos humanos, participación y democracia.
"Estamos trabajando con los gobernadores y alcaldes del País, porque la paz se construye en las regiones. Es en ellas donde se sentirán los efectos de la paz con más empleo, más producción y mejor calidad de vida para todos los colombianos" aseguró el ministro Cristo.
En el evento, al que asistieron el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y el director de la Unidad de Victimas Alan Jara, Mónica Espinosa una habitante que ha sufrido los rigores de la violencia, invitó a quienes no están de acuerdo con el Gobierno Santos a dejar el egoísmo y darle una oportunidad a la paz.
"Es fácil para la gente de la ciudad, los que han ido a colegios y universidades, decir no a la paz sin pensar en los demás. Denle una oportunidad a nuestros hijos y nietos de vivir en un país mejor, en paz, voten si a la paz" expresó Mónica.
Durante las últimas semanas, funcionarios del Ministerio se reunieron con las autoridades locales del municipio, así como con los habitantes y líderes sociales, para que sea la comunidad la que decida qué programas serán implementados por el Gobierno Nacional.
Dentro de las acciones que se realizarán en Mapiripán las más destacadas son la construcción con recursos, en su mayoría del ministerio del Interior, de un Centro de Integración Ciudadana en el casco urbano del municipio y de un Centro de Atención para las Víctimas que se tendrá listo a final de año, así como capacitaciones a funcionarios y comunidad.
El cumplimiento de las acciones de paz que se lleven a cabo en Mapiripán será vigilado y revisado por comités veedores conformados por la propia ciudadanía, para garantizar su transparencia. Esta estrategia también se aplica en 39 de los municipios priorizados por el Ministerio para este programa, que, en una tercera fase, se aplicaría a todo el territorio.
Por redacción Ecos. Foto extranoticias.com.-La Costa Atlántica durante estos días vive una situación que tiene a todos sus habitantes en expectativa y preocupados por lo que pueda pasar con el suministro de energía eléctrica.
Se critica la ineficiencia e irregularidades de Electricaribe, pero también al Gobierno por no exigir y no se quedan atrás los organismos de control, pues es un tema complejo que de no solucionarse, puede ocasionar un daño grave que conlleva a un apagón en esa importante región del país.
Por eso dialogamos con el senador costeño Álvaro Asthon, quien ha participado en los debates de control político sobre el tema, donde a nombre del Partido Liberal ha puesto sobre el tapete irregularidades del sector energético en algunas empresas prestadoras de ese servicio.
ECOS: ¿Electricaribe tiene en jaque a los habitantes de la costa por el servicio de energía?
AA: En la costa caribe hay un problema de dificultad en la distribución de energía por parte del operador que genera consecuencias de subida y bajadas de voltajes, suspensiones del servicio en algunas zonas. No está la infraestructura de distribución suficientemente soportada, no hay la cobertura completa y eso está generando circunstancias muy complejas para la operación del servicio. Hay un gran descontento.
ECOS: ¿El Gobierno nacional ha sido diligente parea solucionar este problema?
AA: El Ministerio de Minas no ha podido implementar acciones que permitan adoptar un plan y seguimiento a ese plan que garantice unas inversiones permanentes, un saneamiento también a las obligaciones que corresponden a aquellos sectores vulnerables de la costa caribe que no alcanzan a tener la capacidad económica suficiente para pagar la facturación y eso genera implicaciones de orden técnico y financiero que impiden que el operador cumpla adecuadamente con su prestación del servicio. Es un tema muy complejo.
ECOS: ¿Considera que no hay mantenimiento de las redes, no se han establecido medidas preventivas para prestar un mejor servicio?
AA: No hay planeación y eso no ha permitido un mantenimiento sistemático y permanente, eso es una situación evidente. Tampoco ha habido una estrategia por parte del gobierno nacional para implementar un acuerdo entre el inversionista operador y la nación que permita que en última instancia se preserve la responsabilidad de prestar el servicio.
ECOS: Los gobernadores han pedido la intervención de esa empresa, estos problemas podrían llevar a una grave situación de incalculables perdidas económicas?
AA: No quiero ser alarmista, es un tema que hay que evaluar, creo que el Gobierno nacional a través del Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos de manera deben evaluar urgente en forma serena, objetiva todos estos aspectos con el objeto de tomar decisiones que nos permitan una solución integral y no parcial del problema.
ECOS: ¿El problema de fondo cuál es?
AA: La falta de recursos por parte de inversionistas para desarrollar inversiones constantes que garanticen la calidad y cobertura de este servicio, así como también la falta de control y planeamiento por parte del Gobierno Nacional en el seguimiento de cada una de las normas para que se cumplan y Electricaribe como operador del servicio, cumpla con los mandatos establecidos en la legislación colombiana.
ECOS: El tema de las plantas térmicas. Si ha sido efectivo el cargo por confiabilidad para que de alguna manera entren a suplantar energía si llega a fallar la generación hidroeléctrica?
AA: Ese cargo por confiabilidad se le ha pagado a los generadores, eso es un estambay que se ha venido cumpliendo, la idea es que en épocas de dificultad la generación sea suficiente, sin embargo esa inversión no refleja el mejoramiento de la cobertura y calidad del servicio. La Contraloría ha venido haciendo señalamientos en relación con la utilización indebida de los recursos del cargo por confiabilidad, de tal manera que nosotros tenemos esa preocupación, esperamos que la situación se solucione con el compromiso del gobierno y del operador para que se evite al máximo la suspensión del servicio.
ECOS: ¿Esta situación es un campanazo de alerta para que el Gobierno fije pautas y actúe?
AA: Con este problema no hay duda que en la costa estamos en alerta amarilla, en intermitente. De tal manera que el Gobierno tiene que actuar con seriedad y responsabilidad, para evitar un apagón.
Por redacción Ecos. Foto SIG.-‘Estado y sectores productivos se deben unir para nivelar la calidad de vida del campo con el de las ciudades’: Rafael Pardo.
La adopción de una política de impuestos por obras para la rehabilitación o construcción de vías terciarias, la creación de incentivos para que empresarios pueden garantizar la comercialización de sus productos y la estimulación al empresario, mediante beneficios fiscales para generar empleo en nuevas zonas, son algunas de las medidas anunciadas por el alto consejero para el posconflicto Rafael Pardo.
Se trata de darle la cara al posconflicto, pues el Gobierno Nacional ya tiene listo un primer paquete de estrategias con las que busca promover el desarrollo económico, y la generación oportunidades de empleo y emprendimiento en las regiones más apartadas de Colombia, principalmente aquellos territorios donde hubo ausencia del Estado.
Son medidas para contribuir a la descentralización económica del país, lo que permite aumentar las posibilidades de crecimiento en zonas en las que históricamente el Estado ha sido el mayor empleador; y rehabilitar regiones en niveles socio económico y de infraestructura.
El anuncio lo dio a conocer Pardo en un encuentro con periodistas económicos convocado por la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, donde aseguró que si bien el Gobierno decidió apostarle a la búsqueda de la paz, los sectores productivos en Colombia deben mirar hacia aquellas zonas en las que el Estado no ha tenido presencia de manera contundente.
"Colombia tiene que nivelar la calidad vida del campo con el de las ciudades. Eso lo puede hacer el Estado en unos plazos determinados, sin embargo, consideramos que una presencia decidida del sector privado en las regiones, con el apoyo del Gobierno, en la entrega de incentivos permitirían disminuir esta brecha social y de infraestructura”, aseveró Pardo en el encuentro con comunicadores económicos.
Vías terciarias
Busca estimular la creación y/o anclaje de empresas generadoras de empleo formal e integración de la cadena productiva incluyente de acuerdo con las vocaciones productivas regionales y las competencias de la población, así como promover el desarrollo de proyectos sociales y de infraestructura. Esto incluye la adopción de una política de impuestos por obras para la rehabilitación o construcción de vías terciarias donde la empresa recibe exenciones fiscales.
Comercialización
Se constituye una estrategia que pretende generar incentivos para que los productores puedan estar seguros de la comercialización de los productos. Para ello, se va trabajar de la mano de otras entidades del Gobierno Nacional como Colombia Compra Eficiente con el fin de abrir licitaciones especiales para aquellos insumos y/o productos generados en zonas de conflicto. Asimismo, se pondrá en marcha una política de estímulos bancarios y acceso al crédito para pequeños comerciantes.
Inversión empresarial
Esta política quiere fomentar la relocalización de empresas en zonas donde históricamente el Estado no ha tenido presencia. La mayoría de las empresas actualmente cuentan con centros de producción y logística en las grandes capitales. Esta política estimula al empresario mediante beneficios fiscales para generar empleo en nuevas zonas como: Quibdó, Buenaventura o Sincelejo, por ejemplo.
