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Foto: Oficina Comisionado de Paz.- Después de 52 años de conflicto armado, el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos logró a través de una negociación política ponerle fin a la guerra con las Farc, cuando las partes lograron un Acuerdo histórico para silenciar los fusiles e iniciar el posconflicto que nos llevará a una paz verdadera y duradera, luego que el pueblo defina a través del plebiscito, el domingo 2 de octubre, lo pactado en La Habana.
El siguiente es el Acuerdo firmado entre los negociadores y dicho grupo insurgente que permite abrir el camino de la paz en Colombia:
Por redacción Ecos.-Foto SIG. Las negociación en La Habana entre el Gobierno y la Guerrilla de las Farc culminó. La historia de este grupo insurgente quedó atrás, dejan las armas para convertirse en un movimiento político según el resultado de casi cuatro años de diálogos entre las partes, lo que lleva a que el pueblo el domingo 2 de octubre decida finalmente si está de acuerdo con lo pactado para iniciar el posconflicto con grandes reformas que permitan el camino de la reconciliación entre todos los colombianos.
Desde la Casa de Nariño el presidente de Colombia Juan Manuel Santos anunció oficialmente que el Gobierno Nacional de Colombia y la guerrilla de las Farc llegaron a un acuerdo final para ponerle fin al conflicto armado interno en el país.
“Desde el mismo inicio del proceso de paz les dije que el proceso estaba regido por un principio: ‘Nada está acordado hasta que todo esté acordado’. Pues bien: el día ha llegado. Hoy podemos decir, por fin, que todo está acordado”, afirmó el Jefe de Estado.
“Hoy me dirijo a ustedes con una profunda emoción. Con gran alegría. Hoy comienza el fin del sufrimiento, el dolor y la tragedia de la guerra. Hoy, 24 de agosto del año 2016, podemos decir que esa esperanza nacional se ha vuelto realidad. Hemos alcanzado un acuerdo final, completo, definitivo, para poner fin al conflicto armado con las Farc”, aseguró el Mandatario.
El Presidente de la República agradeció el “esfuerzo titánico” cumplido por las delegaciones del Gobierno y las Farc en la Mesa de Conversaciones en La Habana, que permitió acordar los últimos temas pendientes, cerrar las negociaciones y contar con un texto definitivo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, el cual tiene carácter de “definitivo” e “inmodificable”.
Al explicar en qué consiste este Acuerdo Final, el Mandatario indicó que se trata de un conjunto de compromisos articulados entre sí para terminar el conflicto armado y “darnos la oportunidad de construir juntos una paz estable y duradera para todos los colombianos”.
Los 5 puntos del Acuerdo Final
El Jefe de Estado se refirió, además, a cada uno de los cinco puntos fundamentales que contiene el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto.
1.Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo
En primer lugar, el Jefe de Estado destacó el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, para ponerle “fin efectivo a la violencia” y que “implica que se acaban todos los ataques y amenazas a la población”.
En este sentido, recalcó que “las Farc entregarán sus armas a las Naciones Unidas, mediante un cronograma ya anunciado, en un plazo de 6 meses”, todo lo cual será verificado y monitoreado por una comisión de las Naciones Unidas.
“Lo anterior significa que las Farc dejan de existir y se convertirán en un movimiento político sin armas”, sostuvo el Mandatario en su alocución radiotelevisada.
2.Protección de los derechos de las víctimas y Justicia Especial para la Paz
En segundo término, el Presidente Santos consideró que el deber principal para construir la paz es proteger los derechos de las víctimas, es decir, sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación y “a que nunca más se vuelvan a repetir las atrocidades que sufrieron”.
Indicó que para esto, se creó una Justicia Especial para la Paz –con un Tribunal conformado por magistrados independientes de las más altas calidades–, que será aplicada también, en forma diferenciada, a los miembros de nuestra Fuerza Pública y a civiles que hayan cometido delitos relacionados con el conflicto.
“Esta justicia transicional garantiza que no habrá impunidad para los responsables de los delitos más graves”, sostuvo.
“Ellos serán investigados, juzgados y sancionados con varios años de restricción efectiva de su libertad. Además, tendrán que decir toda la verdad y contribuir a reparar a las víctimas. Si no lo hacen, irán a la cárcel hasta por 20 años”, agregó.
“Las víctimas han estado en el centro de este proceso y serán sus principales beneficiarias. Pero también lo será todo el país, por todo lo que significa vivir en paz y porque no habrá más víctimas”, puntualizó el Jefe de Estado.
3.Plan de inversión para el campo y para los campesinos de Colombia
Como tercer punto del Acuerdo Final, el Mandatario dijo que para desterrar la violencia y llevar oportunidades y progreso a las zonas rurales del país, se acordó un plan de inversión para el campo y para los campesinos de Colombia, que ayude a superar la pobreza, la desigualdad y la violencia que tanto los han afectado, y que permita que los desplazados puedan por fin volver a sus hogares con tranquilidad.
Señaló que, en esta medida, habrá programas de desarrollo para las zonas más golpeadas por el conflicto, un plan masivo de formalización de la tierra, y se creará un Fondo de Tierras para distribuirlas de forma justa a quienes la guerra les quitó todo, pero, eso sí, “sin afectar de ninguna manera la propiedad privada ni los derechos de los propietarios y poseedores de buena fe”.
4. Reincorporación a la vida civil y participación política
En cuarto lugar, el Jefe de Estado manifestó que para que la paz sea duradera, se debe garantizar que los alzados en armas se reincorporen a la vida civil y legal del país, en lo cual Colombia tiene la experiencia y la capacidad para lograrlo. “Lo hemos hecho en el pasado y lo haremos mejor ahora”, dijo.
Al respecto, expuso que los antiguos miembros de las Farc, ya sin armas, podrán acceder a la vida política del país, en democracia, y “deberán, como cualquier otra organización partidista, convencer con propuestas y argumentos a los ciudadanos para ser elegidos”.
Anunció que tendrán unos voceros en el Congreso, con voz pero sin voto, para discutir exclusivamente la implementación de los acuerdos hasta el 2018, tras lo cual participarán en las elecciones con una representación mínima asegurada por dos periodos, si no logran el umbral.
De acuerdo con el Mandatario, de este punto del Acuerdo Final también hacen parte iniciativas para ampliar y fortalecer nuestro sistema democrático y electoral, dar mayores garantías a la oposición y permitir que regiones que no han tenido representación política adecuada por causa del conflicto elijan de manera transitoria voceros en la Cámara de Representantes.
5.Lucha eficaz contra el narcotráfico
Como quinto punto, el Jefe de Estado recalcó que lo establecido en el Acuerdo Final “nos permitirá atacar de manera más eficaz el narcotráfico, que ha alimentado el conflicto durante tantos años”.
En este sentido, subrayó que las Farc se comprometen a romper cualquier vínculo que hayan tenido con el narcotráfico y a colaborar, con acciones concretas, en la solución de este problema.
Explicó que, adicionalmente, se pondrá en marcha un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, que se construirá con las comunidades, y se fortalecerán la lucha contra las finanzas ilícitas y los programas de salud pública para enfrentar el consumo, al tiempo que se incrementarán las acciones contra el microtráfico.
Según el Presidente, un aspecto fundamental se relaciona con la puesta en marcha de programas conjuntos de desminado y limpieza de nuestro suelo, “para que ya nadie –ningún campesino, ningún niño–, tenga miedo de pisar nuestra tierra”.
Fin del capítulo de la guerra
El Presidente Santos puntualizó que este Acuerdo Final representa el cierre del capítulo de la guerra con las Farc, para comenzar a escribir el nuevo capítulo de la paz en Colombia.
“Ese es el acuerdo que se ha concluido hoy. Es un acuerdo que beneficia, protege y fortalece los derechos de todos los colombianos. Es un acuerdo que responde a todas las dimensiones del conflicto y, por eso, precisamente por eso, nos permite cerrar el capítulo de la guerra con las Farc y empezar a escribir el nuevo capítulo de la paz”, concluyó el Presidente de la República.
Será finalmente el pueblo, el 2 de octubre, quien decida el futuro de Colombia.
Redacción Ecos. Foto: Ecos Media.- Una histórica plenaria del Senado de Colombia suspendió este miércoles del cargo al Magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, por el delito de concusión, al haber pedido $500 millones a la liquidada compañía Fidupetrol, en el trámite de una tutela ante el alto tribunal constitucional.
El Magistrado Pretelt se convirtió en el primer aforado de la Rama Jurisdiccional, en ser suspendido de su cargo.
También, por primera vez en la historia reciente de Colombia, por lo menos desde que se sancionó la Constitución del 91, los senadores colombianos se ataviaron de jueces y determinaron con su voto que el Magistrado Pretelt debe ser juzgado.
Luego de dos días de discusiones, donde también se permitió intervenir al mismo Magistrado Pretelt, quien se presentó con una voluminosa carpeta y se declaró perseguido e inocente, se votó y se procedió a decidir sobre el caso.
En medio de la votación se perdió el listado y el Secretario solicitó otro. La votación final fue de 55 a favor y 5 en contra de la suspensión del cargo.
La decisión implica que es la segunda vez que se levanta el fuero a un alto dignatario, para que sea llevado ante una instancia judicial, porque en tantos años de vida republicana solo ha sido acusado formalmente un Alto Funcionario: el General y Ex Presidente de la República Gustavo Rojas Pinilla en 1959, aunque después fue absuelto.
Este caso surgió de una denuncia interpuesta por su colega en el alto tribunal, el Ex Magistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo. El pleito comprometía a la firma Fidupetrol, condenada patrimonialmente por la Corte Suprema de Justicia a pagar $22.500 millones. El Magistrado González presentó denuncia ante la Comisión de Acusación y se formó el escándalo.
Pretelt quedó en manos de la Corte Suprema para el juicio penal por concusión, por el delito que cometió, en ejercicio de sus funciones como Magistrado de la Corte Constitucional.
De la sesión plenaria se retiró el Centro Democrático en medio de reclamos, por la falta de garantías y presuntas violaciones al debido proceso. Al respecto, la senadora Paloma Valencia radicó una constancia a nombre del Uribismo dejando claro el malestar del partido por el procedimiento adelantando, pero aclarando que no son defensores del Magistrado Pretelt.
Por Robert Schwartz. Foto: DPA.- El 23 de agosto es el Día europeo de las víctimas de regímenes totalitarios del siglo XX. El objetivo es recordar a millones de personas que fueron deportadas, torturadas y asesinadas.
El examen de la historia más reciente y, sobre todo, de los crímenes cometidos por los diferentes regímenes, ha discurrido de diferentes maneras en los antiguos países socialistas. Tras la caída del Muro de Berlín en 1989 y el colapso subsiguiente de los regímenes comunistas del este europeo, el acceso a los archivos de la policía secreta se permitió solo de manera gradual y con demoras. Toneladas de actas fueron destruidas para eliminar las huellas de los crímenes.
Al contrario que en la antigua RDA, donde una valiente sociedad civil tomó el control de los archivos de la Stasi con el cambio de régimen, los servicios secretos de los países que conformaban el bloque del Este tuvieron tiempo para borrar el rastro de su actividad criminal destruyendo actas para eludir la responsabilidad.
Justicia tardía
El caso del disidente rumano Gheorge Ursu es sintomático al respecto. Más de 30 años después de morir torturado en una prisión comunista, acaba de ser denunciado el entonces jefe de la temida Securitate, Tudor Postelnicu, que actualmente tiene 84 años. Se acusa a Postelnicu de “crímenes contra la humanidad”. Otro de los denunciados es George Homostean, antiguo ministro del Interior, que ahora tiene 92 años. Al parecer, ambos ordenaron en 1985 la detención del ingeniero y poeta Gheorghe Ursu y encubrieron las circunstancias de su muerte.
Ursu dirigía un diario crítico con la política del régimen de Ceacescu y fue traicionado por informantes. Pocas semanas después de ser encarcelado, murió en prisión debido a la tortura sistemática a la que fue sometido. Otras dos personas que también fueron recientemente denunciadas son exoficiales de la Securitate que presuntamente tomaron parte en las torturas. Ya en 2003, dos carceleros de Ursu fueron condenados a 20 años de prisión. Después de esa sentencia, Andrei Ursu, hijo del disidente, luchó durante años para que los superiores también fueran condenados. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Una y otra vez se topó con representantes de la justicia que consideraban cerrado el caso. Gracias a su tesón, este crimen salió de nuevo a la luz.
¿Promesas vacías?
“La condena del comunismo es hoy, más que nunca, un deber moral, intelectual, político y social. No hacerlo nos convertiría en cómplices eternos del mal del totalitarismo, y eso solo por guardar silencio”. Esta y otras frases igual de elocuentes pueden leerse en el informe final de la comisión que analiza la dictadura comunista en Rumanía. Son parecidas a las que pueden oírse en todos los antiguos países comunistas.
Pero las intenciones tropiezan con la realidad. Miles de crímenes de los regímenes comunistas quedarán impunes, porque la mayoría de quienes los cometieron y aún viven tienen una edad avanzada y disfrutan de sus elevadas rentas. Un proceso masivo contra sus crímenes no será posible por razones puramente biológicas.
Significado simbólico
El 23 de agosto de 1939 se firmó el pacto de no agresión conocido como “Pacto Hitler-Stalin” entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Con este acuerdo, ambas partes se aseguraban neutralidad en caso de guerra y se repartían Europa. La Alemania de Hitler rompió el pacto con el ataque a la Unión Soviética en 1941.
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la derrota del régimen nazi, millones de personas del centro y este de Europa continuaron padeciendo regímenes totalitarios, en este caso, comunistas. Se considera el “Pacto Hitler-Stalin” como el comienzo de unos de los capítulos más oscuros de la reciente historia europea.
Por esta razón, el Parlamento Europeo ha declarado el 23 de agosto como “Día de recuerdo de las víctimas del estalinismo y el nacionalsocialismo”. Lo que queda siempre es honrar a las víctimas y la condena simbólica, más necesaria que nunca, de las dictaduras.
A modo de Editorial. Uno de los problemas más complejos que están viviendo los países, bajo la mirada callada y, en muchos casos, indiferente e irresponsable de los gobiernos, es el crecimiento de las personas sin hogar.
Una situación que ya estiman como global muchos especialistas, porque la realidad de la calle ha tomado incontables matices. No es el alcohólico que pernota en la plaza, el hombre que desde niño hizo la calle su morada, ni el desplazado rural que jamás logró adaptarse a la vida urbana.
Son múltiples expresiones de sucesos sociales, que han generado la ruptura de las personas con las estructuras que nos sostienen como individuos: los lazos que unos unen a la familia o a la comunidad, la ruptura con el empleo, la labor o el trabajo y la disolución de los lazos sociales, sean estos geográficos, institucionales, judiciales o migratorios.
Realidades que coexisten y son los palpables rostros de la crisis de la familia, de la situación socioeconómica, de la debilidad institucional del estado y del crecimiento de las organizaciones criminales. Desde 2005, la ONU no ha vuelto a calcular, aun con errores, cuántos pueden ser.
Y lo más complejo aún, lo más definitivamente trágico han sido los abordajes, las aproximaciones, que el estado como garante de los DD.HH. y las autoridades que tienen la obligación de buscar las salidas más apropiadas han hecho.
Desde Tokio hasta Bogotá ha prevalecido la tendencia a promover la toma, el operativo, la intervención policial o militar de los sectores donde suelen hacer vida estos sectores.
Indudablemente, el ciudadano de a pié que vive el quehacer diario de soportar la supervivencia de estos grupos y el zarpazo del delito, siente que gracias a Dios hicieron algo, pero se asombra al ver que los victimarios sólo pasan unas vacaciones en las policías y sus víctimas se desplazan con sus miserias a otros sitios.
Porque al igual que otros graves problemas de la ciudad, como el tránsito, el deterioro de los servicios básicos y demás, priva la esencia de todos los males de la administración pública en los regímenes populistas, sean de derecha o de izquierda o de indeterminado signo, la Improvisación.
No se está preparado para casi nada: Para detener el avance del Zika, no hay abatizadores; para los enfermos de HIV no se calcula el alza de los retrovirales; para el avance de la edad mediana, no se estima cuantos hombres y mujeres requerirán pensiones dignas, entre otras miles de improvisaciones más graves.
Se toma en asalto un sector de la ciudad y Quentin Tarantino siente envidia del despliegue de patrullas, uniformados y autoridades de botas cazadoras y chalecos antibalas. Toda una operación digna de un Oscar, un Globo de Oro o un India Catalina. Pero no se estimó que se hacía con la gente.
La muy bien desarrollada toma generó una crisis humanitaria. Un desplazamiento angustioso, inhumano y con abuso de autoridad. En otras palabras, no se pensó en la gente, en sus derechos mínimos, en su vida.
Y aclaramos que este espacio digital es una tribuna contra todo lo que atente con la vida y los derechos, pero también es un espacio para criticar lo que se pudo hacer mejor, lo que pudo generar un valor más allá de superar lo feo del lugar y mejorar las opciones de la gente.
Atacar la criminalidad es ir más allá de un operativo policial, que también es necesario. Es crear condiciones para que los vulnerables no sean presa del submundo del delito, que puedan recuperar su dignidad personal, restaurar sus lazos familiares y comunitarios o generar otros, capacitarse o trabajar para mejorar su autoconcepto y sentirse útiles para vivir en sociedad.
Queda entonces elevar una reflexión que nos toca a todos: ¿Qué estamos haciendo como ciudadanos por los derechos de los otros? Y qué está haciendo la autoridad legítimamente elegida por los que habitaban el Bronx?
Redacción Ecos. Foto: R. van Lonkhuisen/Reuter. - Ahmad al Faqi al Mahdi, alias “Abu Turab” es el primer acusado de crímenes de guerra por la destrucción de bienes, que son patrimonio de la Humanidad en Tombuctú, Mali. Al Mahdi se declaró culpable ante la Corte Penal Internacional (CPI) en el juicio que comenzó este lunes.
Entre los monumentos que Al Mahdi destruyó como líder e integrante del Movimiento Terrorista Ansar al Din, figuran 16 mausoleos y la Mezquita de Sidi Yahya, del siglo XV, ubicada en Tombuctú, que fueron destrozados por considerarlos monumentos de idolatría.
“Con gran pesar debo presentar mi culpabilidad. Todos los cargos que se me imputan son precisos y correctos”, señaló el acusado en su declaración, asegurando que siente un “gran dolor” por los hechos cometidos, además pidió perdón a la población de Mali y a la comunidad internacional. “Espero que la pena que se me impute sea suficiente para lograr el perdón” de todos los afectados, añadió el primer procesado que se declara culpable ante la CPI.
Por su parte, el Presidente de la Cámara de Primera Instancia del Alto Tribunal Internacional recordó a Al Mahdi que, en caso de ser declarado culpable, se le podría imponer una pena de hasta 30 años de prisión, a la que se le podría sumar una multa o la confiscación de los beneficios, bienes o haberes extraídos directa o indirectamente de los crímenes cometidos.
La Corte confía en que este proceso, inédito hasta ahora, debería durar una semana y sentar un precedente para otros casos similares.
Redacción Ecos. Foto: SIG.- El Presidente Juan Manuel Santos lamentó las demoras que se han registrado en los procesos que se adelantan contra el Magistrado, Jorge Pretelt en el Congreso de la República y contra la reelección del Procurador, Alejandro Ordóñez en el Consejo de Estado.
En lo referente al caso de Pretelt, hizo un llamado a los senadores para que a que asistan y voten, a que no eludan su responsabilidad, y le demuestren al país que las instituciones operar: “hay que cumplir con el deber, la responsabilidad por primera vez es del Senado, que se convierte en juez” señaló el primer mandatario.
Durante la posesión del Magistrado César Palomino, reseñó asimismo al caso del Procurador Ordóñez y señaló que, desde hace más de 3 años, el Consejo de Estado tienen en estudio una demanda sobre su reelección. “Es muy mal mensaje que pase tanto, tanto tiempo sin una definición”.
Santos agregó que igualmente “es muy mal mensaje además que los más altos funcionarios interpongan recursos dilatorios, en lugar de buscar el pronunciamiento de fondo”.
Frente a acciones dilatorias, expresó el presidente, como las que ha interpuesto el procurador o las que busca Pretelt declarando que su investigación tienen orígenes políticos, advirtió que “esa es una moda que ha hecho carrera, cuando cualquier alto funcionario o exfuncionario es llamado a rendir cuentas, se declaran perseguidos políticos”.
Por esto, fue enfático en señalar que se respeta la autonomía de las instituciones, “ni el Gobierno, ni en este palacio, hemos hecho nada para que esta decisión se tome en cualquier sentido. ¡por supuesto que no”.
Concluyó su intervención afirmando que, en casos como éste y otros similares, las instituciones deberían dar prueba de eficacia y de celeridad, “hay que demostrar que los altos funcionarios del Estado se les juzga con el mismo rasero que a cualquier ciudadano del común”.
Redacción Ecos. Foto lachachara.org.- La Defensoría del Pueblo advirtió un racionamiento de energía eléctrica en la Costa Atlántica. Por ello, exhortó a las empresas que tienen deudas pendientes con Electricaribe a ponerse al día, e instó al Gobierno Nacional y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, adoptar de inmediato medidas que superen las fallas en el sistema eléctrico en esa región cálida del país y permita el buen servicio, independientemente de la empresa que lo preste.
En un informe radicado en el Congreso por parte de la Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente, Martha Lucia Alonso Reyes, conocido por Ecos Políticos, señala que “ante el panorama y teniendo en cuenta que el servicio de energía sigue presentando graves deficiencias y que es posible el racionamiento de energía, es menester en primer lugar, hacer referencia a la deuda de las entidades territoriales, municipales, departamentales y del orden nacional, a la empresa Electricaribe, la cual asciende a más de $165.387 millones.
Agrega en el informe la Defensora Alonso Reyes que se deben establecer planes concretos para que las redes e instalaciones en los sectores rurales y urbanos cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen el abastecimiento continuo y sin riesgos para la integridad de los ciudadanos ni sus bienes patrimoniales.
“Lo anterior apremia a que se articulen esfuerzos entre las diferentes entidades del Estado, el operador del servicio y la misma comunidad, con el fin que se acceda a un servicio en condiciones de calidad, continuidad y con amplia cobertura, garantizando de esta forma el derecho al acceso y disfrute de los servicios públicos domiciliarios”, sostiene la Defensora Alonso Reyes.
Destacó que para asegurar el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población de esa región del país “se requiere que las medidas que se adopten, atiendan los principios constitucionales de eficacia, celeridad e imparcialidad, ya que las irregularidades presentadas están ocasionando graves prejuicios, perturbaciones al orden público y vulnerando los derechos de la población”.
El tema será tratado en un debate este miércoles, 24 de agosto a partir de las 10 AM, en la Comisión Segunda del Senado, convocado por el presidente de esa célula legislativa Jaime Enrique Durán Barrera, iniciativa de los senadores Jimmy Chamorro y José David Name, quienes citaron a varios ministros y altos funcionarios del sector, para que respondan un cuestionario sobre la problemática del sistema eléctrico en la Costa Caribe.
Prensa Vicepresidencia de la República.-El pesista colombiano Luis Javier Mosquera, que logró medalla de bronce en Río 2016, recibió uno de los 200 apartamentos entregados por el Vicepresidente Vargas Lleras en la urbanización Hacienda Verde, en Yumbo, Valle.
“Como reconocimiento a su destacada labor en los juegos olímpicos, el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos le hace este reconocimiento, muy merecido. Todos los deportistas nos han representado muy bien y es muy grato para nosotros poder premiar su esfuerzo con la entrega de esta vivienda”, le dijo el Vicepresidente Vargas Lleras al medallista olímpico mientras cientos de orgullosos vallunos aplaudían al deportista.
Mosquera, quien se convierte en uno de los beneficiarios de la Urbanización Hacienda Verde, ubicada en Yumbo, cumple de esta manera el sueño de tener una vivienda propia, en la que habitará con su esposa Diana y su hijo Joser Stick.
“Me siento muy feliz y agradecido con todos los que me han ayudado. Esta vivienda es un aporte muy importante que me ayuda a seguir luchando por mis sueños y a seguir avanzando en mi carrera. Esto va a aportar mucho a las juventudes que quieren practicar un deporte; todos los niños quieren ser como yo y esto los va a motivar para salir adelante y poder obtener también una casa para sus familias”, expresó Luis Javier Mosquera tras recibir su apartamento.
La vivienda tipo apartamento entregada a Luis Javier fue posible gracias al esfuerzo conjunto del Gobierno Nacional y del Municipio de Yumbo, que sumaron subsidios para cubrir, casi en su totalidad, el costo de la misma. Además, la constructora corrió con los gastos notariales.
"Qué bueno también que Luis Javier se pase a vivir a un apartamento completamente amoblado por la vaca común que hicieron todo el gabinete y funcionarios de la Alcaldía de Yumbo", agregó el Vicepresidente, quien destacó que todo aquello que se haga por reconocer el esfuerzo de los deportistas, que dejan en alto el nombre de Colombia en el exterior, es bienvenido.
200 hogares de Yumbo beneficiados con Mi Casa Ya Ahorradores
En el mismo conjunto habitacional que habitará el medallista olímpico Luis Javier Mosquera, 200 hogares de Yumbo, que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, recibieron también de manos del Vicepresidente y la Ministra Elsa Noguera las llaves y escrituras de sus viviendas, las cuales hacen parte del programa Mi Casa Ya Ahorradores. En esta urbanización se adelanta la construcción de 800 viviendas, tipo apartamento, con una inversión de $38.609 millones de Gobierno Nacional.
“Me complace venir al Valle con tan buenas noticias y ver la satisfacción de cada uno de ustedes por recibir hoy las llaves y escrituras de sus nuevas casas. Espero que las cuiden mucho y hagan de este el mejor barrio del municipio”, expresó el Vicepresidente, en medio de la emoción de los nuevos propietarios.
Cabe resaltar que los hogares favorecidos dejan de cancelar costosos arriendos y comienzan a pagar cuotas muy bajas por su propia casa, gracias a que el Gobierno Nacional les asignó un subsidio de $20 millones a quienes devengan entre 1 y 1,5 salarios mínimos; y de $17 millones a los que tienen ingresos entre 1,6 y 2 salarios mínimos.
“Como no voy a estar feliz, si yo pagaba $400.000 de arriendo y ahora solo voy a pagar $180.000 por la cuota de mi propia casa. No voy a seguir votando la plata en saco roto. Quiero agradecer a todos los que hicieron posible este gran sueño de poder darle un techo digno a mi familia”, dijo el señor Oliver Plazas Betancourt, uno de los primeros beneficiarios en recibir las llaves y escrituras de manos del Vicepresidente.
Culminando ya la entrega de cada una de las casas, el Vicepresidente Germán Vargas Lleras realizó un balance de los municipios en los que familias de escasos recursos han sido beneficiadas con el programa de Mi Casa Ya Ahorradores en el departamento de Valle del Cauca: Andalucía (151), Buga (450), Cali (406), Candelaria (838), Cartago (256), Florida (308), Jamundí (2.774), La Unión (50), Obando (56), Palmira (4.033), Roldanillo (48) y Vijes (103).
Prensa Doris Vega. Foto Ecos Media.- La Senadora Doris Vega de Opción Ciudadana exhortó al Gobierno nacional a hacer más contundente en establecer políticas para proteger y conservar las fuentes hídricas del país.
Esta afirmación la manifestó la Senadora Vega en el foro “El AGUA COMO DERECHO FUNDAMENTAL”, realizado en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional, en Bogotá.
“El Estado no ha sido contundente en el cuidado del agua: “Falta una política del Gobierno que garantice la protección del recurso hídrico del país y a pesar de que la responsabilidad recae en el Estado es también tarea de todos hacer un uso racional del líquido vital, asumiendo el compromiso del cuidado del agua y de los ecosistemas estratégicos que garantizan los bienes y servicios como el abastecimiento del agua, la regulación del ciclo hidrológico, entre otros. En los próximos años si no protegemos el recurso, la escasez del agua nos llevará a una nueva guerra mundial”, señaló Vega en el citado evento.
“Estamos trabajando desde el Congreso de la República”, informó la Senadora Vega, “para que el agua sea elevada a un derecho fundamental y esto debe conllevar a un mayor compromiso en la conservación de los páramos, como los proveedores del 80% del agua de la población en los países andinos”
“Tenemos que cuidarlos y no permitir que los sigan destruyendo con la explotación minera y demás actividades que llevan al deterioro del ecosistema”, expresó enfática la congresista santandereana.
En este foro se reconoció la labor de la Corte Constitucional, por sus pronunciamientos en diferentes sentencias encaminadas a la protección del agua como derecho esencial y hacia las garantías de un medio ambiente sano.
Con presencia de expertos en el tema, el foro concluyó con éxito, en todo lo relacionado con la preservación del recurso hídrico, haciéndose énfasis en la importancia de ser aprobado en la segunda vuelta, que inicia en esta nueva legislatura el Proyecto de Acto Legislativo N°. 11 de 2016 Senado – 260 de 2016 Cámara. “Por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del capítulo I del título II de la Constitución Política de Colombia”; estableciendo el agua a la categoría de derecho fundamental, dándole la importancia y el significado que siempre ha debido tener frente al desarrollo y bienestar de las comunidades en la búsqueda de una Paz real para nuestro país.
