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Bogotá, D.C. Foto Leonardo Vargas.-En un debate histórico para la paz de Colombia, el negociador del Gobierno en los Diálogos con las Farc, Humberto de la Calle Lombana, fue contundente ante la Plenaria del Senado en aclarar que el secuestro y el narcotráfico son delitos políticos y que la Jurisdicción Especial será la encargada de resolver las penas y los castigos.

En el debate De la Calle señaló que no quería hacer predicciones ni fijar fechas para el Acuerdo Final “pero si quiero decir que después de casi cuatro años de estar sentados con las Farc, este grupo insurgente tiene un deseo genuino de pasar la página, dejar las armas e ingresar al ejercicio civil de la política”.

Ante las críticas por el blindaje jurídico que se pretende dar a través del Acto Legislativo para la Paz, de parte de algunos voceros de las diferentes bancadas, De la calle señaló que “no incluye en conflicto de consecutividad”.

“Estamos ante una posibilidad para Colombia. Es mi sincera y veraz afirmación. Sí creemos que hay una oportunidad de superar el conflicto y cerrar la página de los 50 años de padecimiento que hemos tenido”, enfatizó De la Calle, quien aseveró que “las Farc sí tendrán que reparar a sus víctimas materialmente, contrario a lo que asegura el Centro Democrático”.

Manifestó que la posición de las Farc con respecto al plebiscito es positiva, “este grupo está de acuerdo con que se lleve a cabo este tipo de consulta popular para que sean los colombianos quienes tengan la última palabra en esta materia”

Con relación a la naturaleza de los acuerdos especiales citó el artículo sexto de las convenciones de Ginebra, las cuales se refieren a tratados internacionales, su extensión e internalización. “Es cierto que la noción originaria sobre este tema era restrictiva, sin embargo esto ha ido evolucionando”, dijo De la Calle quien para explicar el tema se dispuso a leer un fragmento del documento del CICR del 2.016 -Documento de orientación sobre la implementación de los Convenios de Ginebra.

En el debate orientado por el Presidente del Senado Luis Fernando Velasco, quien le dio la participación a todas las corrientes políticas representadas en la corporación, De la Calle argumentó que todas las decisiones que se están tomando tratan de brindar garantías de seguridad jurídica. “todos esperamos seguridad jurídica, es una conquista para todos”.

 “La mesa de La Habana no es la continuación de la guerra para seguir otras guerra, lo dijo el Senador Robledo y lo comparto. No se trata de reproducir nuevos escenarios de violencia, se trata de entender que toda violencia es mala. No se trata de pensar que  la violencia con mis enemigos es buena y la violencia con mis amigos es nociva. no, toda violencia es mala.”

Por Luis Fernando García Forero. Foto ECOS.- El abogado y especialista en derecho penal de la Universidad del Rosario, eximido de presentar exámenes preparatorios por promedio académico, Camilo Enciso Vanegas, como pilo,  tiene bajo su responsabilidad un reto: luchar para acabar con la corrupción en Colombia.

Aunque suena como una falacia, el Secretario de la Transparencia de la Presidencia de la República, no deja de buscar mecanismos que permitan disminuir el robo a las arcas del estado y que se presenta casi a diario como titulares en las noticias en Colombia.

ECOS: ¿Qué ha hecho el Gobierno y su despacho para combatir la corrupción?

CE: La posición desde un principio ha sido impulsar las practicas del buen gobierno, abierto y transparente. También desarrollando normas como la ley de transparencia y acceso a la información pública que hoy en día es la herramienta más poderosa que tienen los ciudadanos para controlar el ejercicio de lo público. Estas iniciativas cobijan a todas las ramas del poder público incluyendo al congreso de la República en donde hemos venido trabajando de la mano de los Presidentes del senado y cámara para implementar lo que hemos denominado un congreso abierto y transparente.

ECOS: ¿Qué resultados se han obtenido de esas acciones de un congreso abierto y transparente?

CE: El compromiso de avanzar hacia un congreso abierto y transparente se materializó el 19 de noviembre del 2015 gracias al trabajo conjunto de la Secretaría de Transparencia y de ambas cámaras. Esa declaración de compromisos establece además unos cronogramas de cumplimiento, unas metas y unas actividades muy concretas que debería desarrollar cada una de las cámaras, por eso puedo decir con mucha satisfacción desde la Presidencia de la República, que todos los compromisos establecidos en esa declaración se han venido cumpliendo en los tiempos estipulados y gracias a eso estamos entrando a una nueva ola de transparencia de rendición de cuentas y de cercanía entre el Congreso de la República y la ciudadanía.

ECOS: ¿Qué otras iniciativas que permitan recuperar la imagen del Congreso?

CE: El Congreso de Colombia se ha tomado con mucha seriedad la necesidad de corregir la mala imagen que ha tenido históricamente frente a los colombianos. Gracias a esa voluntad política que ha mostrado el Congreso durante los dos últimos tres años, en especial a la constancia y dedicación sobre ese tema del Presidente del Senado Luis Fernando Velasco,  se han logrado dar pasos muy importantes con la transparencia: un congreso  más abierto de cara a la ciudadanía para que se puedan resolver varias inquietudes que tienen  los colombianos frente al funcionamiento de las cámaras.

ECOS: ¿Qué avances en concreto?

CE: Gracias a la declaración de compromiso de un Congreso Abierto y Transparente hoy en día los colombianos tienen acceso a las declaraciones de conflicto de interés y a las declaraciones patrimoniales de todos los congresistas. Eso ya está publicado en internet. Cualquier colombiano puede consultarlo. Gracias al trabajo de Congreso Abierto y Transparente se han realizado y hemos discutido en Audiencias Públicas el Código de Ética del Congresistas que sigue haciendo trámite en el legislativo y que busca resolver muchos de estos problemas. Cuáles son los deberes de los congresistas, las infracciones, cuáles pueden ser las sanciones disciplinarias que se les pueden imponer por violar esos deberes o esas prohibiciones. Todo eso forma parte de ese esfuerzo colectivo entre el Congreso, la Secretaria de Transparencia, la ciudadanía y la academia,  por volver a acercar al Congreso a todos los colombianos.

ECOS: ¿El Congreso se está auto-regulando y concientizando, en qué debe cambiar para recuperar la imagen?

CE: Hay dos fenómenos que están corriendo de manera simultánea. Por un lado el Congreso tiene la obligación de cumplir las normas vigentes en Colombia en materia de transparencia y en acceso a la opinión pública, pero eso es aparte de un proyecto de ley que radicó el Gobierno Nacional y que se aprobó en el 2014. Entonces hay parte del cumplimiento de las normas en Colombia. Pero también es evidente la voluntad del mismo Congreso de abrirse de cara a la ciudadanía y al país y de rendir cuentas con absoluta tranquilidad para que todos sepan de lo que está pasando, cómo funciona el Congreso, cómo opera y cómo afianzar esa relación de confianza que se había perdido entre los colombianos y el Congreso.

ECOS: ¿Esas herramientas legales si en verdad permiten acercar a la ciudadanía al Congreso?

CE: Por supuesto. Necesitamos que los colombianos puedan creer en sus instituciones, sobre todo en el Senado y la Cámara que son los representantes de la voluntad popular.

ECOS: ¿Qué otros elementos ha tenido usted en cuenta para superar el fenómeno de la corrupción?   

CE: Hay que establecer unos canales que permitan rediseñar la forma cómo opera la democracia. Vivimos en el mundo de democracia representativa en la cual los ciudadanos se encuentran muy distantes de los representantes que toman las decisiones en el Congreso de la República. Tenemos que aprovechar las herramientas que nos ofrece la tecnología, nos brinda internet, la telefonía móvil, para afianzar esa relación de diálogo permanente y real entre el ciudadano de a pie y sus representantes en el Congreso.

ECOS: Eso suena muy actual, muy chévere. Casi que podemos llegar a pensar que el ciudadano logre coolegislar?

CE: La democracia representativa está en crisis, necesitamos avanzar hacia un fortalecimiento de la participación ciudadana de una manera real en la toma de decisiones del Congreso de la República. Estamos impulsando varias herramientas con esta iniciativa del Congreso Abierto y Transparente: vamos a tener una especie de wiki que permitir en tiempo real darnos cuenta del proyecto de ley que está haciendo trámite en las cámaras, las proposiciones. Esto permitir a ese ciudadano hacer allí sus planteamientos, proponer a sus representantes o senadores alternativas  distintas de redacción de la ley, reflexiones sobre ese trámite legislativo en curso.

ECOS: ¿Sólo frente al trámite de proyectos?

CE: También en el control político, en las audiencias públicas, escucha a la ciudadanía. Lo que queremos es utilizar las tecnologías para que la gente pueda acercarse y expresar sus opiniones, sus puntos de vista y ahí necesitamos que los congresistas fortalezcan  sus unidades de Trabajo Legislativo y que aumenten su interés por responder a la ciudadanía sus inquietudes. Tiene que haber un diálogo entre los ciudadanos y los representados.

ECOS: Pero es importante señalar que la corrupción también la hay en las otras entidades estatales, al interior del Gobierno,los institutos, en todas partes permea la corrupción. ¿Cómo superarla en un momento trascendental como va a hacer el posconflicto?.

CE: El Trabajo de fortalecer la capacidad del Estado y de prevenir, detectar la corrupción en un escenario de posconflicto es importantísimo. No podemos pensar en una paz estable y duradera si seguimos teniendo los problemas de corrupción que hoy en día presenciamos en diferentes ámbitos de la vida nacional.  Por eso desde la Secretaría de Transparencia y con el Ministerio del Posconflicto estamos trabajando en el diseño de una estrategia de transparencia, integridad y prevención de la corrupción para ese escenario de posconflicto.

ECOS: ¿A nivel territorial hasta dónde va esa iniciativa?

CE: Lo estamos haciendo con la mano de los gobernadores y de alcaldes. Necesitamos entes territoriales fortalecidos con las políticas de transparencia y con la implementación de herramientas que hoy en día ya existen: la utilización del portal de contratación pública del Estado nos permite enterarnos de todo el proceso de contratación desde la publicación de los pliegos, las audiencias públicas y la adjudicación de los contratos. Todo eso debe ser visible y transparente  a los ciudadanos, pero necesitamos otros compromisos por parte de los gobernadores, por ejemplo adoptar los pliegos estandart  en materia de contratación pública que ha diseñado Colombia Compra Eficiente. De esa manera vamos a reducir los riesgos de redimensionamiento de los contratos, donde a través de fórmulas mágicas se logra sacar de la competencia a proponentes que podrían perfectamente participar en una licitación pública pero que simplemente se establecen unas reglas de juego para descalificarlos, direccionando los contratos. 

ECOS: ¿Descentralización en la lucha contra la corrupción?

CE: Así es. El esfuerzo de construir un país transparente y libre de corrupción requiere el concurso de todas las fuerzas políticas, sociales y administrativas que hoy en día existen en Colombia y sobre todo requiere la participación de la ciudadanía ejerciendo un control social exigente, crítico, pero también, riguroso, propositivo y constructivo. Tiene que haber un trabajo en equipo, mancomunado de todas las fuerzas vivas del país.

ECOS: Los sistemas de control, más directamente la Contraloría General de la República si está llenando las expectativas en el control de los dineros del estado?

CE: Creemos que el sistema de control que hoy en día existe tiene varias falencias que deben ser corregidas. En el nivel territorial los actores políticos logran la captura institucional de las contralorías. Se necesitan reformas para evitar esos riesgos, garantizar que el control fiscal se ejerza de una manera completamente neutra y libre de intereses políticos. Hemos logrado identificar cómo muchas contralorías territoriales se dedican casi que de oficio a archivar expedientes que nunca llegan a nada y en casos aún en los que efectivamente llega a un hallazgo de responsabilidad fiscal, los recursos no se recuperan efectivamente. Entonces, podemos decir que el modelo del sistema de control está en crisis. Tiene graves problemas y deberíamos buscar la manera de corregirlos. En eso necesitamos el concurso y el trabajo en equipo con el Congreso de la República.

ECOS: ¿Cómo cambiar la imagen que tienen una inmensa mayoría de colombianos, que todo funcionario público cae en el ámbito de la corrupción?

CE: Tengo la absoluta convicción de que la inmensa mayoría de servidores públicos de este país trabajan honestamente, apegado a los criterios de integridad, transparencia y honestidad. Las pocas manzanas podridas que trabajan en el estado y que debemos sacar de la administración pública, no pueden manchar el buen nombre y la reputación de tantos colombianos que le entregan su vida a este país, que le dan lo mejor de sí a sus compatriotas para garantizar que haya una administración pública proba. Los colombianos tenemos que entender  que la lucha contra la corrupción exige no solamente el esfuerzo de los servidores públicos, sino que también requiere del apoyo del sector privado.

ECOS: ¿La empresa privada tiene mucho que ver en la corrupción?

CE: El sector privado tiene que hacer unos esfuerzos mucho más serios y fuertes por hacer transparente su actividad y por  prevenir los riesgo de corrupción y adicionalmente requiere del concurso de toda la sociedad civil, revisar en el día a día sus normas y pautas de comportamiento ético. Necesitamos colombianos honestos. En eso todos tenemos un aporte muy importante para llevar a cabo. Hay que aceptar que muchos sectores de la empresa privada son cómplices de la corrupción.

Por Felicia Saturno Hartt. Foto: OEA.- El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, activó hoy la Carta Democrática del organismo para Venezuela, un paso sin precedentes, que abre un proceso que puede llevar a su suspensión del ente.

En un informe de 132 páginas publicado hoy, Almagro recurre al artículo 20 de la Carta para "solicitar la convocatoria de un Consejo Permanente de los Estados miembros entre el 10 y el 20 de junio de 2016".

Este es un procedimiento que "deberá atender a la alteración del orden constitucional y cómo la misma afecta gravemente el orden democrático" de Venezuela, expresó Almagro en el informe.

El Secretario de la OEA manifiesta que es necesaria la autorización del testimonio del Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, ante el Consejo Permanente, pues el mismo "constituye un elemento indispensable para entender cabalmente la situación respecto al desequilibrio de los Poderes del Estado en ese país".  Además, Almagro solicita en el informe que el testimonio de Ramos Allup debería ser en el mismo día de la sesión convocada.

Almagro en las conclusiones del informe indica que, en la situación actual que vive Venezuela, "no se puede más que concluir que estamos frente a alteraciones graves al orden democrático, tal como se ha definido en numerosos instrumentos regionales y subregionales".

Manifestó además que de esta forma "nos expresamos también de manera clara contra cualquier posibilidad de golpe de Estado en Venezuela contra un gobierno legítimo o una intervención armada como las que ha denunciado la Canciller".

Almagro recomienda la activación del Referendo Revocatorio este año e insta al Gobierno, sectores de oposición, actores políticos, sociales y comunidad internacional a que acepte la decisión del soberano expresada a través de las urnas y la movilización; liberación inmediata de todas las personas detenidas por razones políticas; un llamado al Poder Ejecutivo y Legislativo a resolver conjuntamente, conforme a sus competencias, la situación de vulneración de derechos básicos de la población como acceso a los alimentos y salud, y brindar estándares de seguridad.

Ver el Informe del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro:

http://www.oas.org/documents/spa/press/OSG-243.es

¿Qué implica la aplicación de la Carta Democrática Interamericana?

La Carta Democrática Interamericana se ha convertido en los últimos meses en la protagonista de los temas internacionales, luego que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, le advirtiera al Presidente Nicolás Maduro, en enero de 2016, que se vería obligado a apelar a la Carta si se afectara el proceso político institucional de Venezuela. Evalúa, desde finales de abril, y a petición de la oposición, invocar este instrumento legal, aunque necesita el respaldo de las 2/3 partes de los 35 países integrantes del organismo reunidos en la Asamblea General.

La Carta tiene como objetivo primordial el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, al establecer que la ruptura del orden democrático o su alteración en un Estado miembro, constituye "un obstáculo insuperable" para la participación de su gobierno en las diversas instancias de la OEA.

Para Milagros Betancourt, exembajadora y especialista en Derecho Internacional, la Carta constituye un arma de doble filo, pues al activarse y suspender al Gobierno, éste no podrá participar en las reuniones de la OEA ni recibir ningún tipo de cooperación, restituyéndose los parámetros únicamente cuando se compruebe la recuperación del hilo democrático en el país, lo que traería como consecuencia una escasez mucho más aguda, pues no se podrán importar alimentos ni medicinas y el venezolano viviría las consecuencias de una crisis peor. A su vez, el Gobierno podría - afirma- hacer el papel de víctima al mismo estilo de Cuba, donde Castro culpó de la hambruna en ese país al embargo norteamericano.

Betancourt, sin embargo, es partidaria de la activación de la Carta Democrática, aunque se vivirían tiempos aún más difíciles. Es un tema de principios, considera: "Alguna sanción tienen que tener. No pueden dejar que un Gobierno haga lo que le dé la gana y los demás miren para un lado mientras aquí se violan los derechos humanos... Los temas de principios son de principios".

Lo único que puede existir para ayudar a la escasez debido a la falta de cooperación de los países producto de la Carta, es una intervención humanitaria, pues está permitido por todos los organismos internacionales. El Gobierno tendría que apartar su orgullo y aceptar la ayuda, pues por importación no entraría nada al país.

La grave situación de Venezuela, producto de la corrupción y la pésima gestión de la Administración del Presidente Nicolás Maduro ha ubicado al país en una intensa e injusta crisis humanitaria, por la más alta inflación del mundo, el desabastecimiento más agudo de la historia de la nación y los mayores niveles de inseguridad personal y jurídica de la era republicana, son las evidencias y los indicadores más palpables de la necesidad de una intervención internacional, para detener el genocidio que los venezolanos están viviendo, complementariamente a los mecanismos de control político y de irrespeto a la institucionalidad democrática.

Redacción y Foto Ecos.- "Colombia con la aprobación, en último debate, de la ley que regula el cannabis con fines medicinales, marca un hito en el establecimiento de una  política de salud pública y afianza el camino para iniciar un cambio en la política prohibicionista" aseguró el Senador Juan Manuel Galán, proponente de la iniciativa legislativa.

Con  84 votos a favor y con el respaldo de los distintos partidos políticos, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la nueva norma, que pasa a conciliación con el Senado y luego a sanción presidencial.

"Hoy es un día histórico para el país ya que el Congreso de la República  de manera soberana ha tomado una decisión para aliviar el dolor y mejorar la calidad  de vida de millones de pacientes colombianos" afirmó el senador liberal y recordó que, en  EEUU, ya 24 estados legalizaron la marihuana para uso medicinal.

Galán destacó la importancia de la ley,  que permitirá a miles de pacientes que sufren de enfermedades  como epilepsia refractaria, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, cáncer, VIH sida, diabetes, migraña, entre otras, acceder a un medicamento seguro, de calidad y a un precio justo, regulado por el Estado y no por los criminales.

Ante la disyuntiva que genera la expedición del Decreto del Gobierno, Galán mencionó los aspectos que el mismo deja por fuera y que la ley si contempla como  el cobro de licencias cuyos recursos estarán dirigidos a programas de prevención escolar;  sanciones a quienes violen el régimen de licencias; vigilancia a las licencias utilizadas exclusivamente  a fines medicinales y terapéuticos y establece que menores de edad sólo podrán usarla bajo el consentimiento de sus padres, entre otros.

Asimismo el legislador destacó que con la norma se garantiza y se blinda el proceso de regulación, cerrando la posibilidad que el gobierno de turno, derogue el decreto.

El Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) promoverá la transferencia tecnológica necesaria para la producción nacional de Cannabis y sus derivados con fines médicos y científicos, en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y se promoverá la contratación de mano de obra local. El Estado protegerá a los pequeños y medianos cultivadores y productores.

ABC de la Ley que regula el uso de Cannabis Medicinal

Los beneficiarios de la ley serán los pacientes con enfermedades crónicas y/o terminales, que quieran acceder a los medicamentos extraídos del cannabis, en condiciones de igualdad, calidad   y seguridad. Los pacientes van a acceder a un medicamento desarrollado científicamente, avalado por especialistas de la salud, rompiendo así el lazo con la ilegalidad.

Las instituciones del Estado que harán parte del proceso de regulación son: Ministerio de Justicia  y del Derecho, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Los medicamentos extraídos del cannabis no generarán ningún impuesto a los ciudadanos.

En coordinación con el Ministerio de Educación se desarrollará  un programa nacional de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en la comunidad educativa.

Se reglamenta el acceso del medicamento para menores de edad siempre que haya consentimiento de los padres de familia.

Se promoverá una política de sustitución de cultivos ilícitos por cannabis medicinal como una opción  para el campo colombiano.

Las paradojas de una reglamentación con fines médicos

Ciertamente las enfermedades crónicas y terminales son todo un reto para los administradores de salud, médicos y familiares y el uso medicinal del cannabis sativa, desde los años 80, ha permitido complementar los tratamientos terapéuticos y la calidad de vida de estos pacientes.

El dilema ahora radica en la articulación de esta reglamentación con los contextos asociados al uso. Por un lado, la definición del cupo definitivo para el cultivo de marihuana con fines medicinales con el Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas, para establecer las condiciones de cultivo, resguardo y protección del producto, en función a la población usuaria en Colombia.

Por otro, evitar la desviación de los canales lícitos, sobre todo para el uso recreativo o de tenedores personales.  Lo que representa también un proceso de creación de una posible marca, ya que ella supondría poseer una licencia que soportaría su comercialización, luego de su producción y manejo, ya que el monopolio de su regulación estará por parte del estado colombiano.

Uno de los aspectos más criticables del proyecto, desde el punto de vista del control y supervisión de la sustancias, es el manejo por medio de dispensarios, ya que sería más seguro y rentable desde el punto de vista médico- sanitario, que existiese una organización con fines científicos, que no sólo haga esta función, sino evalué, supervise y regule la actividad referencial, ya que, aun cuando es un uso medicinal, es un consumo de una sustancia estupefaciente y de acción psicoactiva, de riesgo médico.

Una experiencia legislativa de vanguardia

Con la decisión del Congreso, Colombia se convierte en el cuarto país de América Latina en tener legislación sobre el uso de la marihuana con fines terapéuticos y paliativos. Hasta ahora, sólo tres países, Chile, Puerto Rico y Uruguay han dado este paso.

Sólo Uruguay dio rienda suerte al uso recreativo en su legislación, aún muy criticado, como muchos estados de la Unión Americana.

Aun cuando es un paso significativo, queda pendiente el tratamiento, rehabilitación e reincorporación social de los dependientes del país, que no tiene un real paradigma de intervención y de inclusión social.

Redacción Ecos. Foto: CEPAL/ONU.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó un ambicioso informe, en su Trigésimo Sexto Período de Sesiones, realizado en México, que busca, para 2030, una "nueva ecuación" entre Estado, Mercado y Sociedad, que logre la igualdad a través de un cambio del modelo productivo.

"Se requiere una dirección clara y cambiar la conversación entre Estado, Mercado y Sociedad. Y sentarnos a hablar de la visión a 10 años y 15 años, que es lo que nos ofrece esta agenda 2030" de la ONU, señaló Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

Al dar a conocer el Informe "Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible", Bárcena instó a trabajar conjuntamente a instituciones globales, regionales y locales.

Ello para un fin último: "El horizonte es la igualdad, el cambio estructural progresivo es el camino y la política, en mayúsculas, el instrumento".

De esta manera, la titular de la CEPAL resumió varios de los mensajes que ha ido lanzando en este periodo de sesiones del organismo.

Ahondó en la necesidad de que la clase política lidere este cambio de modelo de desarrollo, que además de incluyente, ha de ser respetuoso con el medioambiente y señaló la necesidad de fomentar la cooperación y suavizar los problemas de deuda de los países caribeños.

"Proponemos un cambio estructural progresivo que aumente la incorporación de conocimientos, garantice la inclusión social y supere el cambio climático", apuntó Bárcena.

Ello con la mira colocada en América Latina y el Caribe, que ha de transformar su matriz productiva en una sostenible.

La Agenda 2030 y su diseño

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, remarcó hoy que la Agenda 2030 impulsada por la ONU tiene un "gran diseño", pero también "muchos desafíos" para que sea más que un "conjunto de objetivos".

"Vemos que esta agenda es un gran diseño, pero hay muchos desafíos, porque la gobernanza (gobernabilidad) global para cerrar asimetrías financieras y tecnológicas no está contemplada", explicó la titular de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) desde la Ciudad de México.

Señaló Bárcenas que el actual modelo productivo y de desarrollo genera desigualdades, crisis ambientales, sesgos recesivos y, en definitiva, "no es sostenible" e hizo referencia a la necesidad de buscar una integridad ecológica y los recursos comunes, mediante "coaliciones, instituciones y mecanismos de seguimiento".

"Necesitamos llegar a una coalición global colectiva para impulsar el valor agregado, para cambiar la escala productiva, para proteger los recursos globales" y “para llegar a un convenio colectivo, es necesario cerrar las brechas de financiamiento y que se logre una mayor apertura del comercio internacional, expresó la funcionaria de CEPAL.

Sustentó, en este sentido, que es necesario fortalecer la institucionalidad multilateral, a través de una mayor cooperación tributaria y corresponsabilidad entre deudores y acreedores.

"Se requieren bienes políticos globales, un crecimiento estable con empleo, conservación del medio ambiente e integridad ecológica de los recursos comunes y de políticas nacionales", afirmó Bárcena.

Redacción Ecos. Foto: SIG.- El Presidente Juan Manuel Santos afirmó, al término del Consejo de Seguridad que lideró en Tibú, Norte de Santander, que la prioridad del gobierno es el regreso a la libertad, sanos y salvos, de los periodistas de RCN Televisión Carlos Melo y Diego D’Pablos.

Asimismo reiteró que la Fuerza Pública ofrece todas las condiciones de seguridad que sean necesarias para lograr su pronta liberación. Agradeció a la Iglesia Católica por su ayuda para que estos acontecimientos tengan un buen desenlace.

En el Consejo de Seguridad mencionado, participaron además los altos mandos militares y policiales, los ministros de Interior y Defensa, representantes de la Iglesia Católica y autoridades civiles del municipio y el departamento. 

“Como lo dije cuando se hizo pública la agenda de negociaciones con el ELN, y lo reitero ahora, con más razón, no activaremos ninguna mesa de negociaciones mientras el ELN no libere a todos los secuestrados y renuncie definitivamente a este crimen de lesa humanidad”, manifestó el Mandatario.

El Jefe de Estado reiteró su “más enérgica condena y rechazo frente al secuestro o frente a cualquier atentado contra la libertad individual o contra la libertad de prensa”.

Sostuvo que “el ELN tiene la obligación de liberar a todos, repito, a todos los secuestrados de manera inmediata, y abandonar definitivamente este crimen atroz. El secuestro, bajo ninguna circunstancia, puede ser justificado. Es un crimen de lesa humanidad” señaló Santos.

“Los colombianos todos celebramos el regreso a la libertad, sana y salva, de Salud Hernández. Esta noticia, por buena que sea, no puede ocultar la necesidad de que Carlos Melo y Diego D’Pablos también regresen al seno de sus familias de manera inmediata. El ELN es el único responsable por la vida e integridad de los periodistas que siguen en su poder. Salud ha dicho que serían liberados mañana. Para el Gobierno Nacional, la prioridad es la vida y la integridad física de las personas” informó .

El Mandatario insistió que “en este caso, como en todos, si hay una liberación organizada con entidades humanitarias, facilitaremos y les daremos las condiciones de seguridad necesarias para que la operación se lleve a cabo. Ya tengo entendido que hay una operación en ese sentido para que los dos periodistas regresen a la libertad”.

Toda la solidaridad y apoyo para las familias de los dos periodistas

El Jefe de Estado reiteró toda la solidaridad y apoyo con las familias de estos periodistas y declaró que “no hemos ahorrado ni ahorraremos esfuerzo alguno para lograr su pronto regreso a sus casas, sanos y salvos”.

Indicó que “desde que se tuvieron las primeras informaciones sobre la desaparición de estos periodistas”, dio las instrucciones de mantener informadas a sus familias, y de actuar con firmeza y precaución.

“Firmeza para encontrarlos, y precaución para no poner en riesgo sus vidas. En situaciones tan difíciles como estas, donde la vida de las personas puede estar en juego, la acción inmediata y la prudencia deben ir de la mano”, sostuvo Santos.

Consideró además que “informar públicamente sin tener certezas, alimenta las especulaciones, que pueden ir en contravía de la seguridad de quienes precisamente queremos proteger”.

Gratitud a la Iglesia Católica y la Fuerza Pública

El Presidente agradeció a la Iglesia Católica, a la Fuerza Pública y a todos los funcionarios que han ayudado para que estos acontecimientos tengan un buen desenlace.

“Quiero también hacerle a la Iglesia, a Monseñor Sánchez aquí presente, y a todos los miembros de la Iglesia que han venido contribuyendo para un buen desenlace de estos acontecimientos. Agradecerles al Gobernador, al Alcalde y a todos los que han estado apoyando los esfuerzos de nuestra Fuerza Pública”, dijo.

“Quiero agradecerles a todos nuestros héroes, a nuestros soldados, a nuestros policías, a nuestros generales. Aquí estuvo el propio General Mejía, Comandante del Ejército y el General Nieto, Director de la Policía, al frente de estas operaciones”, añadió.

El jefe de estado recordó que, en la medida en que se ha recolectado la información confiable, se han ido ajustando las medidas, siempre con el mismo objetivo: proteger la integridad física de los periodistas y hacer respetar su libertad para informar.

Por Redacción Ecos. Foto SIG.- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini está de visita en Colombia procedente de México.

El encuentro de la jefa de la diplomacia europea con el Presidente Juan Manuel Santos, con su ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín y con el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo y otros miembros del Gobierno, girará en torno al apoyo de la UE a la Paz de Colombia, Federica Mogherini anunció que el bloque de países europeos apoyará con 575 millones de Euros, el posconflicto y la consolidación de la Paz en Colombia.

La líder europea afirmó que “la razón por la cual queremos invertir en la paz es porque sabemos que esta es la mejor opción para el mundo. Estamos convencidos de que, en conjunto, también vendrá una oportunidad de crecimiento para el país y generación de empleo”, dijo.

A las reuniones se incorporó el enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Colombia, Eamon Gilmore, quien esta semana hace su cuarta visita oficial al país desde que fue nombrado para el cargo por Mogherini en octubre pasado.

Con Pardo, Mogherini firmará documentos de cooperación para cuatro proyectos que hacen parte de la estrategia de respuesta rápida para el posconflicto que se iniciará cuando se firme la paz con las FARC en las negociaciones que se llevan a cabo en Cuba desde noviembre de 2012.

Colombia y la UE suscribieron cuatro acuerdos para desarrollo local sostenible en zonas marginadas; promoción de garantías derechos de propiedad de la tierra y el acceso equitativo a la tierra en áreas nacionales protegidas; desminado humanitario y promoción de iniciativas de radio comunitaria para la paz y la coexistencia pacífica.

Aporte para el posconflicto

Este paquete reúne a los fondos de cooperación previstos por el Fondo Fiduciario de la UE, el Instrumento de contribución a la estabilidad y la paz (18 millones de euros) en apoyo al Plan de Respuesta Rápida del Gobierno colombiano y los préstamos que ofrece el Banco Europeo de Inversiones, junto con la cooperación en curso (67 millones de euros para el período 2014-2017).

Se incluyen tanto medidas a corto y medio plazo, en forma de asistencia técnica, subvenciones y préstamos que estarán disponibles una vez se firme el acuerdo de paz definitivo.

De particular importancia son las subvenciones que serán proporcionadas a través de un fondo fiduciario, el ‘Fondo Columba’, al que la Comisión Europea y diez Estados miembros se han comprometido a aportar 90 millones de euros. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) planea vincular un paquete de préstamo de 400 millones de euros con las acciones financiadas por el Fondo Fiduciario.

Adicionalmente parte de la entrega de este apoyo económico se dará a través de cuatro grandes líneas de trabajo, con las que el grupo de países del viejo continente busca apalancar el desarrollo de las políticas del Gobierno Nacional de cara al futuro del país:

1. Apoyo al programa “Desarrollo Local sostenible en zonas marginadas de Colombia DLS” liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Parques Nacionales Naturales de Colombia. Entre sus objetivos está el de crear oportunidades de generación de ingresos a 650 mipymes rurales mediante “negocios verdes”. Asimismo, generación de capacidades técnicas y fortalecimiento de esquemas participativos de gobernanza local en Parques Nacionales Naturales.

2. Contratación de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander -RESANDER- para financiar iniciativas de radios comunitarios para la paz y convivencia.

3. Asistencia técnica a la Dirección de la Acción Integral contra Minas –DAICM.

4. Alianza con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, -FAO- para promover el fortalecimiento de la plataforma de diálogo social a nivel nacional y local para la implementación de las directrices de gobernanza de la tierra en las áreas del Sistema de Parques Nacionales y sus zonas de influencia; y restitución de tierras en marcha en territorios de comunidades indígenas y/o afro-descendientes que ocupan zonas de influencia de áreas protegidas resolviendo así los derechos de tenencia de la tierra.

De esta manera el apoyo del bloque de países del viejo continente se enmarca en el respaldo decidido al proceso de paz y el posconflicto en Colombia.

Acuerdos firmados

Durante el acto se suscribieron los siguientes instrumentos:

• Acta protocolaria de desembolso de programa de desarrollo local sostenible en zonas marginadas de Colombia. Lo suscribieron el Viceministro (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Mauricio Mira, la Subdirectora de Parques Naturales de Colombia, Carolina Jarro y la Embajadora de la UE en Colombia, Ana Paula Zacarías.

• Contrato para la promoción de garantías derechos de propiedad de la tierra y el acceso equitativo a la tierra en áreas nacionales protegidas. Lo firmaron el Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO) en Colombia, Rafael Zavala y la Embajadora Zacarías.

• Declaración de intención para el apoyo de desminado humanitario en Colombia. Firmado por el jefe de Misión del Servicio de Acción contra Minas de las Naciones Unidas (UNMAS), en Colombia, Yohn Medina y la Embajadora de la UE en Colombia.

• Contrato para la puesta en marcha de iniciativas de radio comunitaria para la paz y la coexistencia pacífica. Firmado por el gerente de la Red Cooperativa de Medios Comunitarios de Santander (Redsander) Fernando Tibaduiza y la Embajadora.

Por Redacción Ecos.- Foto Efraín Herrera, SIG.- Así lo expresó el Presidente Juan Manuel Santos en una histórica Audiencia en la Corte Constitucional, donde frente a los 9 magistrados de ese alto tribunal, salió a defender y a pedir la exequibilidad de la ley que convoca a un plebiscito para que los colombianos refrenden lo que se acuerde en La Habana que pone fin al conflicto por más de cincuenta años con las Farc.

“Quiero ENTREGARLE LA PAZ AL PUEBLO para que sea el pueblo quien decida si seguimos avanzando por el camino que hemos recorrido. Lo hago porque mi talante democrático me obliga –y así ha sido desde el mismo inicio de este proceso– a poner la paz por encima de la voluntad de un mandatario o de un gobierno.  La paz –lo he dicho muchas veces– no es de Juan Manuel Santos ni de mi gobierno: la paz es de todos los colombianos”

Agregó : “vengo como colombiano, que anhela vivir en una nación sin guerra y dejar un legado de paz a nuestros hijos. Y vengo como Presidente, que ha jurado servir a su país y cumplir los preceptos de nuestra Constitución, con lo cual me he obligado a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”.

El jefe de estado estuvo acompañado del ministro del interior Juan Fernando Cristo y del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, quienes se dirigieron igualmente ante los magistrados, solicitando que se declare constitucional la ley que permite el plebiscito para la paz.

“La decisión de poner fin al conflicto armado para dar paso a la fase de construcción de la paz es –sin duda– la decisión política más importante que debo implementar como Presidente”,  manifestó el jefe de estado ante el máximo tribunal constitucional de Colombia, tras señalar que si se declara exequible la ley del plebiscito, será la decisión última sobre el proceso.

“Como primer mandatario de los colombianos, mi obligación y mi compromiso es hacer realidad el derecho a la paz que establece el artículo 22 de nuestra Carta Política, cuando dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, enfatizó Santos quien agregó : “ y no solo me lo ordena la Constitución, sino que también –muy importante– es el mandato del pueblo colombiano que en el año 2014 votó mayoritariamente por mi candidatura, para que llevara a feliz término el proceso de paz que iniciamos durante mi primer periodo de gobierno”.

En su discurso, que duró alrededor de 15 minutos, el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos fue contundente en manifestar que ha dedicado todos sus esfuerzos para ponerle fin al conflicto armado y obtener la paz.

En su pronunciamiento el mandatario colombiano destacó que los colombianos deben votar a consciencia, que el acuerdo  final en todos sus puntos sea ampliamente  conocido, difundido y discutido, de manera previa, como lo exige la ley del plebiscito para la paz.

Por  Felicia Saturno Hartt. Foto: CHM.- Con cifras récord de personas que necesitan ayuda y financiación para salvar sus vidas y sus familias, los líderes globales concluyeron esta semana la Primera Cumbre Humanitaria Mundial, comprometiéndose a “avanzar con la Agenda para la Humanidad”. Los participantes subrayan la obligación moral colectiva de acabar con el sufrimiento humano.

La Cumbre versó alrededor a 5 responsabilidades dirigidas a mejorar la prestación de la ayuda humanitaria, apoyar a las personas refugiadas, respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), aumentar la financiación de los proyectos y prevenir las crisis humanitarias, que están provocando los mayores flujos de migración de los últimos 70 años.“Esta primera Cumbre nos ha fijado un nuevo rumbo”, afirmó el Secretario General Ban Ki-moon a modo de cierre. “No es un punto y final, sino un punto de inflexión”.

Los Gobiernos, las personas afectadas por las crisis, las ONG, el sector privado y Naciones Unidas se reunieron para apoyar la “Agenda para la Humanidad” y sus cinco principales responsabilidades. “La puesta en marcha de esta agenda es una necesidad para que la gente pueda vivir con dignidad y prosperidad”, declaró el Secretario General de la ONU.

Los socios humanitarios y de desarrollo han acordado una nueva forma de trabajar para reducir la necesidad de la acción humanitaria, mientras que las agencias de ayuda y los gobiernos donantes se han comprometido con el “Gran Acuerdo”, que pone los recursos en manos de aquellos/as que más lo necesitan. Hay que hacer más para prevenir los conflictos, respetar el DIH y cumplir la promesa de la Carta de la ONU.

El Secretario General informará a la Asamblea General en septiembre sobre los logros de la Cumbre y se propondrán formas de avanzar en los compromisos. Sin duda alguna, “las personas que han sufrido las consecuencias de los conflictos y los/as que trabajan por aliviar el sufrimiento humano son los verdaderos héroes de la ayuda humanitaria”. 

“Dados los compromisos que los/as participantes han asumido durante dos días, se debe emprender ahora una acción más fuerte y que todo esto no quede en papel”, declaró Recep Tayyip Erdoğan, Presidente de Turquía. De hecho, ningún país puede permanecer indiferente a las marcadas diferencias entre los países, donde mientras uno es rico su vecino vive en la pobreza. “Debemos compartir nuestras obligaciones morales, políticas y financieras y actuar en consecuencia”... “Un día de espera se traduce en cientos de muertes y miles de personas que sufren” destacó Erdoğan. Con esto en mente, expresó su deseo de que la Cumbre abriera la puerta a un mundo más pacífico.

En la cumbre se celebraron quince sesiones especiales, en las que los participantes esbozaron promesas individuales para ayudar a las personas afectadas por los desastres y conflictos. Siete de ellas abordaron temas como: principios humanitarios, protección de los periodistas, intervención humanitaria, jóvenes, negocios, análisis del riesgo y esfuerzos por situar a las personas en el centro de la acción humanitaria. Los ponentes anunciaron su compromiso de mejorar la participación de una amplia gama de partes interesadas en la búsqueda de soluciones prácticas a dilemas complejos.

Las ochos sesiones restantes versaron sobre: compromisos religiosos, migrantes, personas con discapacidad, educación, financiación islámica social, salud global, acción regional, y alianza global para las crisis urbanas.Asimismo, la WHS contó con siete mesas redondas de alto nivel en las que los jefes de estado y de gobierno, así como representantes de la sociedad civil, el sector privado, entidades filantrópicas y Naciones Unidas anunciaron compromisos para mejorar las respuestas humanitarias. 

En tres de esas mesas que tuvieron lugar ayer, los debates se centraron en torno a temas generales: “Respetar las normas que salvaguardan la humanidad”; “Desastres naturales y cambio climático: gestionar los riesgos y las crisis de manera diferenciada” y “Mujeres y niñas: catalizar la acción humanitaria para conseguir la igualdad de género”.

En todo momento, los participantes denunciaron que los civiles están siendo asesinados de forma indiscriminada en conflictos armados, los Convenios de Ginebra están siendo completamente ignorados, las mujeres y las niñas continúan siendo víctimas de abusos sexuales en situaciones de emergencia y crisis humanitarias y alrededor de 220 millones de personas sufren cada año las consecuencias de los desastres naturales.

De naturaleza inclusiva, abierta e integral, así como multidisciplinar esta primera cumbre ha servido para aprovechar la experiencia, las capacidades y los recursos necesarios para dar respuesta a la magnitud de los desafíos a los que nos venimos enfrentando. Durante los últimos tres años, la Cumbre ha realizado consultas a los líderes mundiales, sociedad civil, organizaciones internacionales, nacionales y regionales, ONG, sector privado, academia, expertos/as técnicos/as y, sobre todo y lo más importante, a las personas afectadas por crisis humanitarias.

Con un total de 7 mesas redondas de alto nivel, 15 sesiones especiales, 132 actos paralelos y dos días enteros de sesiones plenarias, además de una exposición y un mercado sobre innovación, da por finalizada la primera Cumbre Humanitaria Mundial.

Los compromisos asumidos en la WHS tendrán un papel fundamental en la consecución de los compromisos adquiridos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendai  para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD), la Agenda de Acción de Addis Abeba y el Acuerdo de París  (COP21) sobre el cambio climático, así como las necesidades e intereses de aquellas personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.

Por Redacción Ecos. Foto: picture alliance/ dpa.- Francia, la madre de la libertad y de los DDHH,  dio un paso transcendental en contra del  azote más grande de la humanidad en este milenio: el terrorismo, al aprobar, en primera instancia y con una amplia mayoría, una nueva Ley Antiterrorismo, para detener el avance de este grave problema sociopolítico y que ha tenido en jaque a la humanidad.

El Senado francés dio a los investigadores más competencias para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado, a través del endurecimiento de la legislación en materia de seguridad.

La ley fue impulsada tras los atentados terroristas en París de noviembre pasado, que causaron la muerte de 130 personas, pero había sido preparada con antelación, de acuerdo con el Ministerio de Justicia. Entrará en vigor una vez que la firme el Presidente Francés, Francois Hollande.

La reforma amplía las competencias de las fuerzas de seguridad para actuar contra el terrorismo y el crimen organizado. El texto prevé, entre otras cosas, que las personas pueden ser detenidas hasta por cuatro horas en casos de controles de identidad si su conducta resulta sospechosa de terrorismo. También se les puede revisar el equipaje.

La Fiscalía Francesa también puede ordenar requisas de casas en horario nocturno, bajo determinadas circunstancias. Además, los investigadores tendrán más posibilidades de realizar interrogatorios. Por otra parte, los terroristas que regresan de territorios de combate pueden ser puestos un mes bajo arresto domiciliario.

La ley también permite relajar la normativa del uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad en situaciones como las vividas en los atentados de noviembre.

Fiscales y jueces que dirijan una investigación, en el contexto de esta nueva ley, podrán también utilizar nuevos métodos técnicos de investigación. También pone la mira en la financiación de grupos terroristas y pretende modernizar los procesos penales.

En la Asamblea Nacional, 474 diputados votaron a favor, 32 en contra y 32 se abstuvieron. En el Senado, en primera lectura y con una amplia mayoría de congresistas.

Quienes se oponen a la ley alegaron que las medidas de emergencia ya están contempladas en el código penal actual.

Sus críticos advirtieron, sin embargo, que la ley acoge normativas de excepción en el derecho común.