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Redacción Ecos. Foto: César Carrión SIG.- En el marco de la XI Cumbre de la Asociación de Ciudades Capitales, una instancia creada hace más de 3 años, que representa más del 55% de la población colombiana, “los alcaldes del país se comprometieron a hacer la  pedagogía  necesaria sobre los acuerdos de paz”, manifestó el Presidente Juan Manuel Santos.

El Jefe de Estado hizo la afirmación durante la XI Cumbre de Ciudades Capitales, Ciudades en paz, seguras y sostenibles, que se llevó a cabo en la capital del departamento el Tolima.

El Primer Mandatario afirmó que “todos los alcaldes son muy conscientes de la importancia para el país de este paso tan importante, tan fundamental en nuestra historia”… “Y los alcaldes se han comprometido para hacer de profesores, a hacer esa pedagogía y también a convocar la gente para que este plebiscito sea un  plebiscito contundente, apabullante”, agregó.

Precisó Santos que esa pedagogía servirá “no solamente para ganar un plebiscito y darle largas al posconflicto y a la paz, sino también como un punto de inflexión en nuestra historia, que nos una a todos los colombianos para lograr propósitos ambiciosos, propósitos grandes como nación, porque es una oportunidad que se le presenta a muy pocas naciones en muy pocas ocasiones”.

El Presidente recordó que el Tolima, Ibagué, fue la región donde surgieron las Farc. “Y lo que el país tiene que ser consciente es que apenas firmemos el acuerdo de paz, desparecen las Farc”, anotó.

“Este es un cambio de paradigma para un país que ha venido sufriendo la guerra por más de 50 años, es un cambio de paradigma para un departamento como el Tolima y todos los departamentos del país, porque todos los colombianos hemos sufrido de una forma u otra las  consecuencias de esta guerra y todos nos vamos a beneficiar de esa paz, esa paz que nos va a abrir oportunidades que nunca habíamos visto” señaló el Jefe de Estado.

Asimismo, el Presidente Juan Manuel Santos anunció más recursos para las ciudades capitales, para lo que se utilizarán fondos del sistema de regalías y del Fonpet, en la medida en que los alcaldes superen sus requisitos mínimos.

El Mandatario explicó que mientras se reforma el sistema general de participaciones, que entrará en vigencia en el 2018, ”vamos a hacer un esfuerzo para poder darle más recursos a las ciudades capitales”, indicó.

Por Felicia Saturno Hartt. Foto: UNICEF.- La trágica noticia de más de 100 niños muertos en Colombia por desnutrición, planteó la necesidad de explorar qué sucede con esta enfermedad que es, a su vez, un gravísimo problema social, porque condiciona, no sólo el futuro de los países, por afectar, en mayoría, a los niños y su desarrollo físico, intelectual y su estado de salud de por vida, sino por constituir una hipoteca pesada que traduce la pobreza, en todas sus expresiones y la incapacidad y debilidad institucional de los estados.

La ONG Acción por el Hambre expone que “se estima que la pérdida de productividad de una persona que ha padecido desnutrición superará el 10% de los ingresos que obtendría a lo largo de su vida y que un país puede perder hasta el 3% de su Producto Interior Bruto (PIB) a causa de la desnutrición.

En este sentido, observando desde la posibilidad de crear capital humano para nuestros países, la nutrición puede ser una inestimable inversión a futuro, porque la mejora del estado de nutrición de una población asegura mayores capacidades y da posibilidad de planear estrategias de desarrollo.

Pero el panorama no vislumbra esa posibilidad, por lo menos a corto y mediano plazo, ya que la Desnutrición en Cifras dibuja un panorama desalentador, según Acción contra el Hambre y la OMS: 1) 3.1 millones de niños pierden la vida cada año por causas relacionadas con la desnutrición. Es decir, mueren 8500 niños al día; 2) La desnutrición está relacionada con el 45% de las muertes de niños cada año; 3) Un tratamiento nutricional para salvar la vida de un niño basado en Alimentos Terapéuticos Listos para Su Uso cuesta solo 40 euros. Aproximadamente 134303.84 pesos colombianos. 4) Sólo 1 de cada 10 niños desnutridos tiene acceso al tratamiento nutricional que podría salvar su vida; 5)  La factura de la desnutrición equivale el 3% del PIB mundial. 6) La desnutrición es el resultado físico del hambre, una enfermedad devastadora de dimensiones epidémicas, que padecen 50 millones de niños y niñas menores de cinco años en todo el mundo. Es el resultado de la escasez de alimentos o de una dieta inadecuada. Al año causa la muerte de más de 3,1 millones de niños y niñas. Estas muertes podrían evitarse con un tratamiento nutricional adecuado.

Y uno se pregunta, ¿es muy difícil revertir esta situación? Y al acudir a las personas especializadas, cada vez más interrelacionadas en equipos interdisciplinarios, porque  la Desnutrición no es sólo un problema de Salud Pública, sino de Política de Bienestar y Desarrollo, se encuentra que sus abordajes son menos complicados, que sus implicaciones a futuro.

Lo que quiere decir que puede ser abordada desde una política de estado. Pero eso si una Política que parta de especificidades regionales, desde contextos bien estudiados y estandarizados.

Como bien lo explica Acción contra el Hambre, “evaluar las causas originarias de la desnutrición, recopilar los datos nutricionales clave como las capacidades y los recursos locales, las prácticas culturales, el acceso a infraestructuras y la geografía”. Una respuesta eficaz no se construye imaginando desde un escritorio, sino en intervención de las causas y del contexto.

Asimismo, requiere que se asuma la existencia de la problemática para intervenir y prevenir. Si no se interviene la desnutrición aguda la muerte es inminente y, para ello, se requiere articular la red sanitaria en pos de ello y para prevenir.

La citada ONG expresa que lo ejes de intervención en seguridad alimentaria, atención primaria de salud, acceso a agua, saneamiento e higiene y prevención de desastres, son estrategias idóneas para prevenir las causas que provocan desnutrición.

Otro aspecto que debe ser imperativo es la regionalización de las acciones. La crisis de desnutrición no debe ser exportable, sino tratada y prevenida en las regiones y localidades, para crear así la infraestructura y las condiciones para prevenir y sanar, porque las causas están en los entornos y sólo así podrán ser atacadas.

Observando estas apreciaciones de que sí es posible revertir la problemática socio- sanitaria de la desnutrición, podemos comprender lo que está sucediendo en América Latina y en Colombia en particular.

Por un lado, el aislamiento y las diferencias culturales no atendidas y la debilidad institucional de la red sanitario- asistencial sirven de causa, ya que las poblaciones más afectadas son las indígenas (53.5%) y los afrocolombianos (5.9%), según cifras del Instituto Nacional de Salud, poblaciones vulnerables, por la escasez de agua de calidad, empleo pisatario y eventual y escaso nivel educativo.

De hecho, existe una estrecha relación entre el acceso deficiente al agua y la desnutrición: el 66% de los niños y niñas que siguen un tratamiento de recuperación nutricional padece o ha padecido enfermedades de origen hídrico. La diarrea, que mata cada año a más de 750.000 niños menores de cinco años, es uno de los principales factores desencadenantes de la desnutrición aguda, según OMS/OPS.

Actualmente, millones de personas no tienen acceso a instalaciones sanitarias básicas ni a agua de calidad y no desarrollan prácticas de higiene, lo que origina diversas enfermedades transmitidas por el agua, como la diarrea aguda, la neumonía, la disentería, la presencia de parásitos intestinales y el cólera. En consecuencia, cada año millones de personas, la mayoría de ellos niños, mueren por enfermedades de origen hídrico. Primero se debilita el sistema inmunitario, lo que impide retener los nutrientes y conduce a situaciones de desnutrición.

Solo la diarrea, una de las cinco principales causas de mortalidad en niños menores de 5 años, mata a cerca de 750.000 niños menores de cinco años cada año, más de 1.600 niños al día. El 60% de las muertes por diarrea podrían evitarse, ya que son causadas por el acceso indebido a agua, a alimentos contaminados, a la falta de saneamiento y a malas prácticas de higiene.

Causas estas que la Atención Primaria en Salud, el nivel más básico de la Política Sanitaria, podría intervenir, más aún con el poder de los medios y redes, hoy en día.

La Organización Mundial de la Salud plantea que, por cada dólar invertido en saneamiento, se recuperan cinco y se obtiene el doble por cada dólar invertido en mejorar el acceso al agua.

Queda de los gobiernos comprender esta situación e intervenir a tiempo. El futuro de Colombia y de América Latina tiene una hipoteca.

Prensa PE. Foto: Huffington Post.- El Parlamento Europeo pidió al Gobierno venezolano la inmediata liberación de todos los presos y respeto a la Constitución, incluido el procedimiento revocatorio que puede llevar a la destitución del presidente. En una resolución aprobada con 501 votos a favor, 94 en contra y 73 abstenciones, la Cámara mostró su apoyo a los esfuerzos de Unasur para iniciar un proceso de diálogo nacional entre el ejecutivo y la oposición.

Los eurodiputados recuerdan que en Venezuela hay unas 2 000 personas encarceladas, en arresto domiciliario o en condena condicional por razones políticas, incluidos importantes líderes políticos como Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos y subrayan la falta de respeto al Estado de Derecho y al principio de separación de poderes. También muestran “profunda preocupación” por el grave deterioro de la democracia, los derechos humanos y la situación socioeconómica.

El texto hace hincapié en la “grave crisis humanitaria” que vive el país, causada por la escasez de alimentos y medicinas, y lamenta que el Gobierno impida la entrada de ayuda humanitaria en el país y boicotee las diversas iniciativas internacionales para prestar asistencia a la sociedad civil. También apunta a la gran crisis económica consecuencia de una gestión ineficiente y a los elevadísimos índices de delincuencia y la total impunidad.

“Sólo puede encontrarse una solución a la crisis mediante el diálogo entre todos los niveles de gobierno, la oposición democrática y la sociedad”, señala el Parlamento, que saluda los esfuerzos de mediación auspiciados por Unasur y liderados por el ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, el ex presidente de la República Dominicana Leonel Fernández y el ex presidente de Panamá Martín Torrijos.

Los eurodiputados instan al presidente Nicolás Maduro y a su Gobierno a aplicar urgentemente reformas económicas en colaboración con la Asamblea Nacional –controlada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática- para superar la crisis, y en particular la escasez de alimentos y medicinas. Piden a la Alta Representante que proponga un plan de asistencia para el país y que urja a las autoridades venezolanas a permitir la entrada de ayuda humanitaria.

Para el Parlamento, es “absolutamente prioritario” reducir los altos niveles de impunidad existentes. En este contexto, reclaman a las autoridades venezolanas que investiguen la masacre de Tumeremo, en la que fueron asesinados veintiocho mineros, así como el reciente asesinato de la periodista Lucía Suárez, que se sospecha que está relacionado.

Por último, los eurodiputados insisten en su petición de enviar lo antes posible una delegación del Parlamento a Venezuela para entablar un diálogo con todos los sectores implicados en el conflicto.

Ref. : 20160603IPR30212

Por Luis Fernando García Forero.- Foto: Prensa Senador Ospina.- El auge de la cirugía estética y los procedimientos cosméticos se sumó a la agenda política de Colombia, para el control de dichos procedimientos y avanzar en la legislación sobre ese tema.

No es la cirugía reconstructiva que ayuda a los quemados o las víctimas de accidentes a recobrar su apariencia física, sino los procedimientos quirúrgicos que modifican los avances de la edad o ayudan a lograr la apariencia deseada o de moda.

Más aún, si se estima que existe un mercado emergente de la cirugía estética, con oferentes, proveedores de prótesis y sustancias, y muchos clientes, a nivel mundial. Sólo en Colombia se estima, porque las cifras pueden ser superiores, que se practicaron 350.000 intervenciones en el 2014, siendo el aumento de mamas y la liposucción, los procedimientos más solicitados.

En América Latina, se puede afirmar que existen 2 nuevas mecas de la cirugía estética, Caracas y Medellín, por sus mejores costos y la idoneidad de los cirujanos. Posición que pelean con Brasil, donde Ivo Pitanguy, hizo a este país el líder de estas prácticas.

Pero todo el panorama de mejoras y sueños estéticos, de hombres y mujeres, se ha visto ensombrecidos por 2 realidades atemorizantes. Por un lado, las prácticas ilegales, pero de bajo costo, de clínicas de belleza y el uso de materiales no garantizados y no aptos para los tratamientos.

Desde 2010 se abrió una polémica judicial contra el mayor productor de prótesis mamarias del mundo, Poly Implant Prothèse (PIP) de Jean-Claude Mas, quien vendió en todo el mundo implantes mamarios con silicona de mala calidad, que llegó a obtener el 84 % de su facturación fuera de Francia, esencialmente en América Latina, donde en países como Venezuela se estima que 33.000 mujeres recibieron esos implantes.

La empresa asegura que 300.000 juegos de implantes fueron exportados a 60 países, entre ellos, algunos latinoamericanos como Argentina, Colombia, México y Venezuela. El dueño y sus empleados, admitieron en el 2013, que utilizó una silicona industrial.

Este caso y las múltiples muertes registradas a nivel mundial exige una contundente  respuesta política y legislativa, ante la indefensión a las víctimas, la inexistencia de organismos de control y fiscalización de los practicantes y del uso de los materiales médicos y partes asociadas.

En el Congreso de Colombia, el Senado aprobó ya un proyecto de ley presentado por los senadores Mauricio Lizcano e Iván Ospina, este último cedió su tiempo para dialogar con ECOS sobre el tema:  

ECOS: ¿Por qué se quiere regular el tema de las cirugías estéticas en Colombia?

IO: Hay muchos irresponsables en estos procedimientos. Queremos que estas cirugías las adelanten  cirujanos plásticos o estéticos o especialistas con conocimientos y competencia en esos temas. De tal forma si se trata de una cirugía de ojos,  que  sea un oftalmólogo formado.  Si es de nariz,  un otorrino o un dermatólogo, o cirujano que ha tenido competencias,  o efectivamente  un cirujano plástico o estético. No queremos exponer a la comunidad  a personas no calificadas se metan a hacer procedimientos sin el conocimiento que ponen en peligro la vida y que son muy difíciles de solucionar a futuro.

ECOS: ¿Qué radiografía tiene de la aplicación de todos estos procedimientos a nivel nacional?

IO: Colombia es potencia regional en cuanto a cirugía estética y plástica, tiene los mejores profesionales de Latino  América. Vienen  personas de muchas partes del mundo  a hacerse esa clase de cirugías. Somos el segundo país en volumen después de Brasil. Y somos el quinto país en número total de cirugías plásticas estéticas en el mundo.  Ese hecho que seamos potencia, nos da una gran oportunidad  y tener un renglón en la economía de cirugías plásticas muy fuerte,  para ello debemos regularla a través de una ley y eso es lo que estamos trabajando.

ECOS: ¿Qué es lo fundamental de esa propuesta?

IO: Los controles entre otros aspectos. A los irresponsables que adelantan esos procedimientos, es mejor que no lo sigan haciendo. Si lo llegaren a hacer, la clínica y el hospital donde está, pueden ser sancionados hasta  por cinco mil salarios legales vigentes,  e incluso, usted podría ser sancionado  por un monto igual, pero adicionalmente  a eso queremos hacerle  una pedagogía. Se va a establecer el Registro Nacional de Cirujanos con competencia en estética y plástica para que la gente que se va a hacer esa cirugía,  pueda abordar ese portal, conocer el nombre del cirujano , la universidad donde proviene, su especialidad si la tiene, la experiencia que tiene en uno u otro procedimiento.

ECOS: ¿La propuesta incluye controles también para las prótesis que se utilizan  para esas cirugías?

IO: Queremos tener vigilancia y control en los insumos que se utilizan, que tengan los registros del INVIMA y de qué entidad productora salió.  Que esta ley posibilite a todo paciente que se lleve a cabo una cirugía plástica o estética,  pague una póliza para que pueda cubrir las futuras complicaciones si lo hubiese.  No queremos que quien se someta a esa clase de cirugía y que posteriormente no tenga como pagar las complicaciones, que ello obtuviese dado que la ley no permite que los dineros de la salud se gasten en los procedimientos estéticos o plásticos, queremos que este renglón de la economía se fortalezca y reducir las muertes y las complicaciones que hoy se tienen.

ECOS: ¿Tiene estadísticas de las muertes o personas que han quedado muy mal de esta clase de cirugías?

IO: Muere una persona mensual producto  de complicaciones de cirugías estéticas o plásticas mal realizadas y no se conoce el otro número porque nadie quiere revelarlo, ni la paciente o el paciente que sufre en su humanidad un daño, ni el médico que adelantó el procedimiento o la persona irresponsable que hizo el procedimiento. Pero si le puedo decir que Colombia por el gran volumen de cirugías estéticas que realiza tiene efectivamente complicaciones y hemos venido observando la llegada de médicos que no han hecho la especialidad, que han hecho cursos cortos, que no tienen el proceso formativo, que se meten a hacer procedimientos de muy alta complejidad exponiendo la vida del paciente y exponiéndose ellos mismos a un carcelazo por lo irresponsables que son.

ECOS: ¿En el proyecto cómo se establece quiénes pueden hacer esos procedimientos quirúrgicos?

IO: En Colombia con nuestra ley, cirujanos plásticos o estéticos, o aquellas especialidades que tienen competencias en cirugías estéticas o plásticas. En lo pertinente, eso significa: otorrinos, oftalmólogos, dermatólogos etc. Ellos solamente podrían hacer procedimientos quirúrgicos de mediana y alta complejidad en Colombia. Otras tareas que son meramente   cosméticas que no son procedimientos, las podrían hacer otros colegas.

ECOS: ¿En cuanto a la regulación de esta iniciativa en la legislación colombiana está de moda lo que se denominan los combos, que se hacen varios arreglos en su cuerpo al mismo tiempo. Esto está establecido, se permite? 

IO: No se trata de una prohibición, se  trata de educación y sensibilización al respecto.  Las señoras y los señores que se hacen una intervención deben saber que si se hacen un procedimiento complejo tienen mayor tiempo de exposición de la anestesia,  mayores  posibilidades de perder sangre y de correr riesgos. Y esas señoras y señores que se hacen abdominoplastia, senos muslos, rostro, el mismo día, se está exponiendo sustancialmente  y podría llevarlo a la muerte.

ECOS: ¿La nueva legislación es una manera de establecer medidas preventivas y que la gente tome conciencia de los riesgos de esos procedimientos si no lo hacen debidamente y con médicos competentes?

IO: No estoy en contra de las cirugías plásticas o estéticas. Nos parece que eso está en el individuo y en la decisión de cada persona, pero si queremos que se concienticen y tomen las medidas para que adelanten el procedimiento con mucha rigurosidad  y seguridad. Nadie se montaría a un avión si el piloto no está certificado. Por qué entregar el cuerpo a una persona que no tenga la calificación para ello.  

ECOS: ¿Se establece en el proyecto si a los pacientes se les brinda una asesoría antes de someterse a esta clase de cirugías. Me refiero desde el punto de vista psicológico, por lo que le pueda pasar?

IO: No y no está dentro de las intenciones de este proyecto de ley.  Cada uno es soberano en relación a la decisión de la clase de cirugía que en este aspecto se realice, es de su propio nicho y personalidad.

ECOS: ¿Fundamentalmente qué elementos tiene la iniciativa desde el punto de vista de control?

IO: El proyecto tiene cinco puntos. Sólo adelantarán cirugías estéticas y plásticas los profesionales  con la calificación para ello. Se adelantará trazabilidad de los insumos allí utilizados, se obligará a las pólizas para atender las complicaciones, se creará un Consejo Técnico de Cirugía Plástica para fortalecer el sector y adicionalmente  a ello, se pondrán sanciones cuantiosas para las clínicas u hospital que posibilite que una persona no calificada adelante procedimientos estéticos invasivos.

ECOS: ¿Hablaba de un importante mercado en Colombia sobre este tema, este mercado si está vigilado y controlado por el Estado?  

IO: No está controlado. Es un mercado muy grande, viene de Venezuela, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, Ecuador, varios países de Europa. Vienen a Colombia porque las hacemos muy bien , tenemos a los mejores profesionales para ello,  porque ya hemos montado la cadena de servicios como puede funcionar. Necesitamos ahora es reducir los riesgos por todos esos usuarios que Colombia tiene, por eso vamos a ser severos  e inflexibles en el control e insumos para cirugías estéticas.

ECOS: ¿Cómo va el trámite en el congreso del proyecto?

IO: Ya se aprobó en la plenaria del senado, sólo le faltan dos debates en la cámara para que pase a sanción presidencial.

Prensa-Senado. Foto Leonardo Vargas.- La Plenaria del Senado de la República vibró este martes 7 de junio con el canto a capela de no más a la “maldita violencia” en la voz de Leonor González Mina, la Negra Grande de Colombia, quien rompió la rutina de los debates, constancias y proposiciones, en el pleno de la corporación, con un canto que reclama el dolor de la violencia y solicita “que reine la paz”.

Al recibir la condecoración del senado por parte del presidente del Congreso Luis Fernando Velasco, La Negra Grande de Colombia, no sólo agradeció dicho reconocimiento por su trayectoria artística, cultural y labor social en beneficio del país, sino que sorprendió a la audiencia al interpretar la canción Violencia de Gabriel Romero, lo que conmovió a los senadores, asistentes y televidentes, porque nunca fue más pertinente esa suplica a la violencia como en este momento, donde Colombia construye su camino a la reconciliación nacional.

La interpretación de la Negra Grande llenó de emoción el recinto del Senado, donde las mayorías apoyan el proceso de paz,  liderado por el Presidente Juan Manuel Santos; se pusieron de pie y aplaudieron con optimismo y entusiasmo el mensaje del canto: “violencia por qué no permites que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor”.

El Presidente del Congreso Luis Fernando Velasco, al exaltar la obra de Leonor González Mina resaltó que: “desde muy pequeños oír hablar de la  Negra Grande, ha sido algo muy especial para los colombianos, por lo que usted significa. Usted no sólo representa el folclor de nuestro país, sino  la capacidad que tuvo para vencer prejuicios y llegar con su talento desde muy temprano, cuando salió de su casa natal en Jamundí y sin pedir permiso, recorriendo el mundo y llevando la voz de los que se hicieron escuchar con su arte: los negros del pacifico y de toda Colombia”.

Agregó Velasco que “no se pudo conseguir un afrodescendiente para que fuera embajador en algún lugar del mundo y por ello usted ha sido nuestra afrodescendiente embajadora. Negra Grande, gracias por hacer grande a este país”.
 

Después del canto a la no violencia, la homenajeada, la Negra Grande de Colombia, Leonor González Mina, rompió los aplausos y se despidió diciendo que seguirá luchando “como lo he hecho porque esta es Colombia, somos seres que sentimos, vivimos y que nos queremos, hemos tenido problemas, pero seguimos luchando por unirnos y hacer que Colombia sea más grande que nunca”.

Redacción Ecos. Foto: radionacional.com.pe.- Con el 92 % escrutado el candidato del partido Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski y Keyko Fujimori, aventaja a la candidata Keiko Fujimori,  hija del expresidente y Alberto Fujimori, quien paga penas por violación a los derechos Humanos durante su mandato.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)  el exbanquero de Wall Street y exfuncionario del Banco Mundial, obtiene hasta ahora  el 50,52 % de los votos frente al 49,48 % de Fujimori.

Cerca de 23 millones de peruanos estuvieron convocados para votar el domingo cinco de junio en 77.307 mesas electorales dispuestas en 5.337 locales para ejercer el derecho al voto y escoger al sucesor del actual presidente, Ollanta Humala, para el período 2016-2021.

"Aún no hemos ganado. Hay que esperar a los resultados oficiales. Tenemos que ser vigilantes en defender el voto en la mesa", dijo el Kuczynski, a quien sus seguidores conocen como PPK, acrónimo de su nombre y de su partido, peruanos Por el Kambio, mientras que Fujimori alegría y sonrisa aparente entre seguidores con lluvia en sus ojos, agradeció al "50 %" de los peruanos que le dieron su respaldo y pidiendo guardar con paciencia los resultados finales.

 "Vamos a esperar con prudencia porque toda la noche llegarán los votos de las regiones, del extranjero, y el voto rural del Perú profundo. Por eso estamos optimistas", dijo, la hija del expresidente peruano Alberto Fujimoroi, quien en las elecciones del 2011 perdió frente a Humala.

Durante su presidencia, Álvaro Uribe "fue incluso más allá (...), hizo ofertas que nosotros no hemos hecho", dijo el presidente colombiano, Juan Manuel Santos en entrevista con el Director del Diario español ABC, Bleito Rubiro, en Bogotá.

Santos asegura que ha tratado "de todas las formas posibles" de "tender puentes" con el ahora senador Álvaro Uribe, que ayer inició en Medellín una campaña de recolección de firmas contra los acuerdos de paz porque, a su juicio, conllevan impunidad para los guerrilleros.

"Poseemos todas las cartas, todas las evidencias de que lo que estamos haciendo es exactamente lo que quería hacer Uribe", manifiesta.

Ni amnistía ni impunidad

Los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC se encuentra en su "fase final" y solo falta acordar "detalles de mecánica" sobre cómo y cuándo se va a desarrollar el desarme, o la integración de los guerrilleros en la vida civil, entre otras cuestiones, garantiza el mandatario.

A su juicio, los "enemigos del proceso" han tratado de "desprestigiar" la negociación cuando es la primera vez que un grupo guerrillero acuerda "un sistema de justicia y entregar las armas para someterse": "Nada quedará impune, no habrá amnistía", asevera.

"Hacer la paz es mucho más difícil que hacer la guerra", dice Santos, quien cree que en un proceso como el que vive Colombia "el liderazgo cambia" y "hay que aprender a perdonar, a convertir la sed de venganza en reconciliación".

Una nueva Colombia

“La Paz cambia fundamentalmente el futuro Colombia”, afirma el Presidente Santos ... “Muchos analistas dicen que el país ha venido avanzando pero con un freno de mano puesto. Al desaparecer ese freno de mano o ese obstáculo para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, su beneficio es enorme desde el punto de vista económico, social y también político y yo diría moral y espiritual”.

“Una guerra de cincuenta años ha causado unas heridas y ha generado unos costos que mucha gente ya ni se imagina ni puede entender o medir en materia de degradación moral de la sociedad, en materia de corrupción por ejemplo. Los países en guerra generalmente son mucho más propensos a la corrupción a la hora de generar polarización y odios y es que si llevan tres generaciones en guerra, son tres generaciones que acumulan odio de todo tipo”.

“Todo eso es lo que podemos dejar atrás y construir un nuevo país y yo lo que espero es que los colombianos podamos usar este gran paso, este gran punto de inflexión en nuestra historia de la misma forma como otros países han aprovechado oportunidades como esta para unirlos y proyectarles en el futuro con mucha más fuerza. Y se lo resumo en una frase: «Es pasar a ser un país normal», asevera el primer mandatario de Colombia.

El apoyo internacional al proceso de Paz

“El apoyo internacional ha sido total y muy importante”, firma Santos… “Me atrevo a decir que ese ha sido uno de los factores que más me han ayudado a perseverar. No hay un solo país en el mundo que haya salido a oponerse y, por el contrario, todos están apoyando este proceso, entre otras cosas porque es el único caso exitoso que hay hoy en el mundo”.

En este link invitamos a conocer todo el contenido de la importante entrevista al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos en el ABC de España: http://www.abc.es/internacional/abci-juan-manuel-santos-gestionar-mas-dificil-hacer-guerra-201606051330_noticia.html.

Por Felicia Saturno Hartt y María Teresa Paz. Foto: DW.-  El Vaticano anunció que los obispos que encubran, no investiguen o actúen de forma negligente ante casos de posibles abusos sexuales a menores, cometidos por miembros de la Iglesia Católica, como los cientos de casos que se han conocido hasta ahora, podrían ser expulsados.

La orden fue decretada por el Papa Francisco a través de una Bula Pontificia, intitulada “Motu Proprio”.

El texto señala que “el obispo diocesano (...) o aquel que, aunque de forma temporal, tenga la responsabilidad de una iglesia particular, o de otra comunidad de fieles, puede ser removido de su cargo legítimamente, si por negligencia, ha cometido u omitido actos que hayan causado un grave daño a los demás, sea que se trate de individuos, que de una comunidad en su conjunto”. Y añade que dicho daño puede ser “físico, moral, espiritual o patrimonial”.

Con el decreto, el pontífice pone en marcha lo que prometió el año pasado, cuando autorizó que un tribunal del Vaticano juzgara a los obispos acusados de encubrir o de no evitar el abuso a menores. Papa Francisco subrayó que con este documento pretende aclarar que “entre las denominadas causas graves se incluye la negligencia de los obispos en el ejercicio de sus funciones, sobre todo en relación con los casos de abusos sexuales a menores y adultos vulnerables”.

Qué es y qué significa una Bula Papal

Es de interés jurídico y público señalar que la Bula Papal o Bula Pontificia es un documento sellado con plomo sobre asuntos políticos o religiosos, que son expedidos por la Cancillería Apostólica Papal, sobre determinados asuntos de importancia dentro de la administración clerical e incluso civil, constituyéndose en uno de los instrumentos más extendidos en los que se fundamenta y expande la autoridad del pontífice.

Desde un punto de vista formal, la bula es solemne y muy característica. Lleva un sello de plomo con una cruz en el centro y una representación de San Pedro y San Pablo, mientras que, en el reverso, se consigna el nombre del Papa del momento de su publicación y el año del pontificado. Normalmente se envía al arzobispo de la diócesis, quien a su vez la hará llegar a la parroquia. Está escrita en latín y si aparece en castellano es por la traducción hecha desde el arzobispado; en ese caso se la considera una copia.

En cuanto a su contenido, las bulas expresan diversos mandatos en materia de ordenanzas y constituciones, condenaciones doctrinales, concesión de beneficios, juicios de la Iglesia, decretos de indulgencias, de señoríos eclesiásticos, etcétera. Cuando la bula es de extensión y/o importancia menor se denomina breve.

La Bula de Francisco

La “tarea de protección y de cuidado compete a la Iglesia en su totalidad, pero es especialmente a través de sus Pastores que debe ser ejercitada”.  Lo escribe el Papa Francisco en el Motu Proprio, Bula que busca reforzar la protección de los menores, publicada el sábado 4 de junio, subrayando la responsabilidad de los Obispos diocesanos – de los Eparcas  así como de los Superiores Mayores de Institutos Religiosos y de las Sociedades de vida apostólica de Derecho Pontificio -  a “emplear una particular diligencia en el proteger a aquellos que son los más débiles entre las personas a ellos confiadas”. 

El Papa recuerda que el Derecho Canónico prevé ya “la posibilidad de remover del encargo eclesiástico por causas graves”. Con el Motu Proprio, afirma Francisco, “pretendo precisar” que entre tales causas se encuentra también “la negligencia de los Obispos” relativa “a los casos de abusos sexuales cometidos con menores y adultos vulnerables” como previsto por el Motu Proprio de San Juan Pablo II, Sacramentorum Sanctitatis Tutela, actualizado por Benedicto XVI.

La Bula "Motu Proprio" consta de cinco artículos y en el primero de ellos señala que aquellos con responsabilidad en la Iglesia “pueden ser legítimamente retirados de su cargo”. El obispo podrá ser retirado únicamente si ha fallado de manera “muy grave” a sus responsabilidades pero, en el caso de que se trate de abuso a menores, “es suficiente que el fallo sea "grave"”, lo que implica un endurecimiento normativo.

Un “motu proprio” es un escrito apostólico del Papa escrito por éste por iniciativa propia, sin requerimiento de sus cardenales o asesores. En la mayor parte de los casos, como éste, se trata de pequeñas modificaciones del Derecho Eclesiástico.

Como bien lo reseña Radio Vaticano, este documento firmado este sábado por el Papa establece desde  el primero de los 5 artículos que el obispo diocesano (o el eparca o aquel que tiene una responsabilidad temporal de una Iglesia particular) puede ser “legítimamente removido de su encargo, si haya, por negligencia, realizado u omitido actos que hayan provocado un daño grave a otros”, sean personas o comunidades. 

Además en la Bula se especifica que este daño puede ser “físico, moral, espiritual o patrimonial”.  El obispo (al cual son equiparados los Superiores Mayores), continúa el artículo 1, puede ser removido solamente si “haya objetivamente faltado de forma muy grave a la diligencia que le ha sido requerida por su oficio pastoral, también sin grave culpa moral por parte suya”. Sin embargo, en caso de abusos sobre menores, “es suficiente que la falta de diligencia sea grave”.

En el caso de que los indicios sean “serios”, prosigue el artículo 2 del Motu Proprio, la competente Congregación de la Curia Romana puede “iniciar una investigación en mérito”  dando noticia al interesado que tiene “la posibilidad de defenderse” con los “medios previstos por el derecho”. A continuación  a los argumentos presentados por el obispo,  la Congregación puede “decidir una investigación suplementaria”.

En los artículos 3, 4 y 5 el Motu Proprio establece, por tanto, el procedimiento con el que se decide la eventual remoción del encargo. La Congregación que asume tal decisión, en Sesión ordinaria, puede disponer si dar “en el más breve tiempo posible, el decreto de remoción” o exhortar al obispo “a presentar su renuncia en un lapso de 15 días”, concluido el cual el Dicasterio podrá “emitir el decreto”.

En el último artículo se establece que la decisión final deberá ser “sometida a la aprobación especifica del Romano Pontífice” que, “antes de asumir una decisión definitiva se hará asistir por un idóneo colegio de juristas”.

Los grupos de víctimas han exigido reiteradamente a los altos cargos católicos que hagan más para que los obispos respondan por los abusos en sus diócesis, incluso aunque no sean los responsables directos de ello.

El Papa Francisco ha dado un paso importante para vencer la impunidad, porque al normar la negligencia como responsabilidad, está haciendo posible investigar más profundamente los casos reportados y lograr que los responsables de estos terribles delitos no sean protegidos por sus superiores. 

Redacción Ecos. Foto: Matchman News- La Corte Constitucional votó a favor de la ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero, donde se estimaba que  el nuevo organismo, el Consejo de Gobierno Judicial, organismo creado en la Reforma al Equilibrio de Poderes, afectaría la autonomía de la justicia y su capacidad de autogobierno.

Por siete votos contra uno (del Magistrado Alejandro Linares), el alto tribunal decidió excluir a ese nuevo organismo, creado para gerenciar la Rama Judicial. Esto, en la práctica, revive a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que pudo ser reemplazada por el nuevo Consejo de Gobierno.

La decisión de la Corte Constitucional es un duro golpe contra la Reforma al Equilibrio de Poderes, aprobada por el Congreso de la República el año pasado, que siempre tuvo una gran resistencia en las altas cortes.

Sin embargo, el alto tribunal sí mantuvo a la Comisión de Disciplina Judicial, que creó la Reforma al Equilibrio de Poderes y que reemplazaría a la Sala Disciplinaria de la Judicatura. La razón de mantenerlo es que el alto tribunal se declaró inhibido para estudiar la demanda contra ese organismo disciplinario.

Ante este panorama, la Sala Administrativa de la Judicatura tendrá ahora que gerenciar todas las reformas que debía llevar el Consejo de Gobierno. El Presidente de la Corte tendrá a cargo la elección de los magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial, así como llevar a cabo los procesos para elegir por meritocracia a los integrantes del nuevo Tribunal de Aforados.

En este momento la Sala Administrativa de la Judicatura tiene a todos sus seis magistrados en propiedad. La Sala Disciplinaria hoy tiene también a todos sus magistrados, pero cuatro de ellos son en provisionalidad y tres en propiedad en sus cargos.

Los motivos para rechazar el Consejo de Gobierno Judicial

El Magistrado Guerrero estimó que el Consejo de Gobierno, además de considerar que viola la autonomía de la Rama Judicial, reduce el número de miembros del organismo, con la sola designación de tres miembros permanentes para integrarlo. En la estructura actual son 9 integrantes.  Asimismo el magistrado ponente sostuvo que los miembros sugeridos son personas externas a la Rama, que no conocen su funcionamiento, que tienen un perfil técnico y, además, que no son abogados.

Por ello, expresó que, por razones de cargas laborales, los miembros permanentes tendrán más tiempo en la administración de la Rama que los mismos presidentes de las altas cortes, lo que estaría generando una “asimetría en la información” en el manejo de la justicia.

En ese sentido, señala que ese Consejo no tendría la idoneidad para elaborar las listas de candidatos de las que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado eligen a sus miembros.

En este momento, el Consejo de Gobierno está en el congelador por dos medidas cautelares dictadas por el Consejo de Estado. Esto, en la práctica, ha frenado todos los efectos de la reforma, pues el nuevo órgano debía haber puesto ya en marcha los procesos de meritocracia para integrar el nuevo tribunal de aforados (que reemplazará a la polémica Comisión de Acusación) y al Consejo Disciplinario Judicial, que reemplaza a la Sala Disciplinaria de la Judicatura.

Reacciones en el Congreso de Colombia

En el Congreso de la República se expresó, casi de forma unánime, su descontento y disconformidad sobre el Fallo de la Corte Constitucional, por estimar que lesiona a la Democracia.

El Presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, afirmó que respeta la decisión de la Corte Constitucional de dejar con vida parte del Consejo Superior de la Judicatura, pero manifestó sus diferencias sobre la misma.

“Decirle al Congreso que no tiene funciones de constituyente derivado y, que se lo diga la Corte Constitucional, pues uno tiene que respetar, pero evidentemente es un golpe muy fuerte para las funciones que tienen unos ciudadanos elegidos por otros ciudadanos, a diferencia de la Corte, que es elegida por el Congreso”, afirmó Velasco.

El congresante liberal expresó contundentemente que “este es un mensaje de la rama judicial, muy claro, diciendo que el Congreso no puede meterse en absolutamente nada que tenga que ver con la administración de los recursos de la justicia, eso puede tener algún sustento, nosotros no lo compartimos”, agregó Velasco.

La Senadora Claudia López, de la Alianza Verde, fue más allá y precisó que este fallo “declaró a la rama judicial intocable y a sus magistrados inmodificables”.

El Senador de ‘la U’ Armando Benedetti, quien fue coordinador ponente del equilibrio de poderes, aseguró que la decisión del alto tribunal es una sustitución de las facultades del Legislativo. “Con este desequilibrio de poderes hay que empezar a hablar de una Constituyente, pero no para reparar los entuertos de la paz, sino para volver a equilibrar el Estado”, precisó.

Una opinión similar tuvo el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, quien dijo que este tipo de fallos son como una señal para que el Congreso no legisle sobre ciertos temas judiciales. “Según el criterio de la Corte Constitucional, el Congreso no puede tramitar ni aprobar ninguna reforma en materia de justicia”, aseguró Motoa.

Es significativo observar que este fallo de la Corte Constitucional abre un camino explícito a un debate complejo y complicado sobre el equilibrio de los Poderes Públicos, que sustentan la Democracia como gobierno, por lo que asoma un tema político en la coyuntura política del país, la redefinición del Estado en una Asamblea Nacional Constituyente.

Redacción Ecos. Foto: Getty Images.-  El nigeriano Mohammed Barkindo es el nuevo Secretario General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), según acordaron los ministros del ramo en la reunión mantenida hoy en Viena. A su vez, los Ministros de Petróleo de la OPEP decidieron mantener sin cambios su producción de crudo.

Barkindo es el ex director de la empresa estatal petrolera de su país y ya ejerció de Secretario General en funciones de la OPEP. Ahora comenzará en agosto a ejercer la presidencia de la organización por un periodo de tres años. Con la elección del nigeriano, quedan fuera los otros dos candidatos, el exministro de Energía venezolano Alí Rodríguez y el ex Viceministro de Finanzas de Indonesia, Mahendra Siregar.

Luego de esta decisión, los precios del petróleo han girado a la baja y se alejan de sus máximos anuales: el Brent vuelve a los 49 dólares y el Wext Texas, a los 48 dólares.

La OPEP ha preferido esperar a ver cómo evoluciona el mercado tras la reciente recuperación del precio del barril, que la semana pasada llegó a superar los 50 dólares, casi el doble que en enero, cuando tocó mínimos en más de doce años.

La última tendencia ha mostrado que el precio del petróleo ha empezado a subir. Tenemos que ver si esta tendencia continúa de forma que se produzcan unos ingresos razonables para que los productores puedan invertir en inversiones", señaló en rueda de prensa el presidente de turno de la OPEP y ministro qatarí de Energía, Mohamed bin Saleh al Sada.

La cuota oficial de producción de la Organización, de 30 millones de barriles diarios (mbd) no ha sido modificada desde 2011, pero se considera obsoleta después de que los socios hayan dejado de respetarla. Según los últimos datos publicados por la organización, en abril los trece países miembros bombearon un total de 32,44 mbd, cerca de un tercio de la producción mundial de "oro negro".

Reintegración de Gabón

Además, la conferencia ministerial aprobó la reintegración de Gabón como miembro de pleno derecho a partir del 1 de julio de 2016. Gabón, país de unos 1,6 millones de habitantes, será decimocuarto miembro del grupo petrolero, al que ya perteneció entre 1975 y 1994.

Con una producción de crudo de unos 240.000 barriles diarios (bd) por día, será el menor productor de la OPEP, posición que hasta ahora ocupa Ecuador, con unos 550.000 barriles al día. El socio que más bombea es Arabia Saudí (en torno a los 10,2 millones de bd), seguido de Irak (3,8 mbd).

Gabón abandonó la OPEP en 1994, en medio de un desplome del precio del barril, después de quejarse de que para su economía eran demasiado elevadas las contribuciones al presupuesto de la organización.