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En el reciente informe ‘Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos en Colombia", la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce los esfuerzos del Estado colombiano por garantizar y legitimar la labor de los defensores de DD. HH. y líderes sociales como una actividad legítima y necesaria para la democracia y la construcción de la paz.

El informe resalta el trabajo adelantado en la Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Comunales, desde su creación en 2009. Destaca que esta instancia fue creada de común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil y el acompañamiento de la comunidad internacional. Esta “permite contar con espacios directos de interlocución con las autoridades estatales, para el diseño e implementación de las estrategias y acciones de defensa a la labor de las y los defensores de derechos humanos”, señala la publicación.

Igualmente, la CIDH indica que las iniciativas desarrolladas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) facilitan a las defensoras y los defensores realizar sus actividades en condiciones de seguridad.

Los Premios Ortega y Gasset 2016, otorgados por el diario EL PAÍS a los mejores trabajos periodísticos escritos en español, han correspondido, en la categoría de Mejor historia o investigación periodística, a Joseph Zárate Salazar por el reportaje La dama de la laguna azul versus la laguna negra, publicado en la Revista Etiqueta Verde de Perú.

Es un relato sobre una mujer que se niega a abandonar su casa, ubicada en un terreno que reclama una empresa minera. El jurado ha valorado que “se trata de una historia local que se hace universal. Es un relato de lucha que hace partícipe al lector. Integra muy bien la información con el relato y se acerca a un tema que ha generado un importante conflicto social en el Perú. Plantea, además, el debate entre el bien individual y el de la mayoría” expresó el jurado.

En la categoría de Mejor trabajo Multimedia, el premio se otorgó a Desaparecidos de Lilia Saúl y Ginna Morelo, publicado en El Universal de México y El Tiempo de Colombia. Se trata de un especial sobre la alta tasa de personas desaparecidas que hay en ambos países.

El jurado ha destacado que se trata de “un gran trabajo de denuncia” y ha valorado “la gran cantidad de información, la técnica narrativa y las soluciones gráficas que incluye este trabajo sobre un drama social como el de las desapariciones”.

En la categoría de Mejor fotografía premiaron a Samuel Aranda, por una imagen de la serie “Llegando al paraíso” publicada en el Diario ARA. La fotografía, en blanco y negro, muestra a una madre abrazada a su hijo en el mar, en la costa de Lesbos. El jurado ha resaltado “la fuerza y el dramatismo de una imagen que representa el drama de los refugiados que intentan cruzar el Mediterráneo”.

En la categoría de Trayectoria Profesional fue galardonodo Adam Michnik, fundador y director del Diario Gazeta Wyborcza, en reconocimiento a su labor periodística, que inició en 1965.

El jurado ha calificado a Michnik como un “periodista extraordinario, que ha jugado un papel muy importante en el periodismo polaco y europeo y ha elogiado su contribución al desarrollo de la democracia y la libertad de expresión en Polonia”.

El jurado estuvo formado por Adela Cortina, Catedrática de Ética de la Universidad de Valencia; Elena Anaya, Actriz; Benedetta Tagliabue, Arquitecta; Juan José Millás, Escritor; Juan Luis Cebrián, Presidente de EL PAÍS; Javier Moreno, Director Editorial de PRISA, Joaquín Estefanía y Jesús Ceberio, exdirectores de EL PAÍS y Antonio Caño, Director de EL PAÍS. Como secretario, sin derecho a voto, ejerció Pedro Zuazua, Director de Comunicación de PRISA NOTICIAS.

Los Premios Ortega y Gasset, creados en 1984 por EL PAÍS y que llevan el nombre del pensador y periodista español, pretenden resaltar la defensa de las libertades, la independencia y el rigor como virtudes esenciales del periodismo y dar reconocimiento a aquellos trabajos que a lo largo de un año hayan destacado por su calidad.

Pueden optar a estos premios los trabajos escritos o gráficos publicados en español, en diarios y revistas de todo el mundo. Cada uno de los premios está dotado con 15.000 euros y con una obra del artista donostiarra Eduardo Chillida.

Los galardones se entregarán el próximo jueves 5 de mayo en el Palacio de Cibeles, en Madrid.

Desde Ecos felicitamos a los periodistas galardonados por ser la voz de los sin voz y llevar su situación vital a conocimiento del mundo entero.

El Presidente de la Comisión Primera del Senado, Manuel Enríquez Rosero, puso de presente que el tema de la atención a las víctimas ha sido un avance que ha oxigenado el proceso de la paz, pero a la vez, es un campanazo que pone en alerta al gobierno para garantizar los recursos necesarios que permitan sus derechos de indemnización y vivienda. Como están las cosas, el faltante es nada más y nada menos de 33.6 billones.  

Por eso el senador Enríquez Rosero propone, al igual que la comisión que le hace seguimiento a la aplicación de la ley, que se extienda la vigencia de la Ley de Víctimas –va hasta el 2021– para enfrentar adecuadamente el impacto financiero, por el crecimiento en el número de población afectada por el conflicto armado.

Señala el senador nariñense, que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, piedra angular de esta política estatal, no cuenta con la jerarquía para realizar la tarea que se le encomendó, es decir, “posee un rango inferior a las entidades que encabezan los sectores del Gobierno que tienen la responsabilidad de implementar las políticas públicas”.

Fue enfático en señalar que el éxito de la aplicación de la ley de víctimas y restitución de tierras, “es el inicio de la consecución del tan anhelado derecho fundamental a la paz que todos los colombianos necesitamos”.

El Presidente de la Comisión Primera del Senado, Manuel Enríquez Rosero, con sencillez y rigor, hizo una disertación sobre cómo había asumido Colombia a las víctimas del Conflicto Armado.

“La atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado siempre ha sido una decisión de Estado”…“Con anterioridad a la expedición de la ley de víctimas y restitución de tierras se habían producido importantísimas políticas estatales en aras de proteger a los colombianos que por causa de la guerra habían sufrido la devastación de sus derechos mínimos inherentes a su condición de ser humano”.

En ese sentido, apuntó Enríquez, “se encuentra la política de atención al desplazamiento forzado, que tantos beneficios trajo a miles de colombianos, o la política antiminas, que procuró por reparar a las víctimas de las minas personales, pero también prevenir este cruel delito, o también la política de reparación por vía administrativa, dispuesta en el Decreto 1290 de 2008”.

El Senador fue contundente en destacar que esa norma  consecuencia de la ley 975 de 2005, fue fundamental para las víctimas,  porque el Estado dio un giro trascendental en su atención, ya que pasó de un concepto de solidaridad a uno de responsabilidad estatal, el cual sigue vigente en la actualidad.

En ese orden de ideas, el Senador de Nariño y del Partido de la U, dijo que esas iniciativas del Estado fueron posibles por “la robusta voluntad política con la que se logró un gran esfuerzo presupuestal, institucional y humano para ejecutarlas. Muestra de ello son las cifras que en su momento informó la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social, en las que evidenció que, para los años 2003 y 2006, el presupuesto asignado para la atención a la población en situación de desplazamiento fue de $1.9 billones de pesos y entre los años 2007 y 2010 el presupuesto ascendió a la suma de $5.2 billones.”

En palabras del senador Enríquez, “hubo una inversión económica sin las cuales las consecuencias del desplazamiento forzado se hubieran agudizado aún más” señaló el Presidente de la Comisión Primera del Senado, Enríquez Rosero.      

Posteriormente el Congreso de la República, en el año 2011, señaló  Enríquez, “decidió adoptar una política de Estado en la que todas esas acciones institucionales quedaran condensadas en una sola, con la cual se brindaría a las víctimas la atención, asistencia, reparación integral y garantías de no repetición por los hechos ocurridos en el conflicto armado o con ocasión de éste”.

Esta decisión de Estado, afirma, fue plasmada en la ley 1448, en la que el Congreso de Colombia, por unanimidad, decidió entregar las garantías suficientes para que gocen efectivamente de sus derechos.

Un análisis exhaustivo de la norma  “muestra que sus componentes verticales y transversales fueron diseñados para que cada uno de ellos entre sí se relacionen, de tal manera, que el resultado se vea reflejado en el cumplimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado, proceso en el cual las autoridades nacionales y regionales debían jugar un papel trascendental en su función de articulación nación – territorio pero también en su ejercicio de planeación interno con el objeto de que esta política tenga el éxito esperado”.

Enríquez Rosero reconoció que cinco años después de expedida la norma se observan grandes avances en la materia. Las entidades encargadas de ejecutar la política de víctimas y restitución de tierras han hecho un esfuerzo enorme por conseguir los objetivos trazados por la ley 1448 de 2011 en conjunto con sus desarrollos reglamentarios y de planeación.

Dijo que es tanto así la decisión de Estado en el cumplimiento de la política de víctimas y restitución de tierras que, en un gesto de voluntad política, el presupuesto del anterior año asignado para cumplir las obligaciones contenidas en la ley 1448 de 2011 ascendió al 1% del total del PIB, es decir, aumentó en un 6% en comparación al año anterior, lo que quiere decir que de $7.4 billones de pesos destinados para la implementación de la esta ley pasó a $7.9 billones, como lo informó en su momento el Departamento Nacional de Planeación.

“Estamos hablando”, advierte Enríquez, “de un costo similar a la financiación de las vías 4G con las que el país obtendrá el desarrollo esperado, o si lo queremos poner en otro plano, se trata de un presupuesto con el que se podría financiar gran parte de la política de vivienda en Colombia”.

Desde otra perspectiva, expresó el Senador Enríquez “no puede olvidarse que el eje transversal y central del proceso de paz son las víctimas del conflicto armado, y que además, el punto quinto de la Agenda de Paz de la Habana puntualmente contempla varias acciones en pro de los derechos de esos colombianos”.

Agregó que “los pasos dados con anterioridad a este proceso de negociación en la ley 1448 de 2011 serán el insumo necesario para concretar todas las medidas en el posconflicto”.

Por Felicia Saturno Hartt.- La Cámara de Diputados de Brasil aprobó la apertura de un juicio político contra la Presidenta Dilma Rousseff, medida que deberá ser sometida ahora a votación en el Senado.

El pedido de apertura de juicio contra Rousseff se basa en la presunción de que violó la Ley de Responsabilidad al practicar maniobras contables irregulares y decretar la apertura de líneas de crédito sin el aval del Congreso, acción típica de los presidentes populistas suramericanos, como Chávez, Kirchner y Morales que, en su momento y sin consecuencias, no consultaron importantes decisiones al Poder Legislativo.

Los partidarios del proceso contra la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT) reunieron los 342 votos mínimos necesarios sobre un total de 513 legisladores para que la acción avance a la Cámara Alta.

En una tensa y extensa sesión de más de 9 horas, que comenzó con gritos de “¡Fuera PT!” por un lado y “No habrá golpe” por parte del oficialismo, que califica de golpe institucional el juicio a la presidenta, los defensores del “impeachment” alcanzaron los votos necesarios cuando aún no habían emitido su voto 36 legisladores.

La acción quedó en manos ahora de la Cámara Alta, donde será creada una comisión especial que, en 10 días como máximo, emitirá un dictamen respecto a la recomendación de los diputados.

Luego, el fallo de la comisión será votado en el plenario del Senado, donde bastan 41 votos, sobre un total de 81 legisladores, para que se abra definitivamente el juicio político contra Rousseff.

A partir de ese momento, la presidenta sería alejada del cargo y asumiría en forma interina el vicepresidente disidente, Michel Temer.

De celebrarse, el juicio tendrá un plazo máximo de 180 días. En la votación final, que será presidida por el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, se necesitan 54 votos, que equivalen a dos tercios del Senado, para que la presidenta sea condenada. Si por el contrario, no se llega a esos votos, Rousseff será absuelta y reanudará en forma inmediata sus funciones al frente del gobierno nacional.

Es imposible imaginar una tramitación tan rápida y precisa del proceso de destitución de Dilma Rousseff en Brasil sin la participación de Eduardo Cunha, diputado del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), investigado en el caso Petrobras por tener millones no declarados en Suiza y vivir como un sultán: él tiene la presidencia de la Cámara de  Diputados.

Esta crisis política, que se produce mientras Brasil vive su peor recesión desde los años 1930, ha dividido profundamente al país y provocó una durísima pulseada entre Rousseff y su vicepresidente, Michel Temer, quien la sucedería si es destituida.

Tal como ha señalado el politólogo Leon Victor de Queiroz, el cargo de Cunha es más importante que el de jefe de gabinete de la presidenta. No solo por el poder de aceptar o rechazar las peticiones de impeachment (juicio político), sino por la potestad de gobernar en la agenda real del país. Dilma Rousseff podría haber considerado eso antes de pelearse con él, si hubiera pensado más en estrategia política y menos en la lógica de guerra y resistencia que parece guiarla.

El carismático predecesor de Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, lideró la ofensiva negociadora para mantenerla en el cargo e hizo que gobernadores de varios estados presionaran a los parlamentarios en favor de la mandataria, cuya estrategia era que los legisladores no se presentaran a la sesión y fue un rotundo fracaso.

Miles de personas tomaron  las calles de Brasil para manifestarse a favor y en contra del Gobierno de Dilma Rousseff, en una expresión de la profunda división y polarización ante la histórica jornada.

En medio de un fuerte despliegue de seguridad, en especial en  Brasilia, Sao Paulo y Río de Janeiro, donde se convocaron las movilizaciones más multitudinarias, las protestas se desarrollaron sin incidentes.

La capital brasileña amaneció blindada por 4.000 policías en su zona central y otros 7.000 listos para actuar en caso necesario. En la Explanada de los Ministerios, corazón de Brasilia, se apreció como ningún otro lado la fractura que vive Brasil, con el llamado “muro del impeachment”, una gigantesca valla de casi un kilómetro de largo y dos metros de alto.

Los sondeos sugieren que más del 60% de los 200 millones de habitantes de Brasil está a favor del juicio político a Rousseff, cuyo círculo íntimo se ha visto salpicado por un gran escándalo de corrupción en la compañía estatal Petrobras.

Más es importante señalar que los diputados brasileños no gozan de una gran reputación. El 60% de los miembros del Congreso tienen causas pendientes con la Justicia, según la ONG Transparencia Brasil.

Y la histórica sesión vivida este fin de semana decide el futuro de la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pero no ayuda precisamente a mejorar su imagen, ni la situación del país que es intensamente crítica.

Durante los días 14, 15 y 16 de mayo, el Partido Liberal realiza el Congreso que reúne a las bases y dirigencia de la colectividad del territorio nacional, con el objeto de revisar temas de actualidad y decidir aspectos que tienen que ver con el presente y futuro político del Liberalismo Colombiano.

Sobre esa magna Asamblea, dialogamos con el Secretario General del partido, Héctor Olimpo Espinosa, quien se refiere a la preparación, participantes y temas que se desarrollarán en el Centro de Convenciones de Bogotá. 

ECOS: ¿Cómo van los preparativos para el Congreso Liberal?

HOE: Bien. El 15 de mayo desarrollaremos nuestro Congreso, dentro del marco legal de acuerdo a nuestros estatutos,  donde se van a tomar  decisiones fundamentales,  no sólo para el partido sino para el presente y futuro del país.

ECOS: ¿Qué decisiones fundamentalmente?

HOE: Qué va a pasar con la dirección del partido, la secretaría general, los órganos de control. Se va a aprobar la nueva plataforma política programática e ideológica del partido, la reforma de los estatutos y se van a tomar determinaciones respecto a las elecciones presidenciales en el 2018, entre otros aspectos.

ECOS: ¿Cuántas personas van a participar y quienes tienen el derecho  de asistir al Congreso?

HOE: Más o menos 1.500 personas. La mitad son delegados del sector político,  la otra, de los sectores sociales y abiertos, que se elegirán en las Asambleas Territoriales del partido el 24 de abril, para escoger la mitad de los delegados  y los otros van con el sector político por derecho propio: actuales senadores y representantes, diputados, los 20 concejales más votados, los presidentes de los concejos del país, exministros , exembajadores, directores de medios de comunicación y rectores de universidades que militan en el partido. En fin, hay un conjunto de 20 calidades, aproximadamente, de personas  que pueden ir por derecho propio al Congreso del Partido.

ECOS: ¿Se va a elegir dirección única o conjunta?

HOE: Ese tema está por verse. No le puedo anticipar nada al respecto. La máxima autoridad,  que es el Congreso, determinará quién  es, o quienes serán  los que orientarán el futuro de nuestra colectividad.

ECOS: ¿Cómo es el tema de la plataforma ideológica y programática y su desarrollo en el Congreso?

HOE: Dos días antes del Congreso Nacional vamos a hacer el Foro Programático Nacional. Se va a aprobar la nueva plataforma ideológica y programática y al día  siguiente aprobaremos la reforma de estatutos y el último día del Congreso, tomaremos decisiones  sobre dignatarios y autoridades.

ECOS: ¿El Congreso decidirá las reglas de juego para la escogencia del candidato presidencial a la presidencia de la República en el 2018?

HOE: Sí, decidiremos  el mecanismo para determinar el candidato.

ECOS: ¿Parece ser que la consulta interna para escoger el candidato a la Presidencia de la República sólo quedó en la historia, si recordamos que ese siempre sería el mecanismo que se acordó y permitió que el Nuevo Liberalismo, de Luis Carlos Galán, volviera al partido, pero además llevó al triunfo de César Gaviria?

HOE: Creo que la decisión del partido y la que mayor fuerza observo es la  de escoger candidato por consulta. Hay mucho ambiente para que sea a través de ese mecanismo y logremos tener el aspirante único a la presidencia de la República.

ECOS: ¿Qué nombres rodean el ambiente en la colectividad para dicha aspiración?

HOE: El partido tiene una nómina de lujo  para ese propósito. Cuando tienes nombres como Humberto de la Calle, el Presidente del Senado Luis Fernando Velasco, el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo,  la senadora Vivian Morales,  el ex alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, el senador Juan Manuel Galán y Simón Gaviria, aunque este último  ha manifestado no tener esas aspiraciones por ahora. De todas maneras,  debemos desarrollar un mecanismo con suficientes garantías para que se tome la mejor decisión.

ECOS: ¿El tema del proceso de paz del Gobierno Santos no escapa a un análisis y discusión de esa importante Asamblea?

HOE: Es muy importante resaltar que este Congreso va a tomar decisiones fundamentales. Entre ellas, la de refrendar la política de paz del Gobierno, es la primera participación en voto de la militancia de un partido para decidir sobre un tema más que fundamental y que está plasmado en la Constitución: el Derecho a la Paz. Hemos sido muy claros en apoyar las negociaciones de paz. Los liberales seremos los primeros en refrendar los acuerdos de paz.

ECOS: ¿Incluyendo los avances y lo que se va a negociar con el ELN en Ecuador?

HOE: Claro que también lo estamos apoyando y seguiremos haciéndolo. No tenemos dudas en eso. El Partido tiene una confianza en el Gobierno y en sus decisiones para ese propósito. Se sabe que no hay diálogos perfectos ni acuerdos perfectos, pero lo mejor y lo que le conviene a nuestra sociedad es resolver nuestros conflictos por la vía de la civilidad, para que los colombianos ejerzan el  derecho a vivir en forma tranquila. Nosotros vemos  que lo que está haciendo el gobierno es un propósito loable, además  hace parte de nuestra plataforma, es lo que ha sido y ha pedido el partido históricamente y creemos  que eso va a hacer refrendado en el Congreso Nacional.

ECOS: ¿Qué hacer con  los enemigos de la paz, las Bacrim por ejemplo, que quieren acabar como sea con el proceso y que no haya paz en Colombia?

HOE: Hay una amenaza de consolidación de bandas criminales financiadas con el negocio del narcotráfico que produce problemas de seguridad no sólo en el campo, sino también en la ciudad. Son un peligro para nuestra sociedad. Partidos como el nuestro no puede  bajo ningún punto de vista y bajo ninguna circunstancia eludir ese debate. Tenemos que hablar de eso, presentarle al país una plataforma en materia de seguridad ciudadana. Los ciudadanos tienen derecho a vivir de manera tranquila y el partido liberal  tiene que ser capaz de hacer una propuesta política de seguridad que le permita consolidar la tranquilidad ciudadana. Fortalecer una política pública en ese aspecto,  con inversiones, acciones y  decisión en el menor tiempo.  Ese tema no puede ser secundario en nuestra agenda política.

ECOS: ¿En el Congreso se debatirá ese tema?

HOE: Es el verdadero escenario para plantear alternativas y contrarrestar esas fuerzas antisociales y delincuenciales que se le quieren atravesar a la convivencia nacional. Es que la situación es tan crítica respecto a ese fenómeno, que nos da miedo hablar del tema de seguridad porque vamos a ser tildados de derecha. Pero nosotros tenemos que entender que desde la fundación del partido en 1848 una de las banderas principales son la seguridad,  la libertad y la educación. Nosotros  tenemos que honrar ese legado histórico y ser capaces de hablarle  al país de seguridad y tener una propuesta clara en ese sentido.

ECOS: Está en condiciones el Partido Liberal de recuperar el poder y lograr la Presidencia de la República?

HOE: Cuando uno mira al país cambiando sus prioridades en la agenda pública y ve que están  los temas de equidad, la paz para la convivencia ciudadana, la lucha contra la pobreza, entre otros, pero además, que contamos con líderes y dirigentes para lograr y liderar esos retos, no me cabe duda que el Partido puede elegir presidente en el 2018. 

Foto Leonardo Vargas.- Por ley, el Congreso Pleno,  abrió la sesión bajo la Presidencia del senador Luis Fernando Velasco, quien expresó que las víctimas del conflicto armado,  son las protagonistas más importantes para sacar adelante el proceso de paz  e iniciar una nueva era, que permita la verdadera reconciliación nacional.

Este sábado  9 de abril, el Congreso de Colombia en pleno sesiona  en el salón elíptico del Capitolio Nacional escuchando a las víctimas del conflicto armado, quienes expresan su situación desde la órbita nacional y regional ante los senadores y representantes, presentando un balance de su situación desde el punto de vista de la reparación y resarcimiento, para que el legislativo tome en cuenta dichos aspectos que permitan impulsar más la ley y conlleve a lograr y acelerar la verdadera paz en Colombia.

Desde las 9:30 de la mañana, este grupo poblacional que llegó desde los custro puntos cardinales del país luego de 5 años de sancionada la ley por parte del presidente Juan Manuel Santos, presentando un balance de la  aplicación de la ley con críticas en algunos sectores, principalmente desde el punto de vista local, pero con el ánimo de seguir apoyando el proceso de paz que adelanta el gobierno con las Farc y el que inicia con el ELN.

A la sesión asisten las asociaciones de víctimas registradas en el territorio nacional, que son escuchadas no sólo por los senadores y representantes, sino por el ministro del interior, Juan Fernanfo Cristo, la Directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, el Alto Consejero Presidencial para los DDHH, Guillermo Rivera, entre otros funcionarios, del gobierno nacional.

La sesión en pleno del Congreso es transmitida en directo por el Canal del Congreso, el Canal Institucional  y el portal del Senado de Colombia: www.senado.gov.co.

Por SIG.-El Jefe de Estado y su esposa encabezaron en la Casa de Nariño la iniciativa para plantar especies en memoria de las víctimas del conflicto. El Mandatario sembró un arrayán en memoria de Angélica Bello y su señora María Clemencia otro para honrar al soldado Wilson de Jesús Martínez.

El Presidente Juan Manuel Santos invitó este viernes a los colombianos a sembrar árboles y sembrar vida, luego de plantar varios en el jardín adyacente a la Casa de Nariño, en el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto, que se conmemora mañana sábado.

“Haremos de Colombia un verdadero bosque de vida y lo haremos por nuestras víctimas”, expresó el Mandatario, acompañado por su esposa María Clemencia, varios ministros y víctimas del conflicto armado.

Esta manera de honrar la memoria de las víctimas empezó en la plazoleta Galán, frente a la sede presidencial, con la siembra de 20 árboles, 18 de ellos arrayanes.

El Presidente Santos sembró un árbol en memoria de la líder Angelica Bello, fallecida en febrero de 2013 en el departamento del Cesar; mientras que su esposa plantó otro para honrar la memoria del soldado Wilson de Jesús Martínez Jaraba, muerto en julio del año pasado en labores de desminado en la vereda El Orejón, del municipio antioqueño de Briceño.

Mientras se sembraban los arbustos, cantaron las integrantes del Grupo Cantadoras de Pogue, pueblo afrodescendiente que vive en un territorio chocoano bañado por los ríos Atrato y Bojayá.

“Hemos decidido a partir de hoy rendir tributo a las víctimas con un símbolo muy poderoso, que creemos que debe convertirse en un procedimiento normal, regular, en este país: sembrar árboles para sembrar vida”.

Indicó que se sembrarán árboles en cada lugar que visiten, como funcionarios y como ciudadanos.

“Haremos de Colombia un verdadero bosque de vida y lo haremos por nuestras víctimas”, expresó.

El Presidente Santos comentó que los arrayanes son muy resistentes, “como han sido las víctimas en este país”.

Subrayó que su compromiso con las víctimas “es total, es absoluto” y señaló que las víctimas han sido parte de la fuerza que ha tenido para perseverar en la búsqueda de la paz.

Manifestó que “el reconocimiento internacional a este conflicto tiene que ver con que se ha colocado por primera vez a las víctimas en el centro de la solución de este conflicto”.

Por último Invitó a los colombianos a unirse a esta iniciativa. “Sembremos vida, sembremos paz. No permitamos que el rencor, que el odio, persistan. Sembremos árboles para cambiarle a Colombia esa forma de ver las cosas, para permitirnos reconciliarnos, dejar este capítulo triste. E iniciar es capítulo alegre, un capítulo de reconciliación, un  capítulo sin víctimas”.

Por Felicia Saturno Hartt.- La emergencia de los Panamá Paper, aparte de ser uno de los mayores proyectos de periodismo de investigación informática de la historia, que se llevó a cabo a lo largo de un año, implica una perspectiva global de los paraísos fiscales y de quiénes hacen uso de estas posibilidades de inversión en la sombra.

La investigación liderada por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung,2, que posteriormente compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), reveló el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y el arte.

Los implicados contrataban con el bufete de abogados consultores de empresas, Mossack Fonseca, servicios consistentes en fundar y establecer compañías inscritas en un paraíso fiscal, de modo tal que cumpliesen con el objetivo primario de ocultar la identidad de los propietarios.

Como esta empresa existen muchas que hacen esto, incluso empresas aseguradoras, pero lo importante radica en el origen de los fondos, no tanto si pagaron o no los impuestos en los países de los titulares de las cuentas, sino que no sean operaciones de lavado de dinero, que oculten dineros de la corrupción o del tráfico de drogas, armas o personas.

La gran ventaja de estas empresas es que operan en paraísos fiscales, es decir, en territorios que ofrecen a individuos y empresas extranjeras poca o ninguna carga tributaria, en un entorno estable política y económicamente y donde se facilitan poca o ninguna información financiera a las autoridades fiscales extranjeras.

Indudablemente que estos paraísos fiscales y estas empresas son legales y tampoco son ilegales las operaciones de las empresas  offshore, como han argüido políticos, intelectuales y demás personalidades.

Lo complicado son las implicaciones políticas ante el grave problema de la corrupción de muchas de las administraciones, que hoy están en tela de juicio, con desfalcos millonarios, como es el caso de Venezuela, Brasil, Argentina, entre otros.

A mediados de 2015, la Comisión Europea publicó una lista negra de paraísos fiscales considerados como no cooperativos en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

Para la CE, estos territorios son considerados paraísos fiscales, y son: Andorra, Liechtenstein, Guernsey, Mónaco, Islas Mauricio, Liberia, Seychelles, Brunéi, Hong Kong, Maldivas, Islas Cook, Nauru, Niue, Islas Marshall, Vanuatu, Anguilla, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Granada, Montserrat, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, las Islas Turcas y Caicos, y las Islas Vírgenes de EE.UU.

Naciones que han estado sintonizadas con muchos escándalos y están en la mira para establecer el intercambio de información fiscal bilateral, que garantice sólo el cobro de impuestos a los países de origen, pero con pocas intenciones de intervenir en investigaciones sobre peculado y corrupción en general.

La peligrosa tendencia social a subestimar este tipo de investigaciones ya se ha expresado en medios y redes, para influir sobre el impacto de estas iniciativas periodísticas, porque nadie duda que los implicados saben que los problemas de inestabilidad económica de las naciones y la debilidad de sus instituciones han hecho posible, en el marco de la impunidad, el desvió de fondos públicos y el manejo de dineros de dudosa procedencia.

Porque el problema no sólo son las operaciones de  la firma Mossack Fonseca, de Morgan & Morgan u otras entidades financieras, sino las programas no ejecutados, las empresas desfalcadas, las obras inacabadas, la población destino no atendida y los países en default financiero.

La historia de los Panamá Papers aún no ha terminado. Las más de 215 mil sociedades financieras, que operaban tanto en Panamá como en las Islas Vírgenes Británicas y otros lugares, los cerca de 14.000 bancos y despachos implicados, 1.200 de los cuales tienen su sede en Suiza y los 2.6 terabytes de información harán más de un terremoto, sobre todo político.

En la próxima entrega, reseñaremos cómo se hizo la investigación y las reacciones a esta aproximación a los dineros que crecen en la sombra financiera de los paraísos fiscales. 

Redacción Ecos.- Colombia dio un paso histórico en pos de la igualdad ante la Ley: las parejas homosexuales tienen el mismo status legal que las heterosexuales. La figura del matrimonio civil se extiende en igualdad de condiciones para las parejas del mismo sexo.

Es el cuarto país de América Latina que reconoce el matrimonio de parejas del mismo sexo después de México, Argentina y Uruguay.

Con esta importante decisión de la Corte Constitucional, las parejas LGBTI podrán contraer matrimonio y su contrato les da las mismas garantías jurídicas que poseen las heterosexuales, para que no exista discriminación.

Se puede afirmar, en este orden de ideas, que Colombia reconoció el derecho de los LGBTI a constituir hogares, a compartir derechos sobre sus patrimonios de manera inmediata, sin demostrar convivencia, como lo habían hecho desde el 2007.

Desde el punto de vista de la unión conyugal, esta decisión también les permitirá acceder a la porción conyugal en un proceso de herencia y a la pensión de sobreviviente de su pareja, en las mismas condiciones que los esposos o esposas que hacen parte de matrimonios heterosexuales, dando la garantía de la viudedad protegida.

Asimismo, las parejas LGBTI tendrán el derecho a disolver la unión, a través de la figura civil del divorcio, como ocurre con el matrimonio celebrado por hombre y mujer, y separar cuerpos y bienes.

La Corte Constitucional Colombiana asumió que las personas LGBTI tienen derechos y los derechos humanos no se negocian, tienen que ser reconocidos para que la sociedad sea realmente equitativa, progresista y con futuro.

Antes no era humano negar la posibilidad de constituir familias a las personas por su orientación sexual. A partir de ahora en Colombia es ilegal no permitirlo.

Desde 2011 la Corte Constitucional había tomado la decisión que reconoció que las parejas del mismo sexo son familia y que el Congreso debía regular el matrimonio igualitario.

Aún esta cuestión de estado está en mora legislativa, pero existe una autorización de la Corte Constitucional para que jueces y notarios protegiesen a estas familias,  desde el 20 de junio de 2013.

El Magistrado ponente, Alberto Rojas Ríos, no sólo hizo posible la igualdad de derechos de las parejas LGBTI, sino se logró en términos de dignidad humana, libertad e igualdad.

Las reacciones indudablemente no iban a esperarse. Los conservadores reiteraron el poco conocimiento de la diversidad humana; otros arguyeron que se acabaría la especie por ser infértiles por naturaleza los LGBTI; algunos fueron más folklóricos y hablaron que la constitución no hablaba de eso y otros callaron, sus prejuicios no los dejan hacer su papel de garantes de los DDHH de los ciudadanos.

Y queremos dejar en la mesa una reflexión, sobre todo a los políticos en ejercicio de funciones de representación política, que sólo hay democracia cuando hay pluralidad, porque, incluso, esa cualidad es lo que le da sentido a la igualdad y soporte a la libertad.

Los derechos de los LBGTI son inherentes a su condición humana plural y, por ende, si ellos tributan, si ellos estudian, si ellos se profesionalizan y cumplen con sus obligaciones, votan y contribuyen al bienestar de todos, ellos tienen el derecho de edificar parejas y constituir familia.

Ojalá existiese tanto fervor para denunciar y extinguir la desigualdad, la pedofilia, la pederastia, la iniquidad, el maltrato intrafamiliar, la violencia sexual tanto como el derecho legítimo de las personas de vivir con dignidad y respeto.

Desde esta tribuna digital, Ecos felicita a la Corte y al Magistrado Rojas Ríos por comprender que la libertad democrática depende del respeto a la dignidad humana y de la igualdad ante la ley. 

Otro escándalo rodea la Casa de la Democracia. Implica a una funcionaria de la corporación en un hecho que ha tenido impacto en los medios y las redes de Colombia: un vehículo que perteneció al Congreso de la República, subastado y vendido hace un par de años, pero sin cambio de propietarios y con placa oficial y conducido por el hijo de la hoy Jefe de la División Financiera de esa entidad, Magdalena Morera, fue capturado por el hallazgo de 12.999 billetes, 640 millones de pesos, que se presume transportaba para su lavado en otras ciudades, perteneciente a bandas criminales.

Luis Javier Rojas Morera, el conductor, un joven politólogo de una familia del Huila, al ser capturado con la alta suma de dinero, les ofreció a los policías cien millones de pesos para que lo dejaran seguir su camino, pero los uniformados no aceptaron su petición.

De hecho, este delito de soborno a la autoridad, fue el que hizo que el Juez le dictara detención domiciliaria. 

Luis Fernando Velasco, Presidente del Congreso de Colombia expresó que la investigación interna puede durar hasta tres meses, tras cuestionarse: “qué hacia el hijo de la Jefe de la División Financiera manejando un carro que se había subastado con la participación de dicha funcionaria hace más de dos años y por qué no se le habían transferido papeles a los nuevos dueños? ¿Por qué mantenía papeles de ese vehículo como si fuera del Congreso de la República?”. 

El Presidente de la corporación sostuvo que "los informes preliminares de dicha funcionaria señalan que tuvo una amplísima participación en la subasta de los carros" y agregó que "ya la Dirección Administrativa pidió a la Superintendencia de Vigilancia y a la Policía Nacional, para que los carros que se vendieron a particulares y no han trasladado sus papeles y tienen medidas de protección como blindaje, sean retenidos".

La Jefe de la Dirección Financiera del senado, Magdalena Morera, quedó suspendida de su cargo hasta tanto la Oficina de Control Interno del Senado de la República concluya la investigación por relación con el caso. 

El Ministerio Público acompañará la investigación y se espera que en menos de 90 días haya decisiones en contra de la madre del joven que conducía este vehículo con dineros de origen desconocido. 

“Esa red tiene varias modalidades para mover la plata a grandes ciudades y realizar operaciones para lavar el dinero ilegal”, señalaron los investigadores. 

Aunque el fiscal del caso le imputó a Rojas los cargos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y cohecho, el juez del caso justificó su decisión de mandarlo a la casa por cárcel porque, señaló: “Luis Javier se sintió acorralado y ante ese temor buscó evitar que un servidor cumpliera con su función, abordó al funcionario y le hizo dos ofrecimientos, en primer lugar por 50 millones de pesos y en una segunda ocasión por 100 millones de pesos”. 

Dijo que, como no se ha demostrado el origen ilegal de la plata, no dictaba captura por lavado. 

Así las cosas, comienza una nueva investigación que sólo es la punta del iceberg de lo que se presume serán las irregularidades, posiblemente con carácter delictivo, de la subasta que permitió la venta de carros en el congreso y que según Caracol Noticias, son 88 vehículos que fueron subastados y que están como propiedad, en estos momentos, del Congreso de Colombia.